Sentencia AA-647-18 — Registro 8907
Resumen
Sentencia sobreseyó recurso de amparo contra actuaciones del Juzgado de primera instancia que desestimó defensas en demanda ordinaria para obtener el pago de prestaciones sociales y salarios caídos por considerar que reúne los requisitos de admisibilidad de ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por la amparista son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia y no del recurso de amparo…"…"esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, la amparista ha limitado sus argumentaciones ha alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, que ya han sido resueltos por el Juzgado de Primera Instancia, mediante las resolución de las defensas previas, señalando que los alegatos esgrimidos por el impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, siendo los mismos una reproducción de los alegatos de primera instancia, asimismo señala la Corte de Apelaciones que los motivos de acción de amparo son imprecisos, pues no concluyen en una violación a una garantía procesal concreta, sino que de forma general se dirige estrictamente contra el pronunciamiento que decide el incidente de defensa previas, deduciendo el Tribunal de Apelación que la impetrante pretende utilizar la garantía constitucional de Amparo como una instancia ordinaria..."..."esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado..."..."este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICICION A NIVEL NACIONAL, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre del dos mil dieciocho. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, que contienen la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, sobreseyó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el señor EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la entonces DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ahora denominada SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). Habiendo estimado la recurrente, como violado el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que el Abogado EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA, actuando en su condición personal, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha trece de abril del año dos mil dieciséis, promoviendo Demanda ordinaria para obtener el pago de prestaciones sociales y salarios caídos, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la entonces DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ahora denominada SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). (Folios 01 al 09 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete, compareció ante el citado Juzgado, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, alegando y oponiendo Defensas Previas. 3) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, el Tribunal de primera instancia. RESUELVE: DESESTIMAR las Defensas Previas, por considerar que la demanda promovida por el señor Edgardo Alexander Becerra Acosta reúne los requisitos de admisibilidad plasmados en la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Folios del 39 al 41 de la pieza de Defensa Previas). 4) Que en fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, compareció ante este Sala de lo Constitucional la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. (Folios del 03 al 09 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha veinte de noviembre del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional y conforme lo establece el artículo 10 numeral 2) inciso a) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, “corresponde a las Cortes de Apelaciones, en su respectiva jurisdicción, conocer y resolver de las violaciones cometida por los Jueces de Letras Departamentales o Seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva.” Resuelve: 1° DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete por no tener competencia para conocer del mismo; 2° Remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administración por se este el Tribunal competente. (Folio del 10 de la pieza de segunda instancia). 6) Que en fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO. (Folios del 46 al 50 de la pieza de segunda instancia). 7) Que en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que sobresee la acción de amparo interpuesta por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, sobreseyó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el señor EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la entonces DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ahora denominada SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR). CONSIDERANDO (6): Que, de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por la amparista son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia y no del recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, la amparista ha limitado sus argumentaciones ha alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, que ya han sido resueltos por el Juzgado de Primera Instancia, mediante las resolución de las defensas previas, señalando que los alegatos esgrimidos por el impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, siendo los mismos una reproducción de los alegatos de primera instancia, asimismo señala la Corte de Apelaciones que los motivos de acción de amparo son imprecisos, pues no concluyen en una violación a una garantía procesal concreta, sino que de forma general se dirige estrictamente contra el pronunciamiento que decide el incidente de defensa previas, deduciendo el Tribunal de Apelación que la impetrante pretende utilizar la garantía constitucional de Amparo como una instancia ordinaria. CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICICION A NIVEL NACIONAL, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DACIL PAOLA GANDOUR PERDOMO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, sobreseyó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el señor EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la entonces DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ahora denominada SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-0647=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL