Sentencia AA-630-17 — Registro 8100
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra resolución que declaró ha lugar recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en relación a la negativa de brindar información y entrega extemporanea de la misma ,solicitada ante Instituto de Previsión Social del Periodista relacionada al salario del Gerente de dicha institución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(10): Que la recurrente fundamenta sus alegaciones en el recurso de Amparo promovido, aduciendo que el Instituto de Previsión Social del Periodista, como entidad de derecho público no estatal y gremial, no recibe por concepto de timbres ingresos por concepto de timbres, por la retención de bienes o que este exenta del pago de impuestos, que su ley no lo exonera del pago de impuestos, expresa también la recurrente que en el régimen jurídico, administrativo o financiero del Instituto de Previsión Social del Periodista no participa el Estado, ni recibe fondos de éste, como tampoco esta sometido al régimen fiscal especial; no obstante a ello, y según informe emitido por la Secretaría de Finanzas en fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete -visible a folios del 34 al 47 de la pieza de Amparo-, mediante Memorando TGR-DP-343-2017 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se detalla las transferencias realizadas por el Estado al Instituto de Previsión Social del Periodista, entre los años 2015 al 2017, información en la que la autoridad recurrida fundamenta la obligatoriedad del Instituto de Previsión Social del Periodista a hacer pública su gestión, ello en relación a lo establecido en el artículo 3 numeral 4) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por consiguiente ello lo convierte en una Institución obligada, al encontrarse el Instituto de Previsión Social del Periodista, en la categoría de personas jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos.- CONSIDERANDO (11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales, así mismo a las instancias administrativas, en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, pues el trámite se ha desarrollado ante la instancia correspondiente que señala la Ley de Acceso a la Información Pública, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 numeral 4 de la ley en comento, al recibir el Instituto de Previsión Social del Periodista, fondos públicos, como se acredita con el Memorando TGR-DP-343-2017 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas –Visible a folio 37 de los autos que forman la pieza de amparo-.- CONSIDERANDO (13): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten a la impetrante, como ser el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (14): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito."
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 3, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la Resolución No SO-36-2017, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un Recurso de Revisión presentado por la señora EMY LILY PADILLA RAUDALES contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA. Estima la recurrente que con la resolución emitida se han violentado en perjuicio de su representada el principio de legalidad, derecho de defensa y el debido proceso, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciséis, la Licenciada en Periodismo EMY LILY PADILLA RAUDALES, vía correo electrónico, presentó recurso de revisión, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en relación a la negativa de brindar la información solicitada ante el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA. (Folio 3 de la pieza de antecedentes del IAIP)- 2) Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), el Instituto de Acceso a la Información Publica, dictó la Resolución No. SO-036-2017, a través de la cual resuelve: (Sic) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la señora EMY LILY PADILLA RAUDALES actuando en su condición personal, contra el INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA (IPP), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea a la recurrente señora EMY LILY PADILLA RAUDALES, la información relacionada a: “Salario del Gerente del Instituto de Previsión Social del Periodista (IIP).” TERCERO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento De La Ley de Transparencia Y Acceso A La Información Pública, la misma quedara firme con lo efectos pertinentes. CUARTO: Extiéndase Certificación Íntegra de esta Resolución a los interesados una vez acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme el Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), para los efectos legales correspondientes….” (Folios del 22 al 24fv de la pieza de antecedentes del IAIP).- 3) La recurrente Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, interponiendo recurso de amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, por considerar que la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representada el principio de legalidad, derecho de defensa y el debido proceso, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito en fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el dictamen correspondiente en el término de cuarenta y ocho horas. (Folio 23 de los autos)- 4) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada Sussy G. Coello García, se abstuvo de emitir opinión en las diligencias que contienen la acción constitucional relacionada, argumentando que no se encuentra acreditado en autos si el Instituto de Previsión Social del Periodista es una institución obligada o no conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitando se libre comunicación a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y al Instituto de Acceso a la Información Pública, a efecto de cumplimentar la información solicitada. (Folios del 26 al 29 de los autos)- 5) Que en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), fue cumplimentada por parte de la Secretaría de Finanzas la información solicitada por la Fiscal del Despacho. (Folios del 34 al 47 de los autos)- 6) Que en fecha dos (2) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala de lo Constitucional tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SUSSY G.COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen, siendo de la opinión que NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por la amparista.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciséis, fecha en la que la Licenciada en Periodismo EMY LILY PADILLA RAUDALES, en su condición personal, y a través de la Plataforma Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), interpuso recurso de reposición, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, por habérsele negado el acceso a la información pública solicitada, en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA.- CONSIDERANDO (3): Que en fecha veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, interponiendo Acción de Amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la Resolución No.SO-036-2017 de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión interpuesto contra el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, en fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciséis, por la Licenciada en Periodismo EMY LILY PADILLA RAUDALES, ante la negatoria de la información solicitada ante dicho Instituto; considera la recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria del principio de legalidad, el derecho de defensa y el principio del debido proceso, consagrados en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, la recurrente señala preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de especial relevancia el 3 numeral 4, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Social del Periodista, reformado mediante Decreto 91-86. Arguye la recurrente que la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública prevé para identificar a los sujetos comprendidos dentro del ámbito de la competencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y resulta que el Instituto de previsión Social del Periodista queda excluido de ese ámbito de competencia, consecuentemente la Resolución No. SO-036-2017 de fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete es nula, por haber sido dictado por un órgano absolutamente incompetente por cuanto el Instituto de Previsión Social del Periodista no ostenta la categoría de “institución supervisada”, definida en el artículo 3 numeral 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; nulidad que abarca todas las actuaciones de ese proceso administrativo e incluso la resolución contra la cual recurro -dice la impetrante-, por haberse emitido por órgano absolutamente incompetente debiendo dejar sin valor y efecto la Resolución No. SO-036-2017 de fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete. Sostiene la recurrente que pretender la inclusión del Instituto de Previsión Social del Periodista, en contra de lo que prevé la propia ley orgánica del Instituto de Acceso a la información Pública, es una flagrante violación al principio de legalidad, consagrado en el artículo 321 de la Constitución de la República, así como el derecho de defensa y el principio del debido proceso.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-036-2017 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, que declara con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la señora Emy Lily Padilla Raudales, en fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciséis, ante la denegatoria de acceso a información pública solicitada, en contra del Instituto de Previsión Social del Periodista, y aunado a ello se muestra inconforme con todas las actuaciones de ese proceso administrativo, por haberse emitido por órgano incompetente, por no ser el Instituto de Previsión Social del Periodista, a criterio de la recurrente, una institución supervisada. (Folios del 22 al 24fv de la pieza de antecedentes del IAIP)- CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual la recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho de acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos.- CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[1] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[2]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[3]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[4].- CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. La recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus argumentos, del precepto constitucional 321 en la resolución de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisete dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública. El precepto constitucional indicado señala: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”- CONSIDERANDO (9): Que mediante Decreto Legislativo No. 190-85, se crea la Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista[5], definiendo en su artículo 2 que el Instituto de Previsión Social del Periodista, es un organismo de derecho público con personalidad jurídica, autónomo, patrimonio propio y de duración indefinida; el Capítulo I de la referida ley, desarrolla lo relativo a los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista, en ese orden de ideas el artículo 27 en el literal a) dispone: “Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución del Estado equivalente al 2.5% del impuesto recaudado en 1985, estableciéndose el mismo porcentaje de lo que se recaude en 1986, y a partir de 1987 el porcentaje será del 5%, en virtud del Decreto 85-84, Artículo 17 aplicado a los servicios y publicidad y propaganda comercial escrita, radial y televisada. El Estado transferirá trimestralmente al Instituto esta recaudación. El precepto supra relacionado, fue reformado mediante Decreto Legislativo No. 91-86, el que deberá leerse de la siguiente forma: “ARTICULO 1.-Reformar el Artículo 27, inciso a) del Decreto 190-85 de fecha 4 de diciembre de 1985, el cual se leerá así: “ARTICULO 27.-Los recursos del Instituto de Previsión Social del Periodista son: a) Una contribución anual del Estado a partir de 1986 equivalente al total de la recaudación que se produzca en virtud del Decreto 85-84, Artículo 17, aplicado a los servicios de publicidad y propaganda comercial escrita, radial y televisada. Las transferencias al Instituto las verificará el Estado trimestralmente.”- CONSIDERANDO (10): Que la recurrente fundamenta sus alegaciones en el recurso de Amparo promovido, aduciendo que el Instituto de Previsión Social del Periodista, como entidad de derecho público no estatal y gremial, no recibe por concepto de timbres ingresos por concepto de timbres, por la retención de bienes o que este exenta del pago de impuestos, que su ley no lo exonera del pago de impuestos, expresa también la recurrente que en el régimen jurídico, administrativo o financiero del Instituto de Previsión Social del Periodista no participa el Estado, ni recibe fondos de éste, como tampoco esta sometido al régimen fiscal especial; no obstante a ello, y según informe emitido por la Secretaría de Finanzas en fecha ocho de diciembre del año dos mil diecisiete -visible a folios del 34 al 47 de la pieza de Amparo-, mediante Memorando TGR-DP-343-2017 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se detalla las transferencias realizadas por el Estado al Instituto de Previsión Social del Periodista, entre los años 2015 al 2017, información en la que la autoridad recurrida fundamenta la obligatoriedad del Instituto de Previsión Social del Periodista a hacer pública su gestión, ello en relación a lo establecido en el artículo 3 numeral 4) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por consiguiente ello lo convierte en una Institución obligada, al encontrarse el Instituto de Previsión Social del Periodista, en la categoría de personas jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos.- CONSIDERANDO (11): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales, así mismo a las instancias administrativas, en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, pues el trámite se ha desarrollado ante la instancia correspondiente que señala la Ley de Acceso a la Información Pública, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 numeral 4 de la ley en comento, al recibir el Instituto de Previsión Social del Periodista, fondos públicos, como se acredita con el Memorando TGR-DP-343-2017 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas –Visible a folio 37 de los autos que forman la pieza de amparo-.- CONSIDERANDO (13): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten a la impetrante, como ser el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (14): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 1 y 3.4 de la Ley de Acceso a la Información Pública. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada EMY CLAUDET ASFURA ASFURA, a favor del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA, contra la Resolución No.SO-036-2017 de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias a la institución de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÌQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0630-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[2] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[3] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[4] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf
[5] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,789, de fecha 2 de diciembre del año 1985.