Sentencia AA-60-18 — Registro 7807
Resumen
Recurso de amparo contra resolución que desestimó incidente de recusación contra miembro del Tribunal Supremo Electoral en el sentido que se excuse del conocimiento de la acción de nulidad contra la declaratoria de las Elecciones Generales de Honduras mérito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(12): Que siguiendo esta línea de pensamiento doctrinario, esta Sala ha dispuesto en varias decisiones, que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Esta Sala también ha dicho que esta conclusión no implica que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aún y cuando esta restitución se dé en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas.- CONSIDERANDO (13): Que siendo así y atendiendo al hecho que el acto reclamado en el recurso de amparo objeto que nos ocupa, lo constituye la decisión del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL de desestimar la cuestión de recusación presentada por el abogado OCTAVIO PINEDA ESPINOZA, hoy amparista, podemos afirmar, aplicando los criterios antes citados, que la restitución del acto que se reclama en amparo no resultaría posible, pues éste no solamente ha producido ya todos sus efectos y consecuencias, sino que su reparabilidad material ya no es factible, en tanto que la acción de nulidad interpuesta contra la declaratoria general de elecciones de la que se ha hecho mérito, fue resuelta por el funcionario recusado, señor DAVID MATAMOROS BATSON, como miembro del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en virtud de haber sido desestimada la cuestión de recusación que fue presentada en su contra.- CONSIDERANDO (14): Que de conformidad con el Artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además la norma, que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO (15): Que en acatamiento a la ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, y como también ha sido apreciado por el Ministerio Público, el sobreseimiento de la acción de amparo que nos ocupa, al resultar evidenciado en autos el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 5º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando establecido en el trámite de mérito, que el acto reclamado en amparo se configura como un acto consumado de modo irreparable.-"
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 5 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OCTAVIO PINEDA ESPINOZA a favor del PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, contra la providencia dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), en fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, con relación al expediente de acción de nulidad contra la declaratoria de elecciones publicadas en el Diario Oficial La Gaceta en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete con número 34,520, mediante la cual se desestimó la recusación contra el Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral DAVID MATAMOROS BATSON. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado OCTAVIO PINEDA ESPINOZA interponiendo acción de amparo a favor DEL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, contra la providencia dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) en fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, mediante la cual se desestimó la recusación contra el Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral DAVID MATAMOROS BATSON. (Folios 1-4 del presente expediente de amparo).- 2) Que en fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo de mérito, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efecto que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo. (Folio 6 del presente expediente de amparo).- 3) Que remitidos que fueron los antecedentes por la autoridad recurrida, se desprende del mismo la resolución objeto del recurso, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en la cual el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL resolvió: “…Primero: Desestimar el escrito de Recusación, presentado por el Abogado Octavio Pineda Espinoza, en su condición de Apoderado Legal del Partido Nacional de Honduras, contra el Magistrado Presidente, David Andrés Matamoros Batson, por improcedente, en virtud de no acreditar la causal legitima de recusación conforme a Ley. Segundo: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno al tenor de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Notifíquese…”. (Folios 34-35 del antecedente).- 4) En fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, al apreciar la Sala que el término de cuarenta y ochos horas para formalizar la acción venció el día catorce de marzo de dos mil dieciocho, siendo las tres en punto de la tarde, sin que el recurrente hiciera uso del mismo, en consecuencia declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, asimismo conforme se desprende del escrito de interposición del recurso, el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de violación, por lo que fue procedente continuar con la acción de mérito, dando vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 13 de la pieza de amparo).- 5) Que esta Sala, en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, del que se desprende de su apreciación jurídica lo siguiente: “El amparista alega la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los artículos: 82 y 90 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el presente caso de autos el Ministerio Público concluye: Que sin entrar a examinar el fondo del asunto, del expediente administrativo 4575-2 017, se aprecia que la acción de nulidad contra la declaratoria de las Elecciones Generales de Honduras, fue resuelta mediante resolución IMPUG-36l-20l7, en fecha 28 de diciembre del 2017 (ver folio 36-45); en ese sentido el pleno del Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar la acción de nulidad interpuesta, razón por la cual la solicitud de recusación planteada contra el Magistrado Presidente David Matamoros Batson, en el sentido que se excuse del conocimiento de la acción de nulidad en referencia, se encuentra enmarcada en la causal de inadmisibilidad prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 5) contra los actos consumados de modo irreparable. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parece: que se sobresean las presentes diligencias, en virtud de concurrir la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 5); que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción.”.- DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.c de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- OBJETO DEL RECURSO.- CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales, una resolución emitida en fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, mediante la cual decidió desestimar un incidente de recusación promovido en fecha veintidós de diciembre de ese mismo año, contra el contra el Magistrado Presidente de ese organismo electoral, señor DAVID MATAMOROS BATSON, por parte del Abogado OCTAVIO PINEDA ESPINOZA, en su condición de apoderado del PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS.- DE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE.- CONSIDERANDO (6): Que el recurrente sostiene la existencia de violaciones a la garantía del debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, en tanto que, según se infiere de sus alegatos, el recusado Presidente del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL actuó con “notorio interés directo”, comprometiendo su imparcialidad y neutralidad el hecho que su hija, la señora MARÍA ANDREA MATAMOROS CASTILLO, ostenta u ostentaba en aquel momento, el cargo de Subsecretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, siendo una funcionaria de confianza del Poder Ejecutivo. A su vez alegó el impetrante que dicho incidente de recusación fue resuelto en las (sic) “premuras y necesidad de instaurar una dictadura en este país”, ello atendiendo al hecho que en el ordinal SEGUNDO de la resolución impugnada se consignó erróneamente que el quejoso es apoderado legal del PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, condición que no ostenta. Por otra parte, el impetrante afirmó que la providencia recurrida no estaba (sic) “…debidamente fundamentada, es contradictoria y se aparta del derecho positivo y vigente, tal y como se demostrará oportunamente…”. Del escrito en donde se promovió la recusación planteada se advierte que el recusante solicitó la aplicación supletoria del artículo 188. 10 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, así como el procedimiento establecido en los artículos 52 y subsiguientes del Código Procesal Civil.- SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.- CONSIDERANDO (7): Que, de acuerdo con los razonamientos establecidos en la resolución emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, se determinó la improcedencia de la recusación promovida por el peticionario, siendo que según fue resuelto, el recusante no sustentó debidamente la misma. En la resolución que hoy se impugna, el referido Tribunal dispuso que el peticionario debía aportar prueba documental para acreditar en autos que se hubiera (sic): “…interpuesto denuncia o acusación como autor o cómplice de un delito o como autor de una falta, contra los Magistrados DAVID ANDRÉS MATAMOROS BATSON y JOSÉ SAÚL ESCOBAR ANDRADE, además de acreditar el recusante la injerencia maliciosa y parcializada a favor de JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO...”.- RAZONAMIENTO DE LA SALA.- CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha señalado esta Sala en previas decisiones, la recusación, como institución procesal, permite apartar, a instancia de parte, a un Juez, Magistrado o Auxiliar jurisdiccional, de un procedimiento determinado, por tener éste o éstos, alguna relación particular con el objeto del litigio o con alguno de los litigantes. Así, atendiendo a la imparcialidad exigible a todo juzgador como conducta y como elemento primordial del proceso, la doctrina ha distinguido tanto la imparcialidad objetiva, esto es, la ausencia de juicio previo sobre el asunto llamado a decidir, como la imparcialidad subjetiva, que implica (en términos generales) la ajenidad personal del juez al conflicto que conoce en virtud de su función.[1] Así, siendo que la propia Ley Electoral y de las Instituciones Políticas, prevé como atribución del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL la de conocer y resolver de las recusaciones contra sus Magistrados y contra miembros de los Organismos electorales[2], los anteriores razonamientos resultan aplicables en lo pertinente, al asunto que nos ocupa.- CONSIDERANDO (9): Que del examen de las actuaciones que originaron el presente recurso, en específico lo actuado en el expediente No. 4575-2017 del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, se observan prima facie, errores de forma como de fondo, tanto en el planteamiento presentado por el apoderado recusante, como en la resolución de la cuestión de recusación por parte del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- CONSIDERANDO (10): Que no obstante estas evidentes desavenencias, las mismas pasaron inadvertidas tanto por el recusante como por la autoridad, al punto que la recusación planteada fue resuelta en tiempo por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, agotándose con ello el procedimiento previsto para la decisión de la cuestión planteada, cumpliendo con todos sus efectos, y al ser declarada su improcedencia, el funcionario recusado pasó a integrar el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, a efecto de resolver la acción de nulidad contra la declaratoria de las Elecciones Generales de Honduras, la que fue decidida mediante resolución IMPUG-36l-20l7, de fecha 28 de diciembre del 2017.- CONSIDERANDO (11): Que esta Sala ha establecido en reiteradas decisiones, que la doctrina en materia de amparo ha clasificado los actos consumados en dos categorías: 1) Los actos consumados de modo reparable; y, 2) Los actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparada por la sentencia recaída en amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías.- CONSIDERANDO (12): Que siguiendo esta línea de pensamiento doctrinario, esta Sala ha dispuesto en varias decisiones, que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Esta Sala también ha dicho que esta conclusión no implica que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aún y cuando esta restitución se dé en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas.- CONSIDERANDO (13): Que siendo así y atendiendo al hecho que el acto reclamado en el recurso de amparo objeto que nos ocupa, lo constituye la decisión del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL de desestimar la cuestión de recusación presentada por el abogado OCTAVIO PINEDA ESPINOZA, hoy amparista, podemos afirmar, aplicando los criterios antes citados, que la restitución del acto que se reclama en amparo no resultaría posible, pues éste no solamente ha producido ya todos sus efectos y consecuencias, sino que su reparabilidad material ya no es factible, en tanto que la acción de nulidad interpuesta contra la declaratoria general de elecciones de la que se ha hecho mérito, fue resuelta por el funcionario recusado, señor DAVID MATAMOROS BATSON, como miembro del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en virtud de haber sido desestimada la cuestión de recusación que fue presentada en su contra.- CONSIDERANDO (14): Que de conformidad con el Artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además la norma, que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.- CONSIDERANDO (15): Que en acatamiento a la ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, y como también ha sido apreciado por el Ministerio Público, el sobreseimiento de la acción de amparo que nos ocupa, al resultar evidenciado en autos el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 5º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando establecido en el trámite de mérito, que el acto reclamado en amparo se configura como un acto consumado de modo irreparable.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 5), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OCTAVIO PINEDA ESPINOZA a favor del PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, contra la providencia dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), en fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, mediante la cual se desestimó la recusación contra el Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral DAVID MATAMOROS BATSON., al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0060-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. López Zúniga/Fernández Entralgo/Gómez Colomer. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. 2004. Pág.118.
[2] Artículo 15. 15c. LEY ELECTORAL Y DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS