Sentencia AA-568-17 — Registro 9850
Resumen
Acto recurrido que contiene las diligencias que denegó la acción de amparo interpuesto a favor de la señora Gabriela Alejandra Ochoa Posse, contra actuaciones dictadas por el a-quo en relación a un incidente de recusación alegado en la demanda promovida por la señora gabriela alejandra ochoa posse, contra el Hospital Escuela Universitario
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala aprecia que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por la quejosa, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..." ..." Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales a la representada de la recurrente.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril del dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Tegucigalpa, de fecha treinta (30) de junio del dos mil diecisiete (2017), que denegó la acción de amparo interpuesto por la abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, a favor de la señora GABRIELA ALEJANDRA OCHOA POSSE, contra actuaciones de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil dieciséis(2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en relación a un incidente de recusación alegado en la demanda promovida por la señora GABRIELA ALEJANDRA OCHOA POSSE, contra el HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.-Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en el artículo 60, 63, 64, 80, 183 303, 304, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha seis (6) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, la Abogada GREGORIA SIERRA CARVAJAL, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora GABRIELA ALEJANDRA OCHOA POSSE, contra actuaciones de fecha veinticinco(25) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, en donde dicho Juzgado resolvió: (Sic) PRIMERO: por lo antes expuesto se RECHAZA DE PLANO la recusación planteada contra la Juez MARCELA AMADOR THEODORORE, por INFUNDADA.- SEGUNDO: Que siga conociendo de la presente demanda ordinaria dicha Juez.-TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.- CUARTO: Se exime del pago de costas a la parte recusante…” (Folio 26 al 28 de la pieza del Juzgado). 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), emitió su fallo, mediante el cual FALLA: (Sic) “PRIMERO: DENEGAR la acción de AMPARO interpuesta por la Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, en su condición de representante procesal de la señora GABRIELA ALEJANDRA OCHOA POSEE…” (Folio 41 al 44 de la pieza de Corte de Apelaciones). 3) Que en fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Deniega el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL a favor de La señora GABRIELA ALEJANDRA OCHOA POSSE, contra las actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis, con relación al incidente de Recusación alegado en la demanda promovida por la señora GABRIELA ALEJANDRA OCHOA POSEE contra el HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. CONSIDERANDO (4): Que el Ad-Quem en su resolución, acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO, NUMERAL CUARTO (4), manifiesta que la “idea puntual de la acción de amparo bajo análisis lo constituye la violación a la Garantía Constitucional del Debido Proceso en cuanto al Derecho a un Juez imparcial y el Derecho a la igualdad en el proceso, habida cuenta encontrarse la Juez No. 8 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, M. D.C., en la causa #3 de Recusación de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, por haber sido denunciada en dos ocasiones por la representante procesal de la parte demandada del juicio de mérito Abogada Georgina Carvajal Sierra”. Señala además las causas de recusación contenidas en el artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. En el numeral sexto (6) de la resolución deja establecido que “la causa de recusación debe ser legítima, en el sentido que debe ser fehacientemente probada y surtir los efectos esperados, es decir, debe de resultar el recusado totalmente involucrado.- Si bien es cierto, la ley no determina que la denuncia debe ser ante Tribunales, admitida o cualquier otro tipo de adornos como lo manifiesta la recurrente, no es menos cierto que para que se configure la causa de recusación invocada por la recurrente, necesariamente la denuncia debe de reducirse a un tipo penal contemplado únicamente en el Código Penal de Honduras, que es la disposición que contiene y desarrolla los delitos y que por ende la denuncia debe incoarse ante las autoridades respectivas, situación que no aconteció así. Lo mismo sucede con las faltas, pues la recurrente no aclara en qué tipo de falta incurrió la recusada, en una falta penal, en una falta administrativa o en una falta disciplinaria, siendo inoperante un órgano jurisdiccional para denunciar cualquiera de las faltas antes mencionadas, existiendo los órganos competentes exclusivos para interponer dichas denuncias por faltas. Simplemente aparece de autos que la recurrente solicita ante un órgano jurisdiccional que está conociendo de un caso concreto, se sancione a una funcionaria por una supuesta negligencia, sin que ese órgano jurisdiccional tenga competencia o atribuciones legales para incoar algún tipo de investigación o trámite disciplinario contra la funcionaria judicial, concluyendo que la causa de recusación invocada por la recurrente no ha sido suficientemente probada por no haberse realizado con los elementos legales que conlleva la mencionada causa de recusación, por ende no ha existido dicha denuncia”. El numeral séptimo (7) de la Resolución señala que: “De lo anterior se deduce que al no haber hecho la denuncia la parte recurrente en aquel momento, sin los presupuestos legales que lleva implícita la causa de recusación, no es legítima y en consecuencia no produce la supuesta parcialidad y desigualdad en el trato ante el proceso contenciosos administrativo que ahora conoce la Juez recusada; coligiéndose de manera palpable que la causa de recusación es totalmente infundada y por ende no ha habido quebrantamiento del Debido Proceso en cuanto a la imparcialidad de la Juez que conoce el caso concreto y tampoco en cuanto al plano de igualdad entre las partes que debe comportar el juez dentro del proceso”. Señala además pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en donde se infiere que con la simple presentación de una denuncia contra un funcionario judicial es insuficiente para considerarlo comprendido en las causas de recusación del artículo 188 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en el sentido: “debiendo de completarse todos los requisitos de ley, es decir deberá ser admitida en sede judicial y con ello dé lugar a la incoación de diligencias penales, sin perjuicio del resultado de las mismas…” (Sentencia de Amparo No. 561-716-719-2006 de fecha 24 de enero del 2007). En consecuencia, Denegó la Acción de Amparo interpuesta. CONSIDERANDO (5): Que la causal de recusación referida a “Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de ellas como autor, cómplice o encubridor de un delito o como autor de una falta, contenida en el numeral 3 del artículo 188 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, solo deberá ser efectiva cuando la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la instrucción de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, de igual manera debe ser trata la denuncia de una falta, debe existir prueba de la ocurrencia de los hechos denunciados, para efectos de establecer si el funcionario judicial recusado debe ser o no separado del asunto que viene conociendo; las causas que dan lugar a ello no pueden deducirse ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, para generar desconfianza o poner en duda la imparcialidad de los jueces. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala aprecia que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por la quejosa, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales a la representada de la recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, a favor de la señora GABRIELA ALEJANDRA OCHOA POSSE. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre del dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, actuando en representación de la Doctora GABRIELA ALEJANDRA OCHOA POSSE; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho, mediante la cual se confirma la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M., D., C., de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se DENEGÓ la acción de AMPARO interpuesta por la recurrente, contra la resolución de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, en fecha seis de junio del año dos mil dieciocho, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia antes referida que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico de la Sala, en síntesis señala que la sentencia recurrida “ha impartido injusticia e ilegalidad, refiere que la recurrente tiene claramente el derecho a que si tiene sospecha, desconfianza y pruebas de conflicto anterior con el juzgador o juzgadora que conozca y resuelva su demanda y no tiene la confianza en absoluto que ésta actuará con imparcialidad u objetividad, reitera, tiene el categórico derecho a que se le aparte a esta jueza de dicho caso”. Exponiendo además que esta Sala no tiene ninguna facultad para restringir un derecho que la Constitución y en la ley (LOAT) es amplio. CONSIDERANDO (2): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada GEORGINA SIERRA CARBAJAL, en el recurso de reposición no son de recibo, los argumentos con los que comparece son los mismos que ya han sido analizados por el Ad-Quem cuya resolución confirma esta Sala, siendo el contexto de la sentencia claro y razonando de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo recurrido. CONSIDERANDO (3): Que las partes tienen igual derecho a una tutela judicial efectiva, de acuerdo al estudio razonado de los antecedentes, en la sentencia impugnada se ha dado respuesta a lo peticionado por la recurrente tal como se dijo, no basta instruir la recusación invocando la existencia de una denuncia (estar o haber sido denunciado), sin que la misma haya dado lugar a un procedimiento penal que deviene obligadamente terminar en una sentencia, que la decisión de la recurrente haya sido recusar la A-Quo no implica necesariamente que el Ad-Quem y esta Sala de lo Constitucional obligadamente deban resolver conforme lo pedido, cuando no concurren los presupuestos para establecer que la funcionaria judicial debe ser separada del conocimiento de la controversia, lo contrario daría lugar a la arbitrariedad, puesto que bastaría una denuncia para que la composición del órgano jurisdiccional quedara sujeta a las partes. Que la resolución no sea acorde a lo peticionado por la impetrante no significa que se hayan quebrantado sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 41, 120 párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogado GEORGINA SIERRA CARBAJAL, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia y resolución de fechas veinticinco de abril y diez de octubre del año dos mil dieciocho, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-0568=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL