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Sentencia AA-56-20 — Registro 10121

Resumen

en la cual el Tribunal Supremo Electoral resolvió declarar Con Lugar resultados de la revisión de votos nulos de Mesas Electorales Receptoras número 14114, 14117, 14124, 14130, 14131 Y 14137, en el nivel electivo de Corporación Municipal de Sensenti, Departamento de Ocotepeque, en virtud de ser las únicas en que la cantidad de votos nulos es mayor al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato, el cual no se llevó a cabo en virtud que el representante del Candidato del Partido Libertad y Refundación LIBRE no estuvo de acuerdo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."(5): Que esta Sala; en fecha dos de abril de dos mil dieciocho; tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogada Yulibeth Garay Hernández, del que se desprende de su apreciación jurídica lo siguiente: "El amparista alega la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los Artículos: 82 y 90 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el presente caso de autos el Ministerio Público concluye: Que sin entrar a examinar el fondo del asunto, las Elecciones Generales de Honduras, fueron celebradas en fecha 26 de noviembre del 2017; habiendo tomado ya posesión de sus cargos los ciudadanos que aspiraron y resultaron electos a cargos de elección popular de acuerdo a las respectivas declaratorias que hizo el Tribunal Supremo Electoral conforme a sus facultades legales; por lo que en consecuencia, se aprecia la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el Artículo 46 numeral 5) contra los actos consumados de modo irreparable; que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público; es del parecer: Que se sobresean las presentes diligencias, en virtud de concurrir la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 5); que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción”.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Tribunal Supremo Electoral en fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Resolución Identificada como No. IMPUG 350-2017, resolvió declarar Con Lugar los resultados de la revisión de votos nulos de las Mesas Electorales Receptoras número 14114, 14117, 14124, 14130, 14131 Y 14137, en el nivel electivo de Corporación Municipal de Sensenti, Departamento de Ocotepeque, en virtud de ser las únicas en que la cantidad de votos nulos es mayor al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato, el cual no se llevó a cabo en virtud que el representante del Candidato del Partido Libertad y Refundación LIBRE no estuvo de acuerdo ya que su petición no fue satisfecha de acuerdo a lo planteado en su solicitud. A su vez confirmó lo resuelto en providencia de fecha 9 de diciembre de 2017 donde se declaró Sin Lugar la revisión de los votos nulos al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato. Y finalmente confirmó lo resuelto en providencia de fecha 9 de diciembre de 2017, en el sentido de declarar sin lugar la revisión definitiva mediante escrutinio especial, reconteo, revisión de cuadernos de votación cantidad de papeletas que fueron utilizadas en virtud que del análisis realizado se constató que las Actas de Cierre fueron validadas por el Sistema SIEDE a excepción de la MER 14128 que presentó inconsistencias y fue sometida a Escrutinio Especial, y además por no aportar el peticionario las pruebas en que fundamenta su petición.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Decreto 44-2004 del 1 de abril del 2004, sancionado por el Presidente de la República el 15 de mayo del 2004, que contiene la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual regirá los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal, los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las actividades de todas las instituciones que por esta ley se determinen. Contiene disposiciones generales; organización electoral; censo nacional electoral y listados; división política geográfica, voto domiciliario y sufragio en el exterior; partidos políticos; requisitos de elegibilidad e igualdad de oportunidades; elecciones internas y primarias de los partidos políticos; inscripción de candidatos; actividad política permanente, campaña electoral y manifestaciones políticas; educación cívica electoral y capacitación; desarrollo de las elecciones generales; delitos y faltas electorales; disposiciones generales; disposiciones finales; y, disposiciones transitorias.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso administrativo electoral sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución administrativa amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley. Por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. El proceso de amparo es un proceso constitucional autónomo y no puede ser asumido como un proceso al cual se pueda trasladar, para su discusión y resolución, una cuestión ya resuelta en el proceso ordinario. El control constitucional de una resolución judicial o administrativa a través del amparo no supone que este sea una instancia más del proceso administrativo; sino por el contrario, dicho control se realiza con un canon constitucional valorativo propio; con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral 9) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, procede a la Sala Constitucional pronunciarse. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que da pie a SOBRESEER el presente recurso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil dieciocho.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Jorge David Meza Vásquez a favor del señor Mairon Randolfo Gómez Gavarrete, en su condición de candidato a Alcalde por la Corporación Municipal de Sensenti, Departamento de Ocotepeque por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), contra la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) No. IMPUG 350-2017, de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la solicitud de revisión definitiva mediante el escrutinio especial presentada por el señor Mairon Randolfo Gómez Gavarrete, en la condición antes indicada, de las Elecciones a Alcalde de la Municipalidad de Sensentí, Departamento de Ocotepeque. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal el Abogado Jorge David Meza Vásquez a favor del señor Mairon Randolfo Gómez Gavarrete, en su condición de candidato a Alcalde por la Corporación Municipal de Sensenti, Departamento de Ocotepeque por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), contra la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) No. IMPUG 350- 2017, de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil diecisiete mediante el escrutinio especial presentada por el señor Mairon Randolfo Gómez Gavarrete, en la condición antes indicada, de las elecciones a Alcalde de la Municipalidad de Sensentí, Departamento de Ocotepeque. (Folios 1-6 del amparo).-2) Que en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, este Alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, sin suspensión del acto reclamado, en virtud de no aportarse por parte del recurrente, elementos suficientes que permitan a esté Tribunal considerar la concurrencia de causal que se encuentra contemplada en el Artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, consecuentemente se ordenó librar comunicación a la autoridad recurrida, a efecto que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo. (Folio 9 del amparo).-3) Remitidos que fueron los antecedentes por la autoridad recurrida, se desprende del mismo la Resolución No. IMPUG-350-2017, objeto del recurso, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete, en la cual el Tribunal Supremo Electoral resolvió: (Sic) “Primero: Declarar Con Lugar los resultados de la revisión de votos nulos de las Mesas Electorales Receptoras número 14114, 14117, 14124, 14130, 14131 Y 14137, en el nivel electivo de Corporación Municipal de Sensenti, Departamento de Ocotepeque, en virtud de ser las únicas en que la cantidad de votos nulos es mayor al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato, el cual no se llevó a cabo en virtud que el representante del Candidato del Partido Libertad y Refundación LIBRE no estuvo de acuerdo ya que su petición no fue satisfecha de acuerdo a lo planteado en su solicitud.- Segundo: Confirmar lo resuelto en providencia de fecha 9 de diciembre de 2017 en el sentido declárese Sin Lugar la revisión de los votos nulos al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato.-Tercero: Confirmar lo resuelto en providencia de fecha 9 de diciembre de 2017, en el sentido de declarar sin lugar la revisión definitiva mediante escrutinio especial, reconteo, revisión de cuadernos de votación cantidad de papeletas que fueron utilizadas en virtud que del análisis realizado se constató que las Actas de Cierre fueron validadas por el Sistema SIEDE a excepción de la MER 14128 que presentó inconsistencias y fue sometida a Escrutinio Especial, y además por no aportar el peticionario las pruebas en que fundamenta su petición.-Cuarto: La presente resolución agota la vía administrativa, procediendo en contra de la misma la acción de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la· Honorable Corte Suprema de Justicia, el cual deberá interponerse en el término de diez (10) días hábiles:- Notifíquese." (Folios 47-48 del antecedente).-4) En fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho; esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el escrito presentado por el Abogado Jorge David Meza Velásquez; en el recurso de mérito y se ordenó dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 23 de la pieza de amparo).-5) Que esta Sala; en fecha dos de abril de dos mil dieciocho; tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogada Yulibeth Garay Hernández, del que se desprende de su apreciación jurídica lo siguiente: "El amparista alega la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los Artículos: 82 y 90 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el presente caso de autos el Ministerio Público concluye: Que sin entrar a examinar el fondo del asunto, las Elecciones Generales de Honduras, fueron celebradas en fecha 26 de noviembre del 2017; habiendo tomado ya posesión de sus cargos los ciudadanos que aspiraron y resultaron electos a cargos de elección popular de acuerdo a las respectivas declaratorias que hizo el Tribunal Supremo Electoral conforme a sus facultades legales; por lo que en consecuencia, se aprecia la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el Artículo 46 numeral 5) contra los actos consumados de modo irreparable; que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público; es del parecer: Que se sobresean las presentes diligencias, en virtud de concurrir la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 5); que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción."-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) No. IMPUG 350-2017, de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la solicitud de revisión definitiva mediante el escrutinio especial presentada por el señor Mairon Randolfo Gómez Gavarrete, en la condición antes indicada, de las elecciones a Alcalde de la Municipalidad de Sensentí, Departamento de Ocotepeque.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la interposición del recurso por el demandante de amparo, esta señala que el Tribunal Supremo Electoral, aplica indebidamente preceptos administrativos vigentes que no se reflejan en el caso concreto estudiado, claramente los términos procesales en las diferentes etapas del juicio; son plazos que por seguridad jurídica no pueden ni deben dejarse al arbitrio o antojo de las partes en su cumplimiento; y, en el caso que nos ocupa se cumplió con el tiempo tal actuación. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala; en fecha dos de abril de dos mil dieciocho; tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogada Yulibeth Garay Hernández, del que se desprende de su apreciación jurídica lo siguiente: "El amparista alega la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los Artículos: 82 y 90 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el presente caso de autos el Ministerio Público concluye: Que sin entrar a examinar el fondo del asunto, las Elecciones Generales de Honduras, fueron celebradas en fecha 26 de noviembre del 2017; habiendo tomado ya posesión de sus cargos los ciudadanos que aspiraron y resultaron electos a cargos de elección popular de acuerdo a las respectivas declaratorias que hizo el Tribunal Supremo Electoral conforme a sus facultades legales; por lo que en consecuencia, se aprecia la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el Artículo 46 numeral 5) contra los actos consumados de modo irreparable; que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público; es del parecer: Que se sobresean las presentes diligencias, en virtud de concurrir la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 5); que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción”.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Tribunal Supremo Electoral en fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Resolución Identificada como No. IMPUG 350-2017, resolvió declarar Con Lugar los resultados de la revisión de votos nulos de las Mesas Electorales Receptoras número 14114, 14117, 14124, 14130, 14131 Y 14137, en el nivel electivo de Corporación Municipal de Sensenti, Departamento de Ocotepeque, en virtud de ser las únicas en que la cantidad de votos nulos es mayor al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato, el cual no se llevó a cabo en virtud que el representante del Candidato del Partido Libertad y Refundación LIBRE no estuvo de acuerdo ya que su petición no fue satisfecha de acuerdo a lo planteado en su solicitud. A su vez confirmó lo resuelto en providencia de fecha 9 de diciembre de 2017 donde se declaró Sin Lugar la revisión de los votos nulos al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato. Y finalmente confirmó lo resuelto en providencia de fecha 9 de diciembre de 2017, en el sentido de declarar sin lugar la revisión definitiva mediante escrutinio especial, reconteo, revisión de cuadernos de votación cantidad de papeletas que fueron utilizadas en virtud que del análisis realizado se constató que las Actas de Cierre fueron validadas por el Sistema SIEDE a excepción de la MER 14128 que presentó inconsistencias y fue sometida a Escrutinio Especial, y además por no aportar el peticionario las pruebas en que fundamenta su petición.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Decreto 44-2004 del 1 de abril del 2004, sancionado por el Presidente de la República el 15 de mayo del 2004, que contiene la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual regirá los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal, los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las actividades de todas las instituciones que por esta ley se determinen. Contiene disposiciones generales; organización electoral; censo nacional electoral y listados; división política geográfica, voto domiciliario y sufragio en el exterior; partidos políticos; requisitos de elegibilidad e igualdad de oportunidades; elecciones internas y primarias de los partidos políticos; inscripción de candidatos; actividad política permanente, campaña electoral y manifestaciones políticas; educación cívica electoral y capacitación; desarrollo de las elecciones generales; delitos y faltas electorales; disposiciones generales; disposiciones finales; y, disposiciones transitorias.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso administrativo electoral sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución administrativa amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley. Por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. El proceso de amparo es un proceso constitucional autónomo y no puede ser asumido como un proceso al cual se pueda trasladar, para su discusión y resolución, una cuestión ya resuelta en el proceso ordinario. El control constitucional de una resolución judicial o administrativa a través del amparo no supone que este sea una instancia más del proceso administrativo; sino por el contrario, dicho control se realiza con un canon constitucional valorativo propio; con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral 9) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”-CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, procede a la Sala Constitucional pronunciarse. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que da pie a SOBRESEER el presente recurso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Administrativo (Electoral), registrado en este Tribunal bajo el número 0056-20

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL