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Sentencia AA-544-17 — Registro 7733

Resumen

Resolución No. 001-2017 y notificaciones mediante los cuales la Institución recurrida expulsa por el término de quince períodos académicos a los recurrentes como sanción por protagonizar una toma en el Alma Mater habiendo sido acusados por los delitos de daños a las instalaciones físicas de la UNAH y de privación de la libertad de los agentes de seguridad privada contratados por dicha Institución

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en el caso sub judice se advierte que la sanción comenzó a tener efectos desde su notificación, por lo que se estaba configurando un perjuicio muy grave, como es la perdida del derecho a la educación, además aunque exista una tramitación ordinaria, la sustanciación del mismo, debido a la contradicción, dualidad de posiciones, doble instancia y otros recursos, pueden volver eficaz la tutela del derecho de los quejoso, siendo que el conflicto puede estar realizando una vulneración de derechos constitucionales..."..."esta Sala pretende cuestionar si realmente está dentro de las facultades que posee la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la esfera de su propio gobierno el establecimiento mediante reglamento de sanciones sobre derechos constitucionales, cuando a criterio de esta Sala, existe una reserva de ley para sanciones que impliquen la disminución de derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional no se limita a las resoluciones de expulsión confirmada por la Rectoría de la UNAH por actos, que constituyen una sanción de falta grave como lo expresa el Reglamento de Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; como ya se ha dicho en anteriormente, las autoridades de la UNAH iniciaron una investigaciones que pareciera tener una base garantista para la determinación del esclarecimiento de los sucesos sancionados, la ejecución del artículo 13 del Reglamento de los Estudiantes de la UNAH, que establece qué es una Falta Grave y sus sanciones, es inconstitucional, en vista de que él mismo no es una expresión de la voluntad soberana, es decir, dicho reglamento no tiene el valor de una ley de la República, por lo que no puede determinar la limitación de derechos constitucionales, como el derecho a la educación y de no ser sancionado con penas no establecidas en la Ley, que fue lo realizado por las entonces autoridades de la UNAH..."..."esta Sala ya ha conocido de un caso sobre expulsión de alumnos y alumnas de la misma universidad hoy recurrida, por la utilización contraria a la Constitución, del artículo 13 del Reglamento de Estudiantes de la UNAH, resolviendo este órgano de justicia amparar a los quejosos, debido a que se ha realizado una acto contrario a la Constitución, puesto que ha limitado el ejercicio y goce del derecho a la educación y de sus garantías a un debido proceso dado que se ha hecho un uso abusivo de la facultad sancionadora del Estado..."..."si bien la UNAH goza constitucionalmente de un amplio margen de desarrollo de su organización, atribuciones y funciones, tal como dice el artículo 160 constitucional, el mismo no debe de interpretarse como una facultad que le permita sobrepasar los mandatos fijados en nuestra norma suprema y organizadora de todo el Estado. El artículo 95 de la Constitución debe de tenerse como medida de validez de todos los estatutos de la UNAH, así como el resto de ese texto; por lo que dicha universidad debe de tener como único parámetro constitucional y convencional para la aplicación de sanciones la reserva de Ley, no siendo constitucional la fijación de sanciones desde sus estatutos o reglamentos..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, es vulneratorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el abogado Hugo Ramón Maldonado, a favor de las y los ciudadanos Allan Moisés Alcerro Martínez, André Johan Gómez Jerónimo, Emmy Nohemy Jiménez Zelaya, Henry Orlando Rodríguez, Jorge Elías Velásquez Contreras, José Manuel González Seren, Joseph Emmanuel Miranda Hernández, Kevhin Ricardo Espinal Ramos, Marció Noé Silva Ramírez, Jessy Nataly Sánchez Santos, Mario Miguel Valladares Guevara, Nancy Paola Cruz García, Norberto Miosis Cardona Martínez, Reveca Elvir Mayorquin, Ronnie Ezequiel Huete Salgado, Oscar Rene Barahona Martínez, Carlos Moisés Torres Torres y Juan Carlos Hernández Lanza contra actuaciones de la Universidad Nacional Autónoma De Honduras (UNAH), relaciones según el recurrente a la resolución y notificación hechas los días 06, 07 y 20 de julio de dos mil diecisiete, mediante las cuales se les notifico de la expulsión por el termino de quince periodos académicos, a los jóvenes Allan Moisés Alcerro Martínez, André Johan Gómez Jerónimo, Emmy Nohemy Jiménez Zelaya, Henry Orlando Rodríguez, Jorge Elías Velásquez Contreras, José Manuel González Seren, Joseph Emmanuel Miranda Hernández, Kevhin Ricardo Espinal Ramos, Marció Noé Silva Ramírez, Jessy Nataly Sánchez Santos, Mario Miguel Valladares Guevara, Nancy Paola Cruz García, Norberto Miosis Cardona Martínez, Reveca Elvir Mayorquin, Ronnie Ezequiel Huete Salgado, Oscar Rene Barahona Martínez, Carlos Moisés Torres Torres y Juan Carlos Hernández Lanza; estima el recurrente que con la resolución emitida se ha violentado en perjuicio de sus representados los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 80, 82, 94, 151, 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el abogado Hugo Ramón Maldonado, compareció ante este Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor de las y los ciudadanos Allan Moisés Alcerro Martínez, André Johan Gómez Jerónimo, Emmy Nohemy Jiménez Zelaya, Henry Orlando Rodríguez, Jorge Elías Velásquez Contreras, José Manuel González Seren, Joseph Emmanuel Miranda Hernández, Kevhin Ricardo Espinal Ramos, Marció Noé Silva Ramírez, Jessy Nataly Sánchez Santos, Mario Miguel Valladares Guevara, Nancy Paola Cruz García, Norberto Miosis Cardona Martínez, Reveca Elvir Mayorquin, Ronnie Ezequiel Huete Salgado, Oscar Rene Barahona Martínez, Carlos Moisés Torres Torres Y Juan Carlos Hernández Lanza, contra actuaciones de la Universidad Nacional Autónoma De Honduras (UNAH), a través de su anterior rectora Julieta Gonzalina Castellanos; consistentes según los recurrentes, en las acciones que están cometiendo las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) quienes resolvieron expulsar por el término de 15 periodos continuos a los 19 estudiantes quejosos, de diferentes facultades, bajo el supuesto de que la noche de 24 de mayo de dos mil diecisiete, protagonizaron una toma en el edificio administrativo, conocido como Alma Mater, los estudiantes han sido sometidos a un proceso judicial acusados por los delitos de daños a las instalaciones físicas de la UNAH y de privación de la libertad de los agentes de la empresa de seguridad privada, contratados por esa Universidad.- 2) Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió el recurso de merito sin suspensión provisional del acto reclamado, en consecuencia se libró comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del termino de dos (02) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo.- 3) Que en fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, remitió el informe correspondiente consignando entre algunos aspectos lo siguiente: a.- Que según lo establecido en el articulo 24 del Reglamento de Estudiantes de la UNAH, para disponer de una investigación sumaria el señor Ayax Irias Coello, en su condición de vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), emitió en fecha 30 de mayo del año pasado, en el cual solicito a las decanas de las facultades de odontología, Humanidades y artes, ciencias medicas, química y farmacia, al abogado general de esa Universidad y a la comisionada universitaria adjunta, que se nombrara y se notificará oficialmente un representante propietario y suplente para conformar una comisión de investigación para el caso. b.- Que en fecha siete, ocho y nueve de junio de dos mil diecisiete, se logro citar a 15 estudiante para que comparecieran a una audiencia de descargo, celebrada el día dieciséis de junio del año en mención; consignándose en la misma, que podían hacerse acompañar por un representante de dicha vicerrectoría, un directivo de dirección estudiantil y, a falta de estos, de dos testigos, en la misma citación se les hizo saber que deberían presentar las pruebas que consideran pertinentes para su defensa, de acuerdo al articulo 30 de Reglamento de Estudiantes de la UNAH. c.- Que en el día y hora programada, se procedió a realizar las audiencias a los 15 estudiantes citados de manera individual, los que se hicieron acompañar de dos testigos y su representante procesal, asimismo compareció a todas las audiencias la abogada Circe Amaya en representación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Iniciada la audiencia seles formularon tres preguntas a cada uno, contestando los estudiantes a las mismas que “no iban a declarar” o “decir nada”. d.- Que en fecha veinte de junio de 2017, se reunió la comisión de investigación y acordó apertura a prueba el proceso a partir del veintiuno de junio concluyendo el 23 de junio de ese mismo año, término en el cual los interesados deberán ofrecer las pruebas pertinentes a su favor, habiéndoseles otorgado una prorroga tres (3) días para presentar las pruebas en virtud de que en la audiencia no presentaron las mismas. En fecha veintiséis de junio, la Secretaria de la Comisión declaro el cierre de la investigación y del auto se notifico a los interesados mediante cedula fijada en la tabla de avisos; asimismo se rindió el informe correspondiente. En la misma fecha los decanos resolvieron poner a la vista del abogado Josué Fabricio Carbajal y de sus representados el expediente contentivo del proceso de investigación para que en un término especifico formularan sus observaciones, sin que hicieran uso del mismo, por lo cual el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, emitieran la Resolución Nº 001-2017. e.- En fecha dieciocho de julio de 2017, se remitió el expediente de investigación a la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles a efecto de que remitiera la resolución correspondiente; por el cual en fecha veinte de julio dicto la resolución VOAE 001-2017. f.- En fecha veintiséis de julio, el abogado Josué Fabricio Carbajal, en su condición de representante procesal de los estudiantes, presento un recurso de apelación contra la resolución VOAE 001-2017, posteriormente, mediante auto de fecha veintiocho de julio, los decanos de las facultades involucradas, previo a resolver el recurso, solicitaron a la Secretaria General que informara al respecto, informando que el termino de tres días concedido para interponer recurso de apelación había vencido el veinticinco de julio de 2017, pero en aras de garantizar el debido proceso, resolvieron admitir el recurso de apelación, tomando en cuenta que la preclusión de dicho plazo no había sido notificado. g.- En fecha primero de agosto de dos mil diecisiete, el expediente fue remitido a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la que resolvió declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Josué Fabricio Carbajal, representante de los y los estudiantes; confirmando la resolución VOAE 001-2017, notificada el veinticuatro de agosto. h.- Con la relación sucinta de los hechos expresada en ese informe, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, arguye que ha sido respetuosa de las garantías constitucionales, del derecho a la defensa y el debido proceso, al darse cumplimiento a lo establecido en el reglamento de estudiantes de la UNAH, mismo que se deriva de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de Honduras, por lo que consideran que en ningún momento se ha contravenido, disminuido, restringido o tergiversado derechos y garantías constitucionales y demás leyes y reglamentos urgentes en la República. (Folios No del 20 al 24 del expediente del presente recurso).- 4) Que la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso in examine en fecha veinte de abril de dos mil diecisiete.- 5) Que con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el abogado René Mauricio Aceituno Ulloa, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, adscrito en la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión de NO SE OTORGUE de la acción de amparo interpuesta, basado en que el presente caso debe de sustanciarse a través de la justicia ordinaria, dado que existen recursos en esa vía para cuestionar lo resuelto por la autoridad recurrida.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga a la o al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional un acto realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la resolución No 001-2017 de fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, en donde diversos decanos y decanas de dicho Centro de Educación recomiendan la sanción de suspensión de quince periodos a los amparistas; la resolución VOAE 001-2017 en donde la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles resuelve en fecha veinte de julio del año antes mencionado, reafirma que los hechos investigados constituyen falta grave y es procedente confirmar la sanción recomendada por las y los decanos en la resolución antes descrita; posterior a la substanciación de un recurso de apelación interpuesto a favor de los supuestos agraviados, la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete resolvió de declarar sin lugar el recurso de apelación y confirma las sanciones impuestas por medio de la resolución VOAE 001-2017.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, en la interposición manifiestan que las autoridades universitarias han vulnerado diversos derechos constitucionales de sus representados tales como el principio de legalidad constitucional, el derecho de petición, de defensa y de ser parte procesal en los procesos en donde se les imponga pena o sanción.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional ha establecido en diversas resoluciones[1] que considera que el derecho a la educación es necesario para la efectividad de la cláusula general de igualdad tanto formal como material, pues permite el desarrollo integral de las personas y la realización de sus demás derechos, guarda también íntima conexión con la dignidad humana y resulta indispensable para la equidad y la cohesión social[2], debido a las anteriores características es innegable el carácter fundamental del derecho a la educación, es por ellos que un servicio sobre este derecho debe de cumplir con al menos las garantías de asequibilidad, accesabilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.- CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la educación se vincula directamente al Estado y a otros sujetos, cono ser el que recibe la educación, el que la brinda y el que es responsable legamente del primero; abarcando este derecho la enseñanza primaria, secundaria, la técnica y profesional, y por supuesto la superior.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala en reiterada jurisprudencia[3] ha comprendido que la autonomía de las universidades, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia[4] y el debate académico.- CONSIDERANDO (9): Que en la sentencia del recurso de amparo con registro SCO-0094-2015, esta Sala observo que del texto constitucional se reconoce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como un ente constitucional, con personalidad jurídica, gozando de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, pudiéndose fijar a través de la Ley y sus estatutos su organización, funcionamiento y atribuciones (artículo 160 constitucional). Por lo anterior se debe de fijar que la intervención del Poder Judicial sobre la UNAH se debe de basar en el no acatamiento de ésta a el ordenamiento jurídico, aprobado por las y los legisladores en la forma de Ley y por ella misma a través de sus propios estatutos, cuando sean constitucional que ella misma se autorregule en ciertos aspectos.- CONSIDERANDO (10): Que siendo ya parte del control de constitucionalidad que realiza este Tribunal, el examen ex officio del control del convencionalidad[5] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño.- CONSIDERANDO (11): Que la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo dos (2) que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de la defensas del orden jurídico constitucionales, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa administrativo, asimismo dice el mismo artículo que se interpreta y aplicara de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internaciones sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.- CONSIDERANDO (12): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, por lo que en el caso subjudice, esta Sala no puede limitarse a solo observar una interpretación restrictiva de los formalismos del Reglamento, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[6] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación ultima y definiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino tambien tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (13): Que en el marco del Control de Convencionalidad ésta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respecto a los derechos básico de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.-[7] CONSIDERANDO (14): Que este alto Tribunal de Justicia ha expresado[8] que para determinar la procedencia de la acción de amparo se debe de observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe de ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, en este caso en primera instancia la UNAH y en segunda instancia la jurisdicción ordinaria; otro principio que supone nuestra legislación es la definitividad del asunto, pero ello tiene sus limites cuando el quejoso no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar de que se disponen de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable. Cuando existan esos otro medios judiciales se puede hablar de excepciones que justifican su procedibilidad, cuando a ese medio de defensa judicial idóneo, éste no impida la ocurrencia de un perjuicio irremediable de terminar de configurarse y cuando si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados como vulnerados en el presente amparo.- CONSIDERANDO (15): Que en el caso sub judice se advierte que la sanción comenzó a tener efectos desde su notificación, por lo que se estaba configurando un perjuicio muy grave, como es la perdida del derecho a la educación, además aunque exista una tramitación ordinaria, la sustanciación del mismo, debido a la contradicción, dualidad de posiciones, doble instancia y otros recursos, pueden volver eficaz la tutela del derecho de los quejoso, siendo que el conflicto puede estar realizando una vulneración de derechos constitucionales.- CONSIDERANDO (16): Que siendo un derecho fundamental[9] la legalidad constitucional, podemos concluir que partiendo de la supremacía constitucional, existen garantías para mantener la vigencia del contenido dado en la Constitución; derecho autónomo que pertenece a todas y todos los habitantes del país; de dicho derecho surge la obligación de los poderes públicos y del resto de la ciudadanía e instituciones, el respeto por la legalidad constitucional, por lo que cada vulneración a la Constitución, conlleva la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para la tutela judicial efectiva de sus derechos conculcados, tanto en instancias ordinarias como en una jurisdicción especial que podría ser la constitucional. De esa legalidad podemos señalar tres principios: 1.- la violación de la Constitución es la infracción jurídica más grave, 2.- la vulneración del derecho de la Constitución no es convalidable y 3.- el derecho a reclamar sobre esas vulneraciones es imprescriptible. En el presente caso, por las razones fácticas de que los actos en amparo, que son violatorios del ordenamiento constitucional, los mismos son absolutamente nulos, por lo que no pueden ser convalidados ni subsanados y, el derecho de las y los afectados de esos actos contrarios al máximo ordenamiento no tienen prescripción ni caduca la posibilidad de solicitar su expulsión mientras no se haya reparado las lesiones que afectan a las y los quejosos.- CONSIDERANDO (17): Que esta Sala pretende cuestionar si realmente está dentro de las facultades que posee la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la esfera de su propio gobierno el establecimiento mediante reglamento de sanciones sobre derechos constitucionales, cuando a criterio de esta Sala, existe una reserva de ley para sanciones que impliquen la disminución de derechos constitucionales. Si bien, la UNAH realizo un procedimiento investigativo, que prima facie, podría haber contado con algunas de las garantías procesales validas para el Estado democrático hondureño, se debe de decir que, el procedimiento tiende a cumplir dos objetivos, el primero de ellos es comprobar fehacientemente si se ha cometido algún ilícito y, en segundo lugar, asegurar al presunto infractor, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa; dado que estamos en un país democrático, con una Constitución que no solo limita el poder público, sino que también otorgar un estándar de clausulas que posee todo habitante del país en cualquier situación que no puede ser vulneradas por los demás. Concluye este interprete final de la Constitución que la emisión de una sanción administrativa sin que el acto que se presente castigar sea realmente un ilícito es una vulneración a la supremacía constitucional.- CONSIDERANDO (18): Que la Constitución reconoce (artículo 89) que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, en el caso subjudice, el conflicto constitucional surge por la supuesta participación de estudiantes de la autoridad recurrida, en un conflicto estudiantil que se dio en las instalaciones de la UNAH; afectando derechos de terceros vinculados a este centro educativo (alumnos, profesores, personal administrativo), por lo que es fácil deducir que el órgano competente para la resolución del conflicto son las autoridades de la UNAH. También reconoce nuestra norma suprema que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (artículo 90 constitucional); en este sentido si bien la UNAH no es parte del Poder Judicial de Honduras, en el ámbito de su competencia es el ente administrativo que tiene el mandato constitucional para regir la educación superior y el mandato legal de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que en el presente caso se reconoce la legalidad de que está organización pretenda aplicar sanciones a quienes han realizado afectaciones de derechos tipificados legalmente en la Ley, después de un proceso investigativo con garantías, se pueda determinar que han violentado derechos, cometiendo actos ilícitos.- CONSIDERANDO (19): Que es necesario hacer una lectura del artículo 95 de la Constitución de la República, el que manifiesta: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.”[10] Por lo que el conflicto constitucional que examina esta Sala de lo Constitucional no se limita a las resoluciones de expulsión confirmada por la Rectoría de la UNAH por actos, que constituyen una sanción de falta grave como lo expresa el Reglamento de Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; como ya se ha dicho en anteriormente, las autoridades de la UNAH iniciaron una investigaciones que pareciera tener una base garantista para la determinación del esclarecimiento de los sucesos sancionados, la ejecución del artículo 13 del Reglamento de los Estudiantes de la UNAH, que establece qué es una Falta Grave y sus sanciones, es inconstitucional, en vista de que él mismo no es una expresión de la voluntad soberana, es decir, dicho reglamento no tiene el valor de una ley de la República, por lo que no puede determinar la limitación de derechos constitucionales, como el derecho a la educación y de no ser sancionado con penas no establecidas en la Ley, que fue lo realizado por las entonces autoridades de la UNAH.- CONSIDERANDO (20): Que en ese sentido la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 9 reconoce el Principio de Legalidad y de Retroactividad al decir: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará a ello.” En este sentido parecería que la Convención es más abierta en cuanto al juego de distintas normas de derecho a aplicar, pero refuerza el sentido de que nuestra Constitución establece una reserva de Ley para la aplicación de sanciones y una inconvencionalidad de aplicar sanciones que no estén fijadas en la Ley.- CONSIDERANDO (21): Que esta Sala de lo Constitucional tuvo conocimiento mediante diversos recurso de amparo presentados por distintos funcionarios judiciales, en contra de resoluciones del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que poseen una similitud con el caso in examine, en el sentido de la aplicación de sanciones a través de la potestad reglamentaria de un órgano administrativo del Estado, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; en ese sentido la Sala manifestó: “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta”. La Sala también expreso “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso”.-[11] CONSIDERANDO (22): Que en ese mismo sentido esta Sala ya ha conocido de un caso sobre expulsión de alumnos y alumnas de la misma universidad hoy recurrida, por la utilización contraria a la Constitución, del artículo 13 del Reglamento de Estudiantes de la UNAH, resolviendo este órgano de justicia amparar a los quejosos, debido a que se ha realizado una acto contrario a la Constitución, puesto que ha limitado el ejercicio y goce del derecho a la educación y de sus garantías a un debido proceso dado que se ha hecho un uso abusivo de la facultad sancionadora del Estado.- CONSIDERANDO (23): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-06[12] sobre la expresión del término “Leyes” en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, determinó que la expresión de leyes en sentido formal, es la norma jurídica emanada del Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución, mientras que en el sentido material, sería como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo orden jurídico.[13] Respecto a la protección de los derechos humanos, los mismos no pueden quedar al arbitrio de los poderes públicos, por ello se deben de regular de manera que cuenten con la máxima protección, por lo que sus limitaciones, cuando sean validas, deberán ser establecidas por la Ley adoptada por el Congreso Nacional, de acuerdo a los mandatos constitucionales; ya que a través del debate legislativo se permite la expresión de las minorías, de grupos disidentes y la influencia de la opinión pública, para evitar que se actúe arbitraria.-[14] CONSIDERANDO (24): Que el principio de legalidad desde el derecho constitucional se concretiza con el denominado principio de reserva de ley, el que consiste que los derechos fundamentales sólo se verán limitados por la Ley, en cuanto a está sea una expresión legítima de la voluntad soberana de nuestra nación. Es por ello que la Corte Interamericana reconoció que la reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad de todas y todos los ciudadanos, es un elemento esencial para que los derechos puedan estar jurídicamente protegidos, ya que se cuenta con un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado de las competencias de los órganos administradores de justicia.-[15] CONSIDERANDO (25): Que como se dijo en el considerando (13) de la presente sentencia de amparo, las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado, por lo que en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretenda sancionar.-[16] CONSIDERANDO (26): Que si bien la UNAH goza constitucionalmente de un amplio margen de desarrollo de su organización, atribuciones y funciones, tal como dice el artículo 160 constitucional, el mismo no debe de interpretarse como una facultad que le permita sobrepasar los mandatos fijados en nuestra norma suprema y organizadora de todo el Estado. El artículo 95 de la Constitución debe de tenerse como medida de validez de todos los estatutos de la UNAH, así como el resto de ese texto; por lo que dicha universidad debe de tener como único parámetro constitucional y convencional para la aplicación de sanciones la reserva de Ley, no siendo constitucional la fijación de sanciones desde sus estatutos o reglamentos.- CONSIDERANDO (27): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 63 referente a los efectos y requisitos de la sentencia de un amparo; cuando la misma otorgue el recurso deberá de determinar de forma precisa la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, entre otros aspectos sirvan para garantizar a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (28): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por el amparista, es vulneratorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 9, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas; conforme al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional FALLA: Primero: OTORGAR la acción de amparo interpuesta contra las actuaciones de las Universidad Nacional Autónoma de Honduras; segundo: la resolución VOAE 001-2017 y su confirmación, no obliga ni aplica por contravenir y disminuir derechos fundamentales de bloque de constitucionalidad, y; tercero: la autoridad recurrida deberá de darle la debida ejecución a la presente sentencia, suspendiendo todos los efectos de las expulsiones impugnadas, para que los mismos puedan reiniciar sus estudios de forma inmediata.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0544-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver las sentencias de los recursos de amparo SCO-0126-2017, SCO-0767-2016 y SCO-0094-2015.

[2] Corte Constitucional de Colombia. Tutela-102/17, párr. 15.

[3] Ver sentencia SCO-0126-2017 de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

[4] Ídem, párr. 21.

[5] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, entre otras.

[6] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.

[7] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.

[8] Ver considerando (17) de la sentencia del recurso de amparo con registro SCO-0126-2017, resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

[9] Ver artículos constitucionales 63, 64, 320, 373 y 374.

[10] Las negritas son nuestras.

[11] Ver las sentencias en los Amparos Administrativos resueltos por la Sala de lo Constitucional: SCO-007-2014, SCO-0209-2014 y SCO-0730-2012.

[12] Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de nueve de mayo de 1986.

[13] Opinión Consultiva OC-06/86, párr. 15.

[14] Ibídem, párr. 22.

[15] Ibídem, párr. 24.

[16] Ver Caso De La Cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004, párrafo 104.