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Sentencia AA-527-17 — Registro 13500

Resumen

Resolución que declaró nulidad absoluta con relación a la demanda promovida por recurrente,contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación de Educación,argumentando impetrante que se le ha vedado la posibilidad de interponer recurso alguno ante la declaración de nulidad de dicha sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo. Sin embargo, si dicho plazo concluyere en un día inhábil se entenderá prorrogado al día siguiente hábil. No obstante, para que esta condición se cumpla, es necesario que dicho plazo haya empezado a correr. En este sentido el plazo de dos meses para promover la acción de amparo que hoy se intenta contra la indicada resolución, comenzó a correr al día siguiente en que se notificó a la parte recurrente la resolución reclamada en amparo. Así, dicha notificación se hizo el día Viernes Trece (13) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), por lo que el término de dos meses antes referido comenzó a correr al día siguiente hábil, o sea el día LUNES DIECISÉIS (16) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018) y venciendo a la media noche del día SÁBADO DIECISÉIS (16) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), sin embargo, siendo ese día inhábil, debió presentarlo el día LUNES DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).CONSIDERANDO: Que al presentarse la acción de amparo el día MARTES DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), como consta en el expediente de mérito, claramente se hizo de manera extemporánea. En este sentido, se aprecia que el acto reclamado en amparo ha sido interpuesto fuera del plazo de dos meses que establece la citada ley en su artículo 48 para la procedencia de su admisión.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el artículo cuarenta y seis, en su numeral 4), la presente acción de amparo es inadmisible por haberse interpuesto el recurso de mérito fuera del plazo establecido por el artículo cuarenta y ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia procede rechazar de plano la demanda de amparo por la causal de inadmisibilidad indicada"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...": Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está facultada para que hasta en la emisión de la sentencia, de oficio declare la inadmisibilidad de la acción, por existir causas procesales que hacen difícil el trascurso del juicio e imposible la emisión del fallo definitivo, como acontece en el caso de autos, que se inobservó que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que uno de los parámetros muy particulares de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la pretensión de las partes que se encuentra delimitada en la misma norma y que por el hecho de solicitar la nulidad del acto administrativo que se impugna, se debe desarrollar el precepto legal especifico y la no aplicación del procedimiento legal establecido. En ese sentido, el Ad-quem, es de la firme convicción que se debe anular la sentencia que se conoce mediante recurso de apelación y resolver directamente el asunto, declarando de oficio la declara la acción, por adolecer de defectos procesales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. VISTOS: los antecedentes del acto reclamado en el recurso de amparo interpuesto por la abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ a favor de la señora ANGELA MARIA SALINAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, que declaró la nulidad absoluta de la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis; con relación a la demanda promovida por la señora ANGELA MARIA SALINAS, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como violado el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución, apuntando que la misma es ilegal, contraria a derecho y arbitraria; ya que se le ha vedado la posibilidad de interponer recurso alguno ante la declaración de nulidad de la sentencia y la inadmisibilidad de la acción o de la demanda presentada y al no haberse pronunciado sobre el fondo del asunto, no se puede recurrir al recurso de casación que la ley establece; aunado a ella sin indicarse la autoridad recurrida la posibilidad de hacer uso del recurso alguno. CONSIDERANDO: Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, la recurrente, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su representada, el debido proceso, y el derecho de defensa consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que según expone la recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido en relación a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, manifestando que las causales por las cuales el Juzgado podrá declarar inadmisible una demanda, alegando que la normativa procesal civil en ningún momento le confiere facultades al Tribunal de Alzada para que proceda a inadmitir una demanda que ha pasado por los procedimiento que la misma ley señala para su admisión; y en caso de ser inadmitida, el artículo 52 del mismo cuerpo legal establece el término de diez días hábiles para que las partes aleguen y estimen lo pertinente, acompañando los documentos a que hubiere lugar; en este caso que nos ocupa, la Corte de Apelaciones desconoce por completo toda esta normativa; aunado a eso, es importante señalar que la parte demandada en ningún momento procesal alegó la inadmisibilidad de la demanda como defensas previas. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución apelada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se dispuso: primero: declarar nulidad absoluta de la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis dictada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; en consecuencia, y conforme lo establece el artículo 715.2 del Código Procesal Civil, que rige como norma supletoria a la ley exclusiva de la materia, este Tribunal resuelve directamente en vista de constar de autos los elementos de juicio necesarios para decidir declarar inadmisible la demanda promovida por la señora Ángela Maria Salinas contra el Estado de Honduras, por adolecer de defectos procesales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, con la motivación dada por el Tribunal en los apartados sexto, séptimo y octavo del acápite fundamentos de derecho. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está facultada para que hasta en la emisión de la sentencia, de oficio declare la inadmisibilidad de la acción, por existir causas procesales que hacen difícil el trascurso del juicio e imposible la emisión del fallo definitivo, como acontece en el caso de autos, que se inobservó que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que uno de los parámetros muy particulares de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la pretensión de las partes que se encuentra delimitada en la misma norma y que por el hecho de solicitar la nulidad del acto administrativo que se impugna, se debe desarrollar el precepto legal especifico y la no aplicación del procedimiento legal establecido. En ese sentido, el Ad-quem, es de la firme convicción que se debe anular la sentencia que se conoce mediante recurso de apelación y resolver directamente el asunto, declarando de oficio la declara la acción, por adolecer de defectos procesales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ a favor de la señora ANGELA MARIA SALINAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), certificación de la resolución de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal con el número 0527=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.