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Sentencia AA-502-18 — Registro 8222

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra auto resolutivo dictado por juzgado de primera instancia que desestimó Defensas Previas en relación a demanda ordinaria por despido injustificado promovida contra recurrente considerando dicho fallo que los alegatos son cuestiones de mera legalidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el amparista ha limitado sus argumentaciones a la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, pero sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual sus argumentaciones resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas..."..."es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..."..."este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICICION A NIVEL NACIONAL, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez| de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: En consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que sobresee la acción de amparo interpuesta por la Abogada DASSI YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a un incidente de defensas previas, alegado en la Demanda Ordinaria por Despido Injustificado, promovida por la Señora RAMONA MODESTA VARGAS AGUILERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Señora RAMONA MODESTA VARGAS AGUILERA, promoviendo Demanda Ordinaria por Despido Injustificado, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD; solicitando que: se declare con lugar la demanda; se le pague las prestaciones e indemnizaciones laborales en su totalidad; los salarios dejados de percibir; y todos los demás beneficios que dejo de percibir, desde la fecha de su despido, hasta la fecha en que quede firme la sentencia. (Folios 1–49 de los antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, alegando defensas previas en la presente demanda. (Folios 1–6 de la pieza de Defensas Previas)- 3) Que en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado emitió Auto Resolutivo en la demanda relacionada, en el cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. SEGUNDO: contra el presente Auto Resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno.” (Folios 23–31 de la pieza de Defensas Previas)- 4) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su carácter de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el Auto Resolutivo de Defensas Previas de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–14 de la Pieza de Amparo)- 5) Que en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Falló: (SIC) “SOBRESEER la acción de amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.” (Folios 32–35 de la Pieza de Amparo)- 6) Que en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente recurso)- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que sobresee la acción de amparo interpuesta por la Abogada DASSI YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a un incidente de defensas previas, alegado en la Demanda Ordinaria por Despido Injustificado, promovida por la Señora RAMONA MODESTA VARGAS AGUILERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- CONSIDERANDO (6): Que, de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia y no del recurso de amparo.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el amparista ha limitado sus argumentaciones a la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, pero sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual sus argumentaciones resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas.- CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICICION A NIVEL NACIONAL, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que sobresee la acción de amparo interpuesta por la Abogada DASSI YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a un incidente de defensas previas, alegado en la Demanda Ordinaria por Despido Injustificado, promovida por la Señora RAMONA MODESTA VARGAS AGUILERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0502-2018.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez| de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: En consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que sobresee la acción de amparo interpuesta por la Abogada DASSI YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a un incidente de defensas previas, alegado en la Demanda Ordinaria por Despido Injustificado, promovida por la Señora RAMONA MODESTA VARGAS AGUILERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Señora RAMONA MODESTA VARGAS AGUILERA, promoviendo Demanda Ordinaria por Despido Injustificado, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD; solicitando que: se declare con lugar la demanda; se le pague las prestaciones e indemnizaciones laborales en su totalidad; los salarios dejados de percibir; y todos los demás beneficios que dejo de percibir, desde la fecha de su despido, hasta la fecha en que quede firme la sentencia. (Folios 1–49 de los antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, alegando defensas previas en la presente demanda. (Folios 1–6 de la pieza de Defensas Previas)- 3) Que en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado emitió Auto Resolutivo en la demanda relacionada, en el cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. SEGUNDO: contra el presente Auto Resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno.” (Folios 23–31 de la pieza de Defensas Previas)- 4) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su carácter de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el Auto Resolutivo de Defensas Previas de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–14 de la Pieza de Amparo)- 5) Que en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Falló: (SIC) “SOBRESEER la acción de amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.” (Folios 32–35 de la Pieza de Amparo)- 6) Que en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente recurso)- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que sobresee la acción de amparo interpuesta por la Abogada DASSI YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a un incidente de defensas previas, alegado en la Demanda Ordinaria por Despido Injustificado, promovida por la Señora RAMONA MODESTA VARGAS AGUILERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- CONSIDERANDO (6): Que, de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia y no del recurso de amparo.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el amparista ha limitado sus argumentaciones a la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, pero sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual sus argumentaciones resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas.- CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICICION A NIVEL NACIONAL, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que sobresee la acción de amparo interpuesta por la Abogada DASSI YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en relación a un incidente de defensas previas, alegado en la Demanda Ordinaria por Despido Injustificado, promovida por la Señora RAMONA MODESTA VARGAS AGUILERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0502-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

CEDV