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Sentencia AA-499-17 — Registro 8251

Resumen

Resolución impugnada que deniega recurso de amparo interpuesto contra auto resolutivo que declara con lugar solicitud de nulidad absoluta de actuaciones, presentada por parte demandada y declara la anulabilidad de actuaciones a partir de subsanación de demanda en relación a demanda que se declare la anulación de un acto administrativo, pago de indemnización de graves daños y perjuicios promovida por impetrante contra el Estado de Honduras a través de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL),referente al proceso de jubilación y caución ordenada a èste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(12): En consecuencia y de lo anteriormente expuesto esta sala arriba a la conclusión que el presente amparo venido en consulta de la resolución de la corte de apelaciones de lo contencioso administrativo de fecha 09 de junio del 2017, violenta los derechos y garantías consagrados en la constitución de la república al amparista así como los tratados, pactos y convenciones de las que el estado de honduras forma parte, en tal sentido en el caso sub judice se deben de restituir los derechos y garantías señalados como violentados en virtud de que ya establece el artículo 320 de la Constitución de la República en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicara la constitucional, así mismo el artículo 64 de la carta magna que establece que no se aplicaran las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otra orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, así como el articulo 128 y 129 referente a la obligatoriedad del estado de velar por la estabilidad de los trabajadores. De igual manera el artículo 2 de la ley de justicia constitucional claramente establece que las disposiciones de esta ley se interpretaran y aplicaran siempre de una forma que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, las mismas se interpretaran y aplicaran de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la república de Honduras, en tal sentido de todo lo anterior se colige que el juez a-quo deberá de hacer uso y aplicar los artículos de la Constitución de la República que le restituyen los derechos y garantías que la parte amparista invoca como violentados en relación al acceso a la justica y un debido proceso, en consecuencia esta sala de lo Constitucional Velando por la aplicación de los derechos y garantías contemplados en la Carta Magna y en este caso en particular es de el criterio que el Juez Ad- Quem deberá de admitir la demanda de merito y eximir en esta oportunidad al amparista de la caución del 20% del valor reclamado según el artículo 39 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como también eximir en esta ocasión al de la constancia de la SAR para acreditar su solvencia tributaria en virtud de que el amparista a la fecha se encuentra laborando para la Institución Estatal la misma contemplada en el articulo 47.D de la misma ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo. CONSIDERANDO (13): Que esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en Amparo y en virtud de observar violación al debido proceso, acceso a la justicia y el derecho a la Jubilación. En consecuencia, considera que debe de otorgarse la garantía constitucional de amparo y tal como lo establece el artículo 69 de la ley de Justicia Constitucional revocando la resolución emitida en fecha 19 de junio del 2017 venida en consulta, en consecuencia, otórguese la garantía de amparo antes invocada"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"(12): En consecuencia y de lo anteriormente expuesto esta sala arriba a la conclusión que el presente amparo venido en consulta de la resolución de la corte de apelaciones de lo contencioso administrativo de fecha 09 de junio del 2017, violenta los derechos y garantías consagrados en la constitución de la república al amparista así como los tratados, pactos y convenciones de las que el estado de honduras forma parte, en tal sentido en el caso sub judice se deben de restituir los derechos y garantías señalados como violentados en virtud de que ya establece el artículo 320 de la Constitución de la República en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicara la constitucional, así mismo el artículo 64 de la carta magna que establece que no se aplicaran las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otra orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, así como el articulo 128 y 129 referente a la obligatoriedad del estado de velar por la estabilidad de los trabajadores. De igual manera el artículo 2 de la ley de justicia constitucional claramente establece que las disposiciones de esta ley se interpretaran y aplicaran siempre de una forma que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, las mismas se interpretaran y aplicaran de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la república de Honduras, en tal sentido de todo lo anterior se colige que el juez a-quo deberá de hacer uso y aplicar los artículos de la Constitución de la República que le restituyen los derechos y garantías que la parte amparista invoca como violentados en relación al acceso a la justica y un debido proceso, en consecuencia esta sala de lo Constitucional Velando por la aplicación de los derechos y garantías contemplados en la Carta Magna y en este caso en particular es de el criterio que el Juez Ad- Quem deberá de admitir la demanda de merito y eximir en esta oportunidad al amparista de la caución del 20% del valor reclamado según el artículo 39 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como también eximir en esta ocasión al de la constancia de la SAR para acreditar su solvencia tributaria en virtud de que el amparista a la fecha se encuentra laborando para la Institución Estatal la misma contemplada en el articulo 47.D de la misma ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo. CONSIDERANDO (13): Que esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en Amparo y en virtud de observar violación al debido proceso, acceso a la justicia y el derecho a la Jubilación. En consecuencia, considera que debe de otorgarse la garantía constitucional de amparo y tal como lo establece el artículo 69 de la ley de Justicia Constitucional revocando la resolución emitida en fecha 19 de junio del 2017 venida en consulta, en consecuencia, otórguese la garantía de amparo antes invocada"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha diecinueve(19) de junio del dos mil diecisiete(2017), que denegó la acción de amparo interpuesta por la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, a favor del señor HECTOR LEONEL RODRIGUEZ MILLA, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016),en relación a la demanda promovida por el señor HECTOR LEONEL RODRIGUEZ MILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 60,63,64,80 183 303,304,321, 322 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis (16) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, la Abogada GEORGINA SIERA CARBAJAL, interponiendo recurso de amparo a favor del señor HECTOR LEONEL RODRIGUEZ MILLA, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016)en donde dicho Juzgado Resolvió: “PRIMERO: Estimar que no concurren los presupuestos y requisitos para la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la parte Demandante por lo expuesto en los fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto de la presente Resolución.- En consecuencia DENIEGUESE EN SU TOTALIDAD la Solicitud de Adopción de Medidas Cautelares.- SEGUNDO: Contra el presente auto cabe el Recurso de Apelación, sin efecto suspensivo que podrá ser interpuesto dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta resolución.-TERCERO: Sin condena en costas por considerar que la parte vencida en juicio ha tenido motivos suficientes para litigar.- CUARTO: …” (Folio 32 al 34 de la pieza del Juzgado) 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2017) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: “DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesto por la Abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, en su condición de representante Legal del señor HECTOR LEONEL RODRIGUEZ MILLA. Apoderado Legal del Estado de Honduras” (Folio 80 al 82 de la pieza de Corte de apelaciones) 3) Que en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3] CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen según acción de amparo interpuesta en fecha 16 de diciembre del 2016, contra el auto resolutivo de fecha 21 de octubre del 2016, que el auto recurrido en amparo declara con lugar la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones, presentada por la parte demandada y declara la anulabilidad de actuaciones a partir de la subsanación de la demanda ordinaria, la recurrente manifiesta que las actuaciones dictadas por el A-quo, son contradictorias por haber dictado auto de admisión de la demanda en fecha 8 de marzo del 2016 que corre agregado a folio 58 de la primera pieza en la que se dio por subsanado el pago del 20 % del valor reclamado tal y como lo indica el articulo 39 párrafo primero de la ley de Jurisdicción de lo contencioso administrativo. CONSIDERANDO (3): Que formalizado que fuera el presente amparo el impetrante considera que se le debe de otorgar el mismo por considerar que la autoridad recurrida con la emisión del acto reclamado le violenta sus garantías constitucionales consistentes en el derecho al acceso a la justicia, debido proceso y derecho al acceso a la jubilación. CONSIDERANDO (4): Que emitido el dictamen del ministerio publico es del criterio que no se otorgue la garantía de amparo, ya que considera que no se le están violentando las garantías constitucionales que argumenta el impetrante. CONSIDERNDO (5): Que según los hechos que motivan la presente acción tiene su génesis en LA DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE NO CONFORME A DERECHO Y POR ELLO LA ANULACION DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR, POR INFRACCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, QUEBRANTAMIENTO DE FORMALIDADES ESENCIALES, EXCESO Y DESVIACION DE PODER. SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA, SE DECRETE LA ADOPCION DE MEDIDAS PARA SU PLENO REESTABLECIMIENTO, COMO SER EL PAGO DE UNA INDEMNIZACION DE GRAVES DAÑOS Y PERJUICIOS. Dicha demanda fue interpuesta en fecha 05 de noviembre del 2015, en la cual de la revisión del expediente de merito se constata que en fecha 08 de marzo del 2016 que corre agregado a folio 58 de la primera pieza en la cual se tiene por subsanada y admitida la demanda que antecede, así mismos en fecha 06 de mayo del 2016 se emplaza por medio de la receptora del juzgado de letras de lo contencioso administrativo al señor Melvin Maldonado en su condición de representante legal de la empresa de telecomunicaciones (HONDUTEL) a efectos de que conteste la presente demanda, así mismo en fecha 02 de junio se presenta nulidad absoluta de actuaciones que consta en la pieza separada, y en fecha 03 de junio del mismo año se contesta la demanda por la parte demandada que corre a folio 82 al 88 de la primera pieza, de igual manera corre agregada a folio 32 de la pieza de la nulidad la resolución de fecha 21 de octubre del 2016, en la cual la juez A-quo resuelve declarar con lugar la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones presentada por la abogada Ángela Gabriela Medina Henríquez, en su condición de apoderada legal de Hondutel, en consecuencia se decreto la anulabilidad de actuaciones a partir del auto de fecha 08 de marzo del 2016, así como las subsiguientes actuaciones de la pieza principal que corren agregadas del folio 58 a la 362.

CONSIDERANDO (6): Que según la resolución impetrada el Ad-Quem es del criterio que no ha existido violación alguna a los derechos constitucionales invocados como violentados por parte de la recurrente por encontrarse la resolución emitida por el A-quo apegada a derecho y sin ningún tipo de garantías vulneradas en las que el juez en uso de sus facultades y con el objetivo de que el proceso se desarrolle respetando los derechos en condiciones de igualdad y sin dilación, enmendó a través de la resolución impetrada la vulneración al debido proceso al obviar requisitos indispensables que impedían el desarrollo normal del proceso, por lo consiguiente la misma denegó el amparo correspondiente. CONSIDERANDO (7): Que del examen practicado exhaustivamente por la Sala de lo Constitucional acusa el impetrante como primer concepto de violación el Derecho a un debido proceso en virtud de que no se ha obtenido una resolución apegada a derecho pues la misma carece de motivación en autos que producen consecuencias de poner fin al proceso, como sucedió con el presente acto recurrido en los cuales considera que se han violentado derechos, establece la recurrente que el juzgador ordinario está obligado a proteger y respetar el derecho de defensa del debido proceso, pues en ninguno de los autos se justifico ni fundamento, ni mucho menos razono jurídicamente su decisión, obviando la aplicación del control de convencionalidad y de constitucionalidad, sin hacer ningún tipo de razonamiento jurídico, ni ningún tipo de pronunciamiento, ni argumento para establecer las razones en las que se funda para llegar a la conclusión de no tomar en cuenta lo alegado en favor de su representada cuando se consideran que existen razones fundadas en derecho para dar la razón a lo peticionado. CONSIDERANDO (8): De igual manera sustenta el amparista que considera violentado el derecho de el acceso a la justicia, ya que no se razono, ni mucho menos se argumento, ni menciono o demostró la supuesta indefensión que produce la resolución impugnada, de igual manera con la resolución impugnada la juez pretendía que para que su representado pudiera acudir a los tribunales en busca de la impartición de justicia en virtud de que se le ha negado su jubilación desde hace mas de 10 años, esto claramente representa un obstáculo para el acceso a la justicia para la demandante que es un trabajador y se encuentra en una condición económica sensiblemente inferior a la de la demandada, violentándose con esto por parte de la A quo y la Ad quem el derecho del acceso a la justicia, ya que al considerar y solicitar una fianza que a todas luces es violatoria de los derechos contenidos en la constitución se esta violentando el derecho al acceso a la justicia, ya que esto se considera un obstáculo económico para acceder a la justicia y máxime en las condiciones en las que se encuentra el trabajador, siendo de lato conocimiento que esto se prohíbe de igual manera por la convención americana de los derechos humanos. CONSIDERANDO (9): Considera la amparista que se ha violentado el control difuso de constitucionalidad contenido en el artículo 320 de la carta magna, así como también el control de convencionalidad, todo en virtud de que ya establece la corte interamericana de derechos humanos que consagra el derecho al acceso a la justicia el cual es entendido por la corte como una normativa imperativa del derecho internacional, de lo cual dispone que los estados no deben de interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos, así pues cualquier persona o medida del orden interno que imponga costas o dificulten de cualquier otra manera el acceso a los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la administración de justicia. Que de lo anterior el juez deviene obligado por la constitución y la convención a desaplicar la ley incompatible con el acceso a la justicia consagrado en estas normas superiores, sobre la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de el control de convencionalidad en el sistema interamericano de derechos humanos quien en su artículo numero 2 de la convención tiene también la finalidad de facilitar la función del poder judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de resolver un caso particular, sin embargo cuando el legislador falla en su tarea de suprimir y o no adoptar leyes contrarias a la convención americana, el judicial permanece vinculado al deber de garantía reconocido en el artículo 1.1 de la misma, y consecuentemente debe de abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Este incumplimiento por parte de un funcionario de el estado de una ley violatoria a la convención produce responsabilidad internacional al estado y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del estado recogido en el derecho internacional de los derechos humanos , en el sentido de que todo estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados según el artículo 1.1 de la convención americana. En concordancia con el control de convencionalidad de la convención americana de los derechos humanos y de la corte interamericana de derechos humanos, el ordenamiento jurídico hondureño indudablemente, no ha sido ajeno a este proceso de expansión de justicia, puesto que resulta que este tipo de control ha existido en La Constitución hondureña históricamente hasta la actualidad. Es así que el control difuso de constitucionalidad que se encuentra contenido en el artículo 320 de la Constitución de la República en el cual se reconoce la jerarquía constitucional colocándola en la cúspide de la jerarquía normativa, concediéndole la concepción de la norma fundamental como una norma jurídica de aplicación directa que goza de supremacía frente a las demás normas, en el cual se establece que la aplicación de una ley contraria la constitución se confía a todo el aparto judicial. Se trata, de carácter incidental con ocasión de un litigio determinado, es decir, que la aplicación directa de la constitución como norma máxima que prevalece de forma definitiva sobre la ley incompatible con la constitución, por lo que viene a ser un juicio de aplicación de la norma que como bien es sabido produce una nulidad inter partes , de carácter declarativo, ex tune; pues aunque el juez declare la nulidad de la ley o de un precepto contrario o incompatible a la constitución, esta no es anulada, si no que continua en vigor por lo cual solo se desaplica la ley o precepto al caso en concreto, es de este modo que al declararse inaplicable la norma sometida a control es decir aquella incompatible a la constitución , se efectuara su aplicación para el caso concreto, pero la validez general de la norma , a la cual el juez solo tendrá que declarar inaplicable el precepto al momento de resolver el proceso que conoce por lo que no se puede eludir la realidad de que el modelo difuso se encuentra configurado en la constitución como un modelo de control de constitucionalidad. CONSIDERANDO (10): Señala la amparista que se considera violentado el derecho a la prestación de vejez o jubilación y pensión de la amparista, ya que según la resolución recurrida violenta el convenio n. 102, sobre la seguridad social como norma mínima, adoptado en Ginebra, 35° reunión CIT del 28 de junio 1952, cuya entrada en vigor fue el 27 de abril 1955. Ratificado por Honduras el 01 de noviembre del 2012, que se encuentra en vigor en Honduras, por encima del ordenamiento interno y en coherencia con la constitución, establece que el estado de Honduras se compromete a que deberá de garantizar a las personas que les corresponde por derecho ser protegidas con la concesión de prestación de vejez, como lo es en este caso, ya que el articulo 25 al 29 de dicho convenio ha sido violentado al impedir de forma violatoria incumpliendo la constitución y los tratados internacionales por no haber incorporado Hondutel al trabajador y dejarlo desprotegido de su inherente y adquirido derecho a la prestación de la vejez, o lo que se conoce como derecho a la Jubilación y pensión, mismos que ya son reconocidos en la constitución de la república, así como en la ley del servicio civil, el código del trabajo y el contrato colectivo de Hondutel, que reconocen al trabajador el derecho a no ser discriminados para el empleo o en el empleo, es así que de igual manera se le estaría disminuyendo el derecho a la igualdad que reconoce el artículo 60 de la Constitución de la República, así mismo se estaría restringiendo el artículo 64 de la carta magna que establece que son nulos de pleno derecho todos actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías de los trabajadores o servidores públicos, por lo que se consideran violentados todos los preceptos antes invocados con la resolución recurrida así como también se violentan el pacto interamericano de derechos económicos, sociales y culturales, la carta social europea y todas las demás normas mencionadas anteriormente. CONSIDERANDO (11): Que esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en consulta y de la argumentación de la corte de apelaciones de lo contencioso administrativo que sirvió de base para denegar la garantía constitucional de amparo esta sala es del criterio que el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso, una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente, justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la sala de lo constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido al hacer una revisión del caso sub judice se puede establecer que la amparista señala como normas violentadas el debido proceso de lo que de la revisión del caso se puede observar que la resolución impetrada carece de suficiente motivación razón por la cual el juez conocedor está habilitado por la ley a hacer uso del control difuso de constitucionalidad tal y como lo explicamos anteriormente en el sentido de que La diferencia entre el control abstracto de justicia constitucional como ser el recurso de inconstitucionalidad se debe de tener en cuenta que entre esta y el modelo difuso de constitucionalidad es que este ultimo obliga a todos los jueces del poder judicial a desaplicar una ley que contravenga o sea incompatible con la constitución y sus efectos solo serán en el caso concreto en particular a diferencia de la inconstitucionalidad que será de aplicación general como lo es en el presente caso en el cual por la especialidad de los hechos alegados por la amparista nos encontramos ante una situación de aplicabilidad del control difuso en virtud de que se estarían violentando los derechos invocados, tanto el derecho al debido proceso así como principalmente el derecho del acceso a la justicia que es consagrado tanto por nuestra Constitución así como por la corte interamericana de derechos humanos la cual establece que es una norma imperativa del derecho internacional, la cual dispone que “los estados no deben de interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados y protegidos”, en el caso sub judice el derecho al debido proceso y el derecho al acceso a la justicia así como el derecho de Jubilación, es en tal sentido que al encontrarse conculcados estos derechos la ley otorga la garantía de amparo para que toda persona agraviada solicite que se le mantengan o restituyan el goce de los derechos o garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, en virtud que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo para que se le ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales, reconocidos constitucionalmente, tal y como lo establecen los artículos 80, 90, 303, 304, 320 de la constitución de la república y el artículo 8 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el hecho de que honduras como estado parte de la convención Americana sobre Derechos Humanos ya que establece la misma que aun y cuando las violaciones sean cometidas por personas que actúan en el ejercicio de sus funciones el estado no debe de poner ningún tipo de obstáculos para lograr que dichos derechos se hagan efectivos, y del estudio del presente caso se puede observar durante todo el proceso y en los diferentes escritos que la recurrente ha solicitado la inaplicabilidad en este caso en concreto, del articulo 39 y 47. D de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo todo en virtud de la condición de salud de su representado, así como por considerar que el mismo se encuentra amparado por la Constitución de la República por los derechos y garantías que la misma reconoce, en relación a que se le exima de la caución del 20% del valor reclamado mismo que se convertiría en un obstáculo de acceso a la justicia, así como de la constancia de solvencia de la Secretaria de Administración de Rentas (SAR), en virtud que el amparado se encuentra laborando para la institución estatal en la cual es de pleno conocimiento que se realizan las retenciones correspondientes por el concepto de obligaciones tributarias, así mismo solicita el amparista que por la condición económicamente inferior por ser un empleado público a la condición de la demandada es la razón por la que acude ante este órgano para que se le restituya el goce de los derechos y garantías que han sido violentados por la resolución tanto de la Constitución de la República como de los tratados y convenciones y otros instrumentos internacionales que garantizan los derechos de los trabajadores tanto del sector publico como los del sector privado a tener acceso a la justicia, en consecuencia el órgano jurisdiccional se encuentra llamado a la aplicación del control difuso de constitucionalidad así como el control de convencionalidad estos que en concordancia no es más que la inaplicabilidad de la norma en este caso en concreto por analogía, ya que la analogía es un método por el cual una norma jurídica se extiende, por identidad de razón, a casos no comprendidos en ella y la propia ley legitima al juez a aplicar la analogía , ante la falta de regulación de un determinado procedimiento, extrayendo de esta norma aplicable por analogía, los principios adaptables al supuesto del hecho en este caso la supremacía constitucional y de esto para asegurar un completo acceso a la justicia tal y como lo consagra la constitución de la república, para asegurar a futuro a la amparista el cumplimiento de sus derechos constitucionales como fin principal de la acción impetrada. CONSIDERANDO (12): En consecuencia y de lo anteriormente expuesto esta sala arriba a la conclusión que el presente amparo venido en consulta de la resolución de la corte de apelaciones de lo contencioso administrativo de fecha 09 de junio del 2017, violenta los derechos y garantías consagrados en la constitución de la república al amparista así como los tratados, pactos y convenciones de las que el estado de honduras forma parte, en tal sentido en el caso sub judice se deben de restituir los derechos y garantías señalados como violentados en virtud de que ya establece el artículo 320 de la Constitución de la República en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicara la constitucional, así mismo el artículo 64 de la carta magna que establece que no se aplicaran las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otra orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, así como el articulo 128 y 129 referente a la obligatoriedad del estado de velar por la estabilidad de los trabajadores. De igual manera el artículo 2 de la ley de justicia constitucional claramente establece que las disposiciones de esta ley se interpretaran y aplicaran siempre de una forma que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, las mismas se interpretaran y aplicaran de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la república de Honduras, en tal sentido de todo lo anterior se colige que el juez a-quo deberá de hacer uso y aplicar los artículos de la Constitución de la República que le restituyen los derechos y garantías que la parte amparista invoca como violentados en relación al acceso a la justica y un debido proceso, en consecuencia esta sala de lo Constitucional Velando por la aplicación de los derechos y garantías contemplados en la Carta Magna y en este caso en particular es de el criterio que el Juez Ad- Quem deberá de admitir la demanda de merito y eximir en esta oportunidad al amparista de la caución del 20% del valor reclamado según el artículo 39 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como también eximir en esta ocasión al de la constancia de la SAR para acreditar su solvencia tributaria en virtud de que el amparista a la fecha se encuentra laborando para la Institución Estatal la misma contemplada en el articulo 47.D de la misma ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo. CONSIDERANDO (13): Que esta sala al hacer un estudio minucioso de la presente acción venida en Amparo y en virtud de observar violación al debido proceso, acceso a la justicia y el derecho a la Jubilación. En consecuencia, considera que debe de otorgarse la garantía constitucional de amparo y tal como lo establece el artículo 69 de la ley de Justicia Constitucional revocando la resolución emitida en fecha 19 de junio del 2017 venida en consulta, en consecuencia, otórguese la garantía de amparo antes invocada. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 60, 64, 90, 128, 129, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319, 320 de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 41, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 39 y 47.d Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 8 de la declaración Universal de los derechos humanos, 1.1 convención americana de los derechos humanos, convenio 102 sobre la seguridad social artículos 25 al 29 del mismo convenio: FALLA: REVOCANDO la consulta obligatoria de la sentencia de la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 19 de junio del 2017 que: OTORGA la garantía de amparo presentada, por la abogada GEORGINA SIERRA CARVAJAL, a favor del señor HECTOR LEONEL RODRIGUEZ MILLA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016),en relación a la demanda promovida por el señor HECTOR LEONEL RODRIGUEZ MILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en consecuencia, el Juez Ad- Quem deberá de admitir la demanda de merito y eximir en esta oportunidad al amparista de la caución del 20% del valor reclamado según el artículo 39 de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como también eximir en esta ocasión al de la constancia de la SAR para acreditar su solvencia tributaria en virtud de que el amparista a la fecha se encuentra laborando para la Institución Estatal la misma contemplada en el articulo 47.D de la misma ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo. Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 90 y 320 de la Constitución de la República. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en consulta bajo el número SCO-0499=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”