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Sentencia AA-496-17 — Registro 7172

Resumen

Actuaciones de la autoridad recurrida con relación a publicación en su página web apartado de subastas donde procede a subastar bienes propiedad de recurrente con relación a solicitud para que se decreten medidas cautelar de aseguramiento de bienes ordenada por juzgado de privación de bienes de origen ilícito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de los antecedentes se desprende que en fecha cinco de junio del dos mil diecisiete, la Jefatura de la Unidad Jurídica de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) emitió el Dictamen jurídico UV-OABI-084D-2017, con el fin de realizar la revisión exhaustiva de los documentos y procedimientos llevados a cabo para el fin de lo cometido, asimismo consta en las diligencias que el ente denunciado emitió la Resolución No.SDP-DE/UV-OABI-032-2017, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, mediante la cual se autorizó y se ordenó ejecutar la venta anticipada de los bienes de la ya referida afectada entre otros, apreciándose a folio 30 de las diligencias que el ente denunciado emitió el Acta de Adjudicación o Fallo de Subasta Pública Presencia a Sobre Cerrado No. 06-OABI-2017, en el cual hace que en fecha ocho de julio de dos mil diecisiete se llevó a cabo la subasta No. 06-OABI-2017 brindando el respectivo informe sobre el resultado o producto de dicha subasta..."..."ha sido aceptado doctrinariamente y así ha sido criterio del Tribunal Supremo, que los actos consumados son aquellos en los que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir aquéllos que han alcanzado la finalidad que persiguen y se han producido por ende todas sus consecuencias jurídicas..."..."esta Sala concuerda que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Ello no implica ciertamente, que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aun y cuando esta restitución se de en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas..."..."la resolución dictada por la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual se declara en pública subasta o venta anticipada los bienes de su representado; aplicando los criterios antes citados, debe determinarse si este acto consumado, es o no de naturaleza irreparable, con el ánimo de establecer la procedencia del recurso que se intenta. Si partimos de los efectos y consecuencias de la ejecución de este acto, como nos ilustra la doctrina, se advierte que el efecto y consecuencia inmediata del mismo, es que una vez realizada la venta anticipada, se cumple lo que los Legisladores pretendieron con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que es la preservación del valor del bien incautado hasta que la autoridad competente resolviera lo que corresponda, y así durante todo ese tiempo el Estado de Honduras no incurriera en gastos en la custodia y manutención de dichos bienes, no pudiéndose en consecuencia retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas..."..."esta Sala advierte que la restitución del acto que se reclama en amparo no resultaría viable, pues éste ha producido ya todos sus efectos y consecuencias, y su reparabilidad material ya no es factible, siendo que ya se realizó la venta anticipada, con lo cual las violaciones alegadas son ciertamente inexistente..."..."esta Sala puede afirmar, que el acto reclamado por vía de amparo se constituye como un acto consumado de modo irreparable al no poderse obtener ya en este momento, ni física ni materialmente su restitución y además, al no existir una afectación real y notoria a los derechos Constitucionales del afectado, resulta inocuo continuar con la tramitación del juicio de garantías, al no advertirse quebrantamiento a garantía constitucional alguna con el proceder de la autoridad recurrida..."..."en acatamiento a la ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero de dos mil dieciocho. VISTO el presente recurso de amparo interpuesto por los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA a favor de los señores ENRRI ENOG SALINAS y BLANCA LIDIA ELVIR contra las actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), con relación a una publicación realizada en la página web de la Oficina Administradora de Bienes Incautados en su apartado de subastas, donde se procede a subastar siete tractores agrícolas marca John Deere correspondiente a los lotes 43 al 49, de propiedad de los señores ENRRI ENOG SALINAS y BLANCA LIDIA ELVIR, a realizarse el día ocho de julio de dos mil diecisiete; con relación a la solicitud para que se decreten Medidas Precautorias Cautelar de Aseguramiento de Bienes, ordenada por el Juzgado de Privación de Bienes de Origen Ilícito.CONSIDERANDO (01): Que en el escrito de interposición de la presente acción de amparo, el recurrente indica que con el acto reclamado en amparo, se vulneran en perjuicio de sus representados la garantía del derecho de defensa, derecho a ser oído, derecho a la propiedad y debido proceso contenidos en los artículos 82, 94, 103 y 90 en la Constitución de la República, en vista que en el portal electrónico de la OABI, cuyo link es http://subastas.oabi.gob.hn/subasta, se está publicando la realización de una subasta de los lotes del 43 al 49, correspondiente a siete tractores agrícolas marca JOHN DEERE de propiedad de los señores ENRRI ENOG SALINAS y BLANCA LIDIA ELVIR, sin haber sido oídos ni existido posibilidad alguna de defensa, al no existir notificación por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de que se procederá a subastar sus bienes ni haber seguido el proceso de avalúo correcto y sin conocer si la conservación, custodia y cuidados de dichos bienes están comprendidos dentro de la excepcionalidad de subasta anticipada que permite la ley, para presentar los recursos de impugnación correspondientes. CONSIDERANDO (02): Que el abogado JORGE DAVID MONCADA LÓPEZ, en su condición de Secretario General de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), indica mediante el informe presentado a ésta Sala en fecha diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete, que en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete, se ordenó tomar posesión de los bienes sobre los cuales se decretó Medida Cautelar de Aseguramiento, consistentes en siete tractores agrícolas marca John Deere color verde con franja amarillo, y conforme al artículo 71 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, posterior al respectivo avalúo de la maquinaria y llevando el proceso que recoge el Reglamento de Procedimiento Sustitutivo de Contratación de la OABI, ordenó la venta anticipada de dichos tractores es procedentes pues al haber recaído sobre ellos la Medida Cautelar de Aseguramiento, corren el riesgo de perecer, perderse, depreciarse, desvalorizarse y que su administración entrañe perjuicio, costo desproporcionada para el Estado al momento de devolverlo en su caso o que se proyecte inservibles cuando se dicte la sentencia de mérito, por lo que podrán ser enajenados, subastados o vendidos anticipadamente por la OABI. CONSIDERANDO (03): Que del estudio de los antecedentes se desprende que en fecha cinco de junio del dos mil diecisiete, la Jefatura de la Unidad Jurídica de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) emitió el Dictamen jurídico UV-OABI-084D-2017, con el fin de realizar la revisión exhaustiva de los documentos y procedimientos llevados a cabo para el fin de lo cometido, asimismo consta en las diligencias que el ente denunciado emitió la Resolución No.SDP-DE/UV-OABI-032-2017, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, mediante la cual se autorizó y se ordenó ejecutar la venta anticipada de los bienes de la ya referida afectada entre otros, apreciándose a folio 30 de las diligencias que el ente denunciado emitió el Acta de Adjudicación o Fallo de Subasta Pública Presencia a Sobre Cerrado No. 06-OABI-2017, en el cual hace que en fecha ocho de julio de dos mil diecisiete se llevó a cabo la subasta No. 06-OABI-2017 brindando el respectivo informe sobre el resultado o producto de dicha subasta. CONSIDERANDO (04): Que ha sido aceptado doctrinariamente y así ha sido criterio del Tribunal Supremo, que los actos consumados son aquellos en los que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir aquéllos que han alcanzado la finalidad que persiguen y se han producido por ende todas sus consecuencias jurídicas. CONSIDERANDO (05): Que la doctrina en materia de amparo ha clasificado los actos consumados en dos categorías: 1) Los actos consumados de modo reparable y 2) Los actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparada por la sentencia recaída en amparo. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias; física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías. CONSIDERANDO (06): Que siguiendo esta línea de pensamiento doctrinario, esta Sala concuerda que para determinar si se está en la presencia de un acto consumado de modo irreparable, se debe de atender primeramente a los efectos y consecuencias de su ejecución. Ello no implica ciertamente, que estos efectos y consecuencias deban circunscribirse al tiempo o momento de la consumación del acto para determinar su reparabilidad, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo de su realización, por no poder retrotraerse en el tiempo, es un acto consumado de modo irreparable, pues la restitución del acto ejecutado es factible aun y cuando esta restitución se de en otro tiempo y momento. Los actos consumados de modo irreparable, lo son así, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para el juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de la ocurrencia de las violaciones cometidas. CONSIDERANDO (07): Que siendo así y pasando al conocimiento del presente recurso de amparo, si el acto reclamado es, como lo señala la impetrante, la resolución dictada por la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual se declara en pública subasta o venta anticipada los bienes de su representado; aplicando los criterios antes citados, debe determinarse si este acto consumado, es o no de naturaleza irreparable, con el ánimo de establecer la procedencia del recurso que se intenta. Si partimos de los efectos y consecuencias de la ejecución de este acto, como nos ilustra la doctrina, se advierte que el efecto y consecuencia inmediata del mismo, es que una vez realizada la venta anticipada, se cumple lo que los Legisladores pretendieron con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Sobre Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que es la preservación del valor del bien incautado hasta que la autoridad competente resolviera lo que corresponda, y así durante todo ese tiempo el Estado de Honduras no incurriera en gastos en la custodia y manutención de dichos bienes, no pudiéndose en consecuencia retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. CONSIDERANDO (08): Que dicho lo anterior, esta Sala advierte que la restitución del acto que se reclama en amparo no resultaría viable, pues éste ha producido ya todos sus efectos y consecuencias, y su reparabilidad material ya no es factible, siendo que ya se realizó la venta anticipada, con lo cual las violaciones alegadas son ciertamente inexistente. CONSIDERANDO (09): Que en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, debe comportar una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional, en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. CONSIDERANDO (10): Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO (11): Que de lo anteriormente relacionado, esta Sala puede afirmar, que el acto reclamado por vía de amparo se constituye como un acto consumado de modo irreparable al no poderse obtener ya en este momento, ni física ni materialmente su restitución y además, al no existir una afectación real y notoria a los derechos Constitucionales del afectado, resulta inocuo continuar con la tramitación del juicio de garantías, al no advertirse quebrantamiento a garantía constitucional alguna con el proceder de la autoridad recurrida. CONSIDERANDO (12): Que de conformidad con el Artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable, estableciendo además que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (13): Que en acatamiento a la ley y atendiendo los razonamientos aquí establecidos deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 46 numeral 2), 64, 68, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA a favor de los señores ENRRI ENOG SALINAS y BLANCA LIDIA ELVIR, contra las actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contemplada en el Artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación de la resolución de fecha ocho (08) de enero de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 0496=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL