Sentencia AA-406-18 — Registro 9450
Resumen
Se interpuso recurso de amparo en virtud de considerar que el injustificado incremento de sueldo de los diputados del Congreso Nacional perjudica al pueblo hondureño, mismo que a juicio del recurrente constituye un abuso de poder, violación de los deberes de los funcionarios, un acto de corrupción, una completa afrenta al pueblo hondureño, vulnerando los artículos 59, 60, 61, 62, 64, 80, 82, 96, 183, 184, 197 párrafo segundo, 211, 311 párrafo primero, 321, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución de la República, ya que conforme a información extraída de los medios publicitarios, representa un noventa por ciento de los actuales sueldos que ostentan, incremento que resulta exagerado, abusivo y sin precedentes, en relación a la actual situación económica y social del pueblo hondureño.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (07): Que en reiterada jurisprudencia emanada de esta Sala de lo Constitucional[2], y por los motivos expuestos, este Tribunal ha venido sosteniendo, que los únicos entes que se encuentran legitimados para accionar en amparo de los derechos e intereses de los ciudadanos en general y para alcanzar los efectos pretendidos por los recurrentes, son el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entidades de rango constitucional que tienen inter alia, la facultad de garantizar y velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de la República a los ciudadanos. CONSIDERANDO (08): Que sobre esta temática la Sala, ha dejado establecido en la citada jurisprudencia, que comparte lo establecido por la Jurisprudencia Española, en cuanto señala que el Defensor del Pueblo es el ente legitimado para plantear el recurso de amparo ante este tipo de supuestos y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, por ser el sujeto legitimado menos activo en el sistema de tutela, su legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que la del resto de los sujetos legitimados pues dicha legitimación le ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional[3], siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto. CONSIDERANDO (09): Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, y no haberse logrado por consiguiente, acreditar la existencia de una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la Institución a favor de quien se interpone el presente recurso, procede declarar sin lugar la admisión de la acción de amparo intentada, sin perjuicio, de las acciones legales que le puedan corresponder a éstos ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias, para impugnar el acto omisivo que se recurre en amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 43 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 50 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.Visto el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO AVILA, quien actúa en su condición de representante legal de la BARRA DE ABOGADOS HONDUREÑOS ANTICORRUPCION, contra el injustificado incremento de sueldo de los diputados del Congreso Nacional. CONSIDERANDO (01) la Sala observa que el Abogado JOSE ANTONIO AVILA, actuando en su condición de representante legal de la BARRA DE ABOGADOS HONDUREÑOS ANTICORRUPCION, interpone el presente recurso de Amparo en virtud de considerar que el injustificado incremento de sueldo de los diputados del Congreso Nacional perjudica al pueblo hondureño. CONSIDERANDO (02): Que según se desprende de la propia exposición del recurrente, el amparo se interpone contra el injustificado incremento de sueldo de los diputados del Congreso Nacional, mismo que a juicio del recurrente constituye un abuso de poder, violación de los deberes de los funcionarios, un acto de corrupción, una completa afrenta al pueblo hondureño, vulnerando los artículos 59, 60, 61, 62, 64, 80, 82, 96, 183, 184, 197 párrafo segundo, 211, 311 párrafo primero, 321, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución de la República, ya que conforme a información extraída de los medios publicitarios, representa un noventa por ciento de los actuales sueldos que ostentan, incremento que resulta exagerado, abusivo y sin precedentes, en relación a la actual situación económica y social del pueblo hondureño. CONSIDERANDO (03): Que de lo expuesto por el recurrente, este Tribunal no ha podido concretizar la existencia real de una afectación a los derechos individuales del supuesto agraviado mediante el acto reclamado en amparo, pues de los alegatos del mismo, se aprecia que no es parte legitimada en un proceso, toda vez, que no ha impugnado el acto omisivo que reclama en amparo ante la autoridad recurrida, y por ende, no ha brindado a ésta la posibilidad de garantizar una adecuada regularidad procesal, por consiguiente no se determina el modo en el cual se vulneran los derechos reconocidos en nuestra Constitución alegados por el recurrente. CONSIDERANDO (04): Que la doctrina Constitucional establece que la legitimación procesal, en lo relativo a la garantía de amparo, está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO (05): Que en cuanto a la legitimidad de la acción intentada por el recurrente, encontramos que para efectos de garantizar los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución, su artículo 59, establece en su primer párrafo que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. Por lo cual y al ser este un principio fundamental, que podría legitimar al recurrente para acudir ante esta Sala, pues el quejoso en su recurso expone que el acto cuyo amparo pretende, opera en franca violación a la Constitución de la República. En este sentido, es menester recordarle que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala[1], en caso de considerar, al igual que ahora lo pretende el recurrente (No obstante no ostentar esta condición), que la suscripción de un contrato vulnera los derechos y libertades de las personas humanas que conforman la población de nuestro Estado. Sin embargo, dado su rango Constitucional, es evidente que a diferencia de lo que sucede con la intención de un particular, este ente legitimado para los efectos determinados a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, al actuar a favor de una generalidad, no requiere, como si sucede con la acción intentada por un particular, de dirigir o vincular su acción Constitucional, con una controversia intersubjetiva concreta, mediante la cual se legitime su actividad, esto, por las evidentes razones de rango, especialidad, objeto y funciones Constitucionales determinadas por el Legislador a favor de la institución en pro de toda la generalidad. CONSIDERANDO (06): Asimismo, es preciso indicar al recurrente, que de igual forma, la ley prevé al Ministerio Público como un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, teniendo éste a su cargo, entre otros, los fines y objetivos siguientes: 1) Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, así como velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (07): Que en reiterada jurisprudencia emanada de esta Sala de lo Constitucional[2], y por los motivos expuestos, este Tribunal ha venido sosteniendo, que los únicos entes que se encuentran legitimados para accionar en amparo de los derechos e intereses de los ciudadanos en general y para alcanzar los efectos pretendidos por los recurrentes, son el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entidades de rango constitucional que tienen inter alia, la facultad de garantizar y velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de la República a los ciudadanos. CONSIDERANDO (08): Que sobre esta temática la Sala, ha dejado establecido en la citada jurisprudencia, que comparte lo establecido por la Jurisprudencia Española, en cuanto señala que el Defensor del Pueblo es el ente legitimado para plantear el recurso de amparo ante este tipo de supuestos y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, por ser el sujeto legitimado menos activo en el sistema de tutela, su legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que la del resto de los sujetos legitimados pues dicha legitimación le ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional[3], siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto. CONSIDERANDO (09): Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, y no haberse logrado por consiguiente, acreditar la existencia de una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la Institución a favor de quien se interpone el presente recurso, procede declarar sin lugar la admisión de la acción de amparo intentada, sin perjuicio, de las acciones legales que le puedan corresponder a éstos ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias, para impugnar el acto omisivo que se recurre en amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO AVILA en su condición de representante legal de la BARRA DE ABOGADOS HONDUREÑOS ANTICORRUPCION, contra el injustificado incremento de sueldo de los diputados del Congreso Nacional, al advertirse la falta de legitimación del recurrente; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018), Certificación de la resolución de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 0406=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. sentencia de fecha siete de mayo del dos mil tres, recaída en el recurso de Inconstitucionalidad No. 2895=02.
[2] Vid. entre otras, fallos recaídos en acciones de inconstitucionalidad interpuestas vía acción por el Ministerio Público Nos. RI20-99, RI2686-03, RI719-05, RI271-07, RI514-08 Y RI41-09 entre otras y AA 149=12, ap159=12 entre otros.
[3] STC 274/2000/2 y articulo 59 de la Constitución Hondureña.