Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-396-15 — Registro 8537

Resumen

Sentencia sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución que desestimó defensas previas en demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo contra el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, las causales de inadmisibilidad invocadas por el Ad-Quem, contenidas en el artículo 46 numerales 3) y 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, son aplicables al caso en estudio, por lo que procede el sobreseimiento de las diligencias. Aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."..."el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del dos mil dieciocho.VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Waleska Karolina Ordóñez Carrasco a favor del Estado De Honduras, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda promovida por el abogado Héctor Antonio Fernández Pineda, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V., en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha seis de febrero del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Héctor Antonio Fernández Pineda, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V., interponiendo demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del Instituto de la Propiedad (IP).-2) Que en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, actuando en su condición de Procurador General de la Republica y por ende representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada.3) Que en fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto de Resolutivo en el cual falló: “PRIMERO: Desestimar las defensas previas alegadas por el Incidentista demandado consistentes en: a) Que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo b) Se hubiere interpuesto por persona incapaz no representada debidamente o no legitimada. SEGUNDO: Contra el presente auto no cabe recurso alguno.-” (Folios veinte (F-20) al veintidós (F-22) de la Pieza Separada de Defensas Previas).4) Que en cinco de enero del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la abogada Waleska Karolina Ordóñez Carrasco, interponiendo Acción de Amparo a favor del Estado De Honduras, contra la Resolución de fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.5) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dicto Sentencia en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, mediante la cual falló: “SOBRESEER las diligencias de la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada WALESKA KAROLINA ORDÓÑEZ CARRASCO, actuando en su condición de Apoderada Legal Sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo descrito en el preámbulo del presente fallo, por existir las causas de inadmisibilidad anteriormente señaladas.-” (Folios treinta (F-30) al treinta y dos (F-32) de la pieza de Amparo). 6) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada Waleska Karolina Ordóñez Carrasco a favor del Estado De Honduras, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que sobresee el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, en fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, en relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.., contra el ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO (4): Que la recurrente interpone acción e amparo por considerar que se han quebrantado el Derecho de Defensa y el Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 constitucionales. Todo ello en virtud de que se desestimaron las defensa previas intentadas ante el A-Quo. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de apelaciones dicta su fallo dejando establecido en el considerando (5):“consta en autos, que la recurrente se notificó personalmente de la resolución sobre la cual interpone Acción de Amparo, en fecha 22 de septiembre del 2014, ejercitando la misma hasta en fecha cinco de enero del 2015, es decir, mas de tres meses después de haberse notificado personalmente de la Resolución que considera e perjudica, lo cual tiene como consecuencia la inadmisibilidad de la acción de Amparo interpuesta, así mismo, el acto recurrido por la impetrante fue consentido por ésta, al no ejercer la presente Acción dentro de termino legalmente establecido, la cual también es una causal de inadmisibilidad”. Señala como causales de inadmisibilidad las contenidas en el artículo 46 numerales 3) y 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional por lo que SOBRESEE las diligencias. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, las causales de inadmisibilidad invocadas por el Ad-Quem, contenidas en el artículo 46 numerales 3) y 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, son aplicables al caso en estudio, por lo que procede el sobreseimiento de las diligencias. Aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-396-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del dos mil dieciocho.VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Waleska Karolina Ordóñez Carrasco a favor del Estado De Honduras, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda promovida por el abogado Héctor Antonio Fernández Pineda, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V., en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha seis de febrero del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Héctor Antonio Fernández Pineda, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V., interponiendo demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del Instituto de la Propiedad (IP).-2) Que en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, actuando en su condición de Procurador General de la Republica y por ende representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada.3) Que en fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto de Resolutivo en el cual falló: “PRIMERO: Desestimar las defensas previas alegadas por el Incidentista demandado consistentes en: a) Que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo b) Se hubiere interpuesto por persona incapaz no representada debidamente o no legitimada. SEGUNDO: Contra el presente auto no cabe recurso alguno.-” (Folios veinte (F-20) al veintidós (F-22) de la Pieza Separada de Defensas Previas).4) Que en cinco de enero del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la abogada Waleska Karolina Ordóñez Carrasco, interponiendo Acción de Amparo a favor del Estado De Honduras, contra la Resolución de fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.5) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dicto Sentencia en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, mediante la cual falló: “SOBRESEER las diligencias de la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada WALESKA KAROLINA ORDÓÑEZ CARRASCO, actuando en su condición de Apoderada Legal Sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo descrito en el preámbulo del presente fallo, por existir las causas de inadmisibilidad anteriormente señaladas.-” (Folios treinta (F-30) al treinta y dos (F-32) de la pieza de Amparo). 6) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada Waleska Karolina Ordóñez Carrasco a favor del Estado De Honduras, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que sobresee el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, en fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, en relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.., contra el ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO (4): Que la recurrente interpone acción e amparo por considerar que se han quebrantado el Derecho de Defensa y el Debido Proceso contenidos en los artículos 82 y 90 constitucionales. Todo ello en virtud de que se desestimaron las defensa previas intentadas ante el A-Quo.CONSIDERANDO (5): Que la Corte de apelaciones dicta su fallo dejando establecido en el considerando (5):“consta en autos, que la recurrente se notificó personalmente de la resolución sobre la cual interpone Acción de Amparo, en fecha 22 de septiembre del 2014, ejercitando la misma hasta en fecha cinco de enero del 2015, es decir, mas de tres meses después de haberse notificado personalmente de la Resolución que considera e perjudica, lo cual tiene como consecuencia la inadmisibilidad de la acción de Amparo interpuesta, así mismo, el acto recurrido por la impetrante fue consentido por ésta, al no ejercer la presente Acción dentro de termino legalmente establecido, la cual también es una causal de inadmisibilidad”. Señala como causales de inadmisibilidad las contenidas en el artículo 46 numerales 3) y 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional por lo que SOBRESEE las diligencias. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, las causales de inadmisibilidad invocadas por el Ad-Quem, contenidas en el artículo 46 numerales 3) y 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, son aplicables al caso en estudio, por lo que procede el sobreseimiento de las diligencias. Aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-396-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL