Sentencia AA-387-18 — Registro 7731
Resumen
Actuaciones de la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras en relación al aumento de salario de los Diputados del Congreso Nacional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."este Tribunal no ha podido concretizar la existencia real de una afectación a los derechos individuales de los supuestos agraviados mediante el acto reclamado en amparo, pues de los alegatos de los mismos, se aprecia que no son parte legitimada en un proceso...por consiguiente no se determina el modo en el cual se vulneran los derechos reconocidos en nuestra Constitución alegados por el recurrente..."..."la doctrina Constitucional establece, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto..."..."en reiterada jurisprudencia emanada de esta Sala de lo Constitucional[2], y por los motivos expuestos, este Tribunal ha venido sosteniendo, que los únicos entes que se encuentran legitimados para accionar en amparo de los derechos e intereses de los ciudadanos en general y para alcanzar los efectos pretendidos por los recurrentes, son el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entidades de rango constitucional que tienen inter alia, la facultad de garantizar y velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de la República a los ciudadanos..."..."la Sala, ha dejado establecido en la citada jurisprudencia, que comparte lo establecido por la Jurisprudencia Española, en cuanto señala que el Defensor del Pueblo es el ente legitimado para plantear el recurso de amparo ante este tipo de supuestos y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, por ser el sujeto legitimado menos activo en el sistema de tutela, su legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que la del resto de los sujetos legitimados pues dicha legitimación le ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional[3], siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de los recurrentes, y no haberse logrado por consiguiente, acreditar la existencia de una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la Institución a favor de quien se interpone el presente recurso, procede declarar sin lugar la admisión de la acción de amparo intentada, sin perjuicio, de las acciones legales que le puedan corresponder a éstos ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias, para impugnar el acto que se recurre en amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 59 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de junio de dos mil dieciocho.- Visto el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, y por los señores (as) EDUBIJES CONSUELO CASTRO GARRIDO, SAÚL ERNESTO AGUILAR SÁNCHEZ y, MARTHA SONIA DIAZ SOLÓRZANO todos miembros del Movimiento Interno del PARTIDO ANTICORRUPCIÓN DE HONDURAS (PAC), manifestando los comparecientes, que “recurren a favor de SÍ MISMOS y de la persona jurídica denominada “ESTADO DE HONDURAS”, contra actuaciones de la Junta Directiva del CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS, relacionadas al aumento de salario de los Diputados del Congreso Nacional.- CONSIDERANDO (01): Que la Sala, observa que los Abogados RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, y por los señores (as) EDUBIJES CONSUELO CASTRO GARRIDO, SAÚL ERNESTO AGUILAR SÁNCHEZ y, MARTHA SONIA DIAZ SOLÓRZANO todos miembros del Movimiento Interno del PARTIDO ANTICORRUPCIÓN DE HONDURAS (PAC), interponen el presente recurso de Amparo actuando a su favor y a favor del Estado de Honduras.- CONSIDERANDO (02): Que según se desprende de la propia exposición de los recurrentes, el amparo se interpone contra el acto de la Junta Directiva del Congreso Nacional consistente en el aumento de salario de los 128 diputados propietarios y un número desconocido de diputados suplentes, en virtud que dicha decisión no fue tomada por el Congreso Nacional sino por la Junta Directiva del mismo, vulnerando las disposiciones contenidas en los artículos 1,60,189,320321,323 y 326 de la Constitución de la República, manifestando que la población de la República de Honduras se encuentra alarmada con dicho acto al atribuirse estos diputados un aumento sin justificación alguna fragmentando el principio de justicia, en virtud de que existen miles y miles de personas que no tienen acceso a la canasta básica, a la salud, a la educación y a la cultura, creando desigualdad en un país que de por sí está calificado como el más desigual, el más pobre y el más corrupto de América.- CONSIDERANDO (03): Que de lo expuesto por los recurrentes, este Tribunal no ha podido concretizar la existencia real de una afectación a los derechos individuales de los supuestos agraviados mediante el acto reclamado en amparo, pues de los alegatos de los mismos, se aprecia que no son parte legitimada en un proceso, toda vez, que no ha impugnado el acto abusivo e injusto que reclaman en amparo ante la autoridad recurrida, y por ende, no ha brindado a ésta la posibilidad de garantizar una adecuada regularidad procesal, por consiguiente no se determina el modo en el cual se vulneran los derechos reconocidos en nuestra Constitución alegados por el recurrente.- CONSIDERANDO (04): Que la doctrina Constitucional establece, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.- CONSIDERANDO (05): Que en cuanto a la legitimidad de la acción intentada por los recurrentes, encontramos que para efectos de garantizar los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución, su artículo 59, establece en su primer párrafo que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. Por lo cual y al ser este un principio fundamental, que podría legitimar a los recurrentes para acudir ante esta Sala, pues los quejosos en su recurso exponen que el acto cuyo amparo pretende, opera en franca violación a la Constitución de la República. En este sentido, es menester recordarles que mediante reforma al referido artículo 59 Constitucional, se creó la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, determinando la ley al efecto, su organización y los funcionarios que estarán a cargo de tal ente, cuya creación persigue el garantizar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución a su población. Por esta razón, al ser creado con rango constitucional, la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es un ente evidentemente legitimado, y así lo ha declarado ya esta Sala[1], en caso de considerar, vulneración a los derechos y libertades de las personas humanas que conforman la población de nuestro Estado. Sin embargo, dado su rango Constitucional, es evidente que a diferencia de lo que sucede con la intención de un particular, este ente legitimado para los efectos determinados a la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, al actuar a favor de una generalidad, no requiere, como si sucede con la acción intentada por un particular, de dirigir o vincular su acción Constitucional, con una controversia intersubjetiva concreta, mediante la cual se legitime su actividad, esto, por las evidentes razones de rango, especialidad, objeto y funciones Constitucionales determinadas por el Legislador a favor de la institución en pro de toda la generalidad.- CONSIDERANDO (06): Asimismo, es preciso indicar a los recurrentes, que de igual forma, la ley prevé al Ministerio Público como un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, teniendo éste a su cargo, entre otros, los fines y objetivos siguientes: 1) Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad, así como velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (07): Que en reiterada jurisprudencia emanada de esta Sala de lo Constitucional[2], y por los motivos expuestos, este Tribunal ha venido sosteniendo, que los únicos entes que se encuentran legitimados para accionar en amparo de los derechos e intereses de los ciudadanos en general y para alcanzar los efectos pretendidos por los recurrentes, son el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entidades de rango constitucional que tienen inter alia, la facultad de garantizar y velar por el respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de la República a los ciudadanos.- CONSIDERANDO (08): Que sobre esta temática la Sala, ha dejado establecido en la citada jurisprudencia, que comparte lo establecido por la Jurisprudencia Española, en cuanto señala que el Defensor del Pueblo es el ente legitimado para plantear el recurso de amparo ante este tipo de supuestos y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, por ser el sujeto legitimado menos activo en el sistema de tutela, su legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que la del resto de los sujetos legitimados pues dicha legitimación le ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional[3], siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto.- CONSIDERANDO (09): Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de los recurrentes, y no haberse logrado por consiguiente, acreditar la existencia de una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la Institución a favor de quien se interpone el presente recurso, procede declarar sin lugar la admisión de la acción de amparo intentada, sin perjuicio, de las acciones legales que le puedan corresponder a éstos ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias, para impugnar el acto que se recurre en amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado RAFAEL VIRGILIO PADILLA PAZ, y por los señores (as) EDUBIJES CONSUELO CASTRO GARRIDO, SAÚL ERNESTO AGUILAR SÁNCHEZ y, MARTHA SONIA DIAZ SOLÓRZANO todos miembros del Movimiento Interno del PARTIDO ANTICORRUPCIÓN DE HONDURAS (PAC), quienes manifiestan actuar a su favor y a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de la Junta Directiva del CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS, relacionadas al aumento de salario de los Diputados del Congreso Nacional, al advertirse la falta de legitimación de los recurrentes; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0387-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. sentencia de fecha siete de mayo del dos mil tres, recaída en el recurso de Inconstitucionalidad No. 2895=02.
[2] Vid. entre otras, fallos recaídos en acciones de inconstitucionalidad interpuestas vía acción por el Ministerio Público Nos. RI20-99, RI2686-03, RI719-05, RI271-07, RI514-08 Y RI41-09 entre otras y AA 149=12, ap159=12 entre otros.
[3] STC 274/2000/2 y articulo 59 de la Constitución Hondureña.