Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-386-18 — Registro 7738

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó auto interlocutorio con relación a demanda ordinaria contenciosa administrativa promovida por Sindicato de Trabajadores, Empleados Públicos de Infraestructura y Servicios Públicos contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil dieciocho.- VISTOS: los antecedentes del acto reclamado en el recurso de amparo interpuesto por el abogado MIKE ANDERSON VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó un auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis; con relación a la demanda ordinaria contencioso administrativa promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES, EMPLEADOS PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución, apuntando que esta garantía por el amplio espectro de la misma, exige que se explique cuál es el procedimiento dejado de seguir, por ende, la infracción de una garantía con incidencia en el proceso.- CONSIDERANDO: Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, el recurrente, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su representada, el debido proceso, en el artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados obligaría a su representado a ser juzgado por un juez que no es competente, para resolver el conflicto planteado por el demandante. Ya que según el artículo 665 del Código del Trabajo es claro al establecer que la jurisdicción del trabajo está instituida para resolver los asuntos que se origine directa o indirectamente de los contratos de trabajo, razón por la cual el génesis de la demanda interpuesta por el Sindicato de Trabajadores, Empleados Públicos de Infraestructura y Servicios Públicos, es de índole estrictamente laboral.- CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución apelada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se dispuso: primero: declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Irinaldo Macías Rivera, actuando en su condición de apoderado legal del Sindicato de Trabajadores, Empleados Públicos de Infraestructura y Servicios Públicos. Segundo: Revocar el auto resolutivo interlocutorio dictado con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, ordenando desestimar las defensas previas y continuar con el proceso.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el control contencioso administrativo permite revisar en vía judicial la legalidad de la actividad administrativa, tutelando parcialmente los derechos e intereses legítimos de los particulares en el marco de su relación con la administración, respetando el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la administración pública, mediante las potestades revisoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción, en la cual la participación de las partes no se limita solo a la primera instancia, tienen también derecho a peticionar ante los órganos superiores, en vía de recurso la tutela efectiva de sus derechos, si consideran que la resolución judicial le causa directa o indirectamente un perjuicio, y siendo que efectivamente la finalidad del recurso de apelación es además de revisar los hechos dados como probados en la resolución recurrida, así como la enmienda en la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el proceso; en la que el afectado con la resolución expone los agravios que le causa la resolución recurrida emitida en primera instancia, tomando en cuenta que el recurso es una prosecución del proceso y al mismo tiempo, una revisión del mismo por un órgano superior, que ha de decidir conforme a lo alegado por las partes oídas contradictoriamente, en el que ha debido imperar el debido proceso y el derecho de defensa, en ese orden de ideas, es preciso establecer que dentro de la competencia de esa Secretaría de Estado, se encuentra el manejo de los procedimientos administrativos de solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo, lo que desencadena en una resolución de tipo administrativo, es decir, vinculados con el derecho administrativo en la medida que a la par de sus funciones constitucionales, también desarrollen actividades administrativas, en la que el derecho administrativo es un derecho común de la administración publica en el que su régimen y su relación con los particulares está sujeta a esta área. En consecuencia, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio que se debe revocar el fallo interlocutorio venido en apelación por estimar que el mismo no está dictado conforme a derecho, por ende, es preciso desestimar la causa de inadmisibilidad relacionada con la falta de competencia.- CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado MIKE ANDERSON VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0386-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil dieciocho.- VISTOS: los antecedentes del acto reclamado en el recurso de amparo interpuesto por el abogado MIKE ANDERSON VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó un auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis; con relación a la demanda ordinaria contencioso administrativa promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES, EMPLEADOS PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como violado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución, apuntando que esta garantía por el amplio espectro de la misma, exige que se explique cuál es el procedimiento dejado de seguir, por ende, la infracción de una garantía con incidencia en el proceso.- CONSIDERANDO: Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, el recurrente, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su representada, el debido proceso, en el artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados obligaría a su representado a ser juzgado por un juez que no es competente, para resolver el conflicto planteado por el demandante. Ya que según el artículo 665 del Código del Trabajo es claro al establecer que la jurisdicción del trabajo está instituida para resolver los asuntos que se origine directa o indirectamente de los contratos de trabajo, razón por la cual el génesis de la demanda interpuesta por el Sindicato de Trabajadores, Empleados Públicos de Infraestructura y Servicios Públicos, es de índole estrictamente laboral.- CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución apelada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se dispuso: primero: declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Irinaldo Macías Rivera, actuando en su condición de apoderado legal del Sindicato de Trabajadores, Empleados Públicos de Infraestructura y Servicios Públicos. Segundo: Revocar el auto resolutivo interlocutorio dictado con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, ordenando desestimar las defensas previas y continuar con el proceso.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el control contencioso administrativo permite revisar en vía judicial la legalidad de la actividad administrativa, tutelando parcialmente los derechos e intereses legítimos de los particulares en el marco de su relación con la administración, respetando el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la administración pública, mediante las potestades revisoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción, en la cual la participación de las partes no se limita solo a la primera instancia, tienen también derecho a peticionar ante los órganos superiores, en vía de recurso la tutela efectiva de sus derechos, si consideran que la resolución judicial le causa directa o indirectamente un perjuicio, y siendo que efectivamente la finalidad del recurso de apelación es además de revisar los hechos dados como probados en la resolución recurrida, así como la enmienda en la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el proceso; en la que el afectado con la resolución expone los agravios que le causa la resolución recurrida emitida en primera instancia, tomando en cuenta que el recurso es una prosecución del proceso y al mismo tiempo, una revisión del mismo por un órgano superior, que ha de decidir conforme a lo alegado por las partes oídas contradictoriamente, en el que ha debido imperar el debido proceso y el derecho de defensa, en ese orden de ideas, es preciso establecer que dentro de la competencia de esa Secretaría de Estado, se encuentra el manejo de los procedimientos administrativos de solución de conflictos individuales y colectivos de trabajo, lo que desencadena en una resolución de tipo administrativo, es decir, vinculados con el derecho administrativo en la medida que a la par de sus funciones constitucionales, también desarrollen actividades administrativas, en la que el derecho administrativo es un derecho común de la administración publica en el que su régimen y su relación con los particulares está sujeta a esta área. En consecuencia, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio que se debe revocar el fallo interlocutorio venido en apelación por estimar que el mismo no está dictado conforme a derecho, por ende, es preciso desestimar la causa de inadmisibilidad relacionada con la falta de competencia.- CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado MIKE ANDERSON VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0386-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional.”