Sentencia AA-379-18 — Registro 9448
Resumen
Se interpone recurso de amparo contra la moción de la leer la Biblia en las escuelas porque viola expresamente lo establecido en el artículo 151 párrafo segundo de la Constitución de la República, el cual dice: La educación nacional será laica y se fundamentara en los principios esenciales de la democracia, inculcara y fomentara en los educandos profundos sentimientos hondureñas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que en el ámbito de la temporalidad de los actos u hechos de autoridad, en materia de su relevancia para el inicio del juicio de garantías, la doctrina constitucional ha reconocido que constituyen actos pasados aquellos que ya se han llevado a cabo en su totalidad; actos presentes aquellos que están en curso al momento de la interposición de la acción constitucional y actos futuros inminentes aquellos que si bien aún no se han realizado, existe certeza legal de que van a producirse. Siendo así, esta Sala comparte a la vez el concepto doctrinario que, a diferencia de los actos ya relacionados, un acto futuro incierto, es decir aquel que aún no ha sido efectuado y sobre el cual no existe prueba de que necesariamente vaya a ocurrir, no puede generar agravio alguno, pues no existe, carece de realidad y tampoco hay certeza que vaya a realizarse. Este tipo de actos, por ende, no ameritan protección constitucional, pues al no causar agravio alguno, no justifican el inicio de un juicio de garantías, pues no procedería restituir derecho, garantía o condición alguna al que se reputa como agraviado.-CONSIDERANDO (8): Que bajo estos preceptos, el agravio expuesto por el recurrente, en cuanto a la moción de la lectura diaria de la Biblia a los estudiantes antes del inicio de sus labores diarias, no es un acto pasado, puesto que ni siquiera ha ocurrido aún y tampoco es un acto presente, pues no se encuentra en curso al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo. Se advierte entonces que éste es un hecho incierto puesto que aún no se ha realizado y que, además, no resulta certeza alguna que vaya a realizarse, por lo que no se configura como un acto de carácter inminente, siendo que claramente no podría afirmarse que necesariamente es un hecho que vaya a ocurrir y esto se explica porque, el hecho antes referido, no constituye más que una apreciación subjetiva que de manera alguna puede considerarse que produzca certeza que se materializará una violación inminente al derecho del impetrante a ser juzgados con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala es del criterio que un acto reclamado que se estime inminente debe comportar la certeza plena de su realización por ser consecuencia forzosa de hechos concretos; un acto de esta naturaleza no puede generarse de criterios subjetivos y particulares como los que han sido expuestos por el recurrente en su escrito de interposición, los que si bien podrían originar un debate ciudadano al sugerirse aspectos propios de ser valorados mediante el escrutinio público al que se someten las instituciones democráticas de un Estado y sus funcionarios, no llegan a conformarse como actos y/o hechos de autoridad que generen la certeza plena de una violación inminente a la garantía del debido proceso que asiste al impetrante como ciudadano, razón por la que resulta procedente declarar la inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo que nos ocupa, al no advertirse de la exposición del recurrente, la existencia de un acto concreto que sea susceptible de originar perjuicio en la forma de una violación inminente de derechos constitucionales.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones antes expuestas en el presente recurso de amparo, se declara que un acto futuro incierto, es aquel que aún se no ha producido y sobre el cual no existe certeza plena de que necesariamente vaya a producirse, por ende, al ser inexistente, no puede generar agravio o perjuicio alguno y en tal virtud no amerita de protección constitucional y no justifica el inicio de un juicio de garantías.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 43 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 50 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.-VISTO el recurso de amparo interpuesto por el abogado MAURICIO TORRES MOLINERO, a favor de los señores TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ, DULCE MARIA RECINOS TABORA, OLVIN LEONEL ALMENDARES SANTOS, DIANA BEATRIZ CALDERON SABILLON, RENE EDUARDO CENTENO SAN MARTIN, JOHANA RAQUEL MELGAR ORTIZ, BLANCA ALEJANDRA OSEGUERA O´REILLY, EDWIN RENE VARGAS HURST, EDSON FABIAN ZUNIGA SOSA, CLARA MARISABEL LOPEZ PEREZ, JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA, CINDY PAOLA MARTINEZ BETANCOURTH, RAFAEL GUSTAVO SUAZO OCHOA, GUSTAVO ADOLFO LANZA ORDOÑEZ, CLAUDIA PAOLA FRANCHIGNONI, ALLANS ROBERTO PEÑA CAMPOS, RAMON AUGUSTO HERNANDEZ COTO, URIEL GUDIEL RODRIGUEZ, GABRIEL LEONARDO ZUÑIGA VELIZ, SILVIA ALEJANDRA ELIAS PEREZ, KELYN ONDINA PINEDA GARCIA, SAMUEL GILBERTO TRIGUEROS ESPINO, OMAR ANTONIO BAQUEDANO MONTOYA, YOHANA HERRERA, LENY TOME, JEIMY CAROLINA FUENTES ALVARADO, ANA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ, SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ, YONY ALBERTO CANALES VELASQUEZ, CLAUDIA IVETTE NIETO ANDERSON, DULCE AZUCENA MARTINEZ GUARDADO, JORGE MANUEL MARTINEZ GALEANO, JOSE CARLOS VELASQUEZ, LESLY ARABELY ORDOÑEZ MEJIA, JENSY JALITZA AVILA MARTINEZ, KEREN PATRICIA CHAVEZ MEDINA, GERMAN EDGARDO FERNANDEZ BARAHONA, ANGEL SANTIAGO TROCHEZ BRIONES, MERVIN ANTONIO ROSALES, WENDY DESIREE REYES MENDEZ, ELVIN FRANCISCO MOLINA, LESLY ARACELY MEJIA BANEGAS, CARLOS MEDARDO OSORIO IZAGUIRRE, KATHERINE ALEJANDRA GALINDO ROSALES, GEOVANY EDGARDO KELLY CASTELLON, IRVIN LEONARDO ALVARES TOME, MARIA FERNANDA BUSTILLO, LARISSA MANZANARES, NORA LIZ BECERRA LANZA, BELKIS JESSICA MALTA, MODESTO ANTONIO ORELLANA HERNANDEZ; contra actuaciones del Congreso Nacional de la República relacionadas con la moción presentada por el diputado Tomás Zambrano para la integración de una mesa de trabajo para determinar un mecanismo para la promoción de la lectura diaria de la biblia a los estudiantes antes del inicio de sus labores diarias.-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que según se desprende de la propia exposición del recurrente, la iniciativa de leer la Biblia en las escuelas es absolutamente inconstitucional porque viola expresamente lo establecido en el artículo 151 párrafo segundo de la Constitución de la República, el cual dice: La educación nacional será laica y se fundamentara en los principios esenciales de la democracia, inculcara y fomentara en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país.-CONSIDERANDO (3): Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.-CONSIDERANDO (4): Que la Sala ha dicho que, el agravio, dentro del ámbito del Derecho Procesal se configura como el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Es decir que el agravio, así entendido, presenta dos sentidos: uno de carácter substantivo, representado por la ofensa que contiene y que puede dar lugar a responsabilidad de orden civil o penal para el agraviante, y otro de índole adjetivo, en cuanto da derecho a la impugnación de una resolución judicial cuyo contenido se reputa agraviante al derecho de quien lo alega”.- CONSIDERANDO (5): Que partiendo de lo anterior y ya en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, comporta ciertamente una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta.-CONSIDERANDO (6): Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. Sobre este respecto, la jurisprudencia mexicana, muy amplia en materia de amparo, reconoce, que en relación al tiempo en el que se producen los actos de la autoridad, éstos pueden ser: 1) pasados; 2) presentes; 3) futuros inciertos; y, 4) futuros inminentes, categorización que es compartida por esta Sala de lo Constitucional en cuanto a que ciertamente la temporalidad del acto resulta relevante en el proceso de amparo para determinar si existe materia sobre la cual pueda otorgarse la protección constitucional al que se considere agraviado.-CONSIDERANDO (7): Que en el ámbito de la temporalidad de los actos u hechos de autoridad, en materia de su relevancia para el inicio del juicio de garantías, la doctrina constitucional ha reconocido que constituyen actos pasados aquellos que ya se han llevado a cabo en su totalidad; actos presentes aquellos que están en curso al momento de la interposición de la acción constitucional y actos futuros inminentes aquellos que si bien aún no se han realizado, existe certeza legal de que van a producirse. Siendo así, esta Sala comparte a la vez el concepto doctrinario que, a diferencia de los actos ya relacionados, un acto futuro incierto, es decir aquel que aún no ha sido efectuado y sobre el cual no existe prueba de que necesariamente vaya a ocurrir, no puede generar agravio alguno, pues no existe, carece de realidad y tampoco hay certeza que vaya a realizarse. Este tipo de actos, por ende, no ameritan protección constitucional, pues al no causar agravio alguno, no justifican el inicio de un juicio de garantías, pues no procedería restituir derecho, garantía o condición alguna al que se reputa como agraviado.-CONSIDERANDO (8): Que bajo estos preceptos, el agravio expuesto por el recurrente, en cuanto a la moción de la lectura diaria de la Biblia a los estudiantes antes del inicio de sus labores diarias, no es un acto pasado, puesto que ni siquiera ha ocurrido aún y tampoco es un acto presente, pues no se encuentra en curso al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo. Se advierte entonces que éste es un hecho incierto puesto que aún no se ha realizado y que, además, no resulta certeza alguna que vaya a realizarse, por lo que no se configura como un acto de carácter inminente, siendo que claramente no podría afirmarse que necesariamente es un hecho que vaya a ocurrir y esto se explica porque, el hecho antes referido, no constituye más que una apreciación subjetiva que de manera alguna puede considerarse que produzca certeza que se materializará una violación inminente al derecho del impetrante a ser juzgados con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala es del criterio que un acto reclamado que se estime inminente debe comportar la certeza plena de su realización por ser consecuencia forzosa de hechos concretos; un acto de esta naturaleza no puede generarse de criterios subjetivos y particulares como los que han sido expuestos por el recurrente en su escrito de interposición, los que si bien podrían originar un debate ciudadano al sugerirse aspectos propios de ser valorados mediante el escrutinio público al que se someten las instituciones democráticas de un Estado y sus funcionarios, no llegan a conformarse como actos y/o hechos de autoridad que generen la certeza plena de una violación inminente a la garantía del debido proceso que asiste al impetrante como ciudadano, razón por la que resulta procedente declarar la inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo que nos ocupa, al no advertirse de la exposición del recurrente, la existencia de un acto concreto que sea susceptible de originar perjuicio en la forma de una violación inminente de derechos constitucionales.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones antes expuestas en el presente recurso de amparo, se declara que un acto futuro incierto, es aquel que aún se no ha producido y sobre el cual no existe certeza plena de que necesariamente vaya a producirse, por ende, al ser inexistente, no puede generar agravio o perjuicio alguno y en tal virtud no amerita de protección constitucional y no justifica el inicio de un juicio de garantías.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia, RESUELVE: 1.- Declarar Que un acto futuro incierto, es aquel que aún se no ha producido y sobre el cual no existe certeza plena de que necesariamente vaya a producirse, por ende, al ser inexistente, no puede generar agravio o perjuicio alguno y en tal virtud no amerita de protección constitucional y no justifica el inicio de un juicio de garantías; 2.- En consecuencia, LA SALA DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el abogado MAURICIO TORRES MOLINERO, a favor de los señores TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ, DULCE MARIA RECINOS TABORA, OLVIN LEONEL ALMENDARES SANTOS, DIANA BEATRIZ CALDERON SABILLON, RENE EDUARDO CENTENO SAN MARTIN, JOHANA RAQUEL MELGAR ORTIZ, BLANCA ALEJANDRA OSEGUERA O´REILLY, EDWIN RENE VARGAS HURST, EDSON FABIAN ZUNIGA SOSA, CLARA MARISABEL LOPEZ PEREZ, JOSE FRANCISCO PEREZ BURGOS, CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA, CINDY PAOLA MARTINEZ BETANCOURTH, RAFAEL GUSTAVO SUAZO OCHOA, GUSTAVO ADOLFO LANZA ORDOÑEZ, CLAUDIA PAOLA FRANCHIGNONI, ALLANS ROBERTO PEÑA CAMPOS, RAMON AUGUSTO HERNANDEZ COTO, URIEL GUDIEL RODRIGUEZ, GABRIEL LEONARDO ZUÑIGA VELIZ, SILVIA ALEJANDRA ELIAS PEREZ, KELYN ONDINA PINEDA GARCIA, SAMUEL GILBERTO TRIGUEROS ESPINO, OMAR ANTONIO BAQUEDANO MONTOYA, YOHANA HERRERA, LENY TOME, JEIMY CAROLINA FUENTES ALVARADO, ANA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ, SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ, YONY ALBERTO CANALES VELASQUEZ, CLAUDIA IVETTE NIETO ANDERSON, DULCE AZUCENA MARTINEZ GUARDADO, JORGE MANUEL MARTINEZ GALEANO, JOSE CARLOS VELASQUEZ, LESLY ARABELY ORDOÑEZ MEJIA, JENSY JALITZA AVILA MARTINEZ, KEREN PATRICIA CHAVEZ MEDINA, GERMAN EDGARDO FERNANDEZ BARAHONA, ANGEL SANTIAGO TROCHEZ BRIONES, MERVIN ANTONIO ROSALES, WENDY DESIREE REYES MENDEZ, ELVIN FRANCISCO MOLINA, LESLY ARACELY MEJIA BANEGAS, CARLOS MEDARDO OSORIO IZAGUIRRE, KATHERINE ALEJANDRA GALINDO ROSALES, GEOVANY EDGARDO KELLY CASTELLON, IRVIN LEONARDO ALVARES TOME, MARIA FERNANDA BUSTILLO, LARISSA MANZANARES, NORA LIZ BECERRA LANZA, BELKIS JESSICA MALTA, MODESTO ANTONIO ORELLANA HERNANDEZ; contra actuaciones del Congreso Nacional de la República, al no advertirse la existencia de un acto concreto que sea susceptible de originar perjuicio en la forma de una violación inminente de derechos constitucionales en perjuicio de los recurrentes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0379-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL