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Sentencia AA-376-18 — Registro 9447

Resumen

Sentencia declaró sin lugar reclamo y confirmó sanción de despido de recurrente sin responsabilidad institucional por conducta reprochable en el desempeño de sus funciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Resolución del Consejo de la Carrera Judicial no vulnera los derechos constitucionales del señor Antolín Meza Martínez, por cuanto fue despedido siguiéndole el procedimiento establecido en la Ley de la Carrera Judicial, así como en su reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial, en los cuales se respetó el derecho de defensa y debido proceso, resultando incuestionable que la falta grave cometida por el servidor judicial, resulta injustificada, y por lo tanto la sanción de despido impuesta es conforme a derecho..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que amparan al quejoso, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad administrativa, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad administrativa recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte de la autoridad administrativa competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. VISTO los antecedentes en el presente Recurso de Amparo interpuesto la Abogada AVILIA MARADIAGA REYES a favor del señor ANTOLÍN MEZA MARTINEZ, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual, se confirmó la sanción de despido sin responsabilidad institucional del señor ANTOLÍN MEZA MARTINEZ, del cargo miembro de seguridad y vigilancia del edificio judicial de Comayagua, departamento de Comayagua. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO: Que se alega por parte de la quejosa la existencia de violación al artículo 88 de la Constitución de la República, por cuanto este mismo cuerpo legal prohíbe la incorporación de testimonios rendidos por ciudadanos ante sedes administrativas, y en el caso de mérito se sancionó a su representado con el despido sin responsabilidad institucional del cargo, basándose en declaraciones rendidas ante la Inspectora de Tribunales de Comayagua, prueba que no debió ser incorporada al no haber sido rendida ante un Juez competente. CONSIDERANDO: Que de los antecedentes aparece que la Presidencia del Poder Judicial despidió sin responsabilidad institucional del cargo al servidor judicial ANTOLÍN MEZA MARTINEZ, Miembro de Seguridad y Vigilancia del Edificio Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, por configurarse su conducta en una de las causales de despido establecida en el artículo 64 literal a) de la Ley de la Carrera Judicial, en virtud de que se atribuyó indebidamente el título de Abogado y solicitó la cantidad de quince mil lempiras a la denunciante Reina Trinidad Panchamé Machado, con la promesa de realizar gestión para sacar del presidio al señor Dencil Daniel Carranza Panchamé, hijo de la ofendida, quien se encontraba privado de libertad por estar sometido a un proceso, infringiendo con dicha conducta: a) el artículo 1 párrafo primero del Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales, que señala que el personal del Poder Judicial, debe ejercer su cargo con dignidad, absteniéndose de toda conducta contraria a la seriedad y decoro que el mismo exige; b) el artículo 6 numeral 7) del Código de Conducta Ética del Servidor Público, referente a la obligación de desempeñar sus obligaciones y funciones con honestidad, integridad y responsabilidad; c) los artículos 44 de la Ley de la Carrera Judicial; 149 y 154 de su Reglamento, pues incumplió con los deberes de ejercer su cargo con la dedicación y eficiencia debida, incurriendo de esa manera, en conducta absolutamente reprochable en el desempeño de sus funciones; y d) los artículos 53 literal g) de la Ley de la Carrera Judicial y 172 literal f) de su Reglamento, al haberse atribuido indebidamente el título de Abogado, sin serlo, atentando con su actuación contra la dignidad de administración de justicia. CONSIDERANDO: Que el señor Antolín Meza Martínez presentó reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial, quien dio respuesta mediante resolución de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, declarando sin lugar el reclamo y confirmando el despido del señor Meza Martínez, estableciendo que la Ley que rige las relaciones laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, es la Ley de la Carrera Judicial, y que en su artículo 65 establece la sanción de despido previa información sumaria y audiencia del interesado, mismas que fueron llevadas a cabo en el caso de mérito, quedando evidenciado que el señor Antolín Meza Martínez incumplió con los deberes de su cargo, al estar probado que ejerció actividades incompatibles con el decoro del cargo, actuaciones que se enmarcan dentro de las faltas graves que al efecto señala el artículo 179 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial en relación con el artículo 172 letra f) y 187 de mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO: Que la Resolución del Consejo de la Carrera Judicial no vulnera los derechos constitucionales del señor Antolín Meza Martínez, por cuanto fue despedido siguiéndole el procedimiento establecido en la Ley de la Carrera Judicial, así como en su reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial, en los cuales se respetó el derecho de defensa y debido proceso, resultando incuestionable que la falta grave cometida por el servidor judicial, resulta injustificada, y por lo tanto la sanción de despido impuesta es conforme a derecho. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que amparan al quejoso, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte de la autoridad administrativa competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad administrativa, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad administrativa recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada AVILIA MARADIAGA REYES a favor del señor ANTOLÍN MEZA MARTINEZ, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, toda vez que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0376-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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