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Sentencia AA-372-17 — Registro 8536

Resumen

Resolución impugnada que deniega defensas previas interpuestas contra Demanda Especial en Materia Tributaria promovida por contra impetrante por sociedad mercantil

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en lo conducente del párrafo fundamentos de Derecho expone: que del estudio y análisis de las presentes diligencias, se desprende que no existe la violación de la garantía constitucional del Derecho del Debido Proceso que alega el impetrante, pues en su exposición hace alusión a cuestiones de hecho y de derecho que hizo ante el Juez de primera instancia ya que el 1, lo que en ningún momento solicita como reconocimiento de la situación jurídica individualizada un daño real, por ende el requisito de la constancia de solvencia, así como la caución del 20% tampoco aplica, no existiendo impedimento alguno para que el juez pueda verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, resolución que ha sido motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el debido proceso. En consecuencia, Denegó la acción de amparo pretendida. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de la causa invocada por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68, párrafo segundo relacionado con el 10 (Rango Constitucional)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, en relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPACHOS DE FINANZAS. Habiendo estimado la recurrente como violado el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que el abogado EDWARD DAVID GUEVARA RODRIGUEZ, actuando en su condición de apoderado legal sociedad mercantil CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L., compareció ante el Juzgado de Letras Fiscal de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de noviembre del año dos mil catorce, promoviendo Demanda Especial en Materia Tributaria, contra las resoluciones DEI-241-DA-ARN-C-2010, DEI-SAL-C-742-2012 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos; y resolución A.L. 393-2014 emitida por la Secretaria de Finanzas; por no estar apegada a derecho, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPACHOS DE FINANZAS. (Folios 01 al 106 de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en fecha uno de diciembre del año dos mil quince, compareció ante el A-quo el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas.3) Que en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, el Tribunal de primera instancia falla: PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. (Folios del 12 al 16 de la pieza de Defensa Previas). 4) Que la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, alegando la recurrente que con esos actos se violenta el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ. (Folios del 31 al 33 de la pieza de la Corte de Apelaciones).6) Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALES, a favor del ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS que Deniega el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, en relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil CARGIL DE HONDURAS, S., DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en lo conducente del párrafo fundamentos de Derecho expone: que del estudio y análisis de las presentes diligencias, se desprende que no existe la violación de la garantía constitucional del Derecho del Debido Proceso que alega el impetrante, pues en su exposición hace alusión a cuestiones de hecho y de derecho que hizo ante el Juez de primera instancia ya que el demandante designa como actos impugnados resoluciones administrativas emitidas por la DEI, solicitando la nulidad de las mismas por denegar un crédito a su favor, lo que en ningún momento solicita como reconocimiento de la situación jurídica individualizada un daño real, por ende el requisito de la constancia de solvencia, así como la caución del 20% tampoco aplica, no existiendo impedimento alguno para que el juez pueda verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, resolución que ha sido motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el debido proceso. En consecuencia, Denegó la acción de amparo pretendida. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de la causa invocada por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINZANZAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-372-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

JP

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, en relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPACHOS DE FINANZAS. Habiendo estimado la recurrente como violado el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que el abogado EDWARD DAVID GUEVARA RODRIGUEZ, actuando en su condición de apoderado legal sociedad mercantil CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L., compareció ante el Juzgado de Letras Fiscal de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de noviembre del año dos mil catorce, promoviendo Demanda Especial en Materia Tributaria, contra las resoluciones DEI-241-DA-ARN-C-2010, DEI-SAL-C-742-2012 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos; y resolución A.L. 393-2014 emitida por la Secretaria de Finanzas; por no estar apegada a derecho, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPACHOS DE FINANZAS. (Folios 01 al 106 de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en fecha uno de diciembre del año dos mil quince, compareció ante el A-quo el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas.3) Que en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, el Tribunal de primera instancia falla: PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. (Folios del 12 al 16 de la pieza de Defensa Previas). 4) Que la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, alegando la recurrente que con esos actos se violenta el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ. (Folios del 31 al 33 de la pieza de la Corte de Apelaciones).6) Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ.CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALES, a favor del ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS que Deniega el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, en relación a la demanda promovida por la sociedad mercantil CARGIL DE HONDURAS, S., DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en lo conducente del párrafo fundamentos de Derecho expone: que del estudio y análisis de las presentes diligencias, se desprende que no existe la violación de la garantía constitucional del Derecho del Debido Proceso que alega el impetrante, pues en su exposición hace alusión a cuestiones de hecho y de derecho que hizo ante el Juez de primera instancia ya que el demandante designa como actos impugnados resoluciones administrativas emitidas por la DEI, solicitando la nulidad de las mismas por denegar un crédito a su favor, lo que en ningún momento solicita como reconocimiento de la situación jurídica individualizada un daño real, por ende el requisito de la constancia de solvencia, así como la caución del 20% tampoco aplica, no existiendo impedimento alguno para que el juez pueda verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, resolución que ha sido motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el debido proceso. En consecuencia, Denegó la acción de amparo pretendida. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de la causa invocada por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINZANZAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-372-2017.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

JP