Sentencia AA-371-17 — Registro 9847
Resumen
Acto recurrido que denegó el recurso de amparo contra el auto del a-quo, con relación a las defensas previas interpuestas por el impetrante en la demanda promovida por la sociedad denominada Delicia S. de R.L. ahora denominada Cargill de Honduras . de R.L. a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaria de Finanzas, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" … Aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta...." ..." Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, según se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo del dos mil dieciocho. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VARELIA MARIA PONCE DUARTE, en su condición PROCURADOR JUDICIAL DE ESTADO, a través de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, contra el auto de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de esta Sección Judicial, con relación a unas defensas previas interpuestas por el Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, en su condición de SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE HONDURAS, en la demanda promovida por el Abogado EDWARD DAVID GUEVARA RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Denominada Delicia S. de R.L. ahora denominada Cargill de Honduras S. de R.L. a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaria de Finanzas- Manifestando el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha diecinueve (19)de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo el Abogado EDWARD DAVID GUEVARA RODRIGUEZ, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Denominada Delicia S. de R. L. ahora denominada Cargill de Honduras S de R,L, promoviendo Demanda Especial en Materia Tributaria se impugnación de actos administrativos, de carácter Tributario emitidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y Secretaria de Finanzas por no ser conforme a Derecho y se solicita su anulación, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, siendo esta admitida en fecha veintitrés (23) de junio de año dos mil quince (2015) (Folios 1–93 de los antecedentes de Primera Instancia). 2) Que en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, en su condición de SUBPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas en la demanda promovida por el Abogado EDWARD DAVID GUEVARA RODRIGUEZ, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Denominada Delicia S. de R. L. ahora denominada Cargill de Honduras S. de R.L. por considerar que existen causales de inadmisibilidad, mismas que fueron admitidas en fecha seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015). (Folio 1-7 de la pieza de Defensas Previas). 3) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, celebró audiencia de defensas previas en la cual en su parte dispositiva dice: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte incidentista, por no existir la causa de inadmisibilidad alegada. SEGUNDO:…” (Folio 15 al 18 de la pieza de Defensas Previas). 4)Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, la Abogada VALERIA MARIA PONCE DUARTE, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, a través del Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y Secretaria de Finanzas, promoviendo Demanda de Amparo contra la resolución dictada por Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil quince (2015).- (Folios 01 al 03 de la pieza de antecedentes). 5) Que en fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VALERIA MARIA PONCE DUARTE, Apoderada Legal de la SECRETARÍA DE FINANZAS.- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince que obra de folio quince frente (F-15) al folio (18) vuelto de la pieza separada de defensas previas dictada por el juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central …” (Folios 23 al 25 de la Corte de Apelaciones). 6) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada VALERIA MARIA PONDE DUARTE, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que Deniega el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, sobre la desestimación de las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda promovida por la Sociedad DELICIAS S. DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, Fundamentos de Derecho en la parte conducente del numeral quinto (5) deja establecido: “el acto contra el cual se reclama la tutela del amparo, es por considerar que el Juez A-Quo afectó el debido proceso al desestimar la causa de inadmisibilidad consistente en que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por considerar que no valoró requisitos establecidos en el artículo 39 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, reformado mediante Decreto 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimientos de la Transparencia en el Gobierno, ya que el demandante en su petitorio pide el resarcimiento de daños y perjuicios, siendo importante establecer que del estudio y análisis de las presentes diligencias así como la opinión de la señora Fiscal del Ministerio Público se desprende que no existe violación a la garantía constitucional del Derecho al Debido Proceso que alega el impetrante, pues en su exposición hace alusión a cuestiones de hecho y de derecho que hizo ante el Juez de primera instancia, ya que el demandante designa como actos impugnados resoluciones administrativas emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), solicitando la nulidad de las mismas en la que se determinó un impuesto adicional a pagar en impuesto sobre la renta, lo que en ningún momento solicita como reconocimiento de la situación jurídica individualizada un daño real, por ende los requisitos establecidos en el artículo 39 y 47 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reformado mediante Decreto 266-2013 relacionado con constancia de solvencia así como la caución del 20% no aplica, por ser requisito para la solicitud de los mismos el que el demandante tenga como pretensión el pago del daño real efectivamente causado, no existiendo impedimento alguno para que el Juez pueda verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, señalando además que la resolución ha sido motivada, explicada en forma razonada las causas de derecho que orientaron al a quo a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el debido proceso. En consecuencia, Denegó la acción de amparo intentada. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, según se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos. No obstante ello, debemos pronunciarnos acerca del lapsus calami del Ad-Quem, en cuanto al órgano jurisdiccional donde ordena remitir la sentencia en consulta, señalando la Sala Laboral Contencioso Administrativo; inobservando lo que dispone el artículo 68 segundo párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, “La sentencia de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en virtud del Artículo 10 de la presente Ley, irá en trámite de consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional” en consecuencia es erróneo remitir para consulta la sentencia dictada por el Ad-Quem, ante la Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo, tal como lo dice la sentencia de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha doce de mayo del año dos mil diecisiete, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en todas sus partes; excepto en la parte donde ordena la remisión de la sentencia para consulta a la Sala Laboral Contencioso Administrativo, que deberá leerse Sala de lo Constitucional, en el amparo interpuesto por la Abogada VALERIA MARIA PONCE DUARTE, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha siete de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en consulta bajo el número SCO-0371=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL