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Sentencia AA-356-16 — Registro 9846

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por el ad-quem que otorgó el recurso de amparo interpuesto a favor del Estado de Honduras, contra la resolución del a-quo, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora Gloria Maria Bahr Mazzoni contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala observa que efectivamente la resolución dictada por el Ad-Quem, contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello, tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, otorgar la acción de amparo es conforme a derecho, la argumentación es suficiente, acordada a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho. Por lo que procede en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre del dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que OTORGÓ el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LESLY YALIBETH ARDON VALLE a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora GLORIA MARIA BAHR MAZZONI contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su Representado el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada LESLY YALIBETH ARDON VALLE, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, en la cual RESOLVIÓ: “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas.-SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno.” Alegando la recurrente que el Juzgador en dicha resolución hizo una interpretación indebida de las normas procesales concernientes a las leyes aplicables en el presente caso, ya que según esta, la demandante fue nombrada en su cargo excluido del régimen del Servicio Civil, de igual manera considera que la demandante no está legitimada por no ser titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se consideró infringido por el acto impugnado pues según los argumentos de esta la ley es clara al indicar que solamente podrán impugnarse en vía contenciosa administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor publico cuando este estuviere protegido por una ley especial no siendo este el caso de la demandante. Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. (Folios 1-4 del amparo, 15-20 de la pieza de las defensas previas). 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, mediante la cual “…FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LESLY YALIBETH ARDON VALLE, apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo que DESESTIMA LAS DEFENSAS PREVIAS de fecha dos de junio del dos mil quince, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede declarar INADMISIBLE LA DEMANDA promovida por la señora GLORIA MARIA BAHR MAZZONI, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, por no ser susceptible de impugnación el acto administrativo que se reclama mediante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…” (Folios 25-26 del amparo). 3) Que en fecha quince de abril de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LESLY YALIBETH ARDON VALLE, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve de junio del año dos mil quince, con relación a la demanda promovida por la señora GLORIA MARIA BAHR MAZZONI contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, del fallo emitido por el Ad-Quem, mediante el cual Deniega el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, ha fundamentado la Denegación de la referida acción de amparo, invocando los siguientes razonamientos: (sic) “CUARTO (4): en cuanto a la primera causa de inadmisibilidad, alega básicamente la amparista que el conocimiento del presente juicio no está a cargo de la jurisdicción especial de lo contencioso administrativo, ya que expresamente la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y la Ley del Servicio Diplomático y Consular de Honduras, excluye a los miembros del cuerpo diplomático y consular de su ámbito de aplicación, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece: “No se admitirá la acción contencioso administrativo respecto de: a)…, b)…, c)los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente le excluya de la vía contencioso administrativa” Dejando establecido en el mismo numeral que ha quedado evidenciado según la revisión de la pieza principal y lo expuesto por la demandante “que laboró para el servicio exterior de la República de Honduras y por ende forma parte del cuerpo Diplomático y Consular tal como consta y lo define la Ley del Servicio Diplomático y Consular de Honduras, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 literal c) de la Ley de Servicio Civil y 31 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el caso que nos ocupa no es impugnable ante los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo”, por lo que no apreció vulneración al Debido Proceso. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en su numeral quinto (5) señala que “en cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad el Tribunal de Primera Instancia hace caso omiso a la invocación hecha por la recurrente en defensas previas, ya que no enfoca puntualmente la falta de legitimación de la demandante en el caso que nos ocupa y derivada de la primera causa de inadmisibilidad. Y es que si la demandante y su relación de servicio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, está excluida del conocimiento ante la jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo en virtud de la ley expresa, es indiscutible que tampoco esta legitimada para demandar ante dicho órgano, pues anticipadamente la Ley misma le limita dicha posibilidad. Es por todo lo anteriormente expresado que este Tribunal concluye en que el auto resolutivo de fecha 29 de junio del 2015 no se encuentra ajustado a derecho y se han violentado las garantías constitucionales invocadas y procede su restablecimiento”. Por todo ello falló otorgando el amparo interpuesto. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala observa que efectivamente la resolución dictada por el Ad-Quem, contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por todo ello, tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, otorgar la acción de amparo es conforme a derecho, la argumentación es suficiente, acordada a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho. Por lo que procede en derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, en el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LESLY YALIBETH ARDON VALLE, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en éste Tribunal con el número 0356-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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