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Sentencia AA-331-17 — Registro 9845

Resumen

Acto recurrido que contiene la sentencia que sobresee el recurso presentado a favor del Estado de Honduras, contra el auto dictado por el a-quo, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil Nestle, contra el Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca el recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que del análisis del Amparo promovido y de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y lo señalado en la motivación de su fallo, no existe violación a la garantía constitucional alegada por la recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por corresponder a dicha jurisdicción el conocimiento de las pretensiones deducidas por el demandante, en relación con la nulidad de un acto de la Administración Pública..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre del dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que sobresee el recurso presentado por la Abogada ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL NESTLE, contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado OSCAR ARMANDO MANZANARES DIAZ, en su condición de apoderado legal de la SOCIEDAD MERCANTIL NESTLE HONDUREÑA S.A., interponiendo demanda contenciosa administrativa en materia tributaria o impositiva para que se declare la nulidad e ilegalidad total de los actos administrativos, contra el ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01 al 32 de la primera pieza) 2) Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la República, en fecha dieciséis de junio de dos mil quince, compareció ante el Juzgado antes citado, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios 01 al 02 de la pieza separada de defensas previas) 3) Que en fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Tegucigalpa al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, resolvió: PRIMERO: DESESTIMAR la presente DEFENSA PREVIA alegada por el Incidentista (demandada) por no existir causal de admisibilidad citada. - SEGUNDA… (Folios 15 al 17 de la pieza separada de defensas previas) 4) Que en fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, de que se hace referencia en el numeral que precede, resolución que a criterio del recurrente es violatoria del artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de la pieza de amparo) 5) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en la cual falló: “RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS. - “(Folios 25 al 28 de la pieza de amparo) 6) Que en fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO (2): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada IRIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que falla desestimando las defensas previas promovidas, alegadas en la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL NESTLE, contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, al determinar que las defensas previas son inexistentes violenta los preceptos constitucionales antes señalados (Artículo 90). Lo anterior por considerar el amparista que la demanda no debió haber sido admitida por adolecer de defectos formales que impiden al tribunal verter un pronunciamiento al fondo del asunto, en virtud de que no se determina específicamente el monto de la cuantía de la acción que el demandante interpone contra el estado de honduras, así mismo por otra parte no se da cumplimiento a lo establecido en el decreto N. 266-2013 consistente en la ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a ciudadanía y fortalecimiento en la transparencia del gobierno, consistente en la caución que deberá de ofrecer el demandante en dichas demandas contra el estado de Honduras, misma que deberá de ser del 20% del valor reclamado según el artículo número 4 de la ley antes indicada. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO (5): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala observa que se ha recurrido en Amparo la resolución de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis solicitada por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Tegucigalpa al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, Que en fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Tegucigalpa al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, resolvió: PRIMERO: DESESTIMAR la presente DEFENSA PREVIA alegada por el Incidentista (demandada) por no existir causal de admisibilidad citada.- SEGUNDA… (Folios 15 al 17 de la pieza separada de defensas previas). CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional del examen de las diligencias observa que el acto con el cual, el garantista considera vulnerado la garantía constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, lo explica en relación a los artículos 63 literal a) y su último párrafo en relación con los artículos 35 y 80, literal e) de la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo , que establece: “los demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los 5 días hábiles siguientes al emplazamiento, cualquiera de las siguientes defensas previas: a) las que se funden en los motivos que, con arreglo al artículo 80 de esta ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción , articulo que en su último párrafo establece en su literal e) : que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verte pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto y en consecuencia deberá este tribunal declarar la inadmisibilidad de la presente acción.” Según alega el recurrente. CONSIDERANDO(8): Que en la formalización de la acción constitucional, la garantía constitucional que invoca el recurrente ha sido vulnerada es el artículo 90 párrafo primero que dispone “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (9): Que el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada ELISA PATRICIA AMADOR emitió Dictamen en fecha 17 de noviembre del 2016, en el que concluye que no se otorgue el amparo solicitado; sostiene la Fiscal del Ministerio Público que al amparista no se le ha vulnerado en ningún momento el derecho al debido proceso y ante la ausencia de una explicación concreta, no es posible determinar cómo es que se ha producido la vulneración del artículo 90 de la Constitución de la República. dice la Fiscal del Ministerio Público, que del estudio efectuado al escrito de formalización y el antecedente de mérito considera que los alegatos realizados por el ahora impetrante carecen de sustento, ya que la controversia jurídica radica en haber desestimado las defensas previas, por las causales antes indicadas, por no concurrir las defensas previas planteadas por el representante del estado, en virtud de que el demandante, al momento de ejercer su acción legal ante los juzgados de letras de lo fiscal administrativo, lo hace cumpliendo con los requisitos exigidos para poder admitir la demanda, tal y como se estipula en los artículos 46 y 80 de la ley de Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, por lo que a nuestro juicio, con lo planteado por el actor en su demanda, el juzgador puede emitir un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. En lo referente a que deberá rendirse caución en toda demanda contra del estado de Honduras, para que la acción pueda ser admitida en el órgano jurisdiccional y que por tanto ha incumplido con lo establecido en el artículo 39 de la ley de lo contencioso administrativo, el ministerio publico señala que el artículo 41, de la misma ley en su último párrafo señala que: “se refutaran de cuantía indeterminada, las acciones dirigidas a impugnar directamente los actos de carácter general o disposiciones y los actos de carácter particular….” Y en el caso sub judice, los actos impugnados por el demandante es la nulidad de actos de carácter administrativo, y no reclama, en este momento, un daño real, por tanto no debe de exigirse el pago de una caución del 20% del valor reclamado, de ahí que tampoco concurre la segunda causa de inadmisión planteada, por la recurrente. Por lo que considera el ministerio público que el hecho de que la impetrante se le hayan declarado sin lugar sus pretensiones no significa que haya vulneración a un derecho de rango constitucional. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha 21 de abril del 2017, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la autoridad recurrida desestima correctamente las causas de inadmisibilidad que ante él fueron intentadas por el impetrante, ya que las mismas se encuentran dentro de las plasmadas en el artículo 46.1 en las cuales serán inadmitidos los amparos y por lo tanto sobreseído cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, tal y como lo es en el caso sub judice, ya que tal y como lo establece el ad-quem que en el caso en concreto se ha observado que se ha llevado a cabo el proceso con las debidas garantías procesales y no se vislumbra ninguna violación a las mismas observándose que los motivos de amparo de la impetrante se derivan de la inconformidad con la resolución de las defensas previas, pero no porque haya existido una vulneración de derechos fundamentales, sino porque considera que no se apreciaron o valoraron a su conveniencia las causas de inadmisibilidad por ella invocadas, el criterio jurídico personal del juez no forma parte de la garantía constitucional del debido proceso, así como también se observa que el impetrante tampoco ha desarrollado correctamente y en forma puntual el concepto constitucional que considera violentado, lacerado, pues se limita únicamente a transcribir los argumentos de las defensas previas y a transcribir los artículos de la ley que considera aplicables y de la constitución de la república , tanto en el escrito de interposición de la acción de amparo, como en el escrito de formalización de la acción de amparo. Es preciso señalar que el juez constitucional que conoce del recurso de amparo, no representa una instancia ordinaria más, que ha de conocer el fondo del asunto, y menos cuando ya ha sido debatido por las partes y ha existido un pronunciamiento judicial, siendo el que hacer fundamental del juez constitucional garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos por la constitución de la república y tratados internacionales. CONSIDERANDO 11: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca el recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que del análisis del Amparo promovido y de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y lo señalado en la motivación de su fallo, no existe violación a la garantía constitucional alegada por la recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por corresponder a dicha jurisdicción el conocimiento de las pretensiones deducidas por el demandante, en relación con la nulidad de un acto de la Administración Pública. CONSIDERANDO 12: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de abril del 2017, que por Unanimidad de Votos, falla Denegando la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA, en su condición de representante del ESTADO DE HONDURAS. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 7 9, 28, 63 a), 64, 80, 89 y 134, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. REDACTO LA Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. -NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0331-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”