Sentencia AA-290-17 — Registro 9844
Resumen
Acto recurrido que sobresee el recurso presentado a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el a-quo, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada como Droguería Médica Internacional S.A. (DROMEINTER), contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que está Sala observa que la pretensión que buscan tutela los demandantes consiste en la nulidad de un acto administrativo y no el resarcimiento pecuniario de un daño real, por lo que es evidente a este criterio que no existe una cuantía, o dicho de otra forma que pueda ser cuantificable la misma al inicio del proceso para la determinación del modo alguno de la caución de deberían de abonar precautoriamente los demandante para poder instar al proceso, por lo que la Sala de lo Constitucional concuerda con las posiciones plasmadas por el Ministerio Público y por la Corte de Apelaciones..." ..." Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, que Sobresee la acción de amparo por no encontrarse vulneración al derecho de defensa y al debido proceso..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo del dos mil dieciocho.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, que sobresee el recurso presentado por la abogada Sandra Yamileth Gonzales Rosales a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada como Droguería Médica Internacional S.A. (DROMEINTER), contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, el abogado Cristian Gerardo Medina Sevilla, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Droguería Medica Internacional S.A. (DROMEINTER), interponiendo demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, para que se decrete la nulidad de un acto administrativo, consistente en la resolución No. 094-2015-SS, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud; demanda que se interpone contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud. (Folios No uno al 25 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que el abogado Abraham Alvarenga Urbina, actuando en su condición de Procurador General de la República, en fecha veintidós de enero de dos mil quince, compareció ante el juzgado antes citado, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios No uno al cuatro de la pieza separada de defensas previas).-3) Que en fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, resolvió desestimando las defensas previas alegadas por la parte Incidentista. (Folios No 16 al 19 de la pieza separada de defensas previas).-4) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la abogada Sandra Yamileth Gonzales Rosales, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, de que se hace referencia en el numeral que precede, resolución que a criterio del recurrente es violatoria del artículo 82 de la Constitución de la República. (Folios No uno y cinco de la pieza de amparo).-5) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en la cual falló: “SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALES ROSALES, accionando en su carácter de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución descrita en el preámbulo del presente fallo.…” (Folios No 37 al 40 de la pieza de amparo).-6) Que en fecha seis de abril de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, que sobresee la garantía de amparo interpuesto por la abogada Sandra Yamileth González, a favor del Estado de Honduras, con relación al incidente de defensas previas desestimas en la demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, promovida por la sociedad mercantil DROMEINTER S.A., contra el Estado de Honduras.- CONSIDERANDO (3): Que el reclamante sustentó su recurso de Amparo ante Corte de Apelaciones; manifestando en el momento procesal oportuno, el Estado de Honduras interpuso un incidente de defensa previas, consistente en que el escrito de demanda contiene defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto; siendo que el impulso procesal que posee el juez o jueza, consiste en la observancia de todos los requisitos formales que debe de contener una demanda, siendo que se encuentra en la jurisdicción de los Contencioso Administrativo, con base al Decreto Legislativo No 266-2013, de la denominada “Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar lo servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno”, se estableció por parte de las y los legisladores que en aplicación de los artículos 39, 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el que demande al Estado de Honduras deberá de rendir una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor reclamado. Por lo que, para los representantes de la Procuraduría General de la República, los operadores de primera instancia (y la Ad-quem en amparo), desconocieron los mandatos imperativos de la Ley, debiendo haber otorgado las defensas previas y en última ratio el amparo hoy in examine ante está Sala por consulta obligatoria. Un último aspecto en que se centra los hoy amparistas, es que en el acápite de la cuantía, los demandantes solicitan al juzgado que se reconozca la compensación de saldos por el impacto económico que causa para ellos la reposición del acto solicitado en nulidad.-CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones manifestó en su sentencia que resolvió el presente recurso de amparo, en su sexto considerando que: (SIC) “Que analizados que han sido los hechos y alegatos que motivan la presente acción de amparo, se observa que los mismos constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, y como tales han sido ya resueltos por el Juzgado de Primera Instancia, a través de la resolución de defensas previas que se conoce hoy mediante la acción de amparo; los alegatos esgrimidos por la impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, pues en su exposición hace alusión a cuestiones de hechos y de derecho que debió haber hecho y así lo hizo, ante el Juez de Primera Instancia, son una reproducción de los alegatos de primera instancia, que si bien dichos puntos están vinculados intrínsecamente con la norma Constitucional, deben juzgarse y decidirse por el Juez Natural competente sobre los extremos que se exponen; la resolución que dice le causa lesión la impetrante, ha sido debidamente motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y las demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el Proceso de defensas previas.”. Asimismo en su motivación posterior sobre las causales para sobreseer la acción en consulta, el A-quem manifestó en su resolución que (SIC): “por las consideraciones anteriores esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es de la opinión que el presente amparo debe de SOBRESEERSE, por existir una causal de inadmisión, al determinar este Tribunal que el impetrante alega violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional”.-CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso el cual implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO (7): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional toma suyos los postulados dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que el derecho a ser oído “exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”[1]; a la luz de lo anterior de observa que los principios establecidos en el Código Procesal Civil, los cuales indican que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso, además de esto, la normativa procesal en materia civil siguiendo los parámetros constitucionales, se establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle en condiciones de igualdad, con los trámites previstos legalmente, que en este caso es el derecho de petición y de defensa, ya que el Tribunal de primera instancia actúa en nombre del Estado de Honduras, el cual tiene la obligación de tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto[2].-CONSIDERANDO (9): Que la Sala de forma ilustrativa observa que el Ministerio Público realizó un análisis del presente caso en el que señala que a ese criterio, la demandante (DROMEINTER) si cumple con los requisitos que indica la norma supra indicada; por lo que, no existe impedimento para que el juzgador pueda emitir un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que las pretensiones expuestas por el actor son claras y precisas y van dirigidas a solicitar el cambio de empaques primarios y secundarios de medicamentos que fueron entregados en otro idioma y sin la leyenda de “Propiedad del Estado de Honduras” petitoria declarada improcedente según la resolución No094-2015-SS de la Secretaría de Salud; por lo que sentencia el agente fiscal del Estado que no procede la acción de Amparo, al no haberse violentado las garantías constitucionales invocadas.-CONSIDERANDO (10): Que está Sala observa que la pretensión que buscan tutela los demandantes consiste en la nulidad de un acto administrativo y no el resarcimiento pecuniario de un daño real, por lo que es evidente a este criterio que no existe una cuantía, o dicho de otra forma que pueda ser cuantificable la misma al inicio del proceso para la determinación del modo alguno de la caución de deberían de abonar precautoriamente los demandante para poder instar al proceso, por lo que la Sala de lo Constitucional concuerda con las posiciones plasmadas por el Ministerio Público y por la Corte de Apelaciones.-CONSIDERANDO (11): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, que Sobresee la acción de amparo por no encontrarse vulneración al derecho de defensa y al debido proceso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 1, 59, 63, 64, 80, 90, 303, 304, 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; artículos 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numerales 4) y 9); 48, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, que Sobresee la acción de amparo interpuesta por la abogada Sandra Yamileth Gonzales Rosales a favor del Estado de Honduras. Y MANDA: Que con certificación del presente Fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0290-2017
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr.. 228.
[2] Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 29.