Sentencia AA-268-17 — Registro 9843
Resumen
Acto recurrido,que contiene el Recurso de Amparo interpuesto a favor de la Comision Nacional de Bancos y Seguros, en la que se sobreseyó el recurso presentado contra el auto dictado por el a-quo, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, el A quo, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Sin embargo esta Sala no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a sobreseer las diligencias por considerar que la acción de amparo es un reexamen del fondo del asunto controvertido, puesto que la función de la Sala se ejerce desde el prisma constitucional de protección, garantía y libre ejercicio de los derechos fundamentales..." ..." Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, debe REFORMARSE: REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO PRONUNCIADO, en virtud que en el caso que nos ocupa, la resolución dictada por el A quo involucra los derechos fundamentales de las partes, lo que no son cuestiones de mera legalidad. No aprecia la sala ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la ley. Debe DENEGARSE la acción de amparo interpuesta, por no apreciar vulneración del derecho-garantía del Debido proceso invocado por el recurrente... "
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 13, Literal B (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÈ ALBERTO PRADAL MENDOZA, a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, en la que el citado Tribunal, sobreseyó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de octubre de dos mil doce, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la abogada EVELIN RUTH AGUILAR RODRIGUEZ quien actúa en causa propia contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Habiendo estimado el recurrente como violado el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que la abogada EVELIN RUTH AGUILAR RODRIGUEZ, actuando en su condición personal, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil once, promoviendo demanda para que se decrete la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia personal, contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. (Folios 01 al 21 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, compareció ante el A-quo la abogada KARLA VICTORIA BAEZ AGUIRRE, en su condición de apoderada legal de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, alegando y oponiendo Defensas Previas. 3) Que en fecha treinta de octubre del año dos mil doce, el Tribunal de primera instancia falla: PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. (Folios del 54 al 63 de la pieza de Defensa Previas). 4) Que el abogado JOSÈ ALBERTO PRADAL MENDOZA, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de octubre de dos mil doce, alegando el recurrente como violado el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSÈ ALBERTO PRADAL MENDOZA. (Folios del 44 al 46 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 6) Que en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto el abogado JOSÈ ALBERTO PRADAL MENDOZA. CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el señor JOSE ALBERTO PRADAL MENDOZA, en representación de la COMISION NACIONAL DE BANCAS Y SEGUROS, que SOBRESEYÓ el recurso presentado contra las actuaciones el Auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, de fecha treinta de octubre del año dos mil doce, mediante el cual desestima las defensa previas alegadas en la demanda promovida por la Abogada EVELYN RUTH AGUILAR RODRIGUEZ quien actúa en causa propia contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. CONSIDERANDO: (4) Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, NUMERAL SEXTO (6) en su parte conducente señala que resulta de la propia exposición del escrito inicial de la presente acción de amparo, así como del escrito de formalización de la acción, que de los hechos y alegatos que motivan la misma, se observa que constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, y como tales han sido ya resueltos por el Juzgado de Primera instancia a través de la resolución de defensas previas que se conoce hoy en amparo; los alegatos esgrimidos por el impetrante constituyen alegatos de mera legalidad , pues en su exposición hace alusión a cuestiones de hecho y de derecho que debió haber hecho y así lo hizo, ante el Juez de primera instancia, son una reproducción de alegatos de primera instancia, que si bien dichos puntos están vinculados intrínsecamente con la norma Constitucional deben juzgarse y decidirse por el Juez Natural competente sobre los extremos que se exponen; la resolución que dice le causa lesión al impetrante ha sido debidamente motivada, explicando en forma clara y razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y las demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el proceso de defensas previas”. Señala además que revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir los alegatos de la interposición de las defensas previas la procedencia o no de éstas, llevar a cabo un reexamen más de la resolución de defensas previas como así lo pretende el impetrante y se deriva de los alegatos de defensas previas que consta en autos, convierte la acción de amparo y al Juez Constitucional en un recurso ordinario más, en una instancia ordinaria más. Concluyendo que existe una causa de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 No. 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en consecuencia Sobreseyó la acción de mérito. CONSIDERANDO: (5) Que el amparo constitucional es una acción de carácter extraordinario, que solo procede cuando se quebrantan derechos reconocidos constitucionalmente, o previstos en los instrumentos internacionales Sobre Derechos Humanos, en ese orden de ideas la Ley Sobre Justicia Constitucional señala los requisitos para la admisibilidad del Recurso de amparo, así como también señala las causas de inadmisibilidad que se encuentran recogidas en el artículo 46 de la referida ley. Siendo que el recurrente ha venido en busca de justicia constitucional porque considera que no se ha seguido el Debido Proceso al momento de dictar resolución en el proceso de defensas previas conocido por el A quo, corresponde al Juez constitucional pronunciarse sobre si existe quebrantamiento o no del Derecho - garantía del Debido proceso, considerado este como el conjunto de exigencias, formalidades, requisitos y solemnidades que exige la ley y que deben seguirse al tenor de la ley. CONSIDERANDO:(6) Que el objetivo de la justicia constitucional, materializada a través de sus jueces, es la defensa del orden jurídico constitucional lo que implica y garantizar el ejercicio, reconocimiento y restablecimiento de los derechos fundamentales, en ese orden de ideas el Juez Constitucional no se pronuncia sobre el fondo del asunto que esta reservado exclusivamente para los órganos jurisdiccionales competentes. De acuerdo al Ad quem, la instrucción de la acción de amparo, en el caso en estudio daría lugar a un reexamen de la resolución del A quo, convirtiendo la acción en un recurso ordinario a la vez que otra instancia. Lo cierto es que la resolución del juez en el caso sub judice tiene efectos contra los derechos de las partes, ya que de la resolución del A quo, en cuanto a declarar con lugar o no las defensas previas, dará lugar a la admisibilidad o no de la demanda, lo que para las partes o para una de ellas, podría representar la vulneración de derechos fundamentales, es por ello que se invoca la acción de amparo, en ese orden de ideas, es conforme a la facultad del Juez Constitucional, examinar de manera detallada la resolución por la que se pide amparo, a fin de determinar o desvanecer el más leve indicio de que el A quo siguió o no el procedimiento previamente establecido en la ley para emitir su resolución, todo ello conlleva al análisis de el Debido Proceso, si éste se ha seguido o no en la resolución impugnada, si se han llenado los requisitos, exigencias, solemnidades establecidas en la ley para hacer prevalecer el derecho material. Es decir cuando los derechos fundamentales se encuentran comprometidos en la resolución impugnada, es preciso, dar respuesta desde el prisma de la justicia Constitucional a las pretensiones expuestas, lo contrario daría como resultado la falta de tutela judicial efectiva por mera arbitrariedad. CONSIDERANDO: (7) Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, el A quo, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Sin embargo esta Sala no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a sobreseer las diligencias por considerar que la acción de amparo es un reexamen del fondo del asunto controvertido, puesto que la función de la Sala se ejerce desde el prisma constitucional de protección, garantía y libre ejercicio de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO: (8) Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, debe REFORMARSE: REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO PRONUNCIADO, en virtud que en el caso que nos ocupa, la resolución dictada por el A quo involucra los derechos fundamentales de las partes, lo que no son cuestiones de mera legalidad. No aprecia la sala ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la ley. Debe DENEGARSE la acción de amparo interpuesta, por no apreciar vulneración del derecho-garantía del Debido proceso invocado por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 68 párrafo 2do., 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia dictada en fecha veintitrés de marzo del año dos mil diecisiete, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALBERTO PRADAL MENDOZA, a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. PRIMERO: REVOCA EL SOBRESEIMIENTO pronunciado por la referida Corte de Apelaciones. SEGUNDO: DENIEGA la acción de Amparo de la que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número 0268=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.