Sentencia AA-242-18 — Registro 9327
Resumen
Acto recurrido que resolvió una solicitud de prórroga de cinco días y dejando fuera de beneficio temporal transitorio de amnistía consistente en “Beneficio de Actualización Tributaria”, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil dieciocho. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES a favor de la sociedad mercantil denominada ZETA GAS HONDURAS S.A. DE C.V., contra la providencia administrativa emitida por el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), en fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, que resolvió una solicitud de prórroga de cinco días y dejando fuera de beneficio temporal transitorio de amnistía consistente en “Beneficio de Actualización Tributaria” de la sociedad mercantil denominada ZETA GAS HONDURAS S.A. DE C.V. (Exp.No. 321-17-11009-72). CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO: Que arguye la recurrente la existencia de violaciones a las garantías constitucionales del debido proceso, principio de legalidad de las actuaciones y la igualdad ante la ley, contenidas en los artículos 61, 90,95 y 321 de la Constitución de la República, violaciones que se alega fueron cometidas por parte del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), las cuales han resultado, según afirma la impetrante, de la resolución de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, producto de la denegatoria por parte de la autoridad antes referida de una solicitud de prórroga de cinco días y dejando fuera de beneficio temporal transitorio de amnistía consistente en “Beneficio de Actualización Tributaria” de la sociedad mercantil denominada ZETA GAS HONDURAS S.A. DE C.V. CONSIDERANDO: Que se desprende del acto reclamado en amparo, en cuanto a la solicitud de prórroga de Amnistía Tributaria presentada por el obligado ZETA GAS HONDURAS S.A. DE C.V., esta fue denegada en virtud de que si bien es cierto la recurrente fundamentó su petición en el artículo 14 numeral 11 del decreto 170-2016 contentivo del Código Tributario, también es cierto que esta únicamente logró acreditar dos de las circunstancias que deben de concurrir para poder acceder a la prórroga de plazos instada, quedando pendiente lo establecido en el inciso b) del referido artículo; el cual establece que una de las circunstancias es “Que se alegue causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y documentado.” Así como también en el mismo artículo numeral 11 se establece lo siguiente: “…Contra la providencia que concede o deniegue la prorroga no es admisible recurso alguno.” Sin embargo, el Obligado Tributario en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, presento recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar por improcedente en esa misma fecha. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte de la autoridad administrativa competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la autoridad administrativa, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad administrativa recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. CONSIDERANDO: Asimismo se desprende del escrito de interposición del presente recurso de amparo y de las copias fotostáticas y certificadas del expediente administrativo N° 321-17-11009-72 emitido por la autoridad recurrida en amparo, contentivo de la petición de beneficio de actualización tributaria de los periodos 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016; la cual fue denegada, se aprecia que fue notificada personalmente a la Abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES, por parte del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), el día DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). CONSIDERANDO: Que el artículo cuarenta y ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que la acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle. CONSIDERANDO: Que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo. No obstante, para que esta condición se cumpla, es necesario que dicho plazo haya empezado a correr. En este sentido se aprecia del informe emitido por la autoridad recurrida asi como también de los antecedentes remitidos a esta Sala, que el plazo de dos meses para promover la acción de amparo que hoy se intenta contra la indicada resolución, comenzó a correr al día siguiente en que éste se notificó de la resolución en la que se denegó la prorroga supra mencionada, solicitada por la compareciente. Así, dicha notificación se hizo el día VIERNES DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), por lo que el término de dos meses antes referido comenzó a correr al día siguiente hábil, o sea el día LUNES QUINCE (15) DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018), venciendo a la media noche del día JUEVES QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). CONSIDERANDO: Que al presentarse la acción de amparo el día LUNES DIECINUEVE (19) DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, como consta en el expediente de mérito, claramente se hizo de manera extemporánea. En este sentido, se aprecia que el acto reclamado en amparo ha sido interpuesto fuera del plazo de dos meses que establece la citada ley en su artículo 48. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el artículo cuarenta y seis, en su numeral 4) y ultimo párrafo, la presente acción de amparo es inadmisible por haberse interpuesto el recurso de mérito fuera del plazo establecido por el artículo cuarenta y ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ”dentro del tramite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad” en consecuencia procede sobreseer la demanda de amparo por la causal de inadmisibilidad indicada. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del0 Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 5, 38, 39 y 40 del Código Civil; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 124 numeral 4) del Código Procesal Civil; 4, 9, 41, 45, 46, 48, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, decreto 170-2016 contentivo del código tributario articulo 14 numeral 11; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada PAOLA MARICELA IRAHETA MORALES a favor de la sociedad mercantil denominada ZETA GAS HONDURAS S.A. DE C.V., contra la providencia administrativa emitida por el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), en fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, por estar comprendido dentro de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo cuarenta y seis numerales uno y cuatro de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; así como también al haberse interpuesto el recurso de mérito fuera del plazo establecido por el artículo cuarenta y ocho de la citada Ley, como se ha dejado expuesto en la motivación de la presente resolución. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número 0242=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.