Sentencia AA-236-16 — Registro 9298
Resumen
Resolución No. 002-2016 resolvió recurso de revisión contra actuaciones de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Autoridad recurrida ordenó hacer entrega a los recurrentes de la información solicitada a la Junta Nominadora en relación a los resultados de pruebas de confianza de candidatos a magistrados (as), salvaguardando la integridad de los datos personales confidenciales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se conoce en esta vía constitucional una resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, bajo el número 002-2016, dictada en fecha doce de enero de dos mil dieciséis, en la que se ordena hacer entrega a los recurrentes de la información solicitada a la Junta Nominadora, referente a los resultados de pruebas de confianza aplicadas a los candidatos a magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia, como ser la prueba de polígrafo, pruebas médicas, pruebas socio-económica y pruebas psicométricas, salvaguardando la integridad de los datos personales confidenciales, por lo que deberán realizar las correspondientes versiones públicas entre otras para salvaguardar la protección de los datos personales..."..."Ley de Organización de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia determina que la Junta Nominadora es un órgano colegiado y deliberante, dotado de absoluta independencia y autonomía en sus decisiones, las cuales estarán regidas por la Constitución de la República y la Ley; dicha junta en su desempeño deberá de observar los principios de publicidad, transparencia, riguroso apego a la Ley, solemnidad, ética, escogencia idónea, independencia y respecto a los principios democráticos; por lo que se puede concluir que la Junta es un órgano de derecho público compuesta de personas que deben de ser calificadas como servidores públicos por nuestra legislación..."..."la Sala de lo Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del Decreto No 254-2013, en la sentencia de fecha nueve (09) de diciembre de dos mil catorce, en el expediente del recurso de inconstitucionalidad SCO-0709-2014, en el que se manifestó que la operatividad de la aplicación de pruebas de confianza en relación al Poder Judicial era constitucional debido a que en ese momento era ordenada y resuelta por el extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y en este caso por la Junta Nominadora a las y los postulantes a candidatos a magistrados o magistradas a la Corte Suprema de Justicia..."..."ésta Sala en el deber de protección de los derechos constitucionales relativos a la intimidad personal que se alega en el amparo, sin que se vea mermada el acceso a la información pública, pero en el presente caso es notable que el Instituto de Acceso a la Información Pública ordena la publicación de datos relacionados con las denominadas pruebas de confianza, las que contienen datos personales de los profesionales del derecho que se postularon para ser candidatos y candidatas para ser magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la emisión de esos datos configuraría por parte del Estado de Honduras de una violación de derechos constitucionales, ya que en esas evaluaciones de obtienen datos sobre la salud física y mental, patrimonio personal o familiar, características físicas y emocionales, entre otros datos que la propia Ley de Acceso a la Información Pública da un tratamiento de protección..."..."por las razones antes mencionadas, debido a que el IAIP ordena la difusión pública de datos personales que son datos propios de las y los postulantes y no de la Junta Nominadora, por pertenecer a un ámbito protegido por la Constitución de la República, esta Sala es del criterio porque se otorgue el presente amparo.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que reconocida por nuestra Constitución los derechos relativos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, la Ley de Acceso a la Información Pública define como datos personales confidenciales los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen.- CONSIDERANDO (16): Que ésta Sala en el deber de protección de los derechos constitucionales relativos a la intimidad personal que se alega en el amparo, sin que se vea mermada el acceso a la información pública, pero en el presente caso es notable que el Instituto de Acceso a la Información Pública ordena la publicación de datos relacionados con las denominadas pruebas de confianza, las que contienen datos personales de los profesionales del derecho que se postularon para ser candidatos y candidatas para ser magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la emisión de esos datos configuraría por parte del Estado de Honduras de una violación de derechos constitucionales, ya que en esas evaluaciones de obtienen datos sobre la salud física y mental, patrimonio personal o familiar, características físicas y emocionales, entre otros datos que la propia Ley de Acceso a la Información Pública da un tratamiento de protección.- CONSIDERANDO (17): Que por las razones antes mencionadas, debido a que el IAIP ordena la difusión pública de datos personales que son datos propios de las y los postulantes y no de la Junta Nominadora, por pertenecer a un ámbito protegido por la Constitución de la República, esta Sala es del criterio porque se otorgue el presente amparo.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 72 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 73 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 74 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 75 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICAIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la abogada Aida Carolina Sierra Torres, a favor de los señores Ricardo Rodríguez, Octavio Rubén Sánchez Midence, Héctor Roberto Herrera Cáceres, Linda Lizzie Rivera Lobo, José Luís Valladares Guifarro, Rafael Antonio Canales Girbal, Santiago Ruiz Cabus, Mahoma Emin Barjum Mahomar, Jorge Alberto Herrera Flores, Carlos Alberto Izaguirre Bustillo, Alfredo Ponce, Benjamín Vásquez Gutiérrez, Jorge Machado Banegas y Adolfo Pineda Padilla, todos miembros de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; contra la Resolución N° 002-2016 de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), que resolvió un recurso de revisión interpuesto por Marcela Alejandra Ortega Carbajal y Ariel Fabricio Varela Moncada, contra actuaciones de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema De Justicia. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de sus representados los derechos estipulados en los artículos 68, 76, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante esta Sala la Abogada Aida Carolina Sierra Torres, interponiendo acción de amparo a favor de los señores Ricardo Rodríguez, Octavio Rubén Sánchez Midence, Héctor Roberto Herrera Cáceres, Linda Lizzie Rivera Lobo, José Luís Valladares Guifarro, Rafael Antonio Canales Girbal, Santiago Ruiz Cabus, Mahoma Emin Barjum Mahomar, Jorge Alberto Herrera Flores, Carlos Alberto Izaguirre Bustillo, Alfredo Ponce, Benjamín Vásquez Gutiérrez, Jorge Machado Banegas y Adolfo Pineda Padilla, contra la Resolución N° 002-2016 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Publica, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de revisión interpuesto por Marcela Alejandra Ortega Carbajal y Ariel Fabricio Varela Moncada, contra actuaciones de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.- 2) Que en fecha catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala libró comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de un (1) día hábil remita las diligencias del caso o emitiera un informe circunstanciado del mismo.- habiendo recibido en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciséis (2016), los antecedentes. (Folio No 35 de la pieza de amparo).- 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha doce (12) de enero del año dos mil dieciséis (2016), el Instituto de Acceso a la Información Publica dicto Resolución N° SO-002-2016, mediante la cual Resuelve: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por MARCELA ALEJANDRA ORTEGA CARBAJAL y ARIEL FABRICIO VARELA MONCADA, quien actúa en su condición personal contra la JUANTA NOMINADORA PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA… SEGUNDO: Se ordena JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, hacer entrega a los Recurrentes de la información solicitada… TERCERO: En virtud de constar en autos una presunta infracción a la LEY DE TRANSPARENCIA REACTIVA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, en lo que respecta a la TRANSPARENCIA REACTIVA, se apertura de oficio del correspondiente expediente sancionatorio de conformidad con el artículo 26 del reglamento de sanciones por infracciones a la ley de transparencia y acceso a la información pública… CUARTO: La presente resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los artículos 183 de la Constitución de la República Reglamento de Sanciones por infracciones a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública; 41, 44, 47 y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma quedara firme con los efectos pertinentes.- QUINTO: Extiéndase Certificación íntegra de esta resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de doscientos Lempiras exactos (L.200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8) de la Ley de Fortalecimientos de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización e Gasto Público y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA) y al COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH) para los efectos legales correspondientes…”. (Folios No 12 al 18 de la pieza de amparo).- 4) Que en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a fin de que emitiera su dictamen. (Folio No 49 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que SE DENIEGUE el recurso de amparo interpuesto. (Folio No 52 al 58 de la pieza de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, reglamento, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional una resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, bajo el número 002-2016, dictada en fecha doce de enero de dos mil dieciséis, en la que se ordena hacer entrega a los recurrentes de la información solicitada a la Junta Nominadora, referente a los resultados de pruebas de confianza aplicadas a los candidatos a magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia, como ser la prueba de polígrafo, pruebas médicas, pruebas socio-económica y pruebas psicométricas, salvaguardando la integridad de los datos personales confidenciales, por lo que deberán realizar las correspondientes versiones públicas entre otras para salvaguardar la protección de los datos personales.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, en la interposición del recurso de amparo manifiestan que el IAIP ha vulnerado derechos constitucionales de sus representados, quienes fungieron como miembros de la denominada Junta Nominadora y de quienes participaron como candidatos en el proceso preliminar de selección para ser postulados ante el Congreso Nacional de la República, siendo disminuidos los derechos concernientes al derecho de defensa, a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, el principio de legalidad en el sentido de que los servidores públicos no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y de que nadie debe ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional observa que la Constitución de la República contiene un amplio reconocimiento de los derechos referentes a la libertad de expresión, estableciendo los limites al poder público y a los agentes privados en los artículos 72, 73, 74 y 75, entre otros, de los que se puede derivar que esa libertad de circulación de ideas para que se desenvuelva con plenitud se desarrolla en otros derechos que aunque no estén en el texto constitucional, se integran al mismo en virtud de lo establecido en el artículo 63 constitucional, como ser el derecho de acceso a la información pública, el que se constitucionaliza a través del denominado bloque de constitucionalidad[1].- CONSIDERANDO (7): Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que también se integra en el bloque de constitucionalidad, reconoce el derecho que tiene toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, en el artículo 13, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole.- CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dijo que los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, el artículo 13 de la Convención ampara el derecho que tienen todas las personas a recibir cualquier información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que las personas puedan tener acceso a conocer esa información o reciban una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.[2] La Corte también reconoció que este derecho puede admitir restricciones, las que deben estar previamente fijadas por la ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público, dichas leyes deben de ser dictadas por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas,[3] como ser el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública[4].- CONSIDERANDO (9): Que el Congreso Nacional de la República decreto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene como finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la Información Pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.- CONSIDERANDO (10): Que el artículo tres (3) de la Ley de Transparencia realiza ciertas definiciones entre las que se encuentran cuales son las instituciones obligadas a dar acceso a la información pública, siendo a) el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (ODP) y en General todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por sí misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. Asimismo se define quienes son los servidores públicos: siendo cualquier funcionario o empleado del Estado o de cualquiera de sus entidades, en todos sus niveles jerárquicos, incluidos los que hayan sido seleccionados, nombrados, contratados o electos para desempeñar actividades o funciones que sean competencia del Estado, de sus entidades o al servicio de ésta, incluyendo aquellas personas que las desempeñen con carácter ad-honorem; en el mismo sentido la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción establece en su artículo dos (2) que se entiende por funcionario público a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; tambien se entederá como tal a toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno de ese Estado Parte.- CONSIDERANDO (11): Que la Constitución de la República determina que la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realizará por una Junta Nominadora (artículo 311), debiéndose crear una ley que regule la organización y funcionamiento de la misma. Ley de Organización de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia determina que la Junta Nominadora es un órgano colegiado y deliberante, dotado de absoluta independencia y autonomía en sus decisiones, las cuales estarán regidas por la Constitución de la República y la Ley; dicha junta en su desempeño deberá de observar los principios de publicidad, transparencia, riguroso apego a la Ley, solemnidad, ética, escogencia idónea, independencia y respecto a los principios democráticos; por lo que se puede concluir que la Junta es un órgano de derecho público compuesta de personas que deben de ser calificadas como servidores públicos por nuestra legislación.- CONSIDERANDO (12): Que el Congreso Nacional de la República bajo Decreto No 254-2013 creo la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, en la que determina en su artículo cinco (5) que las mismas se realizarán a todas y todos los aspirantes a ser magistradas o magistrados de la Corte Suprema de Justicia; asimismo en su artículo uno (1) establece que la mismas son de orden público, de interés y seguridad nacional.- CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del Decreto No 254-2013, en la sentencia de fecha nueve (09) de diciembre de dos mil catorce, en el expediente del recurso de inconstitucionalidad SCO-0709-2014, en el que se manifestó que la operatividad de la aplicación de pruebas de confianza en relación al Poder Judicial era constitucional debido a que en ese momento era ordenada y resuelta por el extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial y en este caso por la Junta Nominadora a las y los postulantes a candidatos a magistrados o magistradas a la Corte Suprema de Justicia.- CONSIDERANDO (14): Que han existidos distintos pronunciamientos entorno a las denominadas pruebas de confianza, señalando esta Sala de lo Constitucional referente a esas pruebas, en concreto con la denominada como el polígrafo, a lo que la Sala estableció, que las llamadas Pruebas de Confianza, se alinea con el objetivo que persigue el Estado de regular las relaciones de empleo y función pública de si mismo con sus servidores, fundamentadas en principios de idoneidad, eficiencia, honestidad y probidad. Por Disposición Constitucional, la administración de personal está sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos (Artículo 256 de la Constitución). La búsqueda de la honestidad y la probidad está regulada no sólo en la Constitución de la República, sino en la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de las cuales Honduras es signataria; y en alguna legislación secundaria como la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento, que le atribuyen a las entidades públicas y privadas Control Interno, definiéndolo como “un proceso permanente y continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión y administración de los bienes nacionales.”; en conjunción con la Transparencia, definida como: “Gestión clara, veraz y objetiva por medio de la ejecución y desarrollo de sistemas de control, fiscalización, probidad y ética, promoviendo la participación ciudadana.”.-[5] CONSIDERANDO (15): Que reconocida por nuestra Constitución los derechos relativos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, la Ley de Acceso a la Información Pública define como datos personales confidenciales los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen.- CONSIDERANDO (16): Que ésta Sala en el deber de protección de los derechos constitucionales relativos a la intimidad personal que se alega en el amparo, sin que se vea mermada el acceso a la información pública, pero en el presente caso es notable que el Instituto de Acceso a la Información Pública ordena la publicación de datos relacionados con las denominadas pruebas de confianza, las que contienen datos personales de los profesionales del derecho que se postularon para ser candidatos y candidatas para ser magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la emisión de esos datos configuraría por parte del Estado de Honduras de una violación de derechos constitucionales, ya que en esas evaluaciones de obtienen datos sobre la salud física y mental, patrimonio personal o familiar, características físicas y emocionales, entre otros datos que la propia Ley de Acceso a la Información Pública da un tratamiento de protección.- CONSIDERANDO (17): Que por las razones antes mencionadas, debido a que el IAIP ordena la difusión pública de datos personales que son datos propios de las y los postulantes y no de la Junta Nominadora, por pertenecer a un ámbito protegido por la Constitución de la República, esta Sala es del criterio porque se otorgue el presente amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 11, 13 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 76, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas.- FALLA: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por la abogada Aida Carolina Sierra Torres, contra la Resolución N° 002-2016 de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.- ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 236-2016.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver Sentencia del Amparo SCO-0406-2013.
[2] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párr. 77.
[3] Ídem, párr. 89.
[4] Ibídem, párr. 90.
[5] Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, en la Sentencia recaída en el Amparo Administrativo SCO-0236-2014, en el considerando 22.