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Sentencia AA-231-15 — Registro 9326

Resumen

Actuaciones de recurrente respecto a pruebas de confianza como polígrafo aplicadas a jueces, juezas, empleados y funcionarios judiciales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de acuerdo al estudio de los antecedentes y de la resolución impugnada, resulta evidente que los hechos por los que se presenta la acción de Amparo han sido consumados de modo irreparable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 No. 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Entendiendo por actos consumados de modo irreparable aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Por otra parte protegiendo los derechos fundamentales de las personas cabría examinar si de acuerdo a la resolución dictada en aquel momento podría repetirse el acto contra el cual se reclama y entonces la justicia constitucional debía pronunciarse al respecto, sin embargo en el caso que nos ocupa además de ser considerado actos consumados de modo irreparable, a la fecha, la ley del Consejo de la Judicaturas y de la carrera judicial ya fue derogada, en consecuencia de acuerdo al último párrafo del citado artículo 46, procede el sobreseimiento de las diligencias..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARIO ROLANDO DIAZ FLORES, quien actúa en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIAo, contra actuaciones del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, relacionadas según el recurrente a la aplicación de las denominadas “Pruebas de Confianza”, y por consiguiente del polígrafo a Jueces, Juezas, Empleados y Funcionarios Judiciales. Manifiesta el recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales como ser el derecho a la Independencia Judicial y el principio de separación de poderes, todos consagrados en los artículos 4, 304 y 307 de la Constitución de la República. Y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve de marzo de dos mil quince, compareció ante esta Sala, el Abogado MARIO ROLANDO DIAZ FLORES, quien actúa en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA, contra actuaciones del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, mediante la cual se aplica las denominadas “Pruebas de Confianza”, y por consiguiente del polígrafo a los Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, por personal de las Fuerzas Armadas, o por personal vinculado a otro poder del Estado, por Constituir una violación al derecho a la independencia judicial y al principio de separación de poderes, todos consagrados en los artículos 4, 303 y 307 de la Constitución de la República. 2) En fecha trece (13) de Abril del año dos mil quince (2015), se recibió en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el informe remitido por parte de la Secretaria General Adjunta del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial Abogada Eleonora Chang Burgos, del cual se desprende: Tal y como puede observarse, las pruebas de confianza a servidores judiciales no se están realizando en instalaciones militares, por otra parte, hasta la fecha, las evaluaciones psicometrías y poligráfica han sido realizadas con el apoyo de personal de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado, en consonancia con lo establecido en el artículo 80 párrafo 2º de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, para cumplimiento al Decreto Legislativo Nº 254-2013, contentivo de la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza. 3) Que en fecha ocho de junio de dos mil quince, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folios 40 de la pieza de amparo). 4) Que en fecha dos de julio de dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO PROCEDE LA GARANTÍA DE AMPARO interpuesto. Por no vislumbrase violaciones alas garantías Constitucionales señaladas por el amparista (Folio 43 al 48 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional las decisiones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en relación a las pruebas de confianza, entre ellas las del polígrafo a Jueces, Juezas, Empleados y Funcionarios Judiciales en instalaciones Militares y por Personal del Poder Ejecutivo u otro poder del Estado, habiendo quedado establecido que será personal de las Fuerzas Armadas las que tendrán a su cargo la aplicación de estas pruebas que iniciarían el 9 de marzo del año 2015. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso de amparo, expone los hechos que motivan el recurso así como la intervención de otro órgano de Estado, que abre la posibilidad de intervención sobre los jueces de manera incontrolable, fuente de peligrosa inseguridad jurídica y de posible injerencia en la intimidad de los afectados de mas que dudosa constitucionalidad, lo que resulta en una franca violación a la independencia judicial y un retroceso a la garantía de separación de poderes. Señala, además, que en cuanto a la prueba del polígrafo en el momento de interponer la acción ya había sido aplicada a más de doscientas personas. Considera que se han quebrantado los siguientes derechos fundamentales: Derecho a la independencia judicial contenido en los artículos 304 y 307 constitucionales en relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Principio de separación de poderes consagrado en el artículo 4 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que de acuerdo al estudio de los antecedentes y de la resolución impugnada, resulta evidente que los hechos por los que se presenta la acción de Amparo han sido consumados de modo irreparable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 No. 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Entendiendo por actos consumados de modo irreparable aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Por otra parte protegiendo los derechos fundamentales de las personas cabría examinar si de acuerdo a la resolución dictada en aquel momento podría repetirse el acto contra el cual se reclama y entonces la justicia constitucional debía pronunciarse al respecto, sin embargo en el caso que nos ocupa además de ser considerado actos consumados de modo irreparable, a la fecha, la ley del Consejo de la Judicaturas y de la carrera judicial ya fue derogada, en consecuencia de acuerdo al último párrafo del citado artículo 46, procede el sobreseimiento de las diligencias. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 15, 16, 59, 62, 82, 90,183, 303, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 42, 46 numeral 4, 48, 49, 50, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018), certificación de la sentencia de fecha veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal con el número 0231=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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