Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-208-17 — Registro 8242

Resumen

Resolución No. SO-160-2016 declaró con lugar recurso de revisión a favor de solicitante contra recurrente en virtud de negar la información solicitada, se ordenó entregarla procediéndose a abrir expediente sancionatorio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala de lo Constitucional estima que efectivamente la compareciente estaba legitimada para presentar la revisión, por las razones aducidas, habida cuenta de que la presentación de la revisión fue el tres de septiembre de ese año; y la fecha máxima para entregar la información solicitada era el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis..."..."Confrontando el procedimiento antes descrito, con lo ocurrido en el presente caso, se constata que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su condición de institución obligada fue debidamente requerida por medio de su titular, la entonces rectora, específicamente para dos propósitos: 1. Remitir al IAIP los antecedentes relacionados con el recurso. 2. Hacer entrega a la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo la información que había solicitado. Constatando de esta manera la Sala de lo Constitucional, que en realidad tal como ha establecido en su formalización el garantista, la institución obligada no tuvo oportunidad de ser oída en defensa, tal como lo ordena el artículo 94 constitucional. El IAIP debió en todo caso, propiciar de conformidad al procedimiento, la oportunidad para que la UNAH, diera razón para justificar la falta de entrega de la información solicitada. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo, a efecto de que el IAIP retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando a que la UNAH como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS o UNAH; en contra del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA o IAIP, por haber proferido éste último, la resolución de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, con la que se declara CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto por la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO a favor de SI MISMA y en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. Estima el amparista que con el acto reclamado se han violentado los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 94 la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha tres de septiembre del año dos mil dieciséis la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO, compareció ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, interponiendo recurso de revisión sobre una solicitud de información mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras, mejor conocido como SIELHO, ante la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.- 2. En fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO en su condición personal contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en virtud de que esta institución del Estado NEGÓ la información solicitada por la recurrente. SEGUNDO: Ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su titular doctora JULIETA CASTELLANOS, a que haga entrega inmediata a la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO de la información referente: “1. Lista de sanciones (nombre y cargo) dentro de la institución por incumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información pública y tipo de sanción recibida. 2. Nombres de los oficiales de información pública (OIP) dentro de la institución desde 2007 a la fecha; así mismo fecha en la que cada uno inició como OIP y fecha en la que dejó de llevar a cabo esta función” TERCERO: Proceder a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de la entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), conforme AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA contenido en el acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014 CUARTO: La presente resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los artículos 183 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y 53 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes QUINTO: extiéndase certificación integra de esta resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de doscientos lempiras exactos (l.200.00) conforme al artículo 49, inciso 8) de la Ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público y remítase copia de las mismas al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA).”- 3. En fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, compareció ante la secretaria de la Sala de lo Constitucional el abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA, interponiendo acción de amparo a favor de LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en contra de la resolución NºSO-160-2016 de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, mediante la cual declara CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto por la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO en su condición personal, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, y en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en relación con la denuncia por supuesta negativa de acceso a la información pública. El censor estima que la resolución impugnada violenta los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- 4. En fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al fiscal del despacho a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 18 de la pieza de amparo)- 5. En fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de fiscal del despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto. (Folio 27 de la pieza de amparo).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos del garantista denunciando violación del artículo 37 de la Constitución de la República. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fueron violentados los artículos 82 y 90 de la Constitución, que contienen por su orden los derechos de defensa y debido proceso legal. En la exposición de hechos, el impetrante manifiesta lo siguiente: Relata que la abogada Marlen Denise Zelaya Perdomo solicitó en fecha quince de agosto de dos mil dieciséis una información mediante la plataforma denominada SIELHO denunciando que la UNAH no había proporcionado esa información dentro del plazo legal. Luego indica que la UNAH entregó la información solicitada en forma completa; sin embargo, en el IAIP ya había sido abierto el expediente contra la UNAH. Señala el censor que el IAIP nunca notificó a la UNAH para que pudiera ser oída y exponer en su defensa, antes de ser condenada. De manera que a juicio del censor la UNAH fue condenada sin ser oída en forma previa, de hecho, ni siquiera tuvo conocimiento de que se encontraba denunciada ante el IAIP. Es por ello que la UNAH no interpuso los recursos que el Derecho Administrativo permite para impugnar. En todo caso la UNAH no fue parte del proceso seguido en el IAIP. Dicho todo lo anterior, el censor manifiesta que hubo violación del artículo 94 constitucional, que contiene el derecho a ser oído en el proceso. Con relación al derecho de defensa contenido en el artículo 82 señala que como consecuencia de lo anterior, su representada no tuvo oportunidad de personarse ante el IAIP y por ello se dictó una resolución en contra de la UNAH. Asimismo, estimo violentado el derecho al debido proceso legal por no haberse respetado lo que la doctrina suele llamar principio de bilateralidad de la audiencia o principio de contradicción.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. La fiscal Yulibeth Garay Hernández en su dictamen concluyó que SE OTORGUE la presente garantía de amparo al estimar que se han vulnerado los derechos constitucionales invocados. Al desarrollar su opinión, primero cita lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, que literalmente dispone: “Para ese efecto, cada institución designará un oficial de información pública responsable de dicho subsistema y suministre la información solicitada siempre y cuando no esté declarada como reservada de conformidad con el artículo 17 de la presente ley.” Seguidamente señala que de los autos, se desprende lo siguiente: “Que en fecha 27 de septiembre de 2016 fue requerida la institución obligada [UNAH], a efecto de que remitiera los antecedentes relacionados con el presente recurso de revisión e hiciera entrega de la información solicitada a la recurrente, observándose que mediante oficios números CCG-1014-2016 y CCG-817-2016 por parte de la Comisión de gestión de la (UNAH) remiten lo referente al presente caso y además mencionan algunos inconvenientes técnicos que según se lee les impidió tener acceso a las solicitudes generadas a través del Sistema de Información Electrónica de Honduras Pública (SIELHO).” Finalmente concluye: “De lo antes previsto, se aprecia que la institución obligada fue efectivamente requerida para la entrega de la información, lo cual hizo dentro del plazo previsto por el IAIP en el acta de requerimiento, es decir dentro de este proceso del recurso de revisión, señalando además en los oficios indicados fallas técnicas que obstaculizaron las solicitudes generadas a través de la plataforma (SIELHO), lo cual fue informado al IAIP oportunamente desprendiéndose además de los antecedentes citados que se hicieron las gestiones pertinentes por parte del Instituto para que la recurrente manifestara si estaba conforme o no con la información proporcionada por la autoridad recurrida en este caso la UNAH, lo cual según se advierte en autos no sucedió, apreciándose de lo anterior que no ha existido negativa por parte de la autoridad de brindar la información solicitada.”- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos del Instituto de acceso a la información pública que fundamentaron la resolución No.SO-160-2016 de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. Los plenos de comisionados del Instituto de acceso a la información pública declararon con lugar el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en virtud de que esta entidad del Estado negó la información solicitada por la recurrente, por lo que ordena a la universidad la entrega inmediata de la información que había solicitado. Asimismo, ordena que se proceda a la apertura del expediente sancionatorio para proceder en contra del servidor o servidores responsables de la falta de entrega de la información en tiempo y forma. Señalando además que dicha resolución pone fin al procedimiento administrativo y que se remita copia de la resolución al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Los principales argumentos para resolver de dicha forma, se exponen a continuación de manera resumida. Expresa el IAIP que se pudo constatar en el presente caso que la UNAH no dio repuesta a la solicitud de información realizada por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Asimismo consta que el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Comisionado Damián Gilberto Pineda Reyes recibió el oficio CCG-1014-2016 remitido por la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión de la UNAH, en donde expresa que la Oficina de acceso a la información pública universitaria no tuvo conocimiento del ingreso en la bandeja de entrada del correo designado transparencia@unah.edu.hn para tales efectos que es redireccionado automáticamente por la plataforma SIELHO. También informa que ante tal situación se identificó en ese momento que había un problema con las solicitudes generadas a través de la plataforma, en vista de que el resto de solicitudes de información dirigidos a transparencia@unah.edu.hn no presentaba problema alguno. Sin embargo, en el mismo oficio la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión de la UNAH, manifiesta que se procedió a comunicar esta circunstancia al IAIP específicamente al ingeniero Aviazas Pavón para que se verificara si había alguna falla o error en el sistema. Manifiesta que la respuesta del ingeniero Aviazas Pavón gerente de Infotecnología del IAIP fue que confirmó la existencia de las solicitudes de información antes mencionadas concluyendo además que no existía inconveniente en la plataforma del IAIP para generarlas. Asimismo, el IAIP manifiesta en su resolución que entre las normas sobre el uso del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) se encuentran las siguientes: 1. El sistema en forma de ayuda generará un correo electrónico para avisar que existe una nueva solicitud; pero es responsabilidad del OIP revisar periódicamente el sistema para verificar las solicitudes nuevas pendientes de repuesta y vencidas en plazo si fuera el caso. 2. Todas las solicitudes de información que se presenten ya sea de forma presencial, correo electrónico o llamadas telefónicas deben ser registradas en el sistema por el OIP. 3. SIELHO no remplaza las acciones que se relacionen en forma física, el sistema es un gestor de flujos de trabajo; es por esta razón que la comunicación y envío de respuestas de información deben realizarse de forma directa con el solicitante mediante la forma de entrega que se especifica. Asimismo, cita el artículo 5 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública que dice: “SOPORTE HUMANO Y TÉCNICO. Para el cumplimiento de su deber de transparencia, las instituciones obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la información, la prestación de un servicio de consulta y el acceso por los ciudadanos, así como su publicación cuando sea procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles. Para ese efecto, cada institución designará un oficial de información pública responsable de dicho subsistema y suministre la información solicitada siempre y cuando no esté declarada como reservada de conformidad con el artículo 17 de la presente ley. Cada institución creará una partida presupuestaria suficiente para asegurar su funcionamiento.”- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos de defensa, debido proceso legal y derecho a no ser sancionado sin ser previamente oído en el proceso. La Sala al verificar los hechos que se relacionan con la presente garantía, ha constatado los siguientes: 1. Consta en autos que en fecha tres de septiembre de dos mil dieciséis, la ciudadana Marlen Denisse Zelaya Perdomo interpuso el recurso de revisión, con número REC-UNAH-5-0-2016, en la que se establece como institución obligada a la UNAH. 2. Consta que el recurso de revisión se interpuso en virtud de que el plazo legal, para entregar la información solicitada había vencido, sin notificación a la peticionaria de haberse ampliado. La fecha en la que se presentó la solicitud de información fue el quince de agosto de dos mil dieciséis; y la fecha última para la entrega era el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. 3. Consta en autos que en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis fue admitida a trámite la revisión por denegatoria de información antes mencionada, en la cual se ordena requerir a la licenciada Julieta Castellanos en su condición de rectora de la UNAH para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del recibo del requerimiento, remita al IAIP por medio del oficial de información o quien haga sus veces, los antecedentes relacionados con el presente recurso y asimismo hagan entrega de la información solicitada a la recurrente, bajo el apercibimiento de que si no lo hicieren se le impondrán las sanciones establecidas en el artículo 28 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. 4. Consta en autos que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis la rectora Julieta Castellanos fue requerida de conformidad con el auto de admisión del recurso de revisión. 5. Consta que el mismo día del requerimiento a la rectora, o sea el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión de la UNAH, le envía al abogado general de la UNAH, José Ramón Martínez Rosa el oficio CCG-1014-2016 señalándole que en respuesta al oficio D.L1239 recibido en el 26 de septiembre de dos mil dieciséis tiene a bien informarle que no tuvo conocimiento del ingreso de la solicitud de información presentada en fecha quince de agosto por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo, la cual ingreso en la bandeja de entrada del correo designado transparencia@unah.edu.hn para tales efectos, sino hasta que la ciudadana Elsa Flores la envía al correo institucional de la abogada Varela. Agrega que no se encontró dicha solicitud en la bandeja de correos no deseados, por lo que se procedió a dar el trámite administrativo hasta ese día. Explica además que como ha sido costumbre, el día lunes veintidós de agosto, se revisó al inicio de la jornada laboral la bandeja de entrada de los correos electrónicos de transparencia e institucional. Así se verificó que en la bandeja de entrada de la abogada Varela, se encontraba el correo del ciudadano Héctor Valenzuela, el cual consultaba sobre el estado de su solicitud de información realizada días atrás por medio del SIELHO. Lo que hizo pensar que había un problema con la plataforma que genera las solicitudes, en vista de que el resto de solicitudes de información dirigidos a transparencia@unah.edu.hn no presentaba problemas, procediéndose a comunicar esta circunstancia al IAIP, específicamente al ingeniero Aviazas Pavón, gerente de Infotecnología del IAIP para que se verificara la existencia de un fallo o error en el sistema. Dicho ingeniero respondió que no existía inconveniente en la plataforma del IAIP para generar las solicitudes. Finalmente informa que el seis de septiembre con colaboración del personal de la Dirección ejecutiva de Gestión y Tecnología (DEGT) se logró acceder a los mensajes que no habían ingresado en la bandeja de entrada del correo designado, identificando la solicitud que dio origen al recurso de revisión de mérito. 6. Consta que con fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis el despacho del Comisionado , abogado Damián Gilberto Pineda reyes recibió el oficio número CCG-1014-2016 remitido por la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión, UNA, en el que expresa que la Oficina de acceso a la información pública universitaria, no tuvo conocimiento en la bandeja de entrada del correo designado para tales efectos, transparencia@unah.edu.hn, que es redireccionado automáticamente por la plataforma SIELHO. También informa que ante tal situación se identifico en ese momento que había un problema con las solicitudes generadas a través de esa plataforma, en vista de que el resto de solicitudes de información dirigidos a transparencia@unah.edu.hn no presentaba problema alguno. Sin embargo, en el mismo oficio, la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión, UNAH, manifiesta que se procedió a comunicar esta circunstancia al IAIP específicamente al ingeniero Aviazas Pavón para que se verificara alguna falla o error en el sistema. En respuesta el ingeniero Aviazas Pavón, gerente de Infotecnología del IAIP confirmó la existencia de las solicitudes de información antes mencionadas concluyendo además de no existir inconveniente en la plataforma del IAIP para generarlas. 7. Consta en el folio veintiuno del expediente que la solicitud de información presentada por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo en fecha quince de agosto de dos mil dieciséis fue ingresada por el sistema SIELHO sin ningún inconveniente. 8. Consta que en fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis el asistente de la secretaría general del IAIP, William Ernesto Hernández envía correo electrónico a la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo para hacer de su conocimiento que puede personarse a la secretaría del IAIP. Le informa que en fecha veintisiete de septiembre la UNAH le remitió a dicha secretaría, mediante oficio número CCG-1014-2016, la información que había solicitado. Asimismo, consta que el asistente de la secretaría general del IAIP informa que para el siete de noviembre de dos mil quince la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo no se había manifestado conforme a la información que fuera remitida a dicha secretaría por la UNAH. 9. Consta que en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, la secretaria general del IAIP ordena la remisión de las diligencias al Comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero para que proceda de conformidad con el número 1 del artículo 55 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. 10. Consta el dictamen No.USL-138-2016 emitido en fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis por la unidad de servicios legales del Instituto de acceso a la información pública en la cual se dictamina que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión en contra de la UNAH en virtud de que la información no fue entregada dentro del plazo legal dispuesto en el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, manifiesta que previo a la emisión de la de la resolución del pleno de comisionados se proceda a notificar por los medios pertinentes y necesarios a la abogada Marlene Denise Zelaya Perdomo para que manifieste si está conforme con la información enviada por la UNAH y recibida por el IAIP. Finalmente, manifiesta que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de proceder en contra de los servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada. 11. Consta que en fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis el IAIP dictó resolución, en la cual se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la abogada Marlen Denise Zelaya Perdomo en contra de la UNAH. En consecuencia, ordena a la UNAH a través de su titular, la rectora Julieta Castellanos a que haga entrega inmediata a la peticionaria de la información que solicitó; asimismo ordena que se proceda a la apertura del expediente sancionatorio con el fin de sancionar a los servidores responsables de la falta de entrega de la información solicitada. Se manifiesta que con dicha resolución se tiene por finalizado el procedimiento administrativo y que de interponerse oportunamente la garantía de amparo, tal como lo demanda el artículo de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y 53 del Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Teniendo en cuenta los hechos y actos constatados utes supra, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar la garantía constitucional de amparo de conformidad a los argumentos que a continuación se exponen. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifestó que a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le fueron violentados los derechos de defensa y debido proceso legal, que se encuentran contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución respectivamente. En resumen, manifiesta que el derecho de debido proceso legal le fue violentado porque no se le permitió ejercitar de conformidad al principio de contradicción, el derecho de defensa, el cual le fue vedado al no habérsele permitido ser oído durante el proceso antes de ser condenado. De hecho, asegura que la UNAH ni siquiera tuvo conocimiento de que se encontraba denunciada ante el IAIP, razón igual con la que explica el porqué la UNAH no interpuso los recursos que el Derecho Administrativo permite. Otra idea que introduce es que la UNAH no fue parte del proceso incoado ante el IAIP. En el caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional observa que la revisión incoada por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo ante el IAIP, se fundamentó en uno de los supuestos previstos por el artículo 26 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública; alegando la compareciente que la UNAH no había entregado la información que solicitó dentro del término de diez días que establece el artículo 21 de la citada ley, ni tampoco había recibido notificación de haberse declarado prórroga. La Sala de lo Constitucional estima que efectivamente la compareciente estaba legitimada para presentar la revisión, por las razones aducidas, habida cuenta de que la presentación de la revisión fue el tres de septiembre de ese año; y la fecha máxima para entregar la información solicitada era el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Ahora bien, la ley en mención nada dice sobre el procedimiento de la revisión, de manera que habrá que remitirse directamente a lo establecido en el capítulo VI del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.[4] La substanciación del procedimiento se encuentra en el artículo 55 del reglamento, el cual establece que una vez admitido el recurso de revisión, se turnará éste a uno de los comisionados para que sea ponente. Dicho comisionado tendrá la obligación de elaborar y presentar un proyecto de resolución al pleno, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibir el asunto. Asimismo, dicho comisionado determinará la realización de las investigaciones, dictámenes y diligencias que crea necesarias. El pleno una vez recibido el proyecto de resolución podrá determinar la celebración de audiencias con las partes; asimismo se podrá requerir a la institución obligada con el propósito de “lograr un mejor estudio del recurso”; interrumpiéndose en estos casos el transcurso del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 26 de la ley y 51 del reglamento. Según establece el artículo 56 del reglamento la resolución del recurso de revisión será para revocar o modificar la resolución de la institución obligada; denegar u otorgar el recurso; confirmar la decisión de la institución obligada. Si de la substanciación del procedimiento el IAIP determinare que algún servidor público o particular pudo haber incurrido en responsabilidad deberá hacerlo del conocimiento del titular de la institución obligada para que ésta inicie el procedimiento de responsabilidad que corresponda. Confrontando el procedimiento antes descrito, con lo ocurrido en el presente caso, se constata que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su condición de institución obligada fue debidamente requerida por medio de su titular, la entonces rectora, específicamente para dos propósitos: 1. Remitir al IAIP los antecedentes relacionados con el recurso. 2. Hacer entrega a la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo la información que había solicitado. Constatando de esta manera la Sala de lo Constitucional, que en realidad tal como ha establecido en su formalización el garantista, la institución obligada no tuvo oportunidad de ser oída en defensa, tal como lo ordena el artículo 94 constitucional. El IAIP debió en todo caso, propiciar de conformidad al procedimiento, la oportunidad para que la UNAH, diera razón para justificar la falta de entrega de la información solicitada. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo, a efecto de que el IAIP retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando a que la UNAH como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el señor JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA y formalizada por el abogado RAÚL AMILCAR RIVERA MONTOYA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS en contra del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) por haber proferido ésta última, la resolución de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, con la que se declara CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto por la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO a favor de SI MISMA y en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. En consecuencia: 1. SE ORDENA: que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando que la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan. 2. MANDA: Que una firme el presente fallo, se certifique éste y se devuelvan los antecedentes a su procedencia; asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0208-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS o UNAH; en contra del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA o IAIP, por haber proferido éste último, la resolución de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, con la que se declara CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto por la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO a favor de SI MISMA y en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. Estima el amparista que con el acto reclamado se han violentado los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 94 la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha tres de septiembre del año dos mil dieciséis la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO, compareció ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, interponiendo recurso de revisión sobre una solicitud de información mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras, mejor conocido como SIELHO, ante la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.- 2. En fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO en su condición personal contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en virtud de que esta institución del Estado NEGÓ la información solicitada por la recurrente. SEGUNDO: Ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su titular doctora JULIETA CASTELLANOS, a que haga entrega inmediata a la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO de la información referente: “1. Lista de sanciones (nombre y cargo) dentro de la institución por incumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información pública y tipo de sanción recibida. 2. Nombres de los oficiales de información pública (OIP) dentro de la institución desde 2007 a la fecha; así mismo fecha en la que cada uno inició como OIP y fecha en la que dejó de llevar a cabo esta función” TERCERO: Proceder a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de la entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), conforme AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIÓN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA contenido en el acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014 CUARTO: La presente resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los artículos 183 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y 53 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes QUINTO: extiéndase certificación integra de esta resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de doscientos lempiras exactos (l.200.00) conforme al artículo 49, inciso 8) de la Ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público y remítase copia de las mismas al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA).”- 3. En fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, compareció ante la secretaria de la Sala de lo Constitucional el abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA, interponiendo acción de amparo a favor de LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en contra de la resolución NºSO-160-2016 de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, mediante la cual declara CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto por la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO en su condición personal, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, y en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en relación con la denuncia por supuesta negativa de acceso a la información pública. El censor estima que la resolución impugnada violenta los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- 4. En fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al fiscal del despacho a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 18 de la pieza de amparo)- 5. En fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de fiscal del despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto. (Folio 27 de la pieza de amparo).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[5], en relación con el artículo 25 de la misma convención[6] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[7].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos del garantista denunciando violación del artículo 37 de la Constitución de la República. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fueron violentados los artículos 82 y 90 de la Constitución, que contienen por su orden los derechos de defensa y debido proceso legal. En la exposición de hechos, el impetrante manifiesta lo siguiente: Relata que la abogada Marlen Denise Zelaya Perdomo solicitó en fecha quince de agosto de dos mil dieciséis una información mediante la plataforma denominada SIELHO denunciando que la UNAH no había proporcionado esa información dentro del plazo legal. Luego indica que la UNAH entregó la información solicitada en forma completa; sin embargo, en el IAIP ya había sido abierto el expediente contra la UNAH. Señala el censor que el IAIP nunca notificó a la UNAH para que pudiera ser oída y exponer en su defensa, antes de ser condenada. De manera que a juicio del censor la UNAH fue condenada sin ser oída en forma previa, de hecho, ni siquiera tuvo conocimiento de que se encontraba denunciada ante el IAIP. Es por ello que la UNAH no interpuso los recursos que el Derecho Administrativo permite para impugnar. En todo caso la UNAH no fue parte del proceso seguido en el IAIP. Dicho todo lo anterior, el censor manifiesta que hubo violación del artículo 94 constitucional, que contiene el derecho a ser oído en el proceso. Con relación al derecho de defensa contenido en el artículo 82 señala que como consecuencia de lo anterior, su representada no tuvo oportunidad de personarse ante el IAIP y por ello se dictó una resolución en contra de la UNAH. Asimismo, estimo violentado el derecho al debido proceso legal por no haberse respetado lo que la doctrina suele llamar principio de bilateralidad de la audiencia o principio de contradicción.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. La fiscal Yulibeth Garay Hernández en su dictamen concluyó que SE OTORGUE la presente garantía de amparo al estimar que se han vulnerado los derechos constitucionales invocados. Al desarrollar su opinión, primero cita lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, que literalmente dispone: “Para ese efecto, cada institución designará un oficial de información pública responsable de dicho subsistema y suministre la información solicitada siempre y cuando no esté declarada como reservada de conformidad con el artículo 17 de la presente ley.” Seguidamente señala que de los autos, se desprende lo siguiente: “Que en fecha 27 de septiembre de 2016 fue requerida la institución obligada [UNAH], a efecto de que remitiera los antecedentes relacionados con el presente recurso de revisión e hiciera entrega de la información solicitada a la recurrente, observándose que mediante oficios números CCG-1014-2016 y CCG-817-2016 por parte de la Comisión de gestión de la (UNAH) remiten lo referente al presente caso y además mencionan algunos inconvenientes técnicos que según se lee les impidió tener acceso a las solicitudes generadas a través del Sistema de Información Electrónica de Honduras Pública (SIELHO).” Finalmente concluye: “De lo antes previsto, se aprecia que la institución obligada fue efectivamente requerida para la entrega de la información, lo cual hizo dentro del plazo previsto por el IAIP en el acta de requerimiento, es decir dentro de este proceso del recurso de revisión, señalando además en los oficios indicados fallas técnicas que obstaculizaron las solicitudes generadas a través de la plataforma (SIELHO), lo cual fue informado al IAIP oportunamente desprendiéndose además de los antecedentes citados que se hicieron las gestiones pertinentes por parte del Instituto para que la recurrente manifestara si estaba conforme o no con la información proporcionada por la autoridad recurrida en este caso la UNAH, lo cual según se advierte en autos no sucedió, apreciándose de lo anterior que no ha existido negativa por parte de la autoridad de brindar la información solicitada.”- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos del Instituto de acceso a la información pública que fundamentaron la resolución No.SO-160-2016 de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. Los plenos de comisionados del Instituto de acceso a la información pública declararon con lugar el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en virtud de que esta entidad del Estado negó la información solicitada por la recurrente, por lo que ordena a la universidad la entrega inmediata de la información que había solicitado. Asimismo, ordena que se proceda a la apertura del expediente sancionatorio para proceder en contra del servidor o servidores responsables de la falta de entrega de la información en tiempo y forma. Señalando además que dicha resolución pone fin al procedimiento administrativo y que se remita copia de la resolución al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Los principales argumentos para resolver de dicha forma, se exponen a continuación de manera resumida. Expresa el IAIP que se pudo constatar en el presente caso que la UNAH no dio repuesta a la solicitud de información realizada por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Asimismo consta que el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Comisionado Damián Gilberto Pineda Reyes recibió el oficio CCG-1014-2016 remitido por la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión de la UNAH, en donde expresa que la Oficina de acceso a la información pública universitaria no tuvo conocimiento del ingreso en la bandeja de entrada del correo designado transparencia@unah.edu.hn para tales efectos que es redireccionado automáticamente por la plataforma SIELHO. También informa que ante tal situación se identificó en ese momento que había un problema con las solicitudes generadas a través de la plataforma, en vista de que el resto de solicitudes de información dirigidos a transparencia@unah.edu.hn no presentaba problema alguno. Sin embargo, en el mismo oficio la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión de la UNAH, manifiesta que se procedió a comunicar esta circunstancia al IAIP específicamente al ingeniero Aviazas Pavón para que se verificara si había alguna falla o error en el sistema. Manifiesta que la respuesta del ingeniero Aviazas Pavón gerente de Infotecnología del IAIP fue que confirmó la existencia de las solicitudes de información antes mencionadas concluyendo además que no existía inconveniente en la plataforma del IAIP para generarlas. Asimismo, el IAIP manifiesta en su resolución que entre las normas sobre el uso del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) se encuentran las siguientes: 1. El sistema en forma de ayuda generará un correo electrónico para avisar que existe una nueva solicitud; pero es responsabilidad del OIP revisar periódicamente el sistema para verificar las solicitudes nuevas pendientes de repuesta y vencidas en plazo si fuera el caso. 2. Todas las solicitudes de información que se presenten ya sea de forma presencial, correo electrónico o llamadas telefónicas deben ser registradas en el sistema por el OIP. 3. SIELHO no remplaza las acciones que se relacionen en forma física, el sistema es un gestor de flujos de trabajo; es por esta razón que la comunicación y envío de respuestas de información deben realizarse de forma directa con el solicitante mediante la forma de entrega que se especifica. Asimismo, cita el artículo 5 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública que dice: “SOPORTE HUMANO Y TÉCNICO. Para el cumplimiento de su deber de transparencia, las instituciones obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la información, la prestación de un servicio de consulta y el acceso por los ciudadanos, así como su publicación cuando sea procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles. Para ese efecto, cada institución designará un oficial de información pública responsable de dicho subsistema y suministre la información solicitada siempre y cuando no esté declarada como reservada de conformidad con el artículo 17 de la presente ley. Cada institución creará una partida presupuestaria suficiente para asegurar su funcionamiento.”- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos de defensa, debido proceso legal y derecho a no ser sancionado sin ser previamente oído en el proceso. La Sala al verificar los hechos que se relacionan con la presente garantía, ha constatado los siguientes: 1. Consta en autos que en fecha tres de septiembre de dos mil dieciséis, la ciudadana Marlen Denisse Zelaya Perdomo interpuso el recurso de revisión, con número REC-UNAH-5-0-2016, en la que se establece como institución obligada a la UNAH. 2. Consta que el recurso de revisión se interpuso en virtud de que el plazo legal, para entregar la información solicitada había vencido, sin notificación a la peticionaria de haberse ampliado. La fecha en la que se presentó la solicitud de información fue el quince de agosto de dos mil dieciséis; y la fecha última para la entrega era el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. 3. Consta en autos que en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis fue admitida a trámite la revisión por denegatoria de información antes mencionada, en la cual se ordena requerir a la licenciada Julieta Castellanos en su condición de rectora de la UNAH para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del recibo del requerimiento, remita al IAIP por medio del oficial de información o quien haga sus veces, los antecedentes relacionados con el presente recurso y asimismo hagan entrega de la información solicitada a la recurrente, bajo el apercibimiento de que si no lo hicieren se le impondrán las sanciones establecidas en el artículo 28 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. 4. Consta en autos que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis la rectora Julieta Castellanos fue requerida de conformidad con el auto de admisión del recurso de revisión. 5. Consta que el mismo día del requerimiento a la rectora, o sea el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión de la UNAH, le envía al abogado general de la UNAH, José Ramón Martínez Rosa el oficio CCG-1014-2016 señalándole que en respuesta al oficio D.L1239 recibido en el 26 de septiembre de dos mil dieciséis tiene a bien informarle que no tuvo conocimiento del ingreso de la solicitud de información presentada en fecha quince de agosto por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo, la cual ingreso en la bandeja de entrada del correo designado transparencia@unah.edu.hn para tales efectos, sino hasta que la ciudadana Elsa Flores la envía al correo institucional de la abogada Varela. Agrega que no se encontró dicha solicitud en la bandeja de correos no deseados, por lo que se procedió a dar el trámite administrativo hasta ese día. Explica además que como ha sido costumbre, el día lunes veintidós de agosto, se revisó al inicio de la jornada laboral la bandeja de entrada de los correos electrónicos de transparencia e institucional. Así se verificó que en la bandeja de entrada de la abogada Varela, se encontraba el correo del ciudadano Héctor Valenzuela, el cual consultaba sobre el estado de su solicitud de información realizada días atrás por medio del SIELHO. Lo que hizo pensar que había un problema con la plataforma que genera las solicitudes, en vista de que el resto de solicitudes de información dirigidos a transparencia@unah.edu.hn no presentaba problemas, procediéndose a comunicar esta circunstancia al IAIP, específicamente al ingeniero Aviazas Pavón, gerente de Infotecnología del IAIP para que se verificara la existencia de un fallo o error en el sistema. Dicho ingeniero respondió que no existía inconveniente en la plataforma del IAIP para generar las solicitudes. Finalmente informa que el seis de septiembre con colaboración del personal de la Dirección ejecutiva de Gestión y Tecnología (DEGT) se logró acceder a los mensajes que no habían ingresado en la bandeja de entrada del correo designado, identificando la solicitud que dio origen al recurso de revisión de mérito. 6. Consta que con fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis el despacho del Comisionado , abogado Damián Gilberto Pineda reyes recibió el oficio número CCG-1014-2016 remitido por la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión, UNA, en el que expresa que la Oficina de acceso a la información pública universitaria, no tuvo conocimiento en la bandeja de entrada del correo designado para tales efectos, transparencia@unah.edu.hn, que es redireccionado automáticamente por la plataforma SIELHO. También informa que ante tal situación se identifico en ese momento que había un problema con las solicitudes generadas a través de esa plataforma, en vista de que el resto de solicitudes de información dirigidos a transparencia@unah.edu.hn no presentaba problema alguno. Sin embargo, en el mismo oficio, la master Cintia Liliana Salgado Gómez, coordinadora de la Comisión de control de gestión, UNAH, manifiesta que se procedió a comunicar esta circunstancia al IAIP específicamente al ingeniero Aviazas Pavón para que se verificara alguna falla o error en el sistema. En respuesta el ingeniero Aviazas Pavón, gerente de Infotecnología del IAIP confirmó la existencia de las solicitudes de información antes mencionadas concluyendo además de no existir inconveniente en la plataforma del IAIP para generarlas. 7. Consta en el folio veintiuno del expediente que la solicitud de información presentada por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo en fecha quince de agosto de dos mil dieciséis fue ingresada por el sistema SIELHO sin ningún inconveniente. 8. Consta que en fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis el asistente de la secretaría general del IAIP, William Ernesto Hernández envía correo electrónico a la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo para hacer de su conocimiento que puede personarse a la secretaría del IAIP. Le informa que en fecha veintisiete de septiembre la UNAH le remitió a dicha secretaría, mediante oficio número CCG-1014-2016, la información que había solicitado. Asimismo, consta que el asistente de la secretaría general del IAIP informa que para el siete de noviembre de dos mil quince la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo no se había manifestado conforme a la información que fuera remitida a dicha secretaría por la UNAH. 9. Consta que en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, la secretaria general del IAIP ordena la remisión de las diligencias al Comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero para que proceda de conformidad con el número 1 del artículo 55 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. 10. Consta el dictamen No.USL-138-2016 emitido en fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis por la unidad de servicios legales del Instituto de acceso a la información pública en la cual se dictamina que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión en contra de la UNAH en virtud de que la información no fue entregada dentro del plazo legal dispuesto en el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, manifiesta que previo a la emisión de la de la resolución del pleno de comisionados se proceda a notificar por los medios pertinentes y necesarios a la abogada Marlene Denise Zelaya Perdomo para que manifieste si está conforme con la información enviada por la UNAH y recibida por el IAIP. Finalmente, manifiesta que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de proceder en contra de los servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada. 11. Consta que en fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis el IAIP dictó resolución, en la cual se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la abogada Marlen Denise Zelaya Perdomo en contra de la UNAH. En consecuencia, ordena a la UNAH a través de su titular, la rectora Julieta Castellanos a que haga entrega inmediata a la peticionaria de la información que solicitó; asimismo ordena que se proceda a la apertura del expediente sancionatorio con el fin de sancionar a los servidores responsables de la falta de entrega de la información solicitada. Se manifiesta que con dicha resolución se tiene por finalizado el procedimiento administrativo y que de interponerse oportunamente la garantía de amparo, tal como lo demanda el artículo de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y 53 del Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Teniendo en cuenta los hechos y actos constatados utes supra, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar la garantía constitucional de amparo de conformidad a los argumentos que a continuación se exponen. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifestó que a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le fueron violentados los derechos de defensa y debido proceso legal, que se encuentran contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución respectivamente. En resumen, manifiesta que el derecho de debido proceso legal le fue violentado porque no se le permitió ejercitar de conformidad al principio de contradicción, el derecho de defensa, el cual le fue vedado al no habérsele permitido ser oído durante el proceso antes de ser condenado. De hecho, asegura que la UNAH ni siquiera tuvo conocimiento de que se encontraba denunciada ante el IAIP, razón igual con la que explica el porqué la UNAH no interpuso los recursos que el Derecho Administrativo permite. Otra idea que introduce es que la UNAH no fue parte del proceso incoado ante el IAIP. En el caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional observa que la revisión incoada por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo ante el IAIP, se fundamentó en uno de los supuestos previstos por el artículo 26 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública; alegando la compareciente que la UNAH no había entregado la información que solicitó dentro del término de diez días que establece el artículo 21 de la citada ley, ni tampoco había recibido notificación de haberse declarado prórroga. La Sala de lo Constitucional estima que efectivamente la compareciente estaba legitimada para presentar la revisión, por las razones aducidas, habida cuenta de que la presentación de la revisión fue el tres de septiembre de ese año; y la fecha máxima para entregar la información solicitada era el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Ahora bien, la ley en mención nada dice sobre el procedimiento de la revisión, de manera que habrá que remitirse directamente a lo establecido en el capítulo VI del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.[8] La substanciación del procedimiento se encuentra en el artículo 55 del reglamento, el cual establece que una vez admitido el recurso de revisión, se turnará éste a uno de los comisionados para que sea ponente. Dicho comisionado tendrá la obligación de elaborar y presentar un proyecto de resolución al pleno, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibir el asunto. Asimismo, dicho comisionado determinará la realización de las investigaciones, dictámenes y diligencias que crea necesarias. El pleno una vez recibido el proyecto de resolución podrá determinar la celebración de audiencias con las partes; asimismo se podrá requerir a la institución obligada con el propósito de “lograr un mejor estudio del recurso”; interrumpiéndose en estos casos el transcurso del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 26 de la ley y 51 del reglamento. Según establece el artículo 56 del reglamento la resolución del recurso de revisión será para revocar o modificar la resolución de la institución obligada; denegar u otorgar el recurso; confirmar la decisión de la institución obligada. Si de la substanciación del procedimiento el IAIP determinare que algún servidor público o particular pudo haber incurrido en responsabilidad deberá hacerlo del conocimiento del titular de la institución obligada para que ésta inicie el procedimiento de responsabilidad que corresponda. Confrontando el procedimiento antes descrito, con lo ocurrido en el presente caso, se constata que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su condición de institución obligada fue debidamente requerida por medio de su titular, la entonces rectora, específicamente para dos propósitos: 1. Remitir al IAIP los antecedentes relacionados con el recurso. 2. Hacer entrega a la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo la información que había solicitado. Constatando de esta manera la Sala de lo Constitucional, que en realidad tal como ha establecido en su formalización el garantista, la institución obligada no tuvo oportunidad de ser oída en defensa, tal como lo ordena el artículo 94 constitucional. El IAIP debió en todo caso, propiciar de conformidad al procedimiento, la oportunidad para que la UNAH, diera razón para justificar la falta de entrega de la información solicitada. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo, a efecto de que el IAIP retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando a que la UNAH como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el señor JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA y formalizada por el abogado RAÚL AMILCAR RIVERA MONTOYA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS en contra del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) por haber proferido ésta última, la resolución de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, con la que se declara CON LUGAR el recurso de revisión interpuesto por la abogada MARLEN DENISE ZELAYA PERDOMO a favor de SI MISMA y en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. En consecuencia: 1. SE ORDENA: que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando que la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan. 2. MANDA: Que una firme el presente fallo, se certifique éste y se devuelvan los antecedentes a su procedencia; asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0208-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] El Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, contenida en el Acuerdo No.IAIP-0001-2008, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el seis de marzo de dos mil ocho.

[5] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[6] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[7] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[8] El Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, contenida en el Acuerdo No.IAIP-0001-2008, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el seis de marzo de dos mil ocho.