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Sentencia AA-197-17 — Registro 7169

Resumen

Recursos de amparo acumulados interpuestos por la Asociación Coordinadora de Consumidores y Usuarios de Honduras y varios ciudadanos contra actuaciones de la entonces Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en su condición de directora del Hospital Escuela Universitario (HEU) y contra actuaciones de la Secretaría de Estado en el despacho de Salud, relacionada a un incremento a los pagos que realizan los pacientes por servicios recibidos que se denominan “cuotas de recuperación". Considerando éstos, que se está privatizando el servicio de salud y violentando los derechos humanos de los pacientes de dicho hospital.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional considera que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de la Constitución de la República, en donde se reconoce que es deber de todos y todas participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, debiendo orientarse las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas sujetarse a esta disposición..."..."esta Sala reconoce que el derecho a la salud es un verdadero derecho, con plena autonomía, que ya ha sido tutelado en otras ocasiones por este Tribunal,[4] el mismo contiene también una defensa cruzada con otros derechos, como con el derecho a la vida, que por su fundamentalidad, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En derecho a la vida comprende por lo menos, el derecho de toda y todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, teniendo el Estado de Honduras la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzca violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agente o terceros atente contra el..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta, y sin intención de indicar que se trata de un listado numerus clausus, que constituyen derechos e intereses de incidencia colectiva los relacionados con: La salud pública; la protección de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; la protección del patrimonio público y del cultural; la correcta comercialización de mercaderías (alimentos); la competencia leal; el control para evitar monopolios; la publicidad e información veraz y suficiente; el acceso a los servicios públicos y a una prestación uniforme, eficiente y oportuna; la defensa del usuario y del consumidor, en tanto no se trate de situaciones exclusivamente referidas al o a los sujetos reclamantes. La protección contra hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado la discriminación, basados entre otros, en motivos tales como raza, color, etnia, origen o condición social, nacionalidad, nacimiento, religión, idioma, estado civil, ideología, opinión política o gremial, género, edad, posición económica, discapacidad, características genéticas, salud, caracteres físicos, ocupación laboral, antecedentes penales u orientación, identidad o preferencia sexual; el acceso a la información pública; entre otros..."..."todo aumento en los servicios, así como el establecimiento de los criterios de proporcionalidad en el cobro para no hacer nulatorio el derecho a la salud, deben de constar en un acto público, que pueda ser objeto de revisión judicial y de conocimiento masivo para la ciudadanía del país, siguiendo lo establecido en el artículo 255 de la Constitución..."..."por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho denunciado por las y los amparistas, son vulneratorios del derecho constitucional contenido en el principio de legalidad y la publicidad de los actos administrativos para producir efectos jurídicos de carácter general, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo, en vista de que no consta en acto administrativo que haya sido público, conforme al artículo 255 constitucional, la determinación del aumento de los cobros por los servicios ofrecidos en un hospital público que brinda atención de segundo nivel..."

Legislación citada

  • Constitución de la República de Honduras, art. 18 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 145 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 255 (Decreto)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto de San Salvador, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional considera que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de la Constitución de la República, en donde se reconoce que es deber de todos y todas participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, debiendo orientarse las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas sujetarse a esta disposición..."..."esta Sala reconoce que el derecho a la salud es un verdadero derecho, con plena autonomía, que ya ha sido tutelado en otras ocasiones por este Tribunal,[4] el mismo contiene también una defensa cruzada con otros derechos, como con el derecho a la vida, que por su fundamentalidad, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En derecho a la vida comprende por lo menos, el derecho de toda y todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, teniendo el Estado de Honduras la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzca violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agente o terceros atente contra el..."..."la Sala de lo Constitucional manifiesta, y sin intención de indicar que se trata de un listado numerus clausus, que constituyen derechos e intereses de incidencia colectiva los relacionados con: La salud pública; la protección de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; la protección del patrimonio público y del cultural; la correcta comercialización de mercaderías (alimentos); la competencia leal; el control para evitar monopolios; la publicidad e información veraz y suficiente; el acceso a los servicios públicos y a una prestación uniforme, eficiente y oportuna; la defensa del usuario y del consumidor, en tanto no se trate de situaciones exclusivamente referidas al o a los sujetos reclamantes. La protección contra hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado la discriminación, basados entre otros, en motivos tales como raza, color, etnia, origen o condición social, nacionalidad, nacimiento, religión, idioma, estado civil, ideología, opinión política o gremial, género, edad, posición económica, discapacidad, características genéticas, salud, caracteres físicos, ocupación laboral, antecedentes penales u orientación, identidad o preferencia sexual; el acceso a la información pública; entre otros..."..."todo aumento en los servicios, así como el establecimiento de los criterios de proporcionalidad en el cobro para no hacer nulatorio el derecho a la salud, deben de constar en un acto público, que pueda ser objeto de revisión judicial y de conocimiento masivo para la ciudadanía del país, siguiendo lo establecido en el artículo 255 de la Constitución..."..."por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho denunciado por las y los amparistas, son vulneratorios del derecho constitucional contenido en el principio de legalidad y la publicidad de los actos administrativos para producir efectos jurídicos de carácter general, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo, en vista de que no consta en acto administrativo que haya sido público, conforme al artículo 255 constitucional, la determinación del aumento de los cobros por los servicios ofrecidos en un hospital público que brinda atención de segundo nivel..."

Legislación citada

  • Constitución de la República de Honduras, art. 18 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 145 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 255 (Decreto)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto de San Salvador, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional considera que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de la Constitución de la República, en donde se reconoce que es deber de todos y todas participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, debiendo orientarse las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas sujetarse a esta disposición..."..."el Estado de Honduras se ha suscrito al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce en su artículo 12 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo realizar medidas que aseguren la plena efectividad de este derecho, a través de la reducción de la mortinatalidad y de las mortalidad infantil, y en el sano desarrollo de las y los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todas y todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Mientras que en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el que establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; para hacer efectivo esto, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la atención primaria de la salud, entendiendo como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; extensión de los beneficios de los servicios de salud a todas y todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riego y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre otros criterios..."..."esta Sala de lo Constitucional hace necesario observar el desarrollo del Control del Convencionalidad[1] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño..."..."la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo dos (2) que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de la defensas del orden jurídico constitucionales, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa administrativo, asimismo dice el mismo artículo que se interpreta y aplicara de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales..."..."la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, por lo que en el caso subjudice, esta Sala no puede limitarse a solo observar una interpretación restrictiva de los formalismos del Reglamento, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[2] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación ultima y definiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino tambien tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos..."..." Que haciendo una lectura de la Constitución de la República se observa que en el artículo 157 se establece que la educación en los niveles del sistema formal, con excepción de la superior o universitaria, sera totalmente financiada con fondos públicos, en el mismo sentido en el artículo 303 constitucional se establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado; por su parte de los derechos a la Salud en la Constitución (del artículo 145 al 150) no hace referencia especifica a como sera el financiamiento de los servicios de salud, los cuales pueden darse por entes públicos como privados, lo que si podemos determinar es que el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, coordinara todas las actividades pública de los organismo centralizados y descentralizados, mediante un plan nacional de salud, el que dará prioridad a los grupos más necesitados. También podría observarse que el texto supremo de nuestro Estado en la regulación del derecho a la seguridad social, establece como régimen de financiamiento un sistema tripartito (artículo 143) entre el Estado, los patronos y los trabajadores, los que están obligado a contribuir al financiamiento, mejoramiento y expansión de ese sistema..."..."desde el derecho internacional de los derechos humanos que se ha integrado a la Constitución los estandares reconocidos para el derecho a la salud, por lo que podemos tomar como elementos esenciales del mismo la disponibilidad de establecimiento, bienes y servicios públicos de salud, además de agua potable, condiciones sanitarias básicas, hospitales y centro de salud profesionales capacitados; un acceso a la salud sin discriminación, con alcance geografico razonable, asequibilidad, incluido la económica, para todas y todos con base al principio de equidad; respeto a la etica medica y con las diferentes culturas, y; metodos aceptables desde el punto de vista culturas, científico y médico, de buena calidad.-[3] CONSIDERANDO (14): Que dentro de las obligaciones básicas del reconocimiento del derecho a la salud se debe de destacar la garantía del acceso a los centro, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria; el aseguramiento del acceso a una alimentación esencial mínima; garantizar el acceso a una vivienda con condiciones sanitarias básicas, así como un correcto suministro de agua potable; la facilitación de medicamentos esenciales; una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud, y; la adopción de una plan nacional de salud pública; si bien se ha reconocido que frente a estas obligaciones existe un margen de discreción para el cumplimiento de las mismas, este margen se debe de hacer tratando de adoptar la medidas necesarias para garantizar el acceso a la salud de todas y todos y con la consideración de los recursos disponibles.- CONSIDERANDO (15): Que esta Sala reconoce que el derecho a la salud es un verdadero derecho, con plena autonomía, que ya ha sido tutelado en otras ocasiones por este Tribunal,[4] el mismo contiene también una defensa cruzada con otros derechos, como con el derecho a la vida, que por su fundamentalidad, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En derecho a la vida comprende por lo menos, el derecho de toda y todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, teniendo el Estado de Honduras la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzca violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agente o terceros atente contra el.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."todo aumento en los servicios, así como el establecimiento de los criterios de proporcionalidad en el cobro para no hacer nulatorio el derecho a la salud, deben de constar en un acto público, que pueda ser objeto de revisión judicial y de conocimiento masivo para la ciudadanía del país, siguiendo lo establecido en el artículo 255 de la Constitución..."..." esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho denunciado por las y los amparistas, son vulneratorios del derecho constitucional contenido en el principio de legalidad y la publicidad de los actos administrativos para producir efectos jurídicos de carácter general, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo, en vista de que no consta en acto administrativo que haya sido público, conforme al artículo 255 constitucional, la determinación del aumento de los cobros por los servicios ofrecidos en un hospital público que brinda atención de segundo nivel..."

Legislación citada

  • Constitución de la República de Honduras, art. 18 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 145 (Decreto)
  • Constitución de la República de Honduras, art. 255 (Decreto)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 12 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto de San Salvador, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en los recursos de amparo acumulados interpuesto por: 1) el abogado Benjamín Zepeda Carranza a favor de Asociación Coordinadora de Consumidores y Usuarios de Honduras y; 2) por las y los ciudadanos Juliette Handal Hawit, Alejandra Castillo Dueñas, Virginia Aurora Figueroa Girón, Eduardo Kuri, Julio Edgardo Larios Martínez, Arístides Mejía Carranza, Efraín Bu Figueroa, Manuel E. Gamero y Georgina Sierra Carvajal, los anteriores actuando a favor y representación propia y a favor de todas y todos los hondureños; las y los peticionarios contra actuaciones de la entonces Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Gonzalina Castellanos en su condición de directora del Hospital Escuela Universitario (HEU) y contra actuaciones de la anterior Secretaria de Estado de la Secretaría de Estado en el despacho de Salud, la doctora Delia Rivas, relacionada a un incremento a los pagos que realizan los pacientes por servicios recibidos que se denominan “cuotas de recuperación” en las áreas de Puerperio, Cuidados intensivos, Hospitalización, Exámenes Clínicos, Atención Medica y Farmacia, lo que a criterio de las y los recurrentes, se está privatizando el servicio de salud y se están violentando los derechos humanos de los pacientes del Hospital Escuela Universitario.- ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de marzo, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el abogado Benjamín Zepeda Carranza, a favor de la Asociación Coordinadora de Consumidores y Usuarios De Honduras y de JESSICA MELISSA ZUNIGA Y en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), respectivamente, las y los ciudadanos Juliette Handal Hawit, Alejandra Castillo Dueñas, Virginia Aurora Figueroa Girón, Eduardo Kuri, Julio Edgardo Larios Martínez, Arístides Mejía Carranza, Efraín Bu Figueroa, Manuel E. Gamero y Georgina Sierra Carvajal manifestando actuar en nombre propio y a favor de todas y todos los hondureños, interponen acción constitucional de amparo contra actuaciones de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en su condición de directora del Hospital Escuela Universitario. (Folio No 1 al 34 de la pieza de Amparo). 2) Que en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala libro comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remita las diligencias del caso o emita un informe circunstanciado del mismo. (Folio No 35 de la pieza de amparo).3) En fecha tres (3) de abril del año dos mil diecisiete, se recibió en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el informe remitido por parte de Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz, mediante el cual informa que lo siguiente: Primero: En el año 1988, fue aprobado el reglamento interno de control y administración de cuotas de recuperación del Hospital Escuela Universitario, siendo hasta el año 1990 autorizada por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud para normar la capacitación y utilización de los fondos que por conceptos de prestación de servicios son percibidos con el propósito de fortalecer la administración local a través del manual de fondos recuperados para las unidades productoras de servicios de salud las cuotas no han sido actualizadas desde el año 2003, excepto en el área de Radiología e imágenes que fueron actualizadas en el año 2013 por lo que han transcurrido 15 años sin presentar ninguna modificación, asimismo se realizaron visitas y entrevistas a informantes claves involucrados en los en el proceso según su área competencia, se realizo búsqueda activa de la información en los departamentos de: caja y pagaduría, radiología e imágenes, laboratorio clínico, medicina transfuncional y banco de sangre, trabajo social, contabilidad y presupuesto, también en hospitales públicos: Hospital San Felipe, Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, Instituto Nacional Cardio Pulmonar y el Instituto Hondureño De Seguridad Social, se revisaron las propuestas de algunos departamentos y servicios del hospital que han evaluado sus necesidades de la oferta actual; segundo: El valor de recuperación para medicamentos se determinó de acuerdo al precio de compra en las licitaciones del Hospital Escuela Universitario y de acuerdo a la complejidad del tipo de medicamento para el departamento de farmacia, de enero a agosto de 2015 se observa un 16.20% de aportación de pacientes por servicios prestados; tercero: El Hospital Escuela Universitario como proveedor de servicios de salud en el segundo nivel de atención mantiene un presupuesto de Tesoro Nacional no acorde con la demanda que cada vez es más creciente que la población ni la producción de los servicios resultante de la oferta actual. La relación en la oferta y demanda no mantiene un equilibrio lo que desencadena una capacidad resolutiva insuficiente en algunos rubros como ser: medicamentos, exámenes de laboratorios, radiología e imágenes, mantenimientos, infraestructura y otros gastos operativos, por lo que resulta necesario el análisis de las cuotas de los fondos propios de las cuotas de los fondos propios para financiar aquellas personas con extrema pobreza; cuarto: Los pacientes que ingresan a este Centro Asistencial y son de bajos recursos económicos son entrevistados por el departamento de trabajo social y se les realiza un estudio socio-económico para saber si tienen o no la capacidad económica para realizar el pago correspondiente, cabe recalcar que el paciente de escasos recursos no realiza ningún pago; quinto: La gestión de ayuda económica realizada a través del departamento de Trabajo Social del Hospital Escuela Universitario es orientado para apoyar aquellas personas que no pueden aportar una cuota simbólica, en el sistema de fondos recuperados en el concepto de economía solidaria y subsidiar los gastos de los pacientes cuando no se ofertan algunos servicios o no abastecidos para el Hospital por falta de equipo, enfermedades especiales; sexto: En virtud de lo manifestado nunca se ha dejado de atender a ningún paciente por motivos de su situación económica, al contrario siempre velando por la salud y considerando la situación económica, en que se encuentra, haciendo la aclaración que el ajuste únicamente es aplicado a personas que cuenten con los recursos económicos suficientes para poder realizar un pago simbólico; séptimo: Sin embargo valdría la pena mencionar que los ajustes realizados fueron: Exámenes de laboratorio de L 5.00 a L 10.00, egresos de UCI L 500.00, labor y parto L 200.00 y egresos recién nacidos L 200.00, por cada receta de medicamento L 5.00 (sin importar la cantidad), únicamente estos cambios realizados y se aplican, reiteramos solo a quien los puede pagar, incluso hay pacientes que se identifican que son de clase media alta y se podrían contribuir con una cuota establecida y se niegan a contribuir y no se le obliga a contribuir; octavo: …; noveno: Señalo que rindo el presente informe con el mayor los respetos y consideración, manifestando que el Hospital Escuela Universitario como principal centro de asistencia del país, en ningún momento ha contravenido, disminuido, restringido o tergiversado derechos reconocidos en la constitución de la República de Honduras y demás leyes.- 4) Que en fecha ocho (8) de agosto del año dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Ministerio Público a fin de emitir su dictamen. (Folio No 65 al 100 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha catorce (14) de agosto de abril del año dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto. (Folio No 23 al 27 de la pieza de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una Ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se debe mencionar que, para nuestro derecho público, en materia de garantías, una de las principales novedades, fue la incorporada por la reforma constitucional, y sin lugar a dudas es el amparo colectivo, que como quedó dicho en el artículo 43 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece al respecto que: "La acción de amparo podrá interponerse aun cuando el hecho, o acto violatorio de los derechos no conste por escrito”. Lo anterior en una de las reformas fundamentales que se obtuvo del paso de la Ley de Amparo de 1906 a la Ley sobre Justicia Constitucional y se trata de una ampliación del amparo individual o clásico. Es una extensión de los derechos afectados o restringidos, no solamente emitidos a través de resoluciones, sentencias interlocutorias, etc., sino que se amplía a hechos o actos realizados o dejados de realizar por la administración pública, empresa privada o cualquier persona, respetando la amplitud que siempre se ha tenido en relación a los sujetos legitimados para su interposición. CONSIDERANDO (4): Que se conoce en esta vía constitucional un hecho realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de aumentar los cobros por los servicios de salud que presta en el Hospital Escuela Universitario, centro de salud público del Estado de Honduras, administrado por acuerdo de delegación en la UNAH, situación que fue anunciada por la entonces rectora Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz y confirmada por la medico Elsa Palou, presidenta de la junta directiva del Hospital Escuela Universitario.- CONSIDERANDO (5): Que las y los recurrentes, en la interposición manifiestan que el cobro y aun más grave aumento por los servicios brindados por el Hospital Escuela Universitario, conlleva a una serie de vulneraciones de derechos constitucionales y de estándares de derechos internacionales que por el bloque de constitucionalidad forma parte de nuestra norma suprema, como ser la dignidad de la persona humana, el derecho a una vida digna a través de una igualdad material y por supuesto el derecho a la salud, ya que una persona que no pueda cubrir los gastos establecidos por este Hospital se vería imposibilitado a recibir un tratamiento eficaz que le puede llevar a sufrir de consecuencias en su salud que puede concluir inclusive en la muerte.- CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional considera que el derecho a la protección de la salud se encuentra constitucionalizado en el artículo 145 de la Constitución de la República, en donde se reconoce que es deber de todos y todas participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, debiendo orientarse las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas sujetarse a esta disposición. CONSIDERANDO (8): Que el Estado de Honduras se ha suscrito al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce en su artículo 12 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo realizar medidas que aseguren la plena efectividad de este derecho, a través de la reducción de la mortinatalidad y de las mortalidad infantil, y en el sano desarrollo de las y los niños; el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación de condiciones que aseguren a todas y todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Mientras que en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el que establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; para hacer efectivo esto, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la atención primaria de la salud, entendiendo como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; extensión de los beneficios de los servicios de salud a todas y todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riego y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables, entre otros criterios.- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional hace necesario observar el desarrollo del Control del Convencionalidad[1] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño.- CONSIDERANDO (10): Que la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo dos (2) que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de la defensas del orden jurídico constitucionales, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa administrativo, asimismo dice el mismo artículo que se interpreta y aplicara de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.- CONSIDERANDO (11): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, por lo que en el caso subjudice, esta Sala no puede limitarse a solo observar una interpretación restrictiva de los formalismos del Reglamento, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[2] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación ultima y definiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino tambien tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (12): Que haciendo una lectura de la Constitución de la República se observa que en el artículo 157 se establece que la educación en los niveles del sistema formal, con excepción de la superior o universitaria, sera totalmente financiada con fondos públicos, en el mismo sentido en el artículo 303 constitucional se establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado; por su parte de los derechos a la Salud en la Constitución (del artículo 145 al 150) no hace referencia especifica a como sera el financiamiento de los servicios de salud, los cuales pueden darse por entes públicos como privados, lo que si podemos determinar es que el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, coordinara todas las actividades pública de los organismo centralizados y descentralizados, mediante un plan nacional de salud, el que dará prioridad a los grupos más necesitados. También podría observarse que el texto supremo de nuestro Estado en la regulación del derecho a la seguridad social, establece como régimen de financiamiento un sistema tripartito (artículo 143) entre el Estado, los patronos y los trabajadores, los que están obligado a contribuir al financiamiento, mejoramiento y expansión de ese sistema. CONSIDERANDO (13): Que desde el derecho internacional de los derechos humanos que se ha integrado a la Constitución los estandares reconocidos para el derecho a la salud, por lo que podemos tomar como elementos esenciales del mismo la disponibilidad de establecimiento, bienes y servicios públicos de salud, además de agua potable, condiciones sanitarias básicas, hospitales y centro de salud profesionales capacitados; un acceso a la salud sin discriminación, con alcance geografico razonable, asequibilidad, incluido la económica, para todas y todos con base al principio de equidad; respeto a la etica medica y con las diferentes culturas, y; metodos aceptables desde el punto de vista culturas, científico y médico, de buena calidad.-[3] CONSIDERANDO (14): Que dentro de las obligaciones básicas del reconocimiento del derecho a la salud se debe de destacar la garantía del acceso a los centro, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria; el aseguramiento del acceso a una alimentación esencial mínima; garantizar el acceso a una vivienda con condiciones sanitarias básicas, así como un correcto suministro de agua potable; la facilitación de medicamentos esenciales; una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud, y; la adopción de una plan nacional de salud pública; si bien se ha reconocido que frente a estas obligaciones existe un margen de discreción para el cumplimiento de las mismas, este margen se debe de hacer tratando de adoptar la medidas necesarias para garantizar el acceso a la salud de todas y todos y con la consideración de los recursos disponibles.- CONSIDERANDO (15): Que esta Sala reconoce que el derecho a la salud es un verdadero derecho, con plena autonomía, que ya ha sido tutelado en otras ocasiones por este Tribunal,[4] el mismo contiene también una defensa cruzada con otros derechos, como con el derecho a la vida, que por su fundamentalidad, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En derecho a la vida comprende por lo menos, el derecho de toda y todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, teniendo el Estado de Honduras la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzca violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agente o terceros atente contra el.-[5] CONSIDERANDO (16): Que es imposible el análisis del derecho a la salud de manera individual, pues una vez que éste se ve afectado, compromete otros derechos fundamentales como el derecho a la vida (artículo 65 Constitución), a la integridad física, psíquica y moral (artículo 68 Constitución), y el principio de dignidad humana (artículo 59 Constitución). Es esta unidad intrínseca la que hace que el derecho a la salud adquiera carácter de derecho fundamental, y por tanto esa dimensión constitucional hace que su afectación merezca protección por la vía constitucional de la acción de amparo. En conclusión, la Sala manifiesta que las garantías individuales no solo existen por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, en instrumentos internacionales ó en las leyes reglamentarias; sino que basta con que se torne en una situación intrínseca al ser humano, y que por esta razón, en caso de haber alguna vulneración u ocasione un grave perjuicio, no obstante lo anterior, para poder aplicar un procedimiento coercitivo, dicha vulneración debe constar previamente en un cuerpo legal.- CONSIDERANDO (17): Que se entiende por Salud el funcionamiento armónico del organismo tanto del aspecto físico como psicológico del ser humano. Lo constituye además el acceso a condiciones mínimas de salubridad a fin de vivir una vida digna. Es por ello que la normativa señalada obliga al Estado a proporcionar un medio ambiente adecuado (artículo 145 Constitución), o proporcionar las condiciones ambientales adecuadas, tales como atención de salud oportuna y apropiada, nutrición-alimentación, vivienda, agua potable, de ello se desprende que el derecho a la salud debe ser abordado en tres perspectivas: 1.- el derecho a la salud de cada persona en particular, 2.- el derecho a la salud familiar y 3.- el derecho a la salud comunitaria.-CONSIDERANDO (18): Que para abordar el derecho a la salud desde las tres perspectivas apuntadas, la Sala de lo Constitucional manifiesta, y sin intención de indicar que se trata de un listado numerus clausus, que constituyen derechos e intereses de incidencia colectiva los relacionados con: La salud pública; la protección de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; la protección del patrimonio público y del cultural; la correcta comercialización de mercaderías (alimentos); la competencia leal; el control para evitar monopolios; la publicidad e información veraz y suficiente; el acceso a los servicios públicos y a una prestación uniforme, eficiente y oportuna; la defensa del usuario y del consumidor, en tanto no se trate de situaciones exclusivamente referidas al o a los sujetos reclamantes. La protección contra hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado la discriminación, basados entre otros, en motivos tales como raza, color, etnia, origen o condición social, nacionalidad, nacimiento, religión, idioma, estado civil, ideología, opinión política o gremial, género, edad, posición económica, discapacidad, características genéticas, salud, caracteres físicos, ocupación laboral, antecedentes penales u orientación, identidad o preferencia sexual; el acceso a la información pública; entre otros.- CONSIDERANDO (19): Que la Constitución de la República (artículo 321) determina que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Por otra parte ese mismo cuerpo normativo (artículo 160) crea a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, con la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional del país; pudiendo la ley y sus estatutos fijar su organización, funcionamiento y atribuciones. CONSIDERANDO (20): Que desde nuestro derecho administrativo se ha establecido que las instituciones autónomas gozan de independencia funcional y administrativa, y en ese sentido podrán emitir los reglamentos que fueran necesarios; de igual forma como parte de la administración pública puede emitir decretos, acuerdo, resoluciones y providencia, siendo los acuerdos los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria. CONSIDERANDO (21): Que la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras establece en su artículo dos (2) numeral 2) y 3) las facultades que tiene esta institución para la gestión y administración de sus recursos, así como la facultad para emitir las normas reglamentarias o estatutarias que sean necesarias para el desarrollo de sus competencias basadas en la Ley. En el informe ofertado por la UNAH a petición de este órgano jurisdiccional, se hace mención de la aprobación en el año de 1988 de un “Reglamento interno de control y administración de cuotas de recuperación del Hospital Escuela Universitario”, el que según la compareciente, Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz, quien actuó como rectora de dicha universidad, era aprobado por la Secretaría de Salud hasta el año de 1999; Reglamento que no ha tenido “actualizaciones” desde el 2003, con excepción de una en 2013, documento legal que no es acompañado en el informe ofertado por la UNAH, ni se encuentra en la información ofrecida en los portales de transparencia de las paginas de internet del Hospital Escuela Universitario ni de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así cualquier reforma que se la haya hecho en 2013, 2017 o posteriores.- CONSIDERANDO (22): Que la Sala observa que en el informe rendido, se hace mención que los cobros por parte del Hospital, que es parte del sector salud, en el segundo nivel de atención, se utiliza el financiamiento o re-inversión en las labores que le compete a la UNAH como administrador del Hospital Escuela Universitario, según lo dicho en el Convenio Interinstitucional entre Órganos de la Administración Pública para la asignación de la Dirección, Administración y Funcionamiento del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo cuales se hacen de acorde a la capacidad económica de la persona atendida y de forma posterior a la atención medica, lo que estaría enmarcado dentro de los estándares del derecho a la salud.-CONSIDERANDO (23): Que todo aumento en los servicios, así como el establecimiento de los criterios de proporcionalidad en el cobro para no hacer nulatorio el derecho a la salud, deben de constar en un acto público, que pueda ser objeto de revisión judicial y de conocimiento masivo para la ciudadanía del país, siguiendo lo establecido en el artículo 255 de la Constitución.- CONSIDERANDO (24): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho denunciado por las y los amparistas, son vulneratorios del derecho constitucional contenido en el principio de legalidad y la publicidad de los actos administrativos para producir efectos jurídicos de carácter general, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo, en vista de que no consta en acto administrativo que haya sido público, conforme al artículo 255 constitucional, la determinación del aumento de los cobros por los servicios ofrecidos en un hospital público que brinda atención de segundo nivel.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 1, 2, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 10 del Pacto de San Salvador; artículos 15, 16, 63, 64, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 157, 160, 183, 255, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas. FALLA: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por 1): el abogado Benjamín Zepeda Carranza a favor de Asociación Coordinadora de Consumidores y Usuarios de Honduras y; 2) por las y los ciudadanos Juliette Handal Hawit, Alejandra Castillo Dueñas, Virginia Figueroa Girón, Eduardo Kuri, Julio Larios Martínez, Arístides Mejía Carranza, Efraín Bu Figueroa, Manuel E. Gamero y Georgina Sierra Carvajal a favor de sí mismos, contra hechos realizado de la Universidad Nacional Autónoma De Honduras.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Y para ser enviada a la RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, recaída en los Recursos de Amparo Administrativos Acumulados, registrado en este Tribunal con los números 197 y 203-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, entre otras.

[2] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.

[3] Ver Observación General No 14 en el informe de la Conferencia sobre la Atención Primaria de Salud, capitulo 3.

[4] Ver las sentencias de los recursos de amparo resueltos por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0712, 0712, 0719 y 0742-2007, SCO-0512-2013, SCO-0587-2013, entre otros.

[5] Ver de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos el Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia de dos de septiembre de 2004, párr. 156.