Sentencia AA-193-16 — Registro 8518
Resumen
Providencia que declaró no ha lugar petición de nulidad absoluta de acto administrativo de notificación realizada por tabla de avisos en Secretaría General de Institución recurrida , referente a resolución que impuso multa de (L.100,000.00) a impetrante en relación a pliego de responsabilidad administrativa correspondiente a auditoria de gestión practicada a recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos de defensa, debido proceso legal. Se destaca que el derecho de defensa de conformidad a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución es inviolable, por lo que el debido proceso legal debe ajustarse a su irrestricto cumplimiento. En ese sentido se debe de entender que las formalidades que la ley exige para la validez de un acto administrativo, deben estar en función de garantizar el derecho de defensa del administrado. El doctor Allan Brewer R. Carías[4] señala que el derecho de defensa del administrado incluye también, entre otros, el derecho a ser notificado. Es por ende un requisito de validez para cualquier acto administrativo, especialmente si éste afecta derechos de los particulares o administrados. Expresa además que las notificaciones deben cumplir una serie de condiciones, sin lo cuales no produce efecto alguno. Brewer Carías define notificación como el acto que busca poner en conocimiento al interesado, en forma personal, de la decisión administrativa. De no ser posible esto autoriza que la notificación se haga por medio de publicación, únicamente cuando no sea posible practicar la notificación personalmente al interesado. En caso de publicación dicho autor hace ver que la ley no ordena la publicación en la Gaceta, sino en un periódico de circulación mayor, porque el propósito es garantizar que el administrado se entere de lo resuelto. La Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expresado por este reconocido autor, porque la notificación regulada por el artículo 89 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas[5] se ajusta a los postulados descritos. Si se observa dicha norma, no incluye en ningún momento la notificación por tabla de avisos. El artículo 89 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas expresamente dice: “Artículo 89. NOTIFICACIONES. Las notificaciones podrán efectuarse por cualquiera de los medios siguientes: 1) Notificación personal en las oficinas del tribunal. 2) Cédula de notificación entregada en el domicilio, residencia o lugar de trabajo de la persona a notificar. 3) Correo certificado, presumiéndose que se ha recibido la notificación desde la fecha del comprobante de entrega. 4) Mediante publicación en un diario de circulación nacional, en este caso los efectos de la notificación se comenzarán a contar a partir del día siguiente de la publicación. Si la persona que debe ser notificada se encontrare en el extranjero, la notificación se efectuará por conducto de un representante diplomático o consular de la República de Honduras.” Lo anterior contrasta por lo dispuesto en los artículos atinentes en el Reglamento general de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en los que se observa que se sumó a los medios previstos en la ley, la cédula fijada en tabla de avisos. De manera que resulta evidente que la facultad de notificación por cédula es una que se añade por vía reglamentaria, contradiciendo el sentido de este tipo de normativas, dispuestas únicamente para desarrollar o hacer operativas las disposiciones legales y no aumentar facultades, derechos o prerrogativas.Teniendo en cuenta esto, la Sala de lo Constitucional estima que el Tribunal Superior de Cuentas en este caso concreto ha vulnerado el debido proceso legal al haber notificado la resolución número 600/2012-SG-TSC en una forma no prevista por la ley, hecho que provocó que la administrada Mayra Janeth Mejía del Cid, no tuviere oportunidad de impugnar la sanción que le fuera impuesta, negándole de esta forma el derecho de defensa. En virtud de lo cual corresponde otorgar la presente garantía constitucional de amparo a fin de restituirle a la ciudadana Mayra Janeth Mejía del Cid los derechos constitucionales de defensa y debido proceso legal, para lo cual la Sala de lo Constitucional ordena: Que el Tribunal Superior de Cuentas disponga lo conducente para que por medio de la secretaría general se retrotraigan las actuaciones al momento de notificar la resolución número 600/2012-SG-TSC; debiéndose en esta ocasión practicar la notificación de conformidad a lo que dispone el artículo 89 de la ley orgánica citada"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 84 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada RIXI MONCADA GODOY a favor de la abogada MAYRA JANETH MEJÍA DEL CID ex ministra de recursos naturales y ambiente, contra la providencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil quince, emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en la cual se declaró NO HA LUGAR una petición de nulidad absoluta y consecuentemente la solicitud de apertura a pruebas de un acto administrativo consistente en una notificación efectuada en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, realizada por medio de la tabla de avisos ubicada en la secretaría general del tribunal, referente a la resolución No.600/2012-SG-TSC de fecha diez de abril de dos mil doce, que impuso una multa de CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100,000.00) a la abogada MAYRA JANETH MEJÍA DEL CID en relación con el pliego de responsabilidad administrativa No.01-006-2009-DARNA correspondiente a la auditoria de gestión ambiental practicada al Programa para la conservación del medio ambiente y reforestación nacional. Estima la amparista que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante este tribunal la abogada RIXI MONCADA GODOY, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la abogada MAYRA JANETH MEJÍA DEL CID, ex ministra de recursos naturales y ambiente, contra la providencia emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS de fecha veinticinco de octubre de dos mil quince, en la cual se declaró NO HA LUGAR un incidente de nulidad absoluta y la solicitud de apertura a pruebas de un acto administrativo consistente en una notificación efectuada en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, publicada por medio de la tabla de avisos ubicada en la secretaría general del tribunal, referente a la resolución No.600/2012-SG-TSC de fecha diez de abril de dos mil doce, que impuso una multa de CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100,000.00) a la abogada MAYRA JANETH MEJÍA DEL CID en relación con el pliego de responsabilidad administrativa No.01-006-2009-DARNA correspondiente a la auditoria de gestión ambiental, practicada al Programa para la conservación del medio ambiente y reforestación nacional “María Rivera Tejada” durante el período del dos de enero de dos mil seis al treinta de junio de dos mil nueve. (Folios 1-11 del amparo) 2. En fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, este alto tribunal, admitió la garantía constitucional de amparo de mérito sin suspensión del acto reclamado, en virtud de que la recurrente no estableció de forma concreta de qué manera su pretensión se enmarca dentro de las causales estipuladas por el articulo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos que dentro del plazo de un día hábil, remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso que ha dado motivo al acto impugnado por la vía de amparo. Haciéndose la observación a la referida autoridad, que el envío de los antecedentes no obsta para que tales funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, debiendo dejar para tal fin, un extracto de las actuaciones principales. (Folio 25 del amparo) 3. En fecha seis de abril de dos mil dieciséis, esta sala recibió el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, a través de su magistrado presidente MIGUEL ÁNGEL MEJÍA ESPINOZA y de su secretaria general ALVA BENICIA RIVERA RODRÍGUEZ, desprendiéndose del mismo lo siguiente: Sic. “1) La resolución No.600/2012-SG-TSC de fecha diez de abril de dos mil doce, en la cual se resolvió: “PRIMERO: Imponer multa a la ciudadana MAYRA JANETH MEJÍA DEL CID, quien se desempeñó en la Secretaria de Estado en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, por la cantidad de CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100,000.00)…SEGUNDO: La multa deberá ser cancelada una vez que esté firme la presente resolución, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación si es que no se interpone el recurso respectivo. Los retrasos en el pago devengarán un interés igual a la tasa activa promedio del Sistema Financiero Nacional que se calculará desde la fecha en que la resolución adquiera carácter de firme y por ende el título ejecutivo. TERCERO: El sancionado tendrá derecho a interponer en el término de diez (10) días ante este tribunal, el recurso de reposición contra la presente resolución, como lo establece el articulo 90 de la ley orgánica de este ente contralor. CUARTO: Si transcurrido dicho término el infractor se negare a pagar o tomar las medidas correspondientes para que dicho pago sea efectivo, se sancionará por dicha acción u omisión con el doble de la multa dejada de pagar. QUINTO: Notificar al interesado la presente resolución.”; Y 2) Resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil quince, en la que la autoridad recurrida resolvió: “…DECLARARSE NO HA LUGAR LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO de la notificación de fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013) mediante la cual se notificó la resolución No.600/2012-SG-TSC de fecha diez (10) de abril del año dos mil doce (2012) …” (Folios 285-290/310-311 del antecedente) 4. Esta Sala mediante auto de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional de mérito, en consecuencia, ordenó dar vista de los antecedentes al fiscal del despacho por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera su correspondiente dictamen. (Folios 32/43 de la pieza de amparo). 5. En fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su fiscal YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, quien fue de la opinión porque se “DENIEGUE” el presente amparo, por no existir vulneración a las garantías invocadas por el amparista. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos de la garantista denunciando violación del artículo 90 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fue violentado el artículo 90 de la Constitución, que contiene el derecho al debido proceso legal, para ello ratifica lo establecido el escrito de ratificación. De manera que el concepto de la violación que se reprocha es la notificación por tabla de avisos y por tanto defectuosa que le hizo el Tribunal Superior de Cuentas a su poderdante en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece de la resolución número 600/2012-SG-TSC, correspondiente al pleno resolutivo número 13. La garantista señala que la resolución fue proferida en fecha diez de abril de dos mil doce, siete meses después de efectuada la audiencia de descargos y la notificación fue realizada un año cinco meses después de la fecha que dice haberse realmente hecho. La garantista reclama que la notificación por tabla de avisos se hizo aun cuando durante todo ese tiempo comparecía personalmente al tribunal en forma sistemática y constante; asimismo en dicho tribunal se tiene en el expediente su número telefónico, dirección electrónica y domicilio personal, que es el mismo profesional. Reclama que todo se hizo en detrimento de lo establecido en la misma resolución, la cual hace cita del artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que manda a notificar todo procedimiento en un plazo de diez días si se trata de asuntos de mero derecho y en un plazo de sesenta días en todos los demás casos, contados ambos a partir del día siguiente a la presentación del primer escrito o de la notificación de la primera providencia. La garantista solicitó nulidad de actuaciones de la notificación alegando que el haberlo hecho por medio de tabla de avisos le había dejado en indefensión; sin embargo, el Tribunal Superior de Cuentas la desestimó; pero tampoco pudo recurrir debido a que fue nuevamente notificado mediante tabla de avisos. El concepto de la violación se desarrolla señalando que el derecho de defensa es inviolable y éste se concretiza cuando se priva el efectuar alegaciones o probar argumentos o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos. En el caso concreto la garantista reclama que el Tribunal Superior de Cuentas al emitir su providencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil quince negando de plano la nulidad absoluta de la notificación defectuosa, omitió pronunciarse sobre la apertura a pruebas orientada a demostrar su asistencia a la secretaría general y la falta de razón suficiente para notificar por tabla de avisos y omitiendo pronunciamiento sobre la petición de interrupción del plazo de diez días para presentar el recurso de reposición en contra de la resolución número 600/2012-SG-TSC de fecha diez de abril de dos mil doce. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la providencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil quince dictados por el Tribunal Superior de Cuentas para declarar sin lugar la nulidad de actuaciones de una notificación reprochada de ser defectuosa. El Tribunal Superior de Cuentas declaró no ha lugar la nulidad absoluta de actuaciones de la notificación de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece mediante la cual se dio a conocer el contenido de la resolución número 600/2012-SG-TSC de fecha diez de abril de dos mil doce. En el alegato de la abogada Rixi Moncada Godoy se plantea la nulidad con base en el literal c del artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo en virtud de que se ha prescindido totalmente de procedimiento establecido para realizar la notificación impugnada. En respuesta a lo anterior, el Tribunal Superior de Cuentas explica que para que pueda ser invocada esa causa de nulidad es necesario que la infracción cometida en la emisión del acto administrativo debe ser clara, manifiesta y ostensible; entendiéndose por tales aquellos casos de ausencia total del trámite o de seguir con un procedimiento distinto, y en el caso de mérito, no se ha infringido el procedimiento, ya que el haberse apersonado a la secretaría general en referidas ocasiones como argumenta la peticionaria no es prueba suficiente para acreditar que la referida notificación fuera dictada prescindiendo de los procedimientos establecidos por la ley. Por lo que es improcedente pretender la nulidad referida por expresar que durante los años 2012 y 2013 asistió de manera constante y sistemática a la secretaría general del tribunal, acto que no constituyen la nulidad del acto de la notificaron ya que no se encuentran enmarcados como motivos de nulidad. Concluye entonces que la notificación realizada mediante cédula de notificación fijada en la tabla de avisos le permite a la peticionaria hacer uso del derecho de defensa y presentar en su oportunidad los recursos señalados en la ley. Para ello cita el artículo 4 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que dispone: “Las disposiciones de esta ley constituyen un régimen especial que por su naturaleza, fines y competencias tiene preeminencia sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia.” Señala que la ley orgánica y su reglamento, artículos 107 y 146 respectivamente, disponen el carácter supletorio de la Ley de Procedimiento Administrativo; no obstante en el presente caso esto no es necesario porque la ley orgánica y su reglamento establecen la notificación por medio de la tabla de avisos cuando el administrado cuente con un apoderado legal acreditado. Es por ello que no procede la nulidad solicitada, expresó finalmente el Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen del dictamen emitido por Ministerio Público. La agente de tribunales del Ministerio Público, abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ emitió dictamen en el cual concluye que SEDENIEGUE la presente garantía constitucional de amparo, con fundamento en lo siguiente: El artículo 89 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas señala los medios de notificación, siguientes: 1) Notificación personal. 2) Cédula de notificación entregada en el domicilio, residencia o lugar de trabajo de la persona a notificar. 3) Correo certificado, presumiéndose que se ha recibido la notificación desde la fecha del comprobante de entrega. 4) Mediante publicación en un diario de circulación nacional… Asimismo el término de diez hábiles siguientes al de la notificación para interponer el recurso de reposición, en relación con el artículo 94 que define el carácter de firme o ejecutoria de la resolución, estableciendo que eso sucede cuando se interpusiere el recurso de reposición ni se demandare ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Continúa diciendo la fiscal que lo actuado por el Tribunal Superior de Cuentas se hizo correctamente de conformidad con su propia ley orgánica. Señala además que el hecho de asistir en forma reiterada a la secretaría del tribunal no es argumento suficiente para afirmar que tal notificación se efectuó prescindiendo del procedimiento legal establecido. En tal sentido para la fiscal la notificación por tabla de avisos surte todos los efectos legales, por lo que no es aplicable lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre la nulidad de actuaciones. Asimismo, el acto de notificación por tabla de avisos no adolece de ningún vicio de nulidad. Tampoco existe ese carácter privilegiado que alega la garantista. Con relación al punto de que el Tribunal Superior de Cuentas no se pronunció sobre la apertura a pruebas, se aprecia que si lo hizo a folio 303 del expediente 193-11-D.Expresa la fiscal que con lo establecido en el auto de 22 de diciembre de dos mil dieciséis, la compareciente aun contaba con un día para recurrir al haberse ampliado la providencia dictada por parte de la autoridad en fecha veinticinco de octubre de dos mil quince. Por lo que el Tribunal Superior de Cuentas al haber transcurrido nuevamente el término que franquea la ley para interponer el recurso de reposición, procede notificar por la tabla de avisos nuevamente, concurriendo la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos de defensa, debido proceso legal. Se destaca que el derecho de defensa de conformidad a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución es inviolable, por lo que el debido proceso legal debe ajustarse a su irrestricto cumplimiento. En ese sentido se debe de entender que las formalidades que la ley exige para la validez de un acto administrativo, deben estar en función de garantizar el derecho de defensa del administrado. El doctor Allan Brewer R. Carías[4] señala que el derecho de defensa del administrado incluye también, entre otros, el derecho a ser notificado. Es por ende un requisito de validez para cualquier acto administrativo, especialmente si éste afecta derechos de los particulares o administrados. Expresa además que las notificaciones deben cumplir una serie de condiciones, sin lo cuales no produce efecto alguno. Brewer Carías define notificación como el acto que busca poner en conocimiento al interesado, en forma personal, de la decisión administrativa. De no ser posible esto autoriza que la notificación se haga por medio de publicación, únicamente cuando no sea posible practicar la notificación personalmente al interesado. En caso de publicación dicho autor hace ver que la ley no ordena la publicación en la Gaceta, sino en un periódico de circulación mayor, porque el propósito es garantizar que el administrado se entere de lo resuelto. La Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expresado por este reconocido autor, porque la notificación regulada por el artículo 89 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas[5] se ajusta a los postulados descritos. Si se observa dicha norma, no incluye en ningún momento la notificación por tabla de avisos. El artículo 89 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas expresamente dice: “Artículo 89. NOTIFICACIONES. Las notificaciones podrán efectuarse por cualquiera de los medios siguientes: 1) Notificación personal en las oficinas del tribunal. 2) Cédula de notificación entregada en el domicilio, residencia o lugar de trabajo de la persona a notificar. 3) Correo certificado, presumiéndose que se ha recibido la notificación desde la fecha del comprobante de entrega. 4) Mediante publicación en un diario de circulación nacional, en este caso los efectos de la notificación se comenzarán a contar a partir del día siguiente de la publicación. Si la persona que debe ser notificada se encontrare en el extranjero, la notificación se efectuará por conducto de un representante diplomático o consular de la República de Honduras.” Lo anterior contrasta por lo dispuesto en los artículos atinentes en el Reglamento general de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en los que se observa que se sumó a los medios previstos en la ley, la cédula fijada en tabla de avisos. De manera que resulta evidente que la facultad de notificación por cédula es una que se añade por vía reglamentaria, contradiciendo el sentido de este tipo de normativas, dispuestas únicamente para desarrollar o hacer operativas las disposiciones legales y no aumentar facultades, derechos o prerrogativas.Teniendo en cuenta esto, la Sala de lo Constitucional estima que el Tribunal Superior de Cuentas en este caso concreto ha vulnerado el debido proceso legal al haber notificado la resolución número 600/2012-SG-TSC en una forma no prevista por la ley, hecho que provocó que la administrada Mayra Janeth Mejía del Cid, no tuviere oportunidad de impugnar la sanción que le fuera impuesta, negándole de esta forma el derecho de defensa. En virtud de lo cual corresponde otorgar la presente garantía constitucional de amparo a fin de restituirle a la ciudadana Mayra Janeth Mejía del Cid los derechos constitucionales de defensa y debido proceso legal, para lo cual la Sala de lo Constitucional ordena: Que el Tribunal Superior de Cuentas disponga lo conducente para que por medio de la secretaría general se retrotraigan las actuaciones al momento de notificar la resolución número 600/2012-SG-TSC; debiéndose en esta ocasión practicar la notificación de conformidad a lo que dispone el artículo 89 de la ley orgánica citada. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional 89 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada RIXI MONCADA GODOY a favor de la ciudadana MAYRA JANETH MEJÍA DEL CID; en contra del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS por haber proferido la providencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil quince, en la cual se declaró no ha lugar una petición de nulidad absoluta y consecuentemente la solicitud de apertura a pruebas de un acto administrativo consistente en una notificación efectuada en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, realizada por medio de la tabla de avisos ubicada en la secretaría general del tribunal, referente a la resolución No.600/2012-SG-TSC de fecha diez de abril de dos mil doce. En consecuencia: 1.SE AMPARA a la ciudadana Mayra Janeth Mejía del Cid y le restituye los derechos de defensa y debido proceso legal. 2. SE ORDENA: que el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS retrotraiga actuaciones y proceda por medio de la secretaría general a notificar en legal y debida forma, es decir de conformidad a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas la resolución No.600/2012-SG-TSC de fecha diez de abril de dos mil doce.3.MANDA: Que una firme el presente fallo, se certifique éste y se devuelvan los antecedentes a su procedencia; asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal con el número 0193=2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4]Brewer Carías, R. Allan. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Editorial jurídica venezolana, Caracas 1990. Págs.114 y 115.
[5] La Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, decreto legislativo número 10-2002 E, publicado el veinte de enero de dos mil tres en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras, página A.26.