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Sentencia AA-168-16 — Registro 9296

Resumen

Actuaciones que individualizan la carga académica a recurrentes como docentes que laboran en la Autoridad recurrida, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y se les comunica horarios de clases diferentes a los que han venido impartiendo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque se proceda al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito...""...al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que, al emanar de la Administración Pública, no solo está sujeta a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; y, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los señores DIANA CAROLINA BONILLA TURCIOS, ALBERTO ENRIQUE PINEDA AGUILAR, MARLON ALDENYS OVIEDO, JOSE ENRIQUE AGUILAR ALONZO, JOSE HERLING RODAS CAÑAS, CESAR ULISES RUBI LOPEZ y LEDY RUTH AGUILAR IZAGUIRRE a favor de SI MISMOS, contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, relacionadas según los recurrentes al acto de individualización de la carga académica por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los derechos consignados en los Artículos 59, 64, 82, 90, 129 y 258 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, compareció ante este Tribunal los señores DIANA CAROLINA BONILLA TURCIOS, ALBERTO ENRIQUE PINEDA AGUILAR, MARLON ALDENYS OVIEDO, JOSE ENRIQUE AGUILAR ALONZO, JOSE HERLING RODAS CAÑAS, CESAR ULISES RUBI LOPEZ y LEDY RUTH AGUILAR IZAGUIRRE, interponiendo acción de amparo a favor de MISMOS, contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), manifestando los recurrentes que el acto contra el cual reclaman consiste en el acto de asignación y modificación de la carga académica, la cual les fue comunicada mediante notas de fechas veinte de enero y doce de febrero de dos mil dieciséis, en la que se les comunica horarios de clases diferentes a los que han venido impartiendo, los que serían a partir del primer período académico del dos mil dieciséis, sin considerar que sus horarios de trabajo se han desarrollado de manera continua durante muchos años, la cual consideran arbitraria e ilegal por constituir violación a derechos fundamentales contemplados en los Artículos 59, 64, 82, 90, 129 y 258 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 17)2) Que en fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito con suspensión del acto reclamado, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos de que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo.3) Que en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, ésta Sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros lo siguiente: a) Que los docentes descritos anteriormente, laboran para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una jornada de trabajo completa, la cual según el Artículo 131 del Estatuto del Docente Universitario es de seis (06) horas diarias, entendiéndose por jornada de trabajo la cantidad de horas efectivas dedicadas exclusivamente por los docentes a las actividades de investigación, docencia, extensión administración académica, orientación y capacitación del docente, y que la jornada semanal de trabajo será de treinta (30) horas, distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado de acuerdo a las necesidades de la unidad académica correspondiente. b) Que las autoridades universitarias, al distribuir la carga académica a los docentes antes referidos, lo hizo con antelación y de conformidad al Calendario Académico Institucional, para que los docentes lo tomaran en cuenta para el primer período académico de 2016, cumpliendo así con lo que establece el Estatuto del Docente Universitario, y exigir a los docentes universitarios el cumplimiento de su horario y jornada de trabajo, la cual es de seis (06) horas diarias, la que se refleja en el pago mensual de los mismos. c) Que los docentes desde hace años laboraba en la jornada tarde-noche, y no es cierto que se les cambió esa jornada, pues su horario de clase asignado para el año 2016, seguía siendo la jornada tarde-noche, porque en la UNAH, la jornada de trabajo para los docentes que imparten clases por la tarde-noche, es establecida de acuerdo a la demanda estudiantil y a las necesidades de la unidad académica, siendo las siguientes de: 1:00 p.m. a 7:00 p.m., 2:00 p.m. a 8.00 p.m. y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., cumpliendo así las seis horas diarias y las 30 horas a la semana a que está obligado el docente nombrado o contratado a tiempo completo, por lo que consideran que no hay violación a un cambio de jornada ya que el horario de clase de los referidos docentes está dentro de la jornada de tiempo completo en este caso la Jornada Tarde-Noche, ya que su horario jamás fue modificado, sino lo que ocurrió es que se les asignó clases en horas que en otros períodos no se les había asignado, pero siempre dentro de su jornada de trabajo. d) Que la jornada de trabajo es la que determina el Código de Trabajo y el horario de trabajo es la que impone el patrono, (Artículos 3 y 5 del Reglamento Interno de Departamentos de la UNAH), con lo que se demuestra que la UNAH, tiene la potestad y la autoridad en apego a la ley para asignar la carga académica según el horario que necesita la dependencia académica, en la jornada que corresponde a sus docentes, en el presente caso los recurrentes pertenecen a la jornada tarde-noche. e) Que la UNAH, tiene conocimiento que algunos de los docentes recurrentes laboran a tiempo completo con otras instituciones del Estado y particulares, por lo que, con la decisión de las autoridades de la UNAH, se les lesiona sus intereses personales. (Folios 129 al 130 del recurso de amparo)4) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta ocho horas a la recurrente para que formalizara su acción de amparo y en virtud de que la recurrente hizo uso del mismo, en fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo, ordenando dar vista de los autos al Fiscal del Despacho (Folio 186 de la pieza de amparo).5) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque “SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS de amparo de que se ha hecho mérito por existir en el expediente causal de inadmisibilidad. (Folio 132 de la pieza de amparo).CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los señores DIANA CAROLINA BONILLA TURCIOS, ALBERTO ENRIQUE PINEDA AGUILAR, MARLON ALDENYS OVIEDO, JOSE ENRIQUE AGUILAR ALONZO, JOSE HERLING RODAS CAÑAS, CESAR ULISES RUBI LOPEZ y LEDY RUTH AGUILAR IZAGUIRRE a favor de SI MISMOS contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, relacionadas según los recurrentes al acto de individualización de la carga académica por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los recurrentes aducen, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los derechos consignados en los Artículos 59, 64, 82, 90, 129 y 258 de la Constitución de la República; cuando les fue comunicado mediante notas de fechas veinte de enero y doce de febrero de dos mil dieciséis, en la que se les comunica horarios de clases diferentes a los que han venido impartiendo, los que serían a partir del primer período académico del dos mil dieciséis, sin considerar que sus horarios de trabajo se han desarrollado de manera continua durante muchos años, la cual consideran arbitraria e ilegalCONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, ésta Sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros lo siguiente: - Que los docentes descritos anteriormente, laboran para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una jornada de trabajo completa, la cual según el Artículo 131 del Estatuto del Docente Universitario es de seis (06) horas diarias, entendiéndose por jornada de trabajo la cantidad de horas efectivas dedicadas exclusivamente por los docentes a las actividades de investigación, docencia, extensión administración académica, orientación y capacitación del docente, y que la jornada semanal de trabajo será de treinta (30) horas, distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado de acuerdo a las necesidades de la unidad académica correspondiente. - Que los docentes desde hace años laboraba en la jornada tarde-noche, y no es cierto que se les cambió esa jornada, pues su horario de clase asignado para el año 2016, seguía siendo la jornada tarde-noche, porque en la UNAH, la jornada de trabajo para los docentes que imparten clases por la tarde-noche, es establecida de acuerdo a la demanda estudiantil y a las necesidades de la unidad académica, siendo las siguientes de: 1:00 p.m. a 7:00 p.m., 2:00 p.m. a 8.00 p.m. y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., cumpliendo así las seis horas diarias y las 30 horas a la semana a que está obligado el docente nombrado o contratado a tiempo completo, por lo que consideran que no hay violación a un cambio de jornada ya que el horario de clase de los referidos docentes está dentro de la jornada de tiempo completo en este caso la Jornada Tarde-Noche, ya que su horario jamás fue modificado, sino lo que ocurrió es que se les asignó clases en horas que en otros períodos no se les había asignado, pero siempre dentro de su jornada de trabajo.CONSIDERANDO SEIS (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha cuatro de agosto de dos mil quince, en el sentido de que en el presente caso concurre una causa de inadmisibilidad de la presente acción, al desprenderse de los antecedentes que los amparistas no han interpuesto los recursos que disponen para obtener la subsanación del acto que a su consideración les vulnera sus derechos ante el Consejo Universitario. Concluyendo que es del parecer que se sobresean las diligencias por existir causas de inadmisibilidad con las consecuencias jurídicas del caso. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señalan que la misma es institución Autónoma del Estado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el numeral 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) …; 6)…; 7)…; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”CONSIDERANDO DIEZ (10): Que queda debidamente definido que las resoluciones o denegatorias presuntas recurridas vía amparo es un acto de la Administración Pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque se proceda al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito.CONSIDERANDO ONCE (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que, al emanar de la Administración Pública, no solo está sujeta a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; y, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-168-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los señores DIANA CAROLINA BONILLA TURCIOS, ALBERTO ENRIQUE PINEDA AGUILAR, MARLON ALDENYS OVIEDO, JOSE ENRIQUE AGUILAR ALONZO, JOSE HERLING RODAS CAÑAS, CESAR ULISES RUBI LOPEZ y LEDY RUTH AGUILAR IZAGUIRRE a favor de SI MISMOS, contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, relacionadas según los recurrentes al acto de individualización de la carga académica por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los derechos consignados en los Artículos 59, 64, 82, 90, 129 y 258 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, compareció ante este Tribunal los señores DIANA CAROLINA BONILLA TURCIOS, ALBERTO ENRIQUE PINEDA AGUILAR, MARLON ALDENYS OVIEDO, JOSE ENRIQUE AGUILAR ALONZO, JOSE HERLING RODAS CAÑAS, CESAR ULISES RUBI LOPEZ y LEDY RUTH AGUILAR IZAGUIRRE, interponiendo acción de amparo a favor de MISMOS, contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), manifestando los recurrentes que el acto contra el cual reclaman consiste en el acto de asignación y modificación de la carga académica, la cual les fue comunicada mediante notas de fechas veinte de enero y doce de febrero de dos mil dieciséis, en la que se les comunica horarios de clases diferentes a los que han venido impartiendo, los que serían a partir del primer período académico del dos mil dieciséis, sin considerar que sus horarios de trabajo se han desarrollado de manera continua durante muchos años, la cual consideran arbitraria e ilegal por constituir violación a derechos fundamentales contemplados en los Artículos 59, 64, 82, 90, 129 y 258 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 17)2) Que en fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito con suspensión del acto reclamado, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos de que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo.3) Que en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, ésta Sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros lo siguiente: a) Que los docentes descritos anteriormente, laboran para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una jornada de trabajo completa, la cual según el Artículo 131 del Estatuto del Docente Universitario es de seis (06) horas diarias, entendiéndose por jornada de trabajo la cantidad de horas efectivas dedicadas exclusivamente por los docentes a las actividades de investigación, docencia, extensión administración académica, orientación y capacitación del docente, y que la jornada semanal de trabajo será de treinta (30) horas, distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado de acuerdo a las necesidades de la unidad académica correspondiente. b) Que las autoridades universitarias, al distribuir la carga académica a los docentes antes referidos, lo hizo con antelación y de conformidad al Calendario Académico Institucional, para que los docentes lo tomaran en cuenta para el primer período académico de 2016, cumpliendo así con lo que establece el Estatuto del Docente Universitario, y exigir a los docentes universitarios el cumplimiento de su horario y jornada de trabajo, la cual es de seis (06) horas diarias, la que se refleja en el pago mensual de los mismos. c) Que los docentes desde hace años laboraba en la jornada tarde-noche, y no es cierto que se les cambió esa jornada, pues su horario de clase asignado para el año 2016, seguía siendo la jornada tarde-noche, porque en la UNAH, la jornada de trabajo para los docentes que imparten clases por la tarde-noche, es establecida de acuerdo a la demanda estudiantil y a las necesidades de la unidad académica, siendo las siguientes de: 1:00 p.m. a 7:00 p.m., 2:00 p.m. a 8.00 p.m. y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., cumpliendo así las seis horas diarias y las 30 horas a la semana a que está obligado el docente nombrado o contratado a tiempo completo, por lo que consideran que no hay violación a un cambio de jornada ya que el horario de clase de los referidos docentes está dentro de la jornada de tiempo completo en este caso la Jornada Tarde-Noche, ya que su horario jamás fue modificado, sino lo que ocurrió es que se les asignó clases en horas que en otros períodos no se les había asignado, pero siempre dentro de su jornada de trabajo. d) Que la jornada de trabajo es la que determina el Código de Trabajo y el horario de trabajo es la que impone el patrono, (Artículos 3 y 5 del Reglamento Interno de Departamentos de la UNAH), con lo que se demuestra que la UNAH, tiene la potestad y la autoridad en apego a la ley para asignar la carga académica según el horario que necesita la dependencia académica, en la jornada que corresponde a sus docentes, en el presente caso los recurrentes pertenecen a la jornada tarde-noche. e) Que la UNAH, tiene conocimiento que algunos de los docentes recurrentes laboran a tiempo completo con otras instituciones del Estado y particulares, por lo que, con la decisión de las autoridades de la UNAH, se les lesiona sus intereses personales. (Folios 129 al 130 del recurso de amparo)4) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta ocho horas a la recurrente para que formalizara su acción de amparo y en virtud de que la recurrente hizo uso del mismo, en fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo, ordenando dar vista de los autos al Fiscal del Despacho (Folio 186 de la pieza de amparo).5) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque “SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS de amparo de que se ha hecho mérito por existir en el expediente causal de inadmisibilidad. (Folio 132 de la pieza de amparo).CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los señores DIANA CAROLINA BONILLA TURCIOS, ALBERTO ENRIQUE PINEDA AGUILAR, MARLON ALDENYS OVIEDO, JOSE ENRIQUE AGUILAR ALONZO, JOSE HERLING RODAS CAÑAS, CESAR ULISES RUBI LOPEZ y LEDY RUTH AGUILAR IZAGUIRRE a favor de SI MISMOS contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, relacionadas según los recurrentes al acto de individualización de la carga académica por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los recurrentes aducen, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los derechos consignados en los Artículos 59, 64, 82, 90, 129 y 258 de la Constitución de la República; cuando les fue comunicado mediante notas de fechas veinte de enero y doce de febrero de dos mil dieciséis, en la que se les comunica horarios de clases diferentes a los que han venido impartiendo, los que serían a partir del primer período académico del dos mil dieciséis, sin considerar que sus horarios de trabajo se han desarrollado de manera continua durante muchos años, la cual consideran arbitraria e ilegalCONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, ésta Sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros lo siguiente: - Que los docentes descritos anteriormente, laboran para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en una jornada de trabajo completa, la cual según el Artículo 131 del Estatuto del Docente Universitario es de seis (06) horas diarias, entendiéndose por jornada de trabajo la cantidad de horas efectivas dedicadas exclusivamente por los docentes a las actividades de investigación, docencia, extensión administración académica, orientación y capacitación del docente, y que la jornada semanal de trabajo será de treinta (30) horas, distribuidas de lunes a viernes o de lunes a sábado de acuerdo a las necesidades de la unidad académica correspondiente. - Que los docentes desde hace años laboraba en la jornada tarde-noche, y no es cierto que se les cambió esa jornada, pues su horario de clase asignado para el año 2016, seguía siendo la jornada tarde-noche, porque en la UNAH, la jornada de trabajo para los docentes que imparten clases por la tarde-noche, es establecida de acuerdo a la demanda estudiantil y a las necesidades de la unidad académica, siendo las siguientes de: 1:00 p.m. a 7:00 p.m., 2:00 p.m. a 8.00 p.m. y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., cumpliendo así las seis horas diarias y las 30 horas a la semana a que está obligado el docente nombrado o contratado a tiempo completo, por lo que consideran que no hay violación a un cambio de jornada ya que el horario de clase de los referidos docentes está dentro de la jornada de tiempo completo en este caso la Jornada Tarde-Noche, ya que su horario jamás fue modificado, sino lo que ocurrió es que se les asignó clases en horas que en otros períodos no se les había asignado, pero siempre dentro de su jornada de trabajo.CONSIDERANDO SEIS (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha cuatro de agosto de dos mil quince, en el sentido de que en el presente caso concurre una causa de inadmisibilidad de la presente acción, al desprenderse de los antecedentes que los amparistas no han interpuesto los recursos que disponen para obtener la subsanación del acto que a su consideración les vulnera sus derechos ante el Consejo Universitario. Concluyendo que es del parecer que se sobresean las diligencias por existir causas de inadmisibilidad con las consecuencias jurídicas del caso. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señalan que la misma es institución Autónoma del Estado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el numeral 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) …; 6)…; 7)…; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”CONSIDERANDO DIEZ (10): Que queda debidamente definido que las resoluciones o denegatorias presuntas recurridas vía amparo es un acto de la Administración Pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque se proceda al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito.CONSIDERANDO ONCE (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que, al emanar de la Administración Pública, no solo está sujeta a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; y, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-168-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL