Sentencia AA-161-17 — Registro 7168
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra resolución que declara abadonado el proceso y ordena el archivo de las diligencias correspondientes a Solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales,promovida por impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo.CONSIDERANDO (14):Que siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por el Secretario General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad (IP), al archivar las diligencias, sin más trámite, se ha vulnerado en perjuicio delos recurrentes en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados.CONSIDERANDO (15):Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Secretario General de Regulación Predial-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no el archivo de las diligencias, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 25 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONALTegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil dieciocho.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA a favor de los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ,contra actuaciones realizadas por el Abogado CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, en su condición de Secretario General de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), en relación a la Resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que ordenó el archivo de las diligencias correspondientes a una Solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales,promovida por los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados, las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, consignadas en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), compareció ante la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIALdel INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, solicitando la Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales,en representación y a favor de los señores JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ y MARTHA LUZ FLORES CARRANZA, solicitando que se implementen los mecanismos de regularización de conformidad a la Ley de Propiedad, sobre un bien inmueble que poseen sus representados.(Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes)2) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mil trece (2013), compareció ante la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL delINSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), el Abogado RICARDO JOSÉ ROSA CLAMER, en su condición deApoderado Legal de la Señora ANNA GUILLERMINA SMITH RIVERA, presentando Escrito de Oposición en el expediente que contiene la Solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada antes relacionada, solicitando que: se admita la oposición presentada, abrir el periodo a pruebas y declarar SIN LUGAR la pretensión del solicitante; mismo que fue admitida en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil catorce (2014), ordenando la remisión de copia certificada del expediente administrativo número 0606-2013-77-P al Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, para que las partes diriman su controversia conforme al procedimiento especial establecido en la Ley de Propiedad. (Folios del 37 al 40 y 89 de la pieza de antecedente)3) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario General de Regulación Predial resuelve:(Sic) “…se declara abandonado el presente proceso por haber transcurrido el plazo de más de un (01) año, asimismo se ordena a la secretaria del despacho devolver el presente expediente al lugar de su procedencia.En consecuencia y tal como lo establece literalmente el artículo 489 del Código Procesal Civil. “En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (01) año si el asunto estuviere en la primera instancia o en el plazo de seis meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados se empezaran a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes.” En consecuencia procédase a archivar las presentes diligencias sin más trámite…” (Folio 105 de la pieza de antecedentes)4) Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Recurrente Abogada MIRIAN AZUCENA RUIZ MEZAinterpuso Recurso de Apelación, contra la Resolución anteriormente relacionada y el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) a través de la SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS, en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), resolvió declarar inadmisible por improcedente el citado recurso. (Folios del 123 al 125 dela pieza de antecedentes)5) Que la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, contra la Resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), emitida por el Abogado Carlos Eduardo Torres Fernández, en su condición de Secretario General de Regulación Predial, por considerar que la misma ha violentado, en perjuicio de sus representados, las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, consignadas en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional, por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 45 de los autos que forman el expediente de Amparo)6) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mi diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porqueSE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.(Folios del48 al 53de los autos que forman el expediente de Amparo)CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, emitida por el Abogado Carlos Eduardo Torres en su condición de SECRETARIO GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en relación a la solicitud de REGULARIZACIÓN DE UN INMUEBLE DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA MEDIANTE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EXTINTIVA DE DERECHOS REALES, promovida en fecha seis de junio del año dos mil trece, por la Abogada Mirian Azuzena Ruiz Meza, en su condición de Apoderada Legal de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, mediante la cual se resolvió: (Sic) “… se declara abandonado el presente proceso por haber transcurrido el plazo de más de un (01) año, asimismo se ordena a la secretaria del despacho devolver el presente expediente al lugar de su procedencia.En consecuencia y tal como lo establece literalmente el artículo 489 del Código Procesal Civil. “En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (01) año si el asunto estuviere en la primera instancia o en el plazo de seis meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados se empezaran a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes.” En consecuencia procédase a archivar las presentes diligencias sin más trámite…”. CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, es de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo promovida; arguye la Fiscal del Ministerio Público, que el derecho de defensa forma parte del debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, derechos constitucionales que se consideran infringidos en el presente expediente administrativo, cuando a los recurrentes se les limitó la posibilidad real de alegar o de probar sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos la correcta ejecución de los actos establecidos en la ley, lo cual no se aprecia en el caso de autos. Ello es así, dice la Fiscal del Ministerio Público, porque del análisis de los antecedentes se desprende que el auto emitido por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, mediante el cual se declara abandonado el presente proceso, se refiere única y exclusivamente al procedimiento para la solución jurisdiccional de controversias, en razón a la oposición presentada por el Abogado Ricardo José Rosa Clamer, el cual es un procedimiento especial que la Ley de Propiedad le atribuye su conocimiento a órganos jurisdiccionales y no aplica al proceso de regularización se sede administrativa, por tratarse de procesos distinto, ya que incluso el mismo auto resolutivo del Juzgado de Letras Civil ordena devolver dicho expediente a la Dirección General de Regulación Predial.(Folios del 48 al 51de los autos que forman el expediente de Amparo)CONSIDERANDO (5): Que la recurrente en amparo en la exposición de sus argumentos sostiene que la resolución administrativa que se impugna, ordena que se proceda a archivar las diligencias sin mas trámite, privándole así, a sus representados de poder legalizar su propiedad que por mas de 40 años, han estado usufructuando y en posesión de forma pacífica e ininterrumpida, de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad en sus artículos 69, 72, 72 y 91. Sostiene asimismo que se vulnera el derecho de defensa, cuando en la parte final de dicha Resolución Administrativa se aplica la formula Cúmplase y no Notifíquese, limitándoles a sus representados su derecho a defenderse. Aduce la impetrante que como consecuencia de la violación de los dos derechos o garantías constitucionales antes descritas, también se violenta el Debido Proceso, ya que si bien es cierto que la Dirección General de Regularización Predial como ente del Instituto de la Propiedad, que de conformidad a lo establecido en su Ley de propiedad gozan de la potestad de impartir justicia, no obstante este derecho no es absoluto, sino que debe someterse al cumplimiento de los requisitos que la ley establece. Pues aunque goza de un amplio margen para la regulación de tales requisitos, éstos no pueden ser fijados arbitrariamente sino que deben responder a la naturaleza del proceso administrativo y a las finalidades que justifiquen su exigencia.CONSIDERANDO (6): Que la impetrante estima que el derecho contenido en el artículo 80 constitucional, no es absoluto, sino que debe someterse al cumplimiento de los requisitos procesales que legalmente se impongan; ello implica que la tutela judicial efectiva se ve también satisfecha cuando la respuesta obtenida consiste en la negativa a entrar en la cuestión de fondo planteada siempre que esta negativa se encuentre justificada de manera motivada y razonable en la falta de cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para acceder a las distintas acciones y recursos previstos por el ordenamiento procesal, pues aunque el juzgador goza de un amplio margen para la regulación de tales requisitos y como los mismos condicionan el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, estos no pueden ser fijados arbitrariamente, sino que deben responder a la naturaleza del proceso y a la s finalidades que justifiquen su exigencia. Para finalizar reafirma la recurrente que la resolución que se impugna, violento derechos procedimentales de inobjetable observancia para la aplicación correcta y concreta del derecho positivo al caso concreto, formalidades ignoradas que transgreden derechos y garantías que la Ley y la Constitución de la República les otorga a los ciudadanos.CONSIDERANDO (7): Que el acto recurrido de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, emitido por el Secretario General de Regularización Predial, que ordena archivar las diligencias sin mas trámite, en relación a la solicitud de un inmueble de naturaleza jurídica privada mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales, presentado por la recurrente en Amparo en su condición de Apoderada Legal de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, ante la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad (IP), se limita a transcribir lo que señala el artículo 489[1] del Código Procesal Civil, en relación al abandono del proceso cuando ha transcurrido más de un año sin instar el proceso; que fue precisamente el fundamentó que utilizó el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán para devolver las diligencias a dicha Dirección, luego de haber sido remitidas las diligencias para resolver las controversias suscitadas entre las partes según lo determina el artículo 92[2] de la Ley de Propiedad, debiendo el Juzgado de Letras Civil seguir el procedimiento especial indicado en el artículo 110 de la norma antes citada.CONSIDERANDO (8): Que la resolución que se impugna, señala como fundamentos de derecho los artículos 22, 23, 24, 25, 80 y 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En relación a esta normativa que fue mencionada en el acto que se impugna es importante para esta Sala de lo Constitucional lo dispuesto en al artículo 25 que indica: “Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”; este precepto se encuentra en estrecha relación con lo indicado en el siguiente –Artículo 26- que literalmente dice: “La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente. Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico.”–Énfasis suplido-.De la lectura armónica de ambos preceptos es claro que la motivación de los actos es de carácter obligatorio, debiéndose sustentar en los hechos y el derecho aplicable.CONSIDERANDO (9): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[3], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[4]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[5]. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[6]CONSIDERANDO (10): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar pro el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario.CONSIDERANDO (11):Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.CONSIDERANDO (12): Que en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[7]. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo.CONSIDERANDO (14):Que siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por el Secretario General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad (IP), al archivar las diligencias, sin más trámite, se ha vulnerado en perjuicio delos recurrentes en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados.CONSIDERANDO (15):Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Secretario General de Regulación Predial-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no el archivo de las diligencias, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, a favor de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ,contra la resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) emitida por el Abogado CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, en su condición de Secretario General de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), relacionada a archivar las diligencias, sin más trámite en la solicitudde Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales,promovida por los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ. 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. YMANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDAIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 0161=2017.Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil dieciocho.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA a favor de los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ,contra actuaciones realizadas por el Abogado CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, en su condición de Secretario General de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), en relación a la Resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que ordenó el archivo de las diligencias correspondientes a una Solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales,promovida por los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados, las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, consignadas en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), compareció ante la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, solicitando la Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales, en representación y a favor de los señores JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ y MARTHA LUZ FLORES CARRANZA, solicitando que se implementen los mecanismos de regularización de conformidad a la Ley de Propiedad, sobre un bien inmueble que poseen sus representados.(Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mil trece (2013), compareció ante la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), el Abogado RICARDO JOSÉ ROSA CLAMER, en su condición deApoderado Legal de la Señora ANNA GUILLERMINA SMITH RIVERA, presentando Escrito de Oposición en el expediente que contiene la Solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada antes relacionada, solicitando que: se admita la oposición presentada, abrir el periodo a pruebas y declarar SIN LUGAR la pretensión del solicitante; mismo que fue admitida en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil catorce (2014), ordenando la remisión de copia certificada del expediente administrativo número 0606-2013-77-P al Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, para que las partes diriman su controversia conforme al procedimiento especial establecido en la Ley de Propiedad. (Folios del 37 al 40 y 89 de la pieza de antecedente) 3) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario General de Regulación Predial resuelve:(Sic) “… se declara abandonado el presente proceso por haber transcurrido el plazo de más de un (01) año, asimismo se ordena a la secretaria del despacho devolver el presente expediente al lugar de su procedencia.En consecuencia y tal como lo establece literalmente el artículo 489 del Código Procesal Civil. “En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (01) año si el asunto estuviere en la primera instancia o en el plazo de seis meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados se empezaran a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes.” En consecuencia procédase a archivar las presentes diligencias sin más trámite…” (Folio 105 de la pieza de antecedentes) 4) Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Recurrente Abogada MIRIAN AZUCENA RUIZ MEZA interpuso Recurso de Apelación, contra la Resolución anteriormente relacionada y el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) a través de la SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS, en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), resolvió declarar inadmisible por improcedente el citado recurso. (Folios del 123 al 125 de la pieza de antecedentes) 5) Que la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, contra la Resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), emitida por el Abogado Carlos Eduardo Torres Fernández, en su condición de Secretario General de Regulación Predial, por considerar que la misma ha violentado, en perjuicio de sus representados, las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, consignadas en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional, por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 45 de los autos que forman el expediente de Amparo) 6) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mi diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.(Folios del 48 al 53de los autos que forman el expediente de Amparo)CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, emitida por el Abogado Carlos Eduardo Torres en su condición de SECRETARIO GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en relación a la solicitud de REGULARIZACIÓN DE UN INMUEBLE DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA MEDIANTE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EXTINTIVA DE DERECHOS REALES, promovida en fecha seis de junio del año dos mil trece, por la Abogada Mirian Azuzena Ruiz Meza, en su condición de Apoderada Legal de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, mediante la cual se resolvió: (Sic) “… se declara abandonado el presente proceso por haber transcurrido el plazo de más de un (01) año, asimismo se ordena a la secretaria del despacho devolver el presente expediente al lugar de su procedencia.En consecuencia y tal como lo establece literalmente el artículo 489 del Código Procesal Civil. “En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (01) año si el asunto estuviere en la primera instancia o en el plazo de seis meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados se empezaran a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes.” En consecuencia procédase a archivar las presentes diligencias sin más trámite…”. CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, es de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo promovida; arguye la Fiscal del Ministerio Público, que el derecho de defensa forma parte del debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, derechos constitucionales que se consideran infringidos en el presente expediente administrativo, cuando a los recurrentes se les limitó la posibilidad real de alegar o de probar sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos la correcta ejecución de los actos establecidos en la ley, lo cual no se aprecia en el caso de autos. Ello es así, dice la Fiscal del Ministerio Público, porque del análisis de los antecedentes se desprende que el auto emitido por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, mediante el cual se declara abandonado el presente proceso, se refiere única y exclusivamente al procedimiento para la solución jurisdiccional de controversias, en razón a la oposición presentada por el Abogado Ricardo José Rosa Clamer, el cual es un procedimiento especial que la Ley de Propiedad le atribuye su conocimiento a órganos jurisdiccionales y no aplica al proceso de regularización se sede administrativa, por tratarse de procesos distinto, ya que incluso el mismo auto resolutivo del Juzgado de Letras Civil ordena devolver dicho expediente a la Dirección General de Regulación Predial. (Folios del 48 al 51de los autos que forman el expediente de Amparo)CONSIDERANDO (5): Que la recurrente en amparo en la exposición de sus argumentos sostiene que la resolución administrativa que se impugna, ordena que se proceda a archivar las diligencias sin mas trámite, privándole así, a sus representados de poder legalizar su propiedad que por mas de 40 años, han estado usufructuando y en posesión de forma pacífica e ininterrumpida, de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad en sus artículos 69, 72, 72 y 91. Sostiene asimismo que se vulnera el derecho de defensa, cuando en la parte final de dicha Resolución Administrativa se aplica la formula Cúmplase y no Notifíquese, limitándoles a sus representados su derecho a defenderse. Aduce la impetrante que como consecuencia de la violación de los dos derechos o garantías constitucionales antes descritas, también se violenta el Debido Proceso, ya que si bien es cierto que la Dirección General de Regularización Predial como ente del Instituto de la Propiedad, que de conformidad a lo establecido en su Ley de propiedad gozan de la potestad de impartir justicia, no obstante este derecho no es absoluto, sino que debe someterse al cumplimiento de los requisitos que la ley establece. Pues aunque goza de un amplio margen para la regulación de tales requisitos, éstos no pueden ser fijados arbitrariamente sino que deben responder a la naturaleza del proceso administrativo y a las finalidades que justifiquen su exigencia.CONSIDERANDO (6): Que la impetrante estima que el derecho contenido en el artículo 80 constitucional, no es absoluto, sino que debe someterse al cumplimiento de los requisitos procesales que legalmente se impongan; ello implica que la tutela judicial efectiva se ve también satisfecha cuando la respuesta obtenida consiste en la negativa a entrar en la cuestión de fondo planteada siempre que esta negativa se encuentre justificada de manera motivada y razonable en la falta de cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para acceder a las distintas acciones y recursos previstos por el ordenamiento procesal, pues aunque el juzgador goza de un amplio margen para la regulación de tales requisitos y como los mismos condicionan el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, estos no pueden ser fijados arbitrariamente, sino que deben responder a la naturaleza del proceso y a la s finalidades que justifiquen su exigencia. Para finalizar reafirma la recurrente que la resolución que se impugna, violento derechos procedimentales de inobjetable observancia para la aplicación correcta y concreta del derecho positivo al caso concreto, formalidades ignoradas que transgreden derechos y garantías que la Ley y la Constitución de la República les otorga a los ciudadanos.CONSIDERANDO (7): Que el acto recurrido de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, emitido por el Secretario General de Regularización Predial, que ordena archivar las diligencias sin mas trámite, en relación a la solicitud de un inmueble de naturaleza jurídica privada mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales, presentado por la recurrente en Amparo en su condición de Apoderada Legal de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, ante la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad (IP), se limita a transcribir lo que señala el artículo 489[8] del Código Procesal Civil, en relación al abandono del proceso cuando ha transcurrido más de un año sin instar el proceso; que fue precisamente el fundamentó que utilizó el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán para devolver las diligencias a dicha Dirección, luego de haber sido remitidas las diligencias para resolver las controversias suscitadas entre las partes según lo determina el artículo 92[9] de la Ley de Propiedad, debiendo el Juzgado de Letras Civil seguir el procedimiento especial indicado en el artículo 110 de la norma antes citada.CONSIDERANDO (8): Que la resolución que se impugna, señala como fundamentos de derecho los artículos 22, 23, 24, 25, 80 y 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En relación a esta normativa que fue mencionada en el acto que se impugna es importante para esta Sala de lo Constitucional lo dispuesto en al artículo 25 que indica: “Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”; este precepto se encuentra en estrecha relación con lo indicado en el siguiente –Artículo 26- que literalmente dice: “La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente. Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico.” –Énfasis suplido-.De la lectura armónica de ambos preceptos es claro que la motivación de los actos es de carácter obligatorio, debiéndose sustentar en los hechos y el derecho aplicable.CONSIDERANDO (9): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[10], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[11]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[12]. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[13]CONSIDERANDO (10): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar pro el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario.CONSIDERANDO (11):Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.CONSIDERANDO (12): Que en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[14]. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo.CONSIDERANDO (14):Que siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por el Secretario General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad (IP), al archivar las diligencias, sin más trámite, se ha vulnerado en perjuicio delos recurrentes en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados.CONSIDERANDO (15):Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Secretario General de Regulación Predial-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no el archivo de las diligencias, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, a favor de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ,contra la resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) emitida por el Abogado CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, en su condición de Secretario General de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), relacionada a archivar las diligencias, sin más trámite en la solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales,promovida por los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ. 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. YMANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDAIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 0161=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
C E R T I F I C A C I O N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil dieciocho.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA a favor de los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ,contra actuaciones realizadas por el Abogado CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, en su condición de Secretario General de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), en relación a la Resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que ordenó el archivo de las diligencias correspondientes a una Solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales,promovida por los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados, las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, consignadas en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), compareció ante la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, solicitando la Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales, en representación y a favor de los señores JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ y MARTHA LUZ FLORES CARRANZA, solicitando que se implementen los mecanismos de regularización de conformidad a la Ley de Propiedad, sobre un bien inmueble que poseen sus representados.(Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mil trece (2013), compareció ante la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), el Abogado RICARDO JOSÉ ROSA CLAMER, en su condición deApoderado Legal de la Señora ANNA GUILLERMINA SMITH RIVERA, presentando Escrito de Oposición en el expediente que contiene la Solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada antes relacionada, solicitando que: se admita la oposición presentada, abrir el periodo a pruebas y declarar SIN LUGAR la pretensión del solicitante; mismo que fue admitida en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil catorce (2014), ordenando la remisión de copia certificada del expediente administrativo número 0606-2013-77-P al Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, para que las partes diriman su controversia conforme al procedimiento especial establecido en la Ley de Propiedad. (Folios del 37 al 40 y 89 de la pieza de antecedente) 3) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), el Secretario General de Regulación Predial resuelve:(Sic) “… se declara abandonado el presente proceso por haber transcurrido el plazo de más de un (01) año, asimismo se ordena a la secretaria del despacho devolver el presente expediente al lugar de su procedencia.En consecuencia y tal como lo establece literalmente el artículo 489 del Código Procesal Civil. “En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (01) año si el asunto estuviere en la primera instancia o en el plazo de seis meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados se empezaran a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes.” En consecuencia procédase a archivar las presentes diligencias sin más trámite…” (Folio 105 de la pieza de antecedentes) 4) Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Recurrente Abogada MIRIAN AZUCENA RUIZ MEZA interpuso Recurso de Apelación, contra la Resolución anteriormente relacionada y el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) a través de la SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS, en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), resolvió declarar inadmisible por improcedente el citado recurso. (Folios del 123 al 125 de la pieza de antecedentes) 5) Que la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, contra la Resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), emitida por el Abogado Carlos Eduardo Torres Fernández, en su condición de Secretario General de Regulación Predial, por considerar que la misma ha violentado, en perjuicio de sus representados, las garantías constitucionales de petición, defensa y debido proceso, consignadas en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional, por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 45 de los autos que forman el expediente de Amparo) 6) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mi diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.(Folios del 48 al 53de los autos que forman el expediente de Amparo)CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, emitida por el Abogado Carlos Eduardo Torres en su condición de SECRETARIO GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en relación a la solicitud de REGULARIZACIÓN DE UN INMUEBLE DE NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA MEDIANTE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EXTINTIVA DE DERECHOS REALES, promovida en fecha seis de junio del año dos mil trece, por la Abogada Mirian Azuzena Ruiz Meza, en su condición de Apoderada Legal de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, mediante la cual se resolvió: (Sic) “… se declara abandonado el presente proceso por haber transcurrido el plazo de más de un (01) año, asimismo se ordena a la secretaria del despacho devolver el presente expediente al lugar de su procedencia.En consecuencia y tal como lo establece literalmente el artículo 489 del Código Procesal Civil. “En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (01) año si el asunto estuviere en la primera instancia o en el plazo de seis meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados se empezaran a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes.” En consecuencia procédase a archivar las presentes diligencias sin más trámite…”. CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, es de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo promovida; arguye la Fiscal del Ministerio Público, que el derecho de defensa forma parte del debido proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, derechos constitucionales que se consideran infringidos en el presente expediente administrativo, cuando a los recurrentes se les limitó la posibilidad real de alegar o de probar sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos la correcta ejecución de los actos establecidos en la ley, lo cual no se aprecia en el caso de autos. Ello es así, dice la Fiscal del Ministerio Público, porque del análisis de los antecedentes se desprende que el auto emitido por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, mediante el cual se declara abandonado el presente proceso, se refiere única y exclusivamente al procedimiento para la solución jurisdiccional de controversias, en razón a la oposición presentada por el Abogado Ricardo José Rosa Clamer, el cual es un procedimiento especial que la Ley de Propiedad le atribuye su conocimiento a órganos jurisdiccionales y no aplica al proceso de regularización se sede administrativa, por tratarse de procesos distinto, ya que incluso el mismo auto resolutivo del Juzgado de Letras Civil ordena devolver dicho expediente a la Dirección General de Regulación Predial. (Folios del 48 al 51de los autos que forman el expediente de Amparo)CONSIDERANDO (5): Que la recurrente en amparo en la exposición de sus argumentos sostiene que la resolución administrativa que se impugna, ordena que se proceda a archivar las diligencias sin mas trámite, privándole así, a sus representados de poder legalizar su propiedad que por mas de 40 años, han estado usufructuando y en posesión de forma pacífica e ininterrumpida, de conformidad a lo establecido en la Ley de Propiedad en sus artículos 69, 72, 72 y 91. Sostiene asimismo que se vulnera el derecho de defensa, cuando en la parte final de dicha Resolución Administrativa se aplica la formula Cúmplase y no Notifíquese, limitándoles a sus representados su derecho a defenderse. Aduce la impetrante que como consecuencia de la violación de los dos derechos o garantías constitucionales antes descritas, también se violenta el Debido Proceso, ya que si bien es cierto que la Dirección General de Regularización Predial como ente del Instituto de la Propiedad, que de conformidad a lo establecido en su Ley de propiedad gozan de la potestad de impartir justicia, no obstante este derecho no es absoluto, sino que debe someterse al cumplimiento de los requisitos que la ley establece. Pues aunque goza de un amplio margen para la regulación de tales requisitos, éstos no pueden ser fijados arbitrariamente sino que deben responder a la naturaleza del proceso administrativo y a las finalidades que justifiquen su exigencia.CONSIDERANDO (6): Que la impetrante estima que el derecho contenido en el artículo 80 constitucional, no es absoluto, sino que debe someterse al cumplimiento de los requisitos procesales que legalmente se impongan; ello implica que la tutela judicial efectiva se ve también satisfecha cuando la respuesta obtenida consiste en la negativa a entrar en la cuestión de fondo planteada siempre que esta negativa se encuentre justificada de manera motivada y razonable en la falta de cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para acceder a las distintas acciones y recursos previstos por el ordenamiento procesal, pues aunque el juzgador goza de un amplio margen para la regulación de tales requisitos y como los mismos condicionan el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, estos no pueden ser fijados arbitrariamente, sino que deben responder a la naturaleza del proceso y a la s finalidades que justifiquen su exigencia. Para finalizar reafirma la recurrente que la resolución que se impugna, violento derechos procedimentales de inobjetable observancia para la aplicación correcta y concreta del derecho positivo al caso concreto, formalidades ignoradas que transgreden derechos y garantías que la Ley y la Constitución de la República les otorga a los ciudadanos.CONSIDERANDO (7): Que el acto recurrido de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, emitido por el Secretario General de Regularización Predial, que ordena archivar las diligencias sin mas trámite, en relación a la solicitud de un inmueble de naturaleza jurídica privada mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales, presentado por la recurrente en Amparo en su condición de Apoderada Legal de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ, ante la Dirección General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad (IP), se limita a transcribir lo que señala el artículo 489[15] del Código Procesal Civil, en relación al abandono del proceso cuando ha transcurrido más de un año sin instar el proceso; que fue precisamente el fundamentó que utilizó el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán para devolver las diligencias a dicha Dirección, luego de haber sido remitidas las diligencias para resolver las controversias suscitadas entre las partes según lo determina el artículo 92[16] de la Ley de Propiedad, debiendo el Juzgado de Letras Civil seguir el procedimiento especial indicado en el artículo 110 de la norma antes citada.CONSIDERANDO (8): Que la resolución que se impugna, señala como fundamentos de derecho los artículos 22, 23, 24, 25, 80 y 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En relación a esta normativa que fue mencionada en el acto que se impugna es importante para esta Sala de lo Constitucional lo dispuesto en al artículo 25 que indica: “Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”; este precepto se encuentra en estrecha relación con lo indicado en el siguiente –Artículo 26- que literalmente dice: “La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente. Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico.” –Énfasis suplido-.De la lectura armónica de ambos preceptos es claro que la motivación de los actos es de carácter obligatorio, debiéndose sustentar en los hechos y el derecho aplicable.CONSIDERANDO (9): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[17], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[18]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[19]. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[20]CONSIDERANDO (10): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar pro el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario.CONSIDERANDO (11):Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.CONSIDERANDO (12): Que en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[21]. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo.CONSIDERANDO (14):Que siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por el Secretario General de Regularización Predial del Instituto de la Propiedad (IP), al archivar las diligencias, sin más trámite, se ha vulnerado en perjuicio delos recurrentes en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados.CONSIDERANDO (15):Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Secretario General de Regulación Predial-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no el archivo de las diligencias, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGADO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada MIRIAN AZUZENA RUIZ MEZA, a favor de los señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ,contra la resolución de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) emitida por el Abogado CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, en su condición de Secretario General de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN PREDIAL del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), relacionada a archivar las diligencias, sin más trámite en la solicitud de Regularización de un Inmueble de Naturaleza Jurídica Privada, mediante prescripción adquisitiva y extintiva de derechos reales,promovida por los Señores MARTHA LUZ FLORES CARRANZA y JOSE JAVIER ZEPEDA VASQUEZ. 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia. YMANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDAIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Y a solicitud de la Abogada MIRIAN AZUCENA RUIZ MESA se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 0161=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Artículo 489.-ABANDONO DEL PROCESO. 1. En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (1) año si el asunto estuviere en la primera instancia, o en el plazo de seis (6) meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados empezarán a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes. 2. El abandono se declarará por medio de auto, de oficio, a pedido de parte o de tercero legitimado, y contendrá la condena en costas, conforme las reglas generales, a la parte que diera lugar a ella. 3. El abandono operará también contra el Estado y demás personas de derecho público, incapaces y ausentes.
[2]Artículo 92.-Si el término referido se formulare oposición el Instituto remitiera los autos al Juzgado de Letras competentes para que las partes diriman su controversia conforme al procedimiento especial establecido en la presente Ley.
[3] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[4]Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[5]Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[6]Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[7]Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
[8]Artículo 489.-ABANDONO DEL PROCESO. 1. En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (1) año si el asunto estuviere en la primera instancia, o en el plazo de seis (6) meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados empezarán a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes. 2. El abandono se declarará por medio de auto, de oficio, a pedido de parte o de tercero legitimado, y contendrá la condena en costas, conforme las reglas generales, a la parte que diera lugar a ella. 3. El abandono operará también contra el Estado y demás personas de derecho público, incapaces y ausentes.
[9]Artículo 92.-Si el término referido se formulare oposición el Instituto remitiera los autos al Juzgado de Letras competentes para que las partes diriman su controversia conforme al procedimiento especial establecido en la presente Ley.
[10] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[11]Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[12]Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[13]Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[14]Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
[15]Artículo 489.-ABANDONO DEL PROCESO. 1. En toda clase de procesos se considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de un (1) año si el asunto estuviere en la primera instancia, o en el plazo de seis (6) meses si lo fuere en segunda instancia o en recurso de casación. Los plazos señalados empezarán a contar desde la última actuación procesal o desde la última notificación efectuada a las partes. 2. El abandono se declarará por medio de auto, de oficio, a pedido de parte o de tercero legitimado, y contendrá la condena en costas, conforme las reglas generales, a la parte que diera lugar a ella. 3. El abandono operará también contra el Estado y demás personas de derecho público, incapaces y ausentes.
[16]Artículo 92.-Si el término referido se formulare oposición el Instituto remitiera los autos al Juzgado de Letras competentes para que las partes diriman su controversia conforme al procedimiento especial establecido en la presente Ley.
[17] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[18]Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[19]Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[20]Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[21]Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.