Sentencia AA-153-18 — Registro 9842
Resumen
Acto recurrido que contienen la sentencia que denegó el Recurso de Amparo interpuesto a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el A-Quo, en relación a la demanda promovida por Guccio Gucci, S.P.A. contra el impetrante a través del Instituto de la Propiedad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que del examen de las diligencias se constata que la resolución judicial reclamada en amparo ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO no infringe las garantías invocadas por la recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso, salvaguardados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues además de que la interpretación judicial cuestionada no colisiona con el articulado constitucional en mención, se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la doble vinculación a lo establecido en la ley y la Constitución de la República y con motivación en derecho congruente y de fondo, si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario de amparo respecto a la atribución de Competencia objetiva para conocer del caso, como respecto a la aptitud de la contraparte para comparecer como demandante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en un caso, además, de cuantía indeterminada; constando de autos la emisión de una sentencia congruente con las tesis de argumentación jurídica propuestas por el impetrante, las cuales no lograron desestimar la capacidad y legitimación del demandante incidentado, ni la licitud de objeto de la Litis (la Nulidad del acto que declara no procedente la oposición de inscripción de la marca registrada); por lo cual se tiene por una sentencia no incursa en arbitrariedad, en el sentido de encontrarse carente de motivación y/o de fundamentación suficiente; de ser una afirmación dogmática del juzgador, prescindiendo de pruebas o pretensiones decisivas para resolver el caso; o de aplicar derecho no vigente o resolviendo contra legem; todo lo cual concurre a su confirmatoria..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio del dos mil dieciocho.-VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contienen la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de octubre de dos mil quince, en relación a la demanda promovida por GUCCIO GUCCI, S.P.A.” contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que el abogado ROBERTO ALEJANDRO WILLAMS CRUZ, actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada GUCCIO GUCCI, S.P.A, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, promoviendo Demanda Ordinaria de nulidad de una resolución administrativa por no ser conforme a derecho y se reconozca la situación jurídica individualizada, contra la resolución Nº 073-SR-14 de fecha diecinueve de agosto del año dos mil catorce, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folios 01 al 25 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, compareció ante el citado Juzgado, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, alegando y oponiendo Defensas Previas.-3) Que en fecha veinte de octubre del año dos mil quince, el Tribunal de primera instancia falla: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad planteadas por el Estado de Honduras y se sigue con el proceso. (Folios del 14 al 19 de la pieza de Defensas Previas).-4) Que el abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de octubre del año dos mil quince, alegando el recurrente que con esos actos se violentan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesta por el abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ; lo cual fundamentó en que el Juzgado A-Quo desestimó correctamente las causas de inadmisibilidad intentadas por la Procuraduría General de la República, por la vía de Defensas Previas, al reconocerse que no se ha violado el ordenamiento administrativo, pues la parte demandante tiene aptitud para solicitar la Nulidad del acto que declara no procedente la oposición de inscripción de la marca, objeto del litigio; no procediendo tampoco la aplicación de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 80, con relación al artículo 39, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Folios del 41 al 47 de la pieza de Defensas Previas).-6) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho, se recibió en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en su condición preindicada.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ÁNGEL ANTONIO MENDOZA VELÁSQUEZ, actuando en su condición de Apoderado Legal Sustituto del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; resolución de amparo que versa sobre la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de esta sección judicial, en fecha veinte (20) de octubre de dos mil quince (2015), según contenida en pieza separada de Defensas Previas, las cuales fueron interpuestas por la parte incidentista demandada, resultando desestimadas en la parte resolutiva por el Juzgado Ad-Quem, ordenando se siga adelante con el proceso.-CONSIDERANDO (3): Que la motivación de la resolución que se conoce en Consulta, refiere que no existen violaciones a las Garantías Constitucionales del Derecho de Defensa y del Debido Proceso alegadas por el recurrente, en virtud de las consideraciones que obran sucintamente en el Antecedente 5) de la presente sentencia; por lo cual consideró debía denegarse el presente Recurso de Amparo.-CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se constata que la resolución judicial reclamada en amparo ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO no infringe las garantías invocadas por la recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso, salvaguardados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues además de que la interpretación judicial cuestionada no colisiona con el articulado constitucional en mención, se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la doble vinculación a lo establecido en la ley y la Constitución de la República y con motivación en derecho congruente y de fondo, si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario de amparo respecto a la atribución de Competencia objetiva para conocer del caso, como respecto a la aptitud de la contraparte para comparecer como demandante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en un caso, además, de cuantía indeterminada; constando de autos la emisión de una sentencia congruente con las tesis de argumentación jurídica propuestas por el impetrante, las cuales no lograron desestimar la capacidad y legitimación del demandante incidentado, ni la licitud de objeto de la Litis (la Nulidad del acto que declara no procedente la oposición de inscripción de la marca registrada); por lo cual se tiene por una sentencia no incursa en arbitrariedad, en el sentido de encontrarse carente de motivación y/o de fundamentación suficiente; de ser una afirmación dogmática del juzgador, prescindiendo de pruebas o pretensiones decisivas para resolver el caso; o de aplicar derecho no vigente o resolviendo contra legem;[1] todo lo cual concurre a su confirmatoria.-CONSIDERANDO (5): Que resulta suficiente, en definitiva, la fundamentación que ha efectuado dicha Corte de Apelaciones en la resolución en estudio, al explicar razonadamente los motivos para dictar la denegatoria del recurso, con cita precisa del derecho aplicable al caso e incluso de relevantes precedentes jurisprudenciales a la presunta violación de derechos constitucionales alegada por el Censor. Resultando procedente, por lo tanto, dictar confirmatoria a la resolución denegatoria que es venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se deniega el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ÁNGEL ANTONIO MENDOZA VELÁSQUEZ en su condición preindicada, a favor del ESTADO DE HONDURAS; de todo lo cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0153-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] “El debido proceso en la sociedad contemporánea”, Hoyos, A, en: LIBER AMICORUM: Héctor Fix- Zamudio (Vol. II), Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, C.R., 1998, pp. 915-916.