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Sentencia AA-140-18 — Registro 10124

Resumen

En el caso de mérito no se acreditó el cierre de los negocios los días cuatro y cinco de agosto de dos mil diecisiete a partir de las diez y once de la noche por parte de la Policía Nacional, ya que no se aportó prueba para ello. Luego, impetrante reclama que el Estado debe garantizar y proteger a las personas como a las empresas, la unión del trabajo con el capital

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Resumen de la resolución que se conoce en consulta obligatoria. La honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida dictó el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, sentencia mediante la cual denegó la garantía constitucional de amparo de mérito, estableciendo las razones y argumentos que a continuación se resumen. Básicamente refiere la corte de apelaciones que la denegatoria obedece a que el jefe de la Policía Nacional Departamental de Islas de la Bahía negó que los días señalados en la garantía constitucional de amparo se haya cerrado el establecimiento comercial Island Saloon Bar y Restaurante, también conocido como Island Saloon Bar and Grill, en la zona turística, de manera que ese extremo debió ser acreditado por el amparista.

La corte de apelaciones señala que, aunque rige en casos como este el principio de informalidad, no significa que el actor esté exento de probar que ocurrió el acto o resolución que reclama. En el caso de mérito no se acreditó el cierre de los negocios los días cuatro y cinco de agosto de dos mil diecisiete a partir de las diez y once de la noche por parte de la Policía Nacional, ya que no se aportó prueba para ello. Luego, refiriéndose a lo consignado en las actas notariales agregadas a folios ocho y nueve del expediente de amparo, la corte expresa que la redacción es tan escueta que de la misma no se desprende con claridad que efectivamente se haya cerrado el establecimiento en esos días, contrariando lo ordenado en los permisos concedidos. Que únicamente consta que la Policía llegó y que le manifestaron al dueño que tenían que cerrar en ese horario. De manera que al analizar las diligencias la corte de apelaciones expresa que no encontró violaciones a derechos fundamentales. Por último, rechaza la petición de otorgar el amparo en virtud de que no se envió el informe solicitado por parte de la autoridad recurrida, debido a que durante ese tiempo se decretó alerta roja y verde por lo que no hubo transporte marítimo ni aéreo que incomunicó al departamento insular. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos constitucionales citados por el censor. Del examen de la sentencia enviada en consulta obligatoria y de las diligencias que la acompañan, la Sala estima que procede su CONFIRMATORIA en virtud de los argumentos que a continuación se pasan a exponer. Este alto tribunal de justicia observa que las actas notariales del cuatro y cinco de agosto del año dos mil diecisiete consignan los siguientes hechos: 1. Que le fue manifestado al señor Jerry Sylvester Coleman Cherrington que tenía que cerrar el negocio porque no se tenía el permiso para seguir operando a esas horas. 2. Que dicha orden se ejecutó a pesar de que fue mostrado el permiso de operación del negocio. De manera que no se estableció la autoridad que ordenó el cierre del negocio, ni la hora en que ocurrieron los hechos. De manera que se coincide con la corte de apelaciones en relación con la imprecisión de la información de dichas actas notariales. Lo anterior se contrasta con el informe rendido por la autoridad denunciada, o sea la Policía Nacional, quien niega haber cerrado el negocio aludido antes de las cuatro de la mañana que es la hora que debe cerrar. Así como señala la corte de apelaciones, el asunto se vuelve controvertido, teniendo la carga de la prueba en este caso el censor, quien no logra con la documentación que acompaña acreditar lo expresado en sus escritos de interposición y formalización, razón por la que es procedente confirmar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho VISTO: En consulta obligatoria la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictada por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, que declaró no ha lugar la garantía constitucional de amparo interpuesto por el abogado ROMAYN ANDREE VELÁSQUEZ, a favor de JERRY SILVESTER COLEMAN CHERRINGTON, en contra de las actuaciones de la JEFATURA NÚMERO 11 DE LA POLICÍA NACIONAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, relacionadas según el recurrente al cierre del negocio ISLAND SALOON BAR AND GRILL. Habiendo estimado el amparista como violados los artículos 80, 82, 94, 103 Y 106 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. El abogado ROMAYN ANDREE VELÁSQUEZ, en su condición ya indicada, compareció ante la honorable Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Atlántida, promoviendo garantía constitucional de amparo a favor de JERRY SILVESTER COLEMAN CHERRINGTON, en contra de las actuaciones de la JEFATURA NÚMERO 11 DE LA POLICÍA NACIONAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA, relacionadas según el recurrente al cierre del negocio ISLAND SALOON BAR AND GRILL. 2. En fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la honorable Corte Segunda de Apelaciones del departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual, falla: Declarando NO HA LUGAR la presente acción de amparo y por la tanto NO OTORGANDO EL MISMO. 3. En fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho, recibimos en este alto tribunal, para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo interpuesto por el abogado ROMAYN ANDREE VELÁSQUEZ. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Sobre los alegatos del garantista denunciando violación a la Constitución de la República. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fueron violentados los artículos 80, 82, 94, 103 Y 106 de la Constitución. El censor al formalizar la presente garantía constitucional de amparo señala que el objeto del amparo lo constituyen los actos y hechos de la Jefatura No.11 de la Policía Nacional de Roatán, departamento de Islas de la Bahía que condujeron al cierre del negocio denominado Island Saloon Bar y Restaurante, también conocido como Island Saloon Bar and Grill, propiedad del señor Jerry Sylvester Coleman los días cuatro y cinco de agosto de dos mil diecisiete. Manifiesta que su representado tiene su negocio en una zona declarada como turística por lo que goza de un tratamiento especial en cuanto a las regulaciones contenidas en el Plan de arbitrios, año 2017 de Roatán, con relación a la Ley de Convivencia Ciudadana en su artículo 102 que literalmente expresa: Se prohíbe el expendio de licores después de las doce de la noche los días lunes a jueves, salvo los días anterior festivo al feriado, bajo pena de multa en cierre obligatorio; se exceptúan los lugares turísticos con permiso de la Secretaría de Estado en el despacho de Turismo. Señala que además este artículo se relaciona con el artículo 39 de la Ley del Instituto de Turismo, que literalmente dice: Para poder operar, los prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo a fin de obtener la identificación respectiva en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos. Explica en ese sentido que la municipalidad de Roatán le ha extendido a su poderdante un permiso para apertura y operación de su negocio, el cual se encuentra inscrito debidamente en el Cámara Nacional de Turismo como prestador de servicios turísticos, razón por la que se encuentra comprendido a la prohibición del artículo 102 antes citado. Al desarrollar en que consistió la violación se limita a señalar que: “El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa…” Indica que todo ello se encuentra en el artículo 311 constitucional e instrumentos internacionales que promueve la “libre empresa, comercio, inversión, turismo etc.” Reclama que la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado; que las empresas mercantiles son: “el motor impulsador de la economía nacional, la cual se traduce en generación de empleo, el pago de tributos, el bienestar social y económico del país.” Reclama que el Estado debe garantizar y proteger a las personas como a las empresas, la unión del trabajo con el capital. En ese sentido señala que afectar uno afecta al otro porque se afectan los derechos de los que trabajan en el negocio. Finaliza expresando que el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica debe estar por encima de cualquier disposición, acto o acción que se desprende o de un acto ilegal por parte de un funcionario policial. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. El fiscal José Dagoberto Martínez en su dictamen concluyó que SE OTORGUE la presente garantía de amparo al estimar que se han vulnerado los derechos constitucionales invocados. Al desarrollar su opinión, el fiscal señala que fue acreditado en el expediente de mérito los permisos de la Alcaldía de Roatán y de la Secretaría de Turismo, que el negocio Island Saloon Bar y Restaurante, también conocido como Island Saloon Bar and Grill, es una empresa turística y que está dentro de las empresas para las que se exceptúan los cierres a la medianoche. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Resumen de la resolución que se conoce en consulta obligatoria. La honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida dictó el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, sentencia mediante la cual denegó la garantía constitucional de amparo de mérito, estableciendo las razones y argumentos que a continuación se resumen. Básicamente refiere la corte de apelaciones que la denegatoria obedece a que el jefe de la Policía Nacional Departamental de Islas de la Bahía negó que los días señalados en la garantía constitucional de amparo se haya cerrado el establecimiento comercial Island Saloon Bar y Restaurante, también conocido como Island Saloon Bar and Grill, en la zona turística, de manera que ese extremo debió ser acreditado por el amparista.

La corte de apelaciones señala que, aunque rige en casos como este el principio de informalidad, no significa que el actor esté exento de probar que ocurrió el acto o resolución que reclama. En el caso de mérito no se acreditó el cierre de los negocios los días cuatro y cinco de agosto de dos mil diecisiete a partir de las diez y once de la noche por parte de la Policía Nacional, ya que no se aportó prueba para ello. Luego, refiriéndose a lo consignado en las actas notariales agregadas a folios ocho y nueve del expediente de amparo, la corte expresa que la redacción es tan escueta que de la misma no se desprende con claridad que efectivamente se haya cerrado el establecimiento en esos días, contrariando lo ordenado en los permisos concedidos. Que únicamente consta que la Policía llegó y que le manifestaron al dueño que tenían que cerrar en ese horario. De manera que al analizar las diligencias la corte de apelaciones expresa que no encontró violaciones a derechos fundamentales. Por último, rechaza la petición de otorgar el amparo en virtud de que no se envió el informe solicitado por parte de la autoridad recurrida, debido a que durante ese tiempo se decretó alerta roja y verde por lo que no hubo transporte marítimo ni aéreo que incomunicó al departamento insular. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos constitucionales citados por el censor. Del examen de la sentencia enviada en consulta obligatoria y de las diligencias que la acompañan, la Sala estima que procede su CONFIRMATORIA en virtud de los argumentos que a continuación se pasan a exponer. Este alto tribunal de justicia observa que las actas notariales del cuatro y cinco de agosto del año dos mil diecisiete consignan los siguientes hechos: 1. Que le fue manifestado al señor Jerry Sylvester Coleman Cherrington que tenía que cerrar el negocio porque no se tenía el permiso para seguir operando a esas horas. 2. Que dicha orden se ejecutó a pesar de que fue mostrado el permiso de operación del negocio. De manera que no se estableció la autoridad que ordenó el cierre del negocio, ni la hora en que ocurrieron los hechos. De manera que se coincide con la corte de apelaciones en relación con la imprecisión de la información de dichas actas notariales. Lo anterior se contrasta con el informe rendido por la autoridad denunciada, o sea la Policía Nacional, quien niega haber cerrado el negocio aludido antes de las cuatro de la mañana que es la hora que debe cerrar. Así como señala la corte de apelaciones, el asunto se vuelve controvertido, teniendo la carga de la prueba en este caso el censor, quien no logra con la documentación que acompaña acreditar lo expresado en sus escritos de interposición y formalización, razón por la que es procedente confirmar la sentencia que se conoce en consulta obligatoria. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 68, 69 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida que denegó la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado ROMAYN ANDREE BACA VELÁSQUEZ, a favor de JERRY SILVESTER COLEMAN CHERRINGTON, en contra de las actuaciones de la JEFATURA NÚMERO 11 DE LA POLICÍA NACIONAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, relacionadas según el recurrente al cierre del negocio ISLAND SALOON BAR AND GRILL. Y MANDA: Que una firme el presente fallo, se certifique éste y se devuelvan los antecedentes a su procedencia; asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo Venido en consulta bajo el número SCO-0140=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”