Sentencia AA-136-18 — Registro 9841
Resumen
Acto recurrido que otorgó el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el aquo, en relación a la demanda promovida por los impetrantes contra el Estado de Honduras a través de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; cuando señala que el A-Quo al emitir el acto recurrido, no lo hizo en aplicación a la normativa jurídica aplicable, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y demás atinentes, obviando formalidades procesales Constitucionales e infraconstitucionales que originan el quebrantamiento de procedimientos y violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso, como ser el Derecho de Audiencia a las partes previa a declararse incompetente y a ser notificada conforme a la Ley de la resolución que hoy se impugna..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, que otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, a favor de los señores (as) SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETE, JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO, MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, ENRIQUE MARTIN GALDAMEZ MOREL, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de enero de dos mil diecisiete, en relación a la demanda promovida por los señores (as) SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETE, JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO, MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, ENRIQUE MARTIN GALDAMEZ MOREL, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÈS. Habiendo estimado el recurrente como violado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, en su condición de apoderado legal, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor de los señores (as) SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETE, JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO, MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, ENRIQUE MARTIN GALDAMEZ MOREL, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÈS, alegando el recurrente que con esos actos se violentan los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: PRIMERO: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, a favor de los señores (as) SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETE, JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO, MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, ENRIQUE MARTIN GALDAMEZ MOREL. SEGUNDO: SE ORDENA 1) Remitir las diligencias que contienen el expediente de mérito al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en vista de haber sido ya recibido por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa; 2) Se anula la resolución de fecha 12 de enero del 2017, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que aparece a folio 209 de la pieza de principal de autos, Tomo II; 3) Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, previo a declararse incompetente realice la audiencia que establece el Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, convocando en legal y debida forma a la parte personada en juicio y la resolución que resulte sea notificada de conformidad a ley. (Folios del 26 al 31 de la pieza de la Corte de Apelaciones).
- Que en fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, en cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, que otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, a favor de los señores (as) SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETE, JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO, MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, ENRIQUE MARTIN GALDAMEZ MOREL, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de enero de dos mil diecisiete, en relación a la demanda promovida por los señores (as) SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETE, JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO, MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, ENRIQUE MARTIN GALDAMEZ MOREL, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la CORPORACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dichas resoluciones son violatorias de los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, puesto que se prescindió absolutamente de lo dispuesto en el Artículo 136 del Código Procesal Civil, al ni siquiera ordenar la notificación de la resolución. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; cuando señala que el A-Quo al emitir el acto recurrido, no lo hizo en aplicación a la normativa jurídica aplicable, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y demás atinentes, obviando formalidades procesales Constitucionales e infraconstitucionales que originan el quebrantamiento de procedimientos y violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso, como ser el Derecho de Audiencia a las partes previa a declararse incompetente y a ser notificada conforme a la Ley de la resolución que hoy se impugna. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que, también, la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; que otorgó la acción de amparo interpuesta por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, a favor de los señores (as) SUSANA GUADALUPE GALDAMEZ PRIETE, JULIO CESAR GALDAMEZ PRIETO, MARIA DEL ROSARIO GALDAMEZ PRIETO, ENRIQUE MARTIN GALDAMEZ MOREL. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-0136=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL