Sentencia AA-1208-16 — Registro 8217
Resumen
Resolución que denegó solicitud para la incorporación de título en su grado de doctorado de la Universidad de San Carlos de Guatemala,por no presentar documento oficial que mostrara el movimiento migratorio,en el período en que realizó los estudios, como requisito a la incorporación de un título extendido en universidad extranjera,resolución impugnada fundamenta que dicho requisito se encuentra en el Reglamento de Educación Superior.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(10) El carácter propio de la ley, consiste en el hecho de que la ley es una expresión de la voluntad nacional, manifestada mediante el Congreso Nacional, lo que no puede decirse de un reglamento, que es la expresión de la voluntad de los administradores o de los órganos del poder administrativo. Se entiende toda disposición jurídica de carácter general y con valor subordinado a la Ley dictada por la Administración, en virtud de su competencia propia. Lo que significa que la norma reglamentaria, al estar sometida jerárquicamente a la Ley, aunque sea posterior no puede derogar o modificar el contenido de las normas con rango de ley y, por el contrario, éstas tienen fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento[1].Los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos preceptos no pueden modificar; así como las leyes deben circunscribirse a la esfera que la Constitución les señala, la misma relación debe guardar el reglamento en relación con la ley respectiva, de acuerdo a nuestro régimen constitucional, reconocido en el artículo 205 constitucional que dispone: “Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1. Crear, decretar, interpretar, reformar, y derogar las leyes; …), señalando la misma Constitución de la República el procedimiento que debe seguirse para su formación, sanción y promulgación. De modo que, si bien existen algunas relaciones entre el reglamento y la ley, no pueden tener ambos el mismo alcance, ni por razón del órgano que los expide, ni por razón de la materia que consignan, ni por la fuerza y autonomía que en sí tienen, ya que el reglamento tiene que estar necesariamente subordinado a la ley, de lo cual depende su validez, no pudiendo derogar, modificar, ampliar y restringir el contenido de la misma, ya que sólo tiene por objeto proveer a la exacta observancia de la ley.- CONSIDERANDO: (11) Que del estudio de Los antecedentes. La resolución recurrida y la ley y el reglamento atinente al caso concreto, esta Sala aprecia: Que ciertamente tal como lo dice el impetrante y así consta en el informe remitido por el Consejo de Educación Superior, al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, le fue denegada la solicitud de incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo Previsión Social y Derechos Humanos, obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que ha realizado los viajes y estadías correspondiente al periodo que realizo los estudios. El Consejo de Educación Superior manifiesta que el Art. 17 de la Ley de Educación Superior le atribuye al Consejo entre otras atribuciones f) ejercer la potestad normativa para emitir los Reglamentos de esta ley, y las demás leyes aplicables al nivel; y el Reglamento emitido, entre sus disposiciones requiere que para la incorporación de un título extendido por Universidad Extranjera según el art. 18, literal h) debe acreditar el movimiento migratorio. Analizado el artículo 17 de la Ley de Educación Superior faculta al Consejo entre otras atribuciones a emitir el Reglamento de la Ley, el que debe estar sometido jerárquicamente a la Ley, no puede reformar o modificar el contenido de las normas con rango de ley, apreciando esta Sala que el artículo 18 literal h) del Reglamento de la Ley de Educación Superior nunca fue Publicado en el Diario Oficial la Gaceta modifica el contexto de la ley que en ninguna de sus partes dispone como requisito académico, el movimiento migratorio del o los estudiantes (as). La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate, se entienden que están sujetos a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley[2]; siendo que ésta debe ser la naturaleza de tales disposiciones (académica), lo que viene a confrontar la Constitución de la República en su Artículo 205 que dispone que el Congreso Nacional tiene la atribución de crear, decretar, interpretar, reformar, y derogar las leyes; en el caso que nos ocupa, nos referimos específicamente al hecho de reformar la ley. Cuando expresamos la palabra Reforma, nos referimos a una nueva forma; innovación, cambio. /Modificación, variación, /corrección, enmienda/, / Restauración, restablecimiento…[3]. En consecuencia, se aprecia que el Reglamento que no fue publicado no es aplicable al caso concreto en virtud de que en ningún caso el reglamento puede modificar la ley, sino que debe sujetarse estrictamente al contenido de ésta (las negritas son nuestras). En ese orden de ideas la falta de dicho requisito no es presupuesto para denegar la incorporación del titulo solicitado"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Ley de Educación Superior, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO: (11) Que del estudio de Los antecedentes. La resolución recurrida y la ley y el reglamento atinente al caso concreto, esta Sala aprecia: Que ciertamente tal como lo dice el impetrante y así consta en el informe remitido por el Consejo de Educación Superior, al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, le fue denegada la solicitud de incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo Previsión Social y Derechos Humanos, obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que ha realizado los viajes y estadías correspondiente al periodo que realizo los estudios. El Consejo de Educación Superior manifiesta que el Art. 17 de la Ley de Educación Superior le atribuye al Consejo entre otras atribuciones f) ejercer la potestad normativa para emitir los Reglamentos de esta ley, y las demás leyes aplicables al nivel; y el Reglamento emitido, entre sus disposiciones requiere que para la incorporación de un título extendido por Universidad Extranjera según el art. 18, literal h) debe acreditar el movimiento migratorio. Analizado el artículo 17 de la Ley de Educación Superior faculta al Consejo entre otras atribuciones a emitir el Reglamento de la Ley, el que debe estar sometido jerárquicamente a la Ley, no puede reformar o modificar el contenido de las normas con rango de ley, apreciando esta Sala que el artículo 18 literal h) del Reglamento de la Ley de Educación Superior nunca fue Publicado en el Diario Oficial la Gaceta modifica el contexto de la ley que en ninguna de sus partes dispone como requisito académico, el movimiento migratorio del o los estudiantes (as). La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate, se entienden que están sujetos a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley[2]; siendo que ésta debe ser la naturaleza de tales disposiciones (académica), lo que viene a confrontar la Constitución de la República en su Artículo 205 que dispone que el Congreso Nacional tiene la atribución de crear, decretar, interpretar, reformar, y derogar las leyes; en el caso que nos ocupa, nos referimos específicamente al hecho de reformar la ley. Cuando expresamos la palabra Reforma, nos referimos a una nueva forma; innovación, cambio. /Modificación, variación, /corrección, enmienda/, / Restauración, restablecimiento…[3]. En consecuencia, se aprecia que el Reglamento que no fue publicado no es aplicable al caso concreto en virtud de que en ningún caso el reglamento puede modificar la ley, sino que debe sujetarse estrictamente al contenido de ésta (las negritas son nuestras). En ese orden de ideas la falta de dicho requisito no es presupuesto para denegar la incorporación del titulo solicitado.- CONSIDERANDO: (12) Que tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como la Universidad de San Carlos de Guatemala integran “La Confederación Universitaria Centroamericana que es la organización de integración del sistema universitario público centroamericano, cuya misión consiste en promover el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y del trabajo conjunto con la sociedad y el Estado, para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus propuestas de solución, en un marco de compromiso, solidaridad, tolerancia, transparencia, y equidad. Propicia el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, y su aplicación en la formación de profesionales capaces de tomar decisiones e incidir en el desarrollo sostenible de la región. La Confederación Universitaria Centroamericana, es una organización de universidades públicas proactiva que aspira a promover con liderazgo la integración regional del sistema universitario centroamericano, que potencie la planificación y la capacidad de las universidades, tendiente a una gestión universitaria que propicie la calidad, pertinencia, eficiencia y equidad de la educación superior pública, y aspira a lograr una educación superior de mayor pertinencia y calidad en la región centroamericana a través del aprovechamiento científico y tecnológico, la coordinación y articulación efectiva entre los sistemas, programas y proyectos, que contribuyan a la solución de los problemas comunes de la región, a la formación integral de los individuos, a la identidad cultural centroamericana, a la movilidad estudiantil y docente en la región, a la vinculación de la universidad con la sociedad y el Estado, a la convivencia pacífica y al desarrollo integral de la población centroamericana con transparencia, humanismo, justicia y equidad en una relación armoniosa con el medio ambiente[4].- CONSIDERANDO: (13) Que desde el prisma de la justicia constitucional esta Sala deviene obligada ajustar sus decisiones dentro del marco constitucional respetando los derechos fundamentales sobre los que descansa el Estado de Derecho, así como los principios que rectoran los procesos sin importar la materia de que se trate. En el caso sub judice la resolución del Consejo de Educación Superior quebranta los derechos invocados por el recurrente cuando le exige un requisito que no está enmarcado en la ley. Por todo ello, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que anteceden esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL, se pronuncia porque se otorgue el amparo interpuesto en virtud de considerar que la resolución dictada por el Consejo de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha vulnerado los derechos del representado del recurrente.- CONSIDERANDO: (14) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Ley de Educación Superior, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO: (11) Que del estudio de Los antecedentes. La resolución recurrida y la ley y el reglamento atinente al caso concreto, esta Sala aprecia: Que ciertamente tal como lo dice el impetrante y así consta en el informe remitido por el Consejo de Educación Superior, al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, le fue denegada la solicitud de incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo Previsión Social y Derechos Humanos, obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que ha realizado los viajes y estadías correspondiente al periodo que realizo los estudios. El Consejo de Educación Superior manifiesta que el Art. 17 de la Ley de Educación Superior le atribuye al Consejo entre otras atribuciones f) ejercer la potestad normativa para emitir los Reglamentos de esta ley, y las demás leyes aplicables al nivel; y el Reglamento emitido, entre sus disposiciones requiere que para la incorporación de un título extendido por Universidad Extranjera según el art. 18, literal h) debe acreditar el movimiento migratorio. Analizado el artículo 17 de la Ley de Educación Superior faculta al Consejo entre otras atribuciones a emitir el Reglamento de la Ley, el que debe estar sometido jerárquicamente a la Ley, no puede reformar o modificar el contenido de las normas con rango de ley, apreciando esta Sala que el artículo 18 literal h) del Reglamento de la Ley de Educación Superior nunca fue Publicado en el Diario Oficial la Gaceta modifica el contexto de la ley que en ninguna de sus partes dispone como requisito académico, el movimiento migratorio del o los estudiantes (as). La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate, se entienden que están sujetos a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley[2]; siendo que ésta debe ser la naturaleza de tales disposiciones (académica), lo que viene a confrontar la Constitución de la República en su Artículo 205 que dispone que el Congreso Nacional tiene la atribución de crear, decretar, interpretar, reformar, y derogar las leyes; en el caso que nos ocupa, nos referimos específicamente al hecho de reformar la ley. Cuando expresamos la palabra Reforma, nos referimos a una nueva forma; innovación, cambio. /Modificación, variación, /corrección, enmienda/, / Restauración, restablecimiento…[3]. En consecuencia, se aprecia que el Reglamento que no fue publicado no es aplicable al caso concreto en virtud de que en ningún caso el reglamento puede modificar la ley, sino que debe sujetarse estrictamente al contenido de ésta (las negritas son nuestras). En ese orden de ideas la falta de dicho requisito no es presupuesto para denegar la incorporación del titulo solicitado.- CONSIDERANDO: (12) Que tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como la Universidad de San Carlos de Guatemala integran “La Confederación Universitaria Centroamericana que es la organización de integración del sistema universitario público centroamericano, cuya misión consiste en promover el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y del trabajo conjunto con la sociedad y el Estado, para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus propuestas de solución, en un marco de compromiso, solidaridad, tolerancia, transparencia, y equidad. Propicia el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, y su aplicación en la formación de profesionales capaces de tomar decisiones e incidir en el desarrollo sostenible de la región. La Confederación Universitaria Centroamericana, es una organización de universidades públicas proactiva que aspira a promover con liderazgo la integración regional del sistema universitario centroamericano, que potencie la planificación y la capacidad de las universidades, tendiente a una gestión universitaria que propicie la calidad, pertinencia, eficiencia y equidad de la educación superior pública, y aspira a lograr una educación superior de mayor pertinencia y calidad en la región centroamericana a través del aprovechamiento científico y tecnológico, la coordinación y articulación efectiva entre los sistemas, programas y proyectos, que contribuyan a la solución de los problemas comunes de la región, a la formación integral de los individuos, a la identidad cultural centroamericana, a la movilidad estudiantil y docente en la región, a la vinculación de la universidad con la sociedad y el Estado, a la convivencia pacífica y al desarrollo integral de la población centroamericana con transparencia, humanismo, justicia y equidad en una relación armoniosa con el medio ambiente[4].- CONSIDERANDO: (13) Que desde el prisma de la justicia constitucional esta Sala deviene obligada ajustar sus decisiones dentro del marco constitucional respetando los derechos fundamentales sobre los que descansa el Estado de Derecho, así como los principios que rectoran los procesos sin importar la materia de que se trate. En el caso sub judice la resolución del Consejo de Educación Superior quebranta los derechos invocados por el recurrente cuando le exige un requisito que no está enmarcado en la ley. Por todo ello, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que anteceden esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL, se pronuncia porque se otorgue el amparo interpuesto en virtud de considerar que la resolución dictada por el Consejo de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha vulnerado los derechos del representado del recurrente.- CONSIDERANDO: (14) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico."
Legislación citada
- Ley de Educación Superior, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA a favor del señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, contra la resolución ID-034-32197-303-2016, emitida por el CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se denegó una solicitud para la incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en el Grado de Doctorado, al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, el cual le fue otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado los derechos y garantías consignados en los artículos 64, 82, 90, 128, 160, 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-
- Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, interponiendo acción de amparo a favor del señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, contra la resolución No. ID-034-32197-303-2016, emitido en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, por el Consejo de Educación Superior, mediante el cual se denegó una solicitud para la incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en el Grado de Doctorado, al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, el cual le fue otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Folios 01 al 05)- 2) Que en fecha diez de enero de dos mil diecisiete, la sala dispuso que previo a la admisión del recurso de amparo, se librara comunicación a la autoridad recurrida, para que dentro del plazo de dos días rindiera un informe circunstanciado sobre las actuaciones reclamadas en amparo. (Folio 106)- 3) Que en fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, ésta sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros extremos lo siguiente: a) Que en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, el Consejo Superior de Educación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, emitió la resolución ID-034-32197-303-2016 DENEGANDO LA INCORPORACIÓN del título de Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en el Grado de Doctorado, obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, por no presentar documento oficial que mostrara el movimiento migratorio, en que se pudiera verificar que realizó los viajes y estadías en el período en que realizó los estudios, de conformidad al artículo 18 literal h del Reglamento de Reconocimiento e Incorporación de Títulos, en cual se establece como requisito el Movimiento Migratorio, para proceder a la incorporación de un título extendido en universidad extranjera. b) Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis el señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar por extemporáneo, y tampoco el peticionante presentó el documento de movimiento migratorio por el cual le fue denegada su solicitud. c) La Universidad de San Carlos de Guatemala, es una de las universidades extranjeras que oferta maestrías y doctorados con catedráticos guatemaltecos, que dan clases en hoteles aquí en Honduras, irrespetando la soberanía del país y la normativa del nivel de educación superior de Honduras pues no cuenta con autorización del Consejo de Educación Superior. El artículo 14 de las Normas Académicas establece, los Centros de Educación Superior Extranjeros podrán ofrecer programas en el país con autorización expresa del Consejo de Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos que señala la Ley de Educación Superior. Los Centros de Educación Superior Nacionales podrán suscribir convenios con sus homólogos del extranjero, para ofrecer programas conjuntos, los cuales serán sometidos al cumplimiento de los requisitos que la ley establece. La Universidad de San Carlos en ningún momento ha suscrito Convenio con ninguna universidad de Honduras. d) Que el Consejo de Educación Superior considera que ha actuado con apego a lo estipulado en el artículo 160 de la Constitución de la República, que expresa entre otros: “…Solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgado por la UNAH, así como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras, reconocidos todos ellos por la UNAH.- La UNAH es la única facultada para resolver sobre las incorporaciones de profesionales egresados de universidades extranjeras.” e) El Consejo de Educación Superior, considera que el peticionante no tiene argumentos de peso, para que se le tramite la solicitud planteada. (Folios 115 al 116).- 4) Que en base al informe relacionado en el numeral anterior, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, este alto Tribunal, admitió el amparo de mérito, teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete. (Folio 155).- 5) Que en fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque “se deniegue presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista. (Folios 158 al 163).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la resolución dictada por el CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, en fecha veintidós de julio del año dos mil dieciséis, que DENEGÓ la incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en el Grado de Doctorado otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, promovida por el señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo expone: que el señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, inició sus estudios de Doctorado en la Universidad de San Carlos de Guatemala en mayo del año 2011, finalizando clases en mayo del año 2013, posteriormente a su realización y evaluación de tesis recibió el Titulo con el grado académico de Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en el Grado. Sigue manifestando que en fecha 31 de marzo del año dos mil dieciséis el señor Herrera Flores presentó solicitud de incorporación del referido Título, cumpliendo los requisitos señalados en el Acuerdo No. 2572-264-2012 y Reglamento de Educación a distancia en el Nivel de Educación Superior de Honduras, ambos publicados en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 14 de agosto del año 2014. Sigue exponiendo que la incorporación de título solicitada fue denegada según Resolución No. ID.-034-32197-303-2016, por no presentar documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que ha realizado viajes y estadías correspondientes al período que realizó los estudios.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente manifiesta que en fecha 24 de agosto del año 2016 interpuso recurso de reposición y que el día en que se vencían los diez días para interponerlo había una manifestación pública de estudiantes en las distintas entradas y salidas de la universidad, razón por la cual no había acceso a la misma, logrando ingresar hasta la 5:20 P.M., haciéndose acompañar del Notario Yamir Lisandro Reyes, señala que al momento de ingresar ya estaban cerradas las oficinas de la Secretaría General del Consejo de Educación Superior, procediendo a dejar el recurso con el señor Jorge Adalid Ochoa, mismo que nos firmó de recibido y además, metió por debajo de la puerta el recurso en mención, no obstante al día siguiente el señor Herrera López, acompañado del mismo Notario se presentaron para saber si les habían dado el auto de admisión o no, habiéndole manifestado que no, que lo presentará de nuevo, por lo que previo a presentarlo de nuevo, el Notario dio Fe que no había término de caducidad y procedió a presentarlo nuevamente conforme el artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo el cual manda: “Transcurrido un plazo o la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el procedimiento respectivo. Sin embargo, se admitirá el escrito o recurso que proceda y producirá efectos, cuando se presente antes o dentro del día que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo”. Manifiesta además “que se esperaba la resolución del recurso de reposición para interponer el amparo pero no ha sido posible en vista de que hasta la fecha no ha sido resuelto el mismo o si está resuelto no ha sido notificado al representado del recurrente”, señala que desde durante los últimos dos meses su representado ha ido ha revisar el expediente, lo cual no ha sido posible hace dos meses, por no haber sido puesto a la vista del peticionario aduciendo que la señora Edis Adalis Oliva tenía el expediente pero se encontraba de vacaciones quien lo había dejado bajo llave, dándole la opción de regresar la siguiente semana, señalando que se presentó en fechas 10 de diciembre del 2016, acompañado del Notario Yamir Lisandro Reyes , para que este diera Fe y levantará acta notarial de que dicho expediente no se estaba poniendo a la vista, existiendo un riesgo de imposibilidad de reparar el daño por no poner a la vista el expediente así como de la existencia de resolución y notificación sin las formalidades que la ley establece. El recurrente considera que se ha violentado el artículo 321 en relación con el 323 constitucional referidos a las facultades y responsabilidades de los servidores del Estado; señalando que en el caso que nos ocupa la autoridad pretende asumir mas facultades que las que la ley le otorga, en virtud de emitir una denegatoria fundamentándose en un requisito denominado “Documentos oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que realizó los viajes y estadías correspondientes al período que realizó los estudios, requisito que no se encuentra regulado en el Acuerdo No. 2572-264-2012, ni en el Reglamento de Educación a Distancia en el Nivel de Educación Superior en Honduras, ambos publicados en el Diario Oficial La Gacetas en fecha 14 de agosto del año 2014, por lo tanto todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidades consideración a que los miembros del Consejo de Educación Superior son funcionarios públicos por mandato de la ley.- CONSIDERANDO: (6) Que el recurrente manifiesta que la Universidad Nacional autónoma de Honduras forma parte del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), donde las universidades entre si se vinculan con el compromiso de solidaridad, tolerancia, transparencia y equidad, impulsando la formación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, impulsando las formación profesional con criterio y capacidades para la toma de decisiones e incidir en el desarrollo sostenible de la región, (1 del Estatuto de la Confederación Universitaria Centroamericana). Expone además que ha pesar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por medio del Consejo de Educación Superior, forma parte del CSUCA y se ha comprometido con este órgano al desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, no permite la certificación de los Estudiantes que cursan los postgrados en otras universidades negando de esta forma un derecho humano, ya que no solo basta el conocimiento, sino la certificación con el título académico para poder competir en cualquier ámbito profesional y laboral, pero además el Consejo de Educación Superior está poniendo en tela de juicio con su actuar la certificación que ha hecho la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que está pidiendo un requisito que no es más que pretender de dudar si se recibieron las clases según los sílabos del pensum académico establecido para el Doctorado. Manifiesta además que el Consejo de Educación Superior reconoce que todos los requisitos académicos están cumplidos y la única razón de denegatoria es por un requisito de movimiento migratorio que no es académico, en tal sentido este requisito tampoco fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta como requisito para incorporar un título, es por ello que el Consejo de Educación Superior está violentando el principio de legalidad establecido en el artículo 321 y 323 de la Constitución de La República.- CONSIDERANDO:(7) Que el recurrente considera vulnerado el artículo 90 relacionado con el artículo 160 constitucional, al invocar un requisito que carece del principio de legalidad por falta de publicidad ya que la autoridad recurrida violenta el debido proceso al pretender aplicar un requisito consistente en “documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que realizó los viajes y estadías correspondientes al periodo que realizó los estudios”. Señala además que la resolución recurrida violenta el derecho de defensa y debido proceso relacionado con el artículo 160 constitucional señalando que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional…. Solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras, reconocidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así mismo es la única facultada para resolver sobre las incorporaciones de profesionales egresados de universidades extranjeras. Solo las personas que ostentan título válido podrán ejercer actividades profesionales. Los títulos que no tengan carácter universitario y cuyo otorgamiento corresponda al poder ejecutivo tendrán validez legal.- CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente expone la vulneración del artículo 128 constitucional, primer párrafo en relación con el numeral tres y cinco segundo párrafo relacionado con el artículo 104 del Estatuto del Docente, explica el recurrente que estos artículos mandan que no se pueden restringir derechos a los trabajadores, esencialmente al salario siempre y cuando se presenten en las mismas condiciones en la eficiencias y tiempo de servicio, señalando el numeral cinco (5) que se establece un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviera regulado por un contrato o por una convención colectiva, en el presente caso expone el recurrente que su representado es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene ascensos de acuerdo al nivel académico según lo dispone el Estatuto del Docente Universitario en el artículo 104, al otorgarle el reconocimiento del título inmediatamente tiene un ascenso de Profesor Titular II, que es el puesto que actualmente desempeña) a Profesor Titular III , con solo la presentación del título debidamente incorporado , al no incorporársele se le está negando el derecho al ascenso y a obtener un incremento del salario.- CONSIDERANDO: (9) Que en fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete se recibió en la Secretaria de la Sala de lo Constitucional el INFORME emitido por el Consejo de Educación Superior en fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, que en su parte conducente expone:1.- Que el Consejo de Educación Superior no actúa vulnerando derechos a los particulares consignados en la Carta Magna, que todas sus actuaciones son en apego a la potestad constitucional del artículo 160 y al cumplimiento de la normativa de Educación Superior derivada de la misma potestad constitucional. 2.- En fecha 22 de julio del año dos mil dieciséis el Consejo de Educación Superior, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, emitió la resolución No. ID-034-3297-303-2016 DENEGANDO la INCORPORACIÓN de Título de Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en el grado de doctorado, obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que ha realizado viajes y estadías correspondientes al período que realizó estudios. Notificando al peticionario en fecha 11 de agosto del 2016. Señala el dicho informe que el artículo 17 de la ley de Educación superior le atribuye al consejo de Educación entre otras atribuciones f) Ejercer la potestad normativa para emitir los reglamentos de esta ley y las demás leyes aplicables al nivel. Y En aplicación del Reglamento de Reconocimiento e Incorporación de títulos en el cual expresamente aparece el requisito del movimiento migratorio requerido para proceder a la incorporación de un título extendido por la Universidad Extranjera art. 18, literal h). Expone dicho informe que el Recurso de reposición intentado por el peticionario fue declarado sin lugar por extemporáneo en fecha 26 de agosto del 2016. Deja plenamente establecido que el peticionario no aportó en ningún momento el requisito por el cual le fue denegada la incorporación del Título.- CONSIDERANDO: (10) El carácter propio de la ley, consiste en el hecho de que la ley es una expresión de la voluntad nacional, manifestada mediante el Congreso Nacional, lo que no puede decirse de un reglamento, que es la expresión de la voluntad de los administradores o de los órganos del poder administrativo. Se entiende toda disposición jurídica de carácter general y con valor subordinado a la Ley dictada por la Administración, en virtud de su competencia propia. Lo que significa que la norma reglamentaria, al estar sometida jerárquicamente a la Ley, aunque sea posterior no puede derogar o modificar el contenido de las normas con rango de ley y, por el contrario, éstas tienen fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento[1].Los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos preceptos no pueden modificar; así como las leyes deben circunscribirse a la esfera que la Constitución les señala, la misma relación debe guardar el reglamento en relación con la ley respectiva, de acuerdo a nuestro régimen constitucional, reconocido en el artículo 205 constitucional que dispone: “Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1. Crear, decretar, interpretar, reformar, y derogar las leyes; …), señalando la misma Constitución de la República el procedimiento que debe seguirse para su formación, sanción y promulgación. De modo que, si bien existen algunas relaciones entre el reglamento y la ley, no pueden tener ambos el mismo alcance, ni por razón del órgano que los expide, ni por razón de la materia que consignan, ni por la fuerza y autonomía que en sí tienen, ya que el reglamento tiene que estar necesariamente subordinado a la ley, de lo cual depende su validez, no pudiendo derogar, modificar, ampliar y restringir el contenido de la misma, ya que sólo tiene por objeto proveer a la exacta observancia de la ley.- CONSIDERANDO: (11) Que del estudio de Los antecedentes. La resolución recurrida y la ley y el reglamento atinente al caso concreto, esta Sala aprecia: Que ciertamente tal como lo dice el impetrante y así consta en el informe remitido por el Consejo de Educación Superior, al señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, le fue denegada la solicitud de incorporación del Título de Doctor en Derecho del Trabajo Previsión Social y Derechos Humanos, obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por no presentar documento oficial que muestre el movimiento migratorio en el que se pueda verificar que ha realizado los viajes y estadías correspondiente al periodo que realizo los estudios. El Consejo de Educación Superior manifiesta que el Art. 17 de la Ley de Educación Superior le atribuye al Consejo entre otras atribuciones f) ejercer la potestad normativa para emitir los Reglamentos de esta ley, y las demás leyes aplicables al nivel; y el Reglamento emitido, entre sus disposiciones requiere que para la incorporación de un título extendido por Universidad Extranjera según el art. 18, literal h) debe acreditar el movimiento migratorio. Analizado el artículo 17 de la Ley de Educación Superior faculta al Consejo entre otras atribuciones a emitir el Reglamento de la Ley, el que debe estar sometido jerárquicamente a la Ley, no puede reformar o modificar el contenido de las normas con rango de ley, apreciando esta Sala que el artículo 18 literal h) del Reglamento de la Ley de Educación Superior nunca fue Publicado en el Diario Oficial la Gaceta modifica el contexto de la ley que en ninguna de sus partes dispone como requisito académico, el movimiento migratorio del o los estudiantes (as). La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate, se entienden que están sujetos a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica, sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley[2]; siendo que ésta debe ser la naturaleza de tales disposiciones (académica), lo que viene a confrontar la Constitución de la República en su Artículo 205 que dispone que el Congreso Nacional tiene la atribución de crear, decretar, interpretar, reformar, y derogar las leyes; en el caso que nos ocupa, nos referimos específicamente al hecho de reformar la ley. Cuando expresamos la palabra Reforma, nos referimos a una nueva forma; innovación, cambio. /Modificación, variación, /corrección, enmienda/, / Restauración, restablecimiento…[3]. En consecuencia, se aprecia que el Reglamento que no fue publicado no es aplicable al caso concreto en virtud de que en ningún caso el reglamento puede modificar la ley, sino que debe sujetarse estrictamente al contenido de ésta (las negritas son nuestras). En ese orden de ideas la falta de dicho requisito no es presupuesto para denegar la incorporación del titulo solicitado.- CONSIDERANDO: (12) Que tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como la Universidad de San Carlos de Guatemala integran “La Confederación Universitaria Centroamericana que es la organización de integración del sistema universitario público centroamericano, cuya misión consiste en promover el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y del trabajo conjunto con la sociedad y el Estado, para el abordaje integral de los problemas regionales y de sus propuestas de solución, en un marco de compromiso, solidaridad, tolerancia, transparencia, y equidad. Propicia el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, y su aplicación en la formación de profesionales capaces de tomar decisiones e incidir en el desarrollo sostenible de la región. La Confederación Universitaria Centroamericana, es una organización de universidades públicas proactiva que aspira a promover con liderazgo la integración regional del sistema universitario centroamericano, que potencie la planificación y la capacidad de las universidades, tendiente a una gestión universitaria que propicie la calidad, pertinencia, eficiencia y equidad de la educación superior pública, y aspira a lograr una educación superior de mayor pertinencia y calidad en la región centroamericana a través del aprovechamiento científico y tecnológico, la coordinación y articulación efectiva entre los sistemas, programas y proyectos, que contribuyan a la solución de los problemas comunes de la región, a la formación integral de los individuos, a la identidad cultural centroamericana, a la movilidad estudiantil y docente en la región, a la vinculación de la universidad con la sociedad y el Estado, a la convivencia pacífica y al desarrollo integral de la población centroamericana con transparencia, humanismo, justicia y equidad en una relación armoniosa con el medio ambiente[4].- CONSIDERANDO: (13) Que desde el prisma de la justicia constitucional esta Sala deviene obligada ajustar sus decisiones dentro del marco constitucional respetando los derechos fundamentales sobre los que descansa el Estado de Derecho, así como los principios que rectoran los procesos sin importar la materia de que se trate. En el caso sub judice la resolución del Consejo de Educación Superior quebranta los derechos invocados por el recurrente cuando le exige un requisito que no está enmarcado en la ley. Por todo ello, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que anteceden esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL, se pronuncia porque se otorgue el amparo interpuesto en virtud de considerar que la resolución dictada por el Consejo de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha vulnerado los derechos del representado del recurrente.- CONSIDERANDO: (14) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA a favor del Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, contra la resolución dictada por EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, en fecha veintidós de julio del año dos mil dieciséis, de todo lo cual, se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1208-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] https://www.derechoconstitucional.es/2012/02/concepto-de-reglamento.html
[2] Supremacía de la Ley Sobre Las Disposiciones de un Reglamento. (Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice. (actualizaciones 2002). Tomo II. Penal, PR. TCC. Pág. 338 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/921/921750.pdf
[3] De Torres Cabanellas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva edición, actualizado, corregido y aumentado por De las Cuevas Cabanellas Guillermo. Editorial Heliasta, S. de R.L. Argentina. Pág. 344