Sentencia AA-1193-16 — Registro 7174
Resumen
Contra resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública que declaró con lugar recurso de revisión interpuesto contra impetrante, en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y haberla entregado extemporáneamente la misma los estados financieros del INPREUNAH y demás información
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que la Sala de lo Constitucional luego de analizar los antecedentes del caso, se adhiere a los fundamentos que expuso la agente de tribunales del Ministerio Público y al igual es del parecer que procede desestimar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. No obstante a lo observado por la fiscal, la Sala de lo Constitucional únicamente agrega que del alegato formulado por el petente se desprende de que parte de la premisa de que los artículos 26 de la Ley de acceso a la Información pública y el articulo 52 y 53 del Reglamento de la mima ley del IAIP, violenta el derecho a la defensa y el debido proceso por no otorgar el derecho a un recurso sencillo y rápido, por lo cual vuelve dicha ley inconstitucional; al respecto se ha de aclarar que no existe decisión de este alto tribunal que así lo haya declarado, de manera que dichas normas no son inconstitucionales como arguye el garantista. Cuestión muy distinta es solicitar mediante la garantía de amparo, que se declare en casos concretos o de forma particular que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente, ni le es aplicable, por contravenir, disminuir, tergiversar derechos que la Constitución le garantiza. En este caso el amparista se encuentra en la obligación de demostrar que particularidades existen en su caso, que hacen inevitable la intervención del órgano jurisdiccional para protegerle mediante la orden que le ampara y declare inter partes la inaplicación de la norma, resolución acto o hecho de autoridad. Extremo que no aconteció en el presente caso, en donde el censor se limitó a enunciar que las sanciones impuestas le eran negativas, y no presentando sus descargos para acreditar la violación a sus derechos constitucionales, olvidando que toda norma legal goza de presunción de constitucionalidad"
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 52 (Reglamentos)
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 53 (Reglamentos)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), contra la Resolución No. SO-115-2016, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que declaro CON LUGAR un recurso de revisión interpuesto por el Señor MAURICIO ARMANDO DURON BUSTILLO, en contra de la COMISION DE INTERVENCION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el señor MAURICIO ARMANDO DURON BUSTILLO, presentando Recurso de Revisión, en contra de la COMISION DE INTERVENCION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH). (Folios 1–4 de la Pieza de los antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dictó la Resolución No. SO-115-2016 mediante la cual Resuelve: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por el señor MAURICIO A. DURON, actuando en su condición personal, contra la COMISION DE INTERVENCION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea la información solicitada por el Recurrente a la COMISION DE INTERVENCION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), consistente en: “En modalidad electromagnética, o electrónica, en los términos y plazos de ley, información desglosada a partir del inicio de su gestión hasta diciembre, 2015 sobre: 1. Los estados financieros del INPREUNAH abril-diciembre, 2015; 2.- La ejecución presupuestaria abril-diciembre, 2015; 3.- Las inversiones y proyectos del INPREUNAH abril-diciembre, 2015, en iguales términos y plazos de ley, nuevamente pido al C.I. hacerme entrega, en modalidad física y también electromagnética o electrónica de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de la C.I. durante el año 2015 y hasta la fecha… De nuevo solicito información en modalidad física y desglosada, fotocopias de las consideraciones y resoluciones de la C.I. para convocar concurso para la creación o relevo de cada plaza del INPREUNAH durante el año 2015; el reglamento de concurso; la(s) convocatoria(s); los dictámenes y las resoluciones de la C.I. sobre las contrataciones salariales individuales y posibles incrementos salariales posteriores”. TERCERO: Exhortar a la COMISION DE INTERVENCION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), a dar trámite y respuesta en tiempo y forma a todas las solicitudes de información que les sean presentadas, advirtiéndole que en caso de incumplimiento de esta exhortación, se le aplicaran las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las que establezcan el Código de Conducta Ética del Servidor Público y otras Leyes. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso a la Información Pública, la misma quedara firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Extiéndase Certificación Integra de esta Resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8) de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION (CNA), para los efectos legales correspondientes.-”. (Folios 54–58 de la Pieza de los antecedentes) 3) Que la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO, compareció ante este Tribunal en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la COMISION DE INTERVENCION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), contra la Resolución No. SO-115-2016 de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–68 y 102 del presente Recurso). 4) Que en fecha veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que se Deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de la garantía invocada por la amparista”. (Folio 105–110 del presente Recurso) FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen según resolución de fecha 31 de agosto del año 2016, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, sobre un RECURSO DE REVISIÓN, presentado en fecha 20 de mayo del 2016, por el señor MAURICIO A. DURON contra la COMISION DE INTERVENCION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (IMPREUNAH), en virtud de que en fecha 05 de mayo del 2016 el señor MAURICIO ARMANDO DURON BUSTILLO interpuso EL RECURSO DE REVISION en contra de LA COMISION DE INTERVENCION DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH, por supuestamente no haberse resuelto la solicitud de información en el plazo que señala la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN PÙBLICA, situación por la cual en fecha 23 de mayo del 2016 el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, mediante providencia admitió EL RECURSO DE REVISION y además que se requiriera a la señora presidenta de la comisión interventora del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), Licenciada ANA DEL CARMEN MUÑOZ CARIAS, para que en el plazo de tres días hábiles remitiera al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, los antecedentes solicitados, siendo requerido en fecha 13 de junio del 2016, y compareciendo en fecha 16 de junio del 2016, dicho ente presentando la documentación requerida, juntamente con escrito de manifestación en los cuales se exponen los motivos y circunstancia en relación a la solicitud de documentación requerida por el señor MAURICIO ARMANDO DURON BUSTILLO, por considerar que el INPREUNAH también tiene derecho de presentar descargos a su favor en base al principio de contradicción, lo que considera el recurrente que no fue considerado por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA al momento de emitir la resolución No. SO-115-2016 de fecha 31 de Agosto del 2016. CONSIDERANDO (3): manifiesta la recurrente en sus hechos que el INPREUNAH brindo en tiempo y forma y además completos la información solicitada, sin embargo, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, tenia abierto contra el INPREUNAH, del cual nunca le fue notificada providencia alguna, para que acudiera a exponer lo que correspondiera a su derecho constitucional (DERECHO A LA DEFENSA. ART. 82 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA), ser oído antes de ser condenado, pues en efecto EL IMPREUNAH no tuvo conocimiento previo de las acciones de procedimiento realizadas por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, por lo que no fue parte en el proceso en el cual se le condeno, no se le permitió los recursos ordinarios que faculta la ley de procedimientos administrativo y que tienen a disposición las partes contra la resolución SO-115-2016 de fecha 31 de agosto del 2016, en virtud de expresarse en la misma que se pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el recurso de amparo, quedara firme la resolución, no obstante de esa limitante impuesta y por considerar que la ley nos concede el derecho de interponer el recurso de reposición, se interpuso el mismo en tiempo y forma, siendo resuelto en fecha 01 de noviembre del 2016, declarándolo sin lugar en virtud que contra dicha resolución solo procede el recurso de amparo en los términos de la ley de justicia constitucional. Según lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública. CONSIDERANDO (4): argumenta la recurrente que con todo lo antes expuesto considera que se le han violentado los derechos constitucionales contemplados en los artículos 82, 90, 94 de la Constitución de la República; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (5): al hacer un estudio del caso sub judice se establece por parte del recurrente que se le ha violentado la garantía constitucional del derecho a la defensa y el debido proceso entre otros, al hacer un estudio del caso se ha observado que el impetrante manifiesta que se le ha violentado este derecho en virtud que a sus representados nunca se les permitió ser escuchados ante el IAIP como parte del proceso, limitándose únicamente a lo requerido o solicitado por dicho instituto, dictando una resolución en contra del impetrante sin que la misma haya sido escuchada en el trámite del recurso de revisión con sus respectivos argumentos dejando indefensa a la institución; que de tal argumento esta sala es de el criterio que ya lo establece el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: “cuando la solicitud de información se hubiera denegado o cuando no se hubiere resuelto en el pazo establecido en el artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el IAIP, para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución de este se emitirá dentro de un plazo de 10 días, contados a partir de la presentación de la solicitud, contra esta resolución solo procederá el recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional, en tal sentido se puede desprender del estudio del caso que se presento recurso de revisión ante el IAIP en fecha 5 de mayo del 2016 en virtud que del estudio del caso sub judice se ha observado que si bien es cierto que la parte recurrente presento la información al IAIP la misma fue entregada en forma extemporánea pues la misma fue entregada en su totalidad hasta el momento en el que el solicitante MAURICIO ARMANDO DURON BUSTILLO se vio en la obligación de presentar el recurso de revisión debido a la negativa por parte de EL IMPREUNAH a entregar la documentación requerida, por cuanto no se hizo dentro del plazo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en tal sentido el artículo 51 del reglamento de la ley de acceso la información pública establece: recursos. El o la solicitante a quien mediante la resolución de la institución obligada, se le haya notificado la negativa a su solicitud de acceso a la información o la inexistencia de los documentos solicitados o cuando no se hubiere resuelto en el plazo y forma establecidos en los artículos 21 y 26 de la ley o se hiciera en forma incompleta o con razón y motivo de lo previsto en el artículo 52 del presente reglamento, podrá interponer, por escrito o vía electrónica, por si mismo o por medio de su representante, el recurso de revisión de la resolución o de la ausencia de dicha resolución, ante el instituto, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, o en su defecto, del acaecimiento de las otras causales antes indicadas. La persona podrá pedir el su escrito la aplicación de las sanciones que contempla la ley a los servidores públicos o particulares que actuaren en contravención de la misma, en tal sentido de el análisis de el artículo anterior se desprende de la revisión de las actuaciones que constan en autos que dicha información no se entrego al solicitante dentro de los plazos establecidos y no se entrego de forma completa razón por la cual el solicitante interpuso el correspondiente recurso de REVISION ante el IAIP, por cuanto consta en autos que dicha información se entrego hasta el momento que la recurrente fue requerida por el IAIP. por lo tanto no se ha inobservado departe del IAIP el debido proceso pues se requirió al IMPREUNAH para que hiciera la entrega de la información requerida, observándose en todo momento el respeto al debido proceso establecido en la ley de acceso a la información pública, así mismo ya el artículo 26 de la ley de acceso a la información pública y el artículo 53 del reglamento de la ley de acceso a la información pública establecen que contra la resolución emitida por el IAIP solo procederá el recurso de amparo conforme a lo establecido en la ley de justicia constitucional, por cuanto la recurrente no ha expresado en sus descargos las razones por las cuales no se entrego la información requerida por el solicitante dentro de los plazos establecidos en la ley, si no hasta que fuere interpuesto el recurso de revisión, momento en el cual fue entregada dicha información de manera extemporánea, por cuanto no se ha violentado el debido proceso por parte del IAIP. CONSIDERANDO (6): considera de igual manera la recurrente que se han violentado convenciones internacionales suscritos por Honduras en relación a la información y los derechos humanos según la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos, reconoció en Claude reyes versus chile, que el acceso a la información es un derecho universal expresamente establecido en el derecho de buscar y recibir información del gobierno, es así que de igual manera el pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 19 establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, y la declaración americana de los derechos y deberes del hombre reconoce que cada persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio, sumada a ello la convención americana sobre derechos humanos protege el derecho y la libertada de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, en tal sentido y al hacer un estudio de todas las convenciones internacionales que fueron suscritas y ratificadas por Honduras encontramos que las mismas se encuentran contempladas en la LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y que las mismas han sido inobservadas por la recurrente al no hacer la entrega de la información solicitada dentro de los plazos que señala ley. CONSIDERANDO (7): en relación a todo lo antes mencionado se aprecia que el IMPREUNAH fue efectivamente requerida para la entrega de la información, lo cual hizo dentro del plazo otorgado por el IAIP, en el acta de requerimiento, es decir dentro de la sustanciación de el recurso de revisión, tal y consta en autos a folio 06 del expediente administrativo, en tal sentido se desprende que si bien es cierto la información solicitada a la parte requerida fue entregada, pero la misma fue entregada dentro del proceso de el recurso de revisión de lo que se deduce que fue entregada en forma extemporánea y no dentro de los términos estipulados en el artículo 21 de la ley del IAIP, lo cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 del reglamento de sanciones por infracción a la ley de transparencia y acceso la información pública señala como una causal para la procedencia del recurso de revisión. CONSIDERANDO (8): El ministerio publico en su dictamen es de la opinión que debe de denegarse el amparo interpuesto por la recurrente por no existir violación alguna a las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (9): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe violación a los artículos 80, 90, 94 de la Constitución de la República. Que la Sala de lo Constitucional luego de analizar los antecedentes del caso, se adhiere a los fundamentos que expuso la agente de tribunales del Ministerio Público y al igual es del parecer que procede desestimar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. No obstante a lo observado por la fiscal, la Sala de lo Constitucional únicamente agrega que del alegato formulado por el petente se desprende de que parte de la premisa de que los artículos 26 de la Ley de acceso a la Información pública y el articulo 52 y 53 del Reglamento de la mima ley del IAIP, violenta el derecho a la defensa y el debido proceso por no otorgar el derecho a un recurso sencillo y rápido, por lo cual vuelve dicha ley inconstitucional; al respecto se ha de aclarar que no existe decisión de este alto tribunal que así lo haya declarado, de manera que dichas normas no son inconstitucionales como arguye el garantista. Cuestión muy distinta es solicitar mediante la garantía de amparo, que se declare en casos concretos o de forma particular que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente, ni le es aplicable, por contravenir, disminuir, tergiversar derechos que la Constitución le garantiza. En este caso el amparista se encuentra en la obligación de demostrar que particularidades existen en su caso, que hacen inevitable la intervención del órgano jurisdiccional para protegerle mediante la orden que le ampara y declare inter partes la inaplicación de la norma, resolución acto o hecho de autoridad. Extremo que no aconteció en el presente caso, en donde el censor se limitó a enunciar que las sanciones impuestas le eran negativas, y no presentando sus descargos para acreditar la violación a sus derechos constitucionales, olvidando que toda norma legal goza de presunción de constitucionalidad. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía de amparo impetrada por la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO a favor del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), contra la Resolución No. SO-115-2016, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016), Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina A. Hércules Rosa. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo los números SCO-1193=2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”