Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-1179-16 — Registro 8104

Resumen

Sentencia impugnada que revocó otorgamiento en relaciòn a solicitud de suspensión de acto impugnado y nulidad de resoluciones,referente a intervención a impetrante por parte del Consejo Nacional Superior de Cooperativas,argumentando impetrante que dicha sentencia se fundamento en un medio probatorio(informe),que no fue presentado en el momento procesal oportuno o extra-recurso y los daños y perjuicios que la dicha medida cautelar le pudiera ocasionar a recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía de amparo de mérito, resuelve desestimarla en virtud de los argumentos que se exponen a continuación. La Sala toma en consideración que la impetrante al formalizar la garantía constitucional de amparo reclama que la resolución que se impugna violenta el principio de igualdad, el derecho al debido proceso y el derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo. Asimismo menciona el derecho a la defensa y la protección del principio de legalidad. Con relación al principio de igualdad, se observa que la censora no aporta ningún elemento que permita a este alto tribunal establecer un acto discriminatorio. Para alegar que una autoridad violenta el derecho de igualdad ante la ley, es necesario que quien alega trato desigual proporcione el tertium comparationis, o sea el elemento de comparación entre dos o más elementos. A efecto de comparar y establecer que tienen en común los elementos comparados para luego establecer la existencia de una conducta ilegítimamente diferenciada, sea igual decir discriminatoria. No habiendo cumplido con este requisito indispensable, no es de recibo el alegato de la impetrante con relación a la igualdad. Con relación al extremo que se refiere a la violación del debido proceso legal por la vía del derecho de defensa y existencia de un recurso sencillo y eficaz, la Sala encuentra que todo ello se centra en el alegato de la supuesta violación a lo contenido en los artículos 208 y 705 del Código Procesal Civil, basado en que la decisión se obtuvo basada en una prueba obtenida extra recurso, o sea valiéndose de medios probatorios que no forman parte de la segunda instancia. La censora en ese sentido reclamó que: “…la segunda instancia no puede consistir en una revisión de todo el material de hecho ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, sino que el tribunal de alzada solamente habrá de considerar la apelación con el material de primera instancia. En fin, reprocha que el ad quem motivó su decisión en los argumentos del informe de la CNBS, el cual fue aportado como prueba junto con el escrito de interposición de la apelación, por lo que estima que no fue presentada en el momento procesal oportuno de conformidad a lo establecido en los artículos 712 y 713 del Código Procesal Civil para la admisión de prueba en segunda instancia. Arguyendo así que tampoco hubo oportunidad de oponerse a su presentación y a su contenido. En conclusión la censora es del criterio que el ad quem debió resolver con la prueba aportada únicamente en la contestación de la vista. Sobre estos últimos puntos la Sala de lo Constitucional encuentra que la resolución de la corte de apelaciones no se basa únicamente en el informe de la CNBS; puesto que consta además, que tomó en cuenta la prueba que presentó la parte demandante incidentista, con la cual ésta pretendió acreditar la causa de daños y perjuicios de difícil o imposible reparación. Para la corte de apelaciones no debió concederse la medida cautelar porque la prueba de la parte incidentista y ahora amparista, que fuera aportada en el incidente de suspensión del acto administrativo (intervención), no era la idónea para demostrar la causa de daños y perjuicios de difícil o imposible reparación. Al respecto la corte de apelaciones refiere que la prueba presentada por la apoderada de COMIXMUL consistía básicamente en un plan de rescate para la cooperativa; y no tenía nada que demostrase daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, elemento insoslayable para que prosperara la medida cautelar solicitada y consistente en la suspensión del acto administrativo. En la formalización de amparo la censora no hace ningún cargo en relación a este punto, de manera que acepta o no tiene nada que argüir en contra de este argumento de la corte de apelaciones, razón por la cual haciendo acopio del principio de lógica formal, se llega a la conclusión que el alegato de la prueba aportada en forma extemporánea es totalmente inocuo en razón del resultado final de la decisión de segunda instancia; en virtud de lo cual, aunque tuviese razón la amparista en referencia a la necesidad de que la prueba debía ser forzosamente presentada durante la vista, esto no es suficiente argumento para cambiar el resultado del fallo, por cuanto la parte responsable de la carga probatoria (onus probandi) fue incapaz de demostrar la causa petendi de su pretensión. En virtud de lo cual, no habiendo en el caso bajo estudio un perjuicio real, es procedente dictar la denegatoria de la presente garantía constitucional de amparo, en virtud de no concurrir el requisito de lesividad, necesario para que el motivo alegado sea de recibo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, a favor de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesta en contra de las actuaciones de fecha once de septiembre de dos mil quince del honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida por la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL) en contra del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). Estimando la recurrente que con la resolución dictada se le han violentado los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha veintinueve de julio del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, promoviendo demanda contenciosa administrativa de nulidad un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada, contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).- 2. En fecha uno de septiembre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, solicitando la suspensión de un acto impugnado. (Folios 1 al 5 de la primera pieza de suspensión del acto impugnado).- 3. En fecha once de septiembre dos mil quince, el referido juzgado FALLA: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO PRESENTADA POR OLIVIA CASTELLANOS RIVERA, MAGDA EDY LÓPEZ SIERRA, YOLANDA COREA ALVARADO, MIRIAM JANETH MORALES ZALDIVAR, ORFILIA ESPERANZA RIVERA, DASIA IDALIA TORREZ Y FRANCISCA LÓPEZ BAUTISTA Y AZUCENA MONGE OLIVA. SEGUNDO: SUSPENDER HASTA QUE TERMINE EL PROCESO PRINCIPAL LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS COMO LA Nº 01-02-2015, AMBAS EMITIDAS POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). TERCERO: REINSTALAR, DE MANERA CAUTELAR Y DE FORMA INMEDIATA, A LAS DEMANDANTES OLIVIA CASTELLANOS RIVERA, MAGDA EDY LÓPEZ SIERRA, YOLANDA COREA ALVARADO, MIRIAM JANETH MORALES ZALDIVAR, ORFILIA ESPERANZA RIVERA, DASIA IDALIA TORREZ Y FRANCISCA LÓPEZ BAUTISTA Y AZUCENA MONGE OLIVA A SUS CARGOS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE DIRECTIVA Y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL). CUARTO: DEJAR, TAMBIÉN DE MANERA CAUTELAR, SIN VALOR NI EFECTO LA SUSPENSIÓN E INHABILITACIÓN DE LA CUAL FUERON OBJETO Y DE IGUAL FORMA DEJAR SIN VALOR NI EFECTO LA INTERVENCIÓN DECRETADA Y EL NOMBRAMIENTO COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE MARÍA EUGENIA MEJÍA PALACIOS, JUAN CARLOS GUZMÁN REYES Y OSCAR JOSÉ NARVÁEZ. QUINTO: FIJAR COMO CAUCIÓN QUE DEBEN RENDIR LOS INCIDENTISTAS DEMANDANTES PARA RESPONDER POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA SUSPENSIÓN SOLICITADA Y DECRETADA Y PREVIO A COMUNICAR LA MISMA, LA CANTIDAD DE CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100,000.00), LA CUAL DEBERÁ SER CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL…” (Folios del 73 al 76 de la pieza de suspensión del acto impugnado).- 4. Que conociendo del recurso de apelación promovido por la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, actuando en su condición de apoderada legal de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia mediante la cual RESUELVE: “PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado GERARDO ALFREDO SAGASTUME CABAÑAS, en su condición de representante procesal del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). SEGUNDO: REVOCAR el auto resolutivo de fecha once de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, y que aparee del folio número setenta y tres frente (73 f.) al folio número setenta y seis (76 f.)de la pieza separada de suspensión del acto impugnado…”- 5. La recurrente abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, compareció ante este tribunal, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS, LIMITADA (COMIXMUL), por considerar que la resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, es violatoria de garantías constitucionales estipuladas en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma la garantía en fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, ordenándose dar vista de los autos al fiscal del despacho, para que emita su dictamen.- 6. En fecha once de mayo de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de fiscal del despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia- CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la garantista denunciando violación de los artículos 60 y 90 de la Constitución de la República; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La impetrante formaliza la garantía constitucional de amparo reclamando que la resolución que se impugna violenta el principio de igualdad, el derecho al debido proceso y el derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo. Asimismo menciona el derecho a la defensa y la protección del principio de legalidad. Manifiesta que la corte de alzada con la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis: “…no se sujetó al ritual establecido en los artículos 208 y 705 del Código Procesal Civil, por no haberse limitado a revisar el proceso de primera instancia, sin incluir valoraciones sobre aspectos que no fueron objeto del debate, y que tampoco fueron ofertados como elementos de prueba, violentando el debido proceso. Luego, agrega lo siguiente: “…la segunda instancia no puede consistir en una revisión de todo el material de hecho ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, sino que el tribunal de alzada solamente habrá de considerar la apelación con el material de primera instancia. En concreto, se refiere a que el ad quem motivó su decisión en los argumentos del informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aceptando como cierto el examen realizado a la Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitadas (COMIXMUL), lo cual pone en riesgo a dicha cooperativa y sus afiladas, agravando la situación de su poderdante. De esa manera, asevera la censora, la corte vertió un pronunciamiento del proceso principal, valorando prueba que no fue presentada en el momento procesal oportuno, de conformidad a lo establecido en los artículos 712 y 713 del Código Procesal Civil para la admisión de prueba en segunda instancia. Con relación al derecho de defensa e igualdad de parte, señala que previa admisión de los medios de prueba en segunda instancia debió concedérsele la oportunidad de oponerse. Como prueba de ello señala la evacuación de la vista sobre la solicitud de suspensión del acto impugnado presentada por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, donde se constata que no se propuso prueba de soporte para la oposición a la solicitud de suspensión del acto impugnado, razón por la cual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el a quo debió resolver con la prueba aportada únicamente en la contestación de la vista. Manifiesta que en este caso se desnaturalizó el recurso de reposición al haber acompañado en su tramitación la prueba que no presentó en la vista, que era cuando debía; agregando que los recursos tiene por finalidad la reconsideración de lo juzgado y no enmendar errores cometidos por el recurrente.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis revocar el auto de fecha once de septiembre de dos mil quince proferida por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Central del departamento de Francisco Morazán.- La decisión judicial del ad quem obedece a los hechos y argumentos que a continuación se exponen en forma resumida.- Entre los hechos que destaca la corte se encuentra la demanda contenciosa administrativa entablada por la gerente y ex junta directiva de la Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL) contra el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) solicitando la nulidad de las resoluciones 06-07-2015 de fecha 17 de julio de 2015 y la 01-02-2015 del 12 de febrero de 15; asimismo que se reconozca la situación jurídica individualizada consistente en la suspensión de la intervención a la COMIXMUL por parte de la CONSUCOOP.- Señala que el juzgado a quo en fecha once de septiembre de dos mil quince declaró con lugar la suspensión de los actos impugnados que fue presentada por la parte demandante, hasta que termine el proceso. De igual manera ordena en forma cautelar la reinstalación de las demandantes en su cargos como miembros de la junta directiva y junta de vigilancia. Deja sin valor, también en forma cautelar la suspensión e inhabilitación decretada, sin ningún valor y efecto la intervención decretada y el nombramiento de la comisión interventora. Por último en dicha resolución se señaló la cantidad de cien mil lempiras como caución. La corte hace la precisión de que la apelación tiene como objeto la revocatoria de dicha resolución. Con relación a los fundamentos de derecho la corte de apelaciones en primer lugar destaca que la suspensión del acto procede cuando la ejecución de este último ocasiona daños o perjuicios de imposible o difícil reparación y que el a quo en este sentido consideró: 1) los supuestos indicios probatorios de los daños y perjuicios de imposible reparación que causa el acto administrativo emitido por el CONSUCOOP, según el informe técnico de fecha 31 de agosto de 2015. 2) la falta de prueba en contra del informe técnico mencionado. La corte menciona la regla general de no suspender la ejecutividad de los actos administrativos basada en el poder fáctico que se deriva la dominación posesoria de la cual está dotada la Administración Pública con relación a sus bienes y organizaciones, de manera que –dice la corte- sus actos se encuentran investidos de presunción de validez o legitimidad. Señala que la excepción a este regla general se encuentra en la posibilidad de daño y perjuicio irreparable o de reparación imposible o difícil, establecido en el artículo 121 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Luego refiere que la doctrina señala que el juez contencioso administrativo debe tomar en cuenta al momento de suspender un acto administrativo, el verificar si éste es de tipo personal o económico; asimismo la afectación al interés público relevante. Menciona que el a quo cita la línea jurisprudencial de los juzgados de lo contencioso administrativo la cual dicta: que basta acreditar un indicio racional de daño y perjuicio irreparable o de difícil o imposible reparación para que se acceda a la suspensión del acto impugnado. Con relación al asunto concreto la corte señala que el incidentista o parte demandante presentó el informe técnico de fecha 31 de agosto de 2015, elaborado por la licenciada en Contaduría Pública Luz Amanda Valencia Torres, inscrita en el Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública. Sobre este punto, la corte indica que el a quo valoró esta prueba, tomando en cuenta la citada línea jurisprudencial pero sin hacer mención de casos concretos que acrediten este criterio; asimismo señala que dicho juzgador obvió analizar detenida y jurídicamente el alcance del informe técnico, o sea acreditar la irreparabilidad o dificultad de reparación de los daños y perjuicios que la ejecución del acto administrativo pudiera ocasionar, esto como presupuesto legitimador para conceder su suspensión, habida cuenta de que la intervención decretada por la CONSUCOOP conforme al artículo 196 del Reglamento de la Ley de Cooperativas, tiene por objeto asumir las funciones de dirección, administración y vigilancia, por lo que la COMIXMUL no se paralizaba en su actividad. Por otra parte a juicio de la corte de apelaciones, no fueron acreditados los supuestos daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, pues de la lectura de dicho informe nada más se deriva un supuesto plan de acción y propuestas para contrarrestar los hallazgos de la CNBS. Señala además que dichos daños y perjuicios se desvirtúan por el carácter temporal de las medidas adoptadas por CONSUCOOP (seis meses), por lo que no había urgencia extrema para tomar una decisión cautelar como ésta. Señala también la corte que no existe el riesgo de causar daño irreparable a la situación jurídica sustancial porque se está solicitando el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, de manera que si ésta pretensión prospera serían reconocidos a las demandantes la restitución de sus derechos vulnerados conforme a la legislación aplicable al daño concreto, más el pago de daños y perjuicios, con lo cual quedaría restablecida la situación jurídica individualizada. La resolución que se impugnó con la demanda, ordenó la intervención de la COMIXMUL por el plazo de seis meses, basándose en que no hubo debida diligencia en la gestión de dirección, administración y vigilancia. La corte destaca que dicha decisión es de interés público luego de haberse acreditado la existencia de daños y perjuicios por parte de CONSUCOOP y la CNBS. La corte además señala como una necesidad, la de ponderar el interés público con relación al interés privado, pesando en la decisión que se tome el informe rendido por la CNBS, que le condujo a exhortar a la CONSUCOOP para que además de evaluar los hallazgos encontrados en el examen realizado a la COMIXMUL proceda a adoptar las medidas pertinentes de conformidad a lo establecido en la Ley de Cooperativas y su reglamento. Subraya además lo siguiente: “… ya que el examen y consecuentemente el informe que realiza la CNBS se inició en base a la Ley contra el delito de lavado de activos, que concluyó en las deficiencias administrativas y financieras e incumplimientos legales que ponen en riesgo la estabilidad de la COMIXMUL y sus afiliados…” En virtud de lo anterior la corte de apelaciones decide anteponer el interés público de las afiliadas de COMIXMUL sobre el interés privado de las demandantes e incidentistas, agregando que observa una gran desproporción entre la caución fijada para proceder a la suspensión del acto administrativo con respecto al interés público, concluyendo que procede la revocatoria de la resolución apelada.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha cinco de junio de dos mil quince, la abogada Sussy G. Coello García, en su condición de fiscal fue de la opinión porque no se otorgue la presente garantía de amparo.- Para la fiscal no procede amparar tal como lo solicita la censora porque: “…el recurso de apelación tiene por objeto que una resolución judicial sea revisada por un tribunal diferente al que la dictó, en el marco de los agravios fijados por el recurrente, conforme al principio quantum apellatum quantum devolutum…” Sin embargo señala que esto no le impide al tribunal de alzada pronunciarse sobre: “…los aspectos de hecho o jurídicos que crea complementarios o accesorios en la causa, que están sustancialmente comprendidos en el objeto del debate e implícitamente en las pretensiones deducidas en la demanda, sin variar la causa petendi.” Refiere que en el caso bajo estudio, los agravios se circunscribieron a que el auto resolutivo del a quo violenta los principios de protección del sistema cooperativo y del sistema financiero al haber declarado con lugar la suspensión del acto reclamado o sea la reinstalación de los órganos de dirección de la cooperativa y la intervención de la misma, por considerar que el incidentista no acreditó los daños causados por el acto impugnado. En ese sentido para la fiscal el fallo venido en amparo se encuentra debidamente motivada, expresando lo siguiente: “…al poco valor probatorio que le atribuyó al medio de prueba propuesto por quien tiene la carga de probar, esto en relación con el medio de prueba que consistió en el informe técnico independiente de fecha 31 de agosto de 2015, presentado por el incidentista, señalando que el mismo no constituye el indicio probatorio suficiente para acreditar la irreparabilidad o dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera causar la intervención ordenada por CONSUCOOP, como presupuesto procesal legitimador para conceder a suspensión del acto administrativo impugnado, por considerar que dicho informe consiste en un plan d acción y propuesta para contrarrestar los efectos de los hallazgos encontrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de ahí que considere que no se acreditó la pretensión del incidentista.”- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía de amparo de mérito, resuelve desestimarla en virtud de los argumentos que se exponen a continuación. La Sala toma en consideración que la impetrante al formalizar la garantía constitucional de amparo reclama que la resolución que se impugna violenta el principio de igualdad, el derecho al debido proceso y el derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo. Asimismo menciona el derecho a la defensa y la protección del principio de legalidad. Con relación al principio de igualdad, se observa que la censora no aporta ningún elemento que permita a este alto tribunal establecer un acto discriminatorio. Para alegar que una autoridad violenta el derecho de igualdad ante la ley, es necesario que quien alega trato desigual proporcione el tertium comparationis, o sea el elemento de comparación entre dos o más elementos. A efecto de comparar y establecer que tienen en común los elementos comparados para luego establecer la existencia de una conducta ilegítimamente diferenciada, sea igual decir discriminatoria. No habiendo cumplido con este requisito indispensable, no es de recibo el alegato de la impetrante con relación a la igualdad. Con relación al extremo que se refiere a la violación del debido proceso legal por la vía del derecho de defensa y existencia de un recurso sencillo y eficaz, la Sala encuentra que todo ello se centra en el alegato de la supuesta violación a lo contenido en los artículos 208 y 705 del Código Procesal Civil, basado en que la decisión se obtuvo basada en una prueba obtenida extra recurso, o sea valiéndose de medios probatorios que no forman parte de la segunda instancia. La censora en ese sentido reclamó que: “…la segunda instancia no puede consistir en una revisión de todo el material de hecho ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, sino que el tribunal de alzada solamente habrá de considerar la apelación con el material de primera instancia. En fin, reprocha que el ad quem motivó su decisión en los argumentos del informe de la CNBS, el cual fue aportado como prueba junto con el escrito de interposición de la apelación, por lo que estima que no fue presentada en el momento procesal oportuno de conformidad a lo establecido en los artículos 712 y 713 del Código Procesal Civil para la admisión de prueba en segunda instancia. Arguyendo así que tampoco hubo oportunidad de oponerse a su presentación y a su contenido. En conclusión la censora es del criterio que el ad quem debió resolver con la prueba aportada únicamente en la contestación de la vista. Sobre estos últimos puntos la Sala de lo Constitucional encuentra que la resolución de la corte de apelaciones no se basa únicamente en el informe de la CNBS; puesto que consta además, que tomó en cuenta la prueba que presentó la parte demandante incidentista, con la cual ésta pretendió acreditar la causa de daños y perjuicios de difícil o imposible reparación. Para la corte de apelaciones no debió concederse la medida cautelar porque la prueba de la parte incidentista y ahora amparista, que fuera aportada en el incidente de suspensión del acto administrativo (intervención), no era la idónea para demostrar la causa de daños y perjuicios de difícil o imposible reparación. Al respecto la corte de apelaciones refiere que la prueba presentada por la apoderada de COMIXMUL consistía básicamente en un plan de rescate para la cooperativa; y no tenía nada que demostrase daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, elemento insoslayable para que prosperara la medida cautelar solicitada y consistente en la suspensión del acto administrativo. En la formalización de amparo la censora no hace ningún cargo en relación a este punto, de manera que acepta o no tiene nada que argüir en contra de este argumento de la corte de apelaciones, razón por la cual haciendo acopio del principio de lógica formal, se llega a la conclusión que el alegato de la prueba aportada en forma extemporánea es totalmente inocuo en razón del resultado final de la decisión de segunda instancia; en virtud de lo cual, aunque tuviese razón la amparista en referencia a la necesidad de que la prueba debía ser forzosamente presentada durante la vista, esto no es suficiente argumento para cambiar el resultado del fallo, por cuanto la parte responsable de la carga probatoria (onus probandi) fue incapaz de demostrar la causa petendi de su pretensión. En virtud de lo cual, no habiendo en el caso bajo estudio un perjuicio real, es procedente dictar la denegatoria de la presente garantía constitucional de amparo, en virtud de no concurrir el requisito de lesividad, necesario para que el motivo alegado sea de recibo.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, 67 y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, a favor de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), en contra de la resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con asiento en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1179-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, a favor de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesta en contra de las actuaciones de fecha once de septiembre de dos mil quince del honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda promovida por la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL) en contra del CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). Estimando la recurrente que con la resolución dictada se le han violentado los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha veintinueve de julio del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, promoviendo demanda contenciosa administrativa de nulidad un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada, contra el CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP).- 2. En fecha uno de septiembre del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, solicitando la suspensión de un acto impugnado. (Folios 1 al 5 de la primera pieza de suspensión del acto impugnado).- 3. En fecha once de septiembre dos mil quince, el referido juzgado FALLA: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO PRESENTADA POR OLIVIA CASTELLANOS RIVERA, MAGDA EDY LÓPEZ SIERRA, YOLANDA COREA ALVARADO, MIRIAM JANETH MORALES ZALDIVAR, ORFILIA ESPERANZA RIVERA, DASIA IDALIA TORREZ Y FRANCISCA LÓPEZ BAUTISTA Y AZUCENA MONGE OLIVA. SEGUNDO: SUSPENDER HASTA QUE TERMINE EL PROCESO PRINCIPAL LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS COMO LA Nº 01-02-2015, AMBAS EMITIDAS POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). TERCERO: REINSTALAR, DE MANERA CAUTELAR Y DE FORMA INMEDIATA, A LAS DEMANDANTES OLIVIA CASTELLANOS RIVERA, MAGDA EDY LÓPEZ SIERRA, YOLANDA COREA ALVARADO, MIRIAM JANETH MORALES ZALDIVAR, ORFILIA ESPERANZA RIVERA, DASIA IDALIA TORREZ Y FRANCISCA LÓPEZ BAUTISTA Y AZUCENA MONGE OLIVA A SUS CARGOS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE DIRECTIVA Y JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL). CUARTO: DEJAR, TAMBIÉN DE MANERA CAUTELAR, SIN VALOR NI EFECTO LA SUSPENSIÓN E INHABILITACIÓN DE LA CUAL FUERON OBJETO Y DE IGUAL FORMA DEJAR SIN VALOR NI EFECTO LA INTERVENCIÓN DECRETADA Y EL NOMBRAMIENTO COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE MARÍA EUGENIA MEJÍA PALACIOS, JUAN CARLOS GUZMÁN REYES Y OSCAR JOSÉ NARVÁEZ. QUINTO: FIJAR COMO CAUCIÓN QUE DEBEN RENDIR LOS INCIDENTISTAS DEMANDANTES PARA RESPONDER POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA SUSPENSIÓN SOLICITADA Y DECRETADA Y PREVIO A COMUNICAR LA MISMA, LA CANTIDAD DE CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100,000.00), LA CUAL DEBERÁ SER CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL…” (Folios del 73 al 76 de la pieza de suspensión del acto impugnado).- 4. Que conociendo del recurso de apelación promovido por la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, actuando en su condición de apoderada legal de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia mediante la cual RESUELVE: “PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado GERARDO ALFREDO SAGASTUME CABAÑAS, en su condición de representante procesal del CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP). SEGUNDO: REVOCAR el auto resolutivo de fecha once de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, y que aparee del folio número setenta y tres frente (73 f.) al folio número setenta y seis (76 f.)de la pieza separada de suspensión del acto impugnado…”- 5. La recurrente abogada ALEJANDRA MARIA SUAREZ FORTIN, compareció ante este tribunal, en fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS, LIMITADA (COMIXMUL), por considerar que la resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, es violatoria de garantías constitucionales estipuladas en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma la garantía en fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, ordenándose dar vista de los autos al fiscal del despacho, para que emita su dictamen.- 6. En fecha once de mayo de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de fiscal del despacho, quien emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia- CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la garantista denunciando violación de los artículos 60 y 90 de la Constitución de la República; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La impetrante formaliza la garantía constitucional de amparo reclamando que la resolución que se impugna violenta el principio de igualdad, el derecho al debido proceso y el derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo. Asimismo menciona el derecho a la defensa y la protección del principio de legalidad. Manifiesta que la corte de alzada con la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis: “…no se sujetó al ritual establecido en los artículos 208 y 705 del Código Procesal Civil, por no haberse limitado a revisar el proceso de primera instancia, sin incluir valoraciones sobre aspectos que no fueron objeto del debate, y que tampoco fueron ofertados como elementos de prueba, violentando el debido proceso. Luego, agrega lo siguiente: “…la segunda instancia no puede consistir en una revisión de todo el material de hecho ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, sino que el tribunal de alzada solamente habrá de considerar la apelación con el material de primera instancia. En concreto, se refiere a que el ad quem motivó su decisión en los argumentos del informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aceptando como cierto el examen realizado a la Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitadas (COMIXMUL), lo cual pone en riesgo a dicha cooperativa y sus afiladas, agravando la situación de su poderdante. De esa manera, asevera la censora, la corte vertió un pronunciamiento del proceso principal, valorando prueba que no fue presentada en el momento procesal oportuno, de conformidad a lo establecido en los artículos 712 y 713 del Código Procesal Civil para la admisión de prueba en segunda instancia. Con relación al derecho de defensa e igualdad de parte, señala que previa admisión de los medios de prueba en segunda instancia debió concedérsele la oportunidad de oponerse. Como prueba de ello señala la evacuación de la vista sobre la solicitud de suspensión del acto impugnado presentada por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, donde se constata que no se propuso prueba de soporte para la oposición a la solicitud de suspensión del acto impugnado, razón por la cual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el a quo debió resolver con la prueba aportada únicamente en la contestación de la vista. Manifiesta que en este caso se desnaturalizó el recurso de reposición al haber acompañado en su tramitación la prueba que no presentó en la vista, que era cuando debía; agregando que los recursos tiene por finalidad la reconsideración de lo juzgado y no enmendar errores cometidos por el recurrente.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis revocar el auto de fecha once de septiembre de dos mil quince proferida por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Central del departamento de Francisco Morazán.- La decisión judicial del ad quem obedece a los hechos y argumentos que a continuación se exponen en forma resumida.- Entre los hechos que destaca la corte se encuentra la demanda contenciosa administrativa entablada por la gerente y ex junta directiva de la Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL) contra el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) solicitando la nulidad de las resoluciones 06-07-2015 de fecha 17 de julio de 2015 y la 01-02-2015 del 12 de febrero de 15; asimismo que se reconozca la situación jurídica individualizada consistente en la suspensión de la intervención a la COMIXMUL por parte de la CONSUCOOP.- Señala que el juzgado a quo en fecha once de septiembre de dos mil quince declaró con lugar la suspensión de los actos impugnados que fue presentada por la parte demandante, hasta que termine el proceso. De igual manera ordena en forma cautelar la reinstalación de las demandantes en su cargos como miembros de la junta directiva y junta de vigilancia. Deja sin valor, también en forma cautelar la suspensión e inhabilitación decretada, sin ningún valor y efecto la intervención decretada y el nombramiento de la comisión interventora. Por último en dicha resolución se señaló la cantidad de cien mil lempiras como caución. La corte hace la precisión de que la apelación tiene como objeto la revocatoria de dicha resolución. Con relación a los fundamentos de derecho la corte de apelaciones en primer lugar destaca que la suspensión del acto procede cuando la ejecución de este último ocasiona daños o perjuicios de imposible o difícil reparación y que el a quo en este sentido consideró: 1) los supuestos indicios probatorios de los daños y perjuicios de imposible reparación que causa el acto administrativo emitido por el CONSUCOOP, según el informe técnico de fecha 31 de agosto de 2015. 2) la falta de prueba en contra del informe técnico mencionado. La corte menciona la regla general de no suspender la ejecutividad de los actos administrativos basada en el poder fáctico que se deriva la dominación posesoria de la cual está dotada la Administración Pública con relación a sus bienes y organizaciones, de manera que –dice la corte- sus actos se encuentran investidos de presunción de validez o legitimidad. Señala que la excepción a este regla general se encuentra en la posibilidad de daño y perjuicio irreparable o de reparación imposible o difícil, establecido en el artículo 121 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Luego refiere que la doctrina señala que el juez contencioso administrativo debe tomar en cuenta al momento de suspender un acto administrativo, el verificar si éste es de tipo personal o económico; asimismo la afectación al interés público relevante. Menciona que el a quo cita la línea jurisprudencial de los juzgados de lo contencioso administrativo la cual dicta: que basta acreditar un indicio racional de daño y perjuicio irreparable o de difícil o imposible reparación para que se acceda a la suspensión del acto impugnado. Con relación al asunto concreto la corte señala que el incidentista o parte demandante presentó el informe técnico de fecha 31 de agosto de 2015, elaborado por la licenciada en Contaduría Pública Luz Amanda Valencia Torres, inscrita en el Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública. Sobre este punto, la corte indica que el a quo valoró esta prueba, tomando en cuenta la citada línea jurisprudencial pero sin hacer mención de casos concretos que acrediten este criterio; asimismo señala que dicho juzgador obvió analizar detenida y jurídicamente el alcance del informe técnico, o sea acreditar la irreparabilidad o dificultad de reparación de los daños y perjuicios que la ejecución del acto administrativo pudiera ocasionar, esto como presupuesto legitimador para conceder su suspensión, habida cuenta de que la intervención decretada por la CONSUCOOP conforme al artículo 196 del Reglamento de la Ley de Cooperativas, tiene por objeto asumir las funciones de dirección, administración y vigilancia, por lo que la COMIXMUL no se paralizaba en su actividad. Por otra parte a juicio de la corte de apelaciones, no fueron acreditados los supuestos daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, pues de la lectura de dicho informe nada más se deriva un supuesto plan de acción y propuestas para contrarrestar los hallazgos de la CNBS. Señala además que dichos daños y perjuicios se desvirtúan por el carácter temporal de las medidas adoptadas por CONSUCOOP (seis meses), por lo que no había urgencia extrema para tomar una decisión cautelar como ésta. Señala también la corte que no existe el riesgo de causar daño irreparable a la situación jurídica sustancial porque se está solicitando el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, de manera que si ésta pretensión prospera serían reconocidos a las demandantes la restitución de sus derechos vulnerados conforme a la legislación aplicable al daño concreto, más el pago de daños y perjuicios, con lo cual quedaría restablecida la situación jurídica individualizada. La resolución que se impugnó con la demanda, ordenó la intervención de la COMIXMUL por el plazo de seis meses, basándose en que no hubo debida diligencia en la gestión de dirección, administración y vigilancia. La corte destaca que dicha decisión es de interés público luego de haberse acreditado la existencia de daños y perjuicios por parte de CONSUCOOP y la CNBS. La corte además señala como una necesidad, la de ponderar el interés público con relación al interés privado, pesando en la decisión que se tome el informe rendido por la CNBS, que le condujo a exhortar a la CONSUCOOP para que además de evaluar los hallazgos encontrados en el examen realizado a la COMIXMUL proceda a adoptar las medidas pertinentes de conformidad a lo establecido en la Ley de Cooperativas y su reglamento. Subraya además lo siguiente: “… ya que el examen y consecuentemente el informe que realiza la CNBS se inició en base a la Ley contra el delito de lavado de activos, que concluyó en las deficiencias administrativas y financieras e incumplimientos legales que ponen en riesgo la estabilidad de la COMIXMUL y sus afiliados…” En virtud de lo anterior la corte de apelaciones decide anteponer el interés público de las afiliadas de COMIXMUL sobre el interés privado de las demandantes e incidentistas, agregando que observa una gran desproporción entre la caución fijada para proceder a la suspensión del acto administrativo con respecto al interés público, concluyendo que procede la revocatoria de la resolución apelada.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha cinco de junio de dos mil quince, la abogada Sussy G. Coello García, en su condición de fiscal fue de la opinión porque no se otorgue la presente garantía de amparo.- Para la fiscal no procede amparar tal como lo solicita la censora porque: “…el recurso de apelación tiene por objeto que una resolución judicial sea revisada por un tribunal diferente al que la dictó, en el marco de los agravios fijados por el recurrente, conforme al principio quantum apellatum quantum devolutum…” Sin embargo señala que esto no le impide al tribunal de alzada pronunciarse sobre: “…los aspectos de hecho o jurídicos que crea complementarios o accesorios en la causa, que están sustancialmente comprendidos en el objeto del debate e implícitamente en las pretensiones deducidas en la demanda, sin variar la causa petendi.” Refiere que en el caso bajo estudio, los agravios se circunscribieron a que el auto resolutivo del a quo violenta los principios de protección del sistema cooperativo y del sistema financiero al haber declarado con lugar la suspensión del acto reclamado o sea la reinstalación de los órganos de dirección de la cooperativa y la intervención de la misma, por considerar que el incidentista no acreditó los daños causados por el acto impugnado. En ese sentido para la fiscal el fallo venido en amparo se encuentra debidamente motivada, expresando lo siguiente: “…al poco valor probatorio que le atribuyó al medio de prueba propuesto por quien tiene la carga de probar, esto en relación con el medio de prueba que consistió en el informe técnico independiente de fecha 31 de agosto de 2015, presentado por el incidentista, señalando que el mismo no constituye el indicio probatorio suficiente para acreditar la irreparabilidad o dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pudiera causar la intervención ordenada por CONSUCOOP, como presupuesto procesal legitimador para conceder a suspensión del acto administrativo impugnado, por considerar que dicho informe consiste en un plan d acción y propuesta para contrarrestar los efectos de los hallazgos encontrados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de ahí que considere que no se acreditó la pretensión del incidentista.”- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía de amparo de mérito, resuelve desestimarla en virtud de los argumentos que se exponen a continuación. La Sala toma en consideración que la impetrante al formalizar la garantía constitucional de amparo reclama que la resolución que se impugna violenta el principio de igualdad, el derecho al debido proceso y el derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo. Asimismo menciona el derecho a la defensa y la protección del principio de legalidad. Con relación al principio de igualdad, se observa que la censora no aporta ningún elemento que permita a este alto tribunal establecer un acto discriminatorio. Para alegar que una autoridad violenta el derecho de igualdad ante la ley, es necesario que quien alega trato desigual proporcione el tertium comparationis, o sea el elemento de comparación entre dos o más elementos. A efecto de comparar y establecer que tienen en común los elementos comparados para luego establecer la existencia de una conducta ilegítimamente diferenciada, sea igual decir discriminatoria. No habiendo cumplido con este requisito indispensable, no es de recibo el alegato de la impetrante con relación a la igualdad. Con relación al extremo que se refiere a la violación del debido proceso legal por la vía del derecho de defensa y existencia de un recurso sencillo y eficaz, la Sala encuentra que todo ello se centra en el alegato de la supuesta violación a lo contenido en los artículos 208 y 705 del Código Procesal Civil, basado en que la decisión se obtuvo basada en una prueba obtenida extra recurso, o sea valiéndose de medios probatorios que no forman parte de la segunda instancia. La censora en ese sentido reclamó que: “…la segunda instancia no puede consistir en una revisión de todo el material de hecho ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera instancia, sino que el tribunal de alzada solamente habrá de considerar la apelación con el material de primera instancia. En fin, reprocha que el ad quem motivó su decisión en los argumentos del informe de la CNBS, el cual fue aportado como prueba junto con el escrito de interposición de la apelación, por lo que estima que no fue presentada en el momento procesal oportuno de conformidad a lo establecido en los artículos 712 y 713 del Código Procesal Civil para la admisión de prueba en segunda instancia. Arguyendo así que tampoco hubo oportunidad de oponerse a su presentación y a su contenido. En conclusión la censora es del criterio que el ad quem debió resolver con la prueba aportada únicamente en la contestación de la vista. Sobre estos últimos puntos la Sala de lo Constitucional encuentra que la resolución de la corte de apelaciones no se basa únicamente en el informe de la CNBS; puesto que consta además, que tomó en cuenta la prueba que presentó la parte demandante incidentista, con la cual ésta pretendió acreditar la causa de daños y perjuicios de difícil o imposible reparación. Para la corte de apelaciones no debió concederse la medida cautelar porque la prueba de la parte incidentista y ahora amparista, que fuera aportada en el incidente de suspensión del acto administrativo (intervención), no era la idónea para demostrar la causa de daños y perjuicios de difícil o imposible reparación. Al respecto la corte de apelaciones refiere que la prueba presentada por la apoderada de COMIXMUL consistía básicamente en un plan de rescate para la cooperativa; y no tenía nada que demostrase daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, elemento insoslayable para que prosperara la medida cautelar solicitada y consistente en la suspensión del acto administrativo. En la formalización de amparo la censora no hace ningún cargo en relación a este punto, de manera que acepta o no tiene nada que argüir en contra de este argumento de la corte de apelaciones, razón por la cual haciendo acopio del principio de lógica formal, se llega a la conclusión que el alegato de la prueba aportada en forma extemporánea es totalmente inocuo en razón del resultado final de la decisión de segunda instancia; en virtud de lo cual, aunque tuviese razón la amparista en referencia a la necesidad de que la prueba debía ser forzosamente presentada durante la vista, esto no es suficiente argumento para cambiar el resultado del fallo, por cuanto la parte responsable de la carga probatoria (onus probandi) fue incapaz de demostrar la causa petendi de su pretensión. En virtud de lo cual, no habiendo en el caso bajo estudio un perjuicio real, es procedente dictar la denegatoria de la presente garantía constitucional de amparo, en virtud de no concurrir el requisito de lesividad, necesario para que el motivo alegado sea de recibo.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, 67 y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada ALEJANDRA MARÍA SUÁREZ FORTÍN, a favor de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), en contra de la resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con asiento en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1179-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”