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Sentencia AA-1140-16 — Registro 8526

Resumen

Resolución impugnada que declaró sin lugar recurso de apelación con relación a adjudicación en dominio pleno promovida por la empresa asociativa campesina, así como la acumulada de recuperación promovida por Grupo Campesinos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(8): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la resolución administrativa emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis que resolvió un recurso de apelación, interpuesto contra la resolución Nº 117-2014 dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) con relación a la solicitud de adjudicación en dominio pleno promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION (ECAP) “VICTORIA EN MARCHA” así como la acumulada de recuperación promovida por el Grupo campesinos UNIDOS POR FE, señala que a raíz del análisis debido a los autos ha quedado debidamente acreditado que el litigio debe concentrarse como caso debatido no en la adjudicación del predio sino en la acción de afectación del mismo por la ruta procesal respectiva, tal cual es la recuperación o la revocación utilizando el término doctrinal por estar comprobado en demasía de tratarse de una área de naturaleza jurídica fiscal a quien se le indica como ruta de afectación la recuperación del predio, por medio del procedimiento establecido al efecto, aspecto que es incuestionable, que integra la propiedad del Estado para disponer sobre el mismo y anteponerse ante cualquier título o documento que pudiese haberse emitido por ser esa autoridad incompetente por efecto de jurisdicción de materia.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano administrativo comparta el criterio de una de las partes, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Consejo Nacional Agrario quien actúa como Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GAMAL N. HIRMAS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMERCIAL SIMON S. DE R.L., contra la resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciséis (2016) que resolvió un recurso de apelación, interpuesto contra la resolución Nº 117-2014 dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) con relación a la solicitud de adjudicación en dominio pleno promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION (ECAP) “VICTORIA EN MARCHA”, así como la acumulada de recuperación promovida por el Grupo Campesinos UNIDOS POR FE. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los Artículos 61, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado GAMAL N. HIRMAS, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMERCIAL SIMON S. DE R.L., contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA).-2) Que en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), se admitió el recurso de mérito sin suspensión provisional del acto reclamado en consecuencia se libró comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (02) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo.-3) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo Nacional Agrario, RESUELVE: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada CORINA ISABEL CHAVEZ LANDA en su condición de Apoderada Legal de las Empresas Asociativas Campesinas de Producción “VICTORIA EN MARCHA” y “UNIDOS POR LA FE” contra la resolución N.117-2014 de fecha 5 de junio de 2014 dictada por el INSTUTITO NACIONAL AGRARIO en virtud que es improcedente la adjudicación solicitada por efecto de momento procesal; 2) Revocar de Oficio la resolución N.117-2014 venida en apelación por considerar haber sido dictada al margen del ordenamiento jurídico establecido en total quebrantamiento de las normas que rigen la materia agraria y la propiedad de estructura rural, propia para el beneficio exclusivo de los trabajadores del campo en forma individual, colectiva o unidad agrícola familiar, siendo ajenos a la misma quienes no ostenten la condición de beneficiarios del proceso de reforma agraria, derecho conculcado en las reglamentaciones de afectación de tierras; 3) Siendo fiscal la naturaleza jurídica de la tierra en disputa y pretendida por los particulares y estando en posesión de la misma persona de derecho privado como personas jurídicas dedicadas a los actos de comercio, por acciones procesales ajenas a los procesos agrarios únicamente validos cuando se trata de tierras fiscales de propiedad del Estado, siendo estos al margen de peculio o hacienda municipal del municipio de Choluteca, deberá instarse al Instituto Nacional Agrario a efecto de que proceda a darle estricto cumplimiento In su fatum a la facultad que le confiere la ley en el artículo 15 de LRA reformado posteriormente por el decreto Nº176-2003 de ejercer las acciones agrarias administrativas como titular del derecho dominical sobre dichos terrenos de suya propiedad contenidas en la sucesión Midence y adquiridos mediante pago hecho a sus sucesores en la traslación de dominio en contrato de compra venta hecho a su favor para satisfacer así las necesidades de los beneficiarios del campo por medio de la resolución definitiva de recuperación de los predios en posesión de particulares y ordenar a la vez la cancelación del asiento de títulos supletorios y títulos en dominio pleno municipales otorgados en exceso de autoridad, por así decirlo tal precepto jurídico en esos casos concretos desde esa data de reforma, por la acción perturbadora dentro del área adquirida, por ser irregular e ilegítima su posesión; 4) En lo sucesivo en los casos de afectación de tierras y actos que demanden la decisión del Instituto a través del acto administrativo en todo su contenido, debiendo evitar distorsionar tal procedimiento en cuanto a solicitar indebidamente opiniones a entes ajenos al quehacer agrario, si no es lo que establece la misma ley en el artículo 170 de la misma como ser informes de carácter técnicos previos a la resolución, y cuando se tratasen de fundos de naturaleza jurídica o vocaciones diversas que tengan jurisdicción ente estales como ser…” (FOLIOS DEL 260 AL 269, SEGUNDA PIEZA CNA).-4) Que la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete.-5) Que con fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la Ley de la Reforma Agraria establece que contra las resoluciones que adopte el Consejo Nacional Agrario, solamente cabrá el recurso de amparo, el que deberá interponerse ante la Corte Suprema de Justicia.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la garantía Constitucional de Amparo interpuesto por el Abogado GAMAL N. HIRMAS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada COMERCIAL SIMON S. DE R. L., contra la resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis que resolvió un recurso de apelación, interpuesto contra la resolución Nº 117-2014 dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) con relación a la solicitud de adjudicación en dominio pleno promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION (ECAP) “VICTORIA EN MARCHA” así como la acumulada de recuperación promovida por el Grupo campesinos “UNIDOS POR FE”.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Abogado GAMAL N. HIRMAS, considera que existe una vulneración en perjuicio de su representada de los Artículos 61, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República, en virtud de que el Consejo Nacional Agrario, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la contraparte, al mismo tiempo; y, de manera contradictoria e incongruente, revoca la resolución Administrativa identificada como No.117-2014, pronunciada conforme a Derecho en fecha cinco de junio de dos mil catorce por el Instituto Nacional Agrario, con ocasión de la solicitud de Adjudicación en Dominio Pleno que ante ese ente administrativo promovió la Empresa Asociativa Campesina de Producción Victoria en Marca, así acumulada de Recuperación promovida por el Grupo Campesino Unidos por la Fe, lo cual es una abierta violación al debido proceso y a la defensa; y, por ende vulnerándose además el legítimo derecho a la propiedad privada.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito; y, con fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual señala que en atención a la denuncia de contradicción e incongruencia del fallo del Consejo Nacional Agrario, al establecerse que se declara sin lugar, es en relación al recurso de apelación interpuesto, por ende sin perjuicio de la decisión revocatoria que resulta del examen de lo actuado y en ejercicio de su función de justicia social aplicada al evento.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Consejo Nacional Agrario, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la resolución administrativa emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis que resolvió un recurso de apelación, interpuesto contra la resolución Nº 117-2014 dictada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) con relación a la solicitud de adjudicación en dominio pleno promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION (ECAP) “VICTORIA EN MARCHA” así como la acumulada de recuperación promovida por el Grupo campesinos UNIDOS POR FE, señala que a raíz del análisis debido a los autos ha quedado debidamente acreditado que el litigio debe concentrarse como caso debatido no en la adjudicación del predio sino en la acción de afectación del mismo por la ruta procesal respectiva, tal cual es la recuperación o la revocación utilizando el término doctrinal por estar comprobado en demasía de tratarse de una área de naturaleza jurídica fiscal a quien se le indica como ruta de afectación la recuperación del predio, por medio del procedimiento establecido al efecto, aspecto que es incuestionable, que integra la propiedad del Estado para disponer sobre el mismo y anteponerse ante cualquier título o documento que pudiese haberse emitido por ser esa autoridad incompetente por efecto de jurisdicción de materia.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano administrativo comparta el criterio de una de las partes, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Consejo Nacional Agrario quien actúa como Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1140-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL