Sentencia AA-1130-16 — Registro 8223
Resumen
Denegatoria de acción de amparo contra denegatoria de defensas previas interpuestas en relación a demanda promovida contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, aprecia que el Accionante centra sus argumentos señalando que no se ha respetado su derecho de defensa y se ha violentado el debido proceso, en síntesis por que el A-quo no ha valorado la prueba aportada en el incidente de las Defensas Previas, esta Sala Constitucional ha explicado en varios fallos que es labor del Juzgador de Instancia la valoración de prueba y de la justicia constitucional observar si existió violación a normas Constitucionales, por lo que cuando el Accionante centra su acción en valoración de prueba, hace un alegato de mera legalidad, lo que obliga conforme a lo que establece el articulo 46.1 y párrafo ultimo a sobreseer las presentes diligencias, “Articulo46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION.- Es inadmisible el Recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; El órgano Jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del tramite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Tegucigalpa, de fecha dieciocho (18) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesto por el abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, a favor del REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil quince (2015),en relación a las Defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE R.L contra el RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP).- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha cinco(5) de febrero del dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el Abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, interponiendo recurso de amparo a favor del RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), contra actuaciones de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en donde dicho Juzgado Resolvió: (Sic)) “UNICO: DESESTIMAR los alegatos de defensa previa, presentado por la parte incidentista (DEMANDADA) por INEXISTENTES…” (Folio 22 al 25 de la pieza del Juzgado)- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, Apoderado Legal del REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)…” (Folio 34 al 36 de la pieza de Corte de apelaciones)- 3) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual resolvió FALLA: PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, apoderado legal del REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP).- . . .”- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.- Se consideran violados por la autoridad recurrida el derecho de defensa contenido en el artículo 82 y de igual manera el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90, ambos de la Constitución de la República, por los motivos y razones siguientes: l.- VIOLACION DEL DERECHO DE DEFENSA: De conformidad al artículo 82 de la Constitución de la República, EL DERECHO DE DEFENSA ES INVIOLABLE, y relacionada dicha norma constitucional con el artículo 1 de nuestro Código Procesal Civil, según el cual "En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso . . ., y se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo . . . que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia", obligando a todo órgano jurisdiccional a velar por el "cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos". La resolución recurrida lesiona los intereses y derechos legítimos del RAP, pues limita su derecho que le garantiza el artículo 82 de la Constitución de la República, por cuanto este le asegura su derecho a gozar del derecho de defensa, y en el presente caso resulta elocuente que existe una indefensión material con relevancia constitucional y con manifiesta incidencia en la resolución recurrida en amparo, siendo que el Juez de la causa, infringiendo y vulnerando derechos fundamentales del RAP, como el derecho a la defensa y el debido proceso, dado que, al haber omitido valorar los elementos probatorios aportados en el expediente administrativo, en defensa de la parte demandada (incidentista), mi representada ha quedado, materialmente en situación de indefensión, además de haber sido vulnerado en su perjuicio la garantía constitucional al debido proceso, lo cual afirmamos por las razones siguientes: 1) Afirma el Juez en la resolución impugnada, . . . que el acto que se impugna es la resolución RCD2010-23. . . Demostrando que el acto administrativo impugnado en ningún momento adquirió el carácter de firme, en vista de haber sido recurrido en tiempo y forma, por tanto, se desestima este alegato de defensa previa", y además que “. . . tomando en cuenta que existe acta notarial realizada en fecha 14 de abril de 2011. . . le manifestaron que no tienen ningún expediente, dando a entender a nuestro criterio que al no existir expediente, tampoco podrá existir resolución. . . mismo que al no existir tal y como lo refiere un documento investido de fe pública, se entiende que dicha aseveración es inexistente. . ..- Lo anterior, estima mi representado, constituye una evidente vulneración en su perjuicio del Derecho de Defensa, en tanto que, materialmente, si bien no formalmente, ha sido privado de su posibilidad de defenderse de la acción promovida en su contra, al no ser valorada en lo más mínimo (ni siquiera a manera de vaga referencia mucho menos a efecto de ser contrastada como corresponde en derecho) todo el material probatorio que consta en el expediente administrativo, y que en nuestro criterio, contradice y demuestra lo infundado de las alegaciones de la demandante (COMIDAS ESPECIALIZADAS) , con lo cual, al haber omitido el Juez de la causa, valorar los elementos probatorios aportados en el expediente administrativo, en defensa de la parte demandada (incidentista), mi representada ha quedado, materialmente en situación de indefensión. 2)
Paradójicamente, en la resolución impugnada mediante esta acción, el órgano jurisdiccional suscribió las alegaciones y la prueba aportada por la parte incidentada (demandante), casi de forma literal, todo lo cual, derivó en una resolución gravemente dañosa y errónea en perjuicio del RAP, y al fin de cuentas, en perjuicio de cientos de humildes trabajadores, cuyas aportaciones no han sido enteradas al RAP como lo manda la Ley. 3) Importa mencionar asimismo, Honorables Magistrados, en relación a este argumento del Juez, que estos documentos omitidos y excluidos de la valoración probatoria por el Juez (que constan en el expediente administrativo), y con los cuales acreditamos haber efectuado las notificaciones al Apoderado de la demandante en las fechas referidas en el expediente administrativo, y haber transcurrido los términos, no son documentos cualquiera, se trata de DOCUMENTOS PUBLICOS, expedidos por funcionario público competente en el ejercicio de sus funciones, un ministro de fe pública ejerciendo sus atribuciones, y por tanto, documentos auténticos que de manera indubitable acreditan que las resoluciones emitidas por el RAP en el procedimiento administrativo que nos ocupa, ante la falta de notificación personal, fueron debidamente notificadas por la tabla de avisos al Apoderado de la demandante, y de lo cual nadie pueda dudar razonablemente. 4) Vale recordar asimismo, que nuestra normativa contempla la llamada presunción de legitimidad de los actos administrativos, de lo cual se deriva que, en el caso inverosímil de que la demandante ponga en duda o cuestione la veracidad del contenido de dichos documentos, la Ley le atribuye la carga de la prueba a la parte incidentada (demandante), por tanto deberá probar con toda certeza sus alegaciones que pongan en duda los hechos acreditados por el funcionario público o ministro de fe que certificó los mismos. Parece que el Juez invirtió la presunción de legitimidad, no en favor de la administración como manda la Ley, al contrario, en favor del administrado, sin siquiera demandar de la parte incidentada (demandante). la exigencia legal de la carga de la prueba. 5) Como es ampliamente conocido, Honorables Magistrados, es un deber constitucional de los órganos jurisdiccionales, el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la Ley. En este caso, era deber del Juez, a efectos de garantizar el derecho a la defensa, valorar todo el acervo probatorio contenido en el expediente administrativo aportado por la parte incidentista (demandada), y no solo valorar la prueba aportada por la parte incidentada (demandante), con lo cual, estimamos que hubiera llegado a una conclusión muy distinta a la que llegó (desestimar las defensas previas planteadas). 6) Al ser este un hecho imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional, material y no solo formal, resulta en una privación real, efectiva y actual, que limita sustancialmente el derecho de defensa de mi representada, al verse impedida de probar lo alegado, reduciendo a nada las posibilidades de quien sufre la indefensión, estimamos evidente que concurren los requisitos que configuran una vulneración al derecho a la defensa, por lo cual, nos parece evidente que al haber desestimado las defensas previas, partiendo de un criterio manifiestamente errado, además de contrario a la Ley, pero más aún, al dejar indefenso a mi representado, constituye una vulneración al derecho de defensa garantizado por la Carta Magna, y además al debido proceso.-
ll. - VIOLACIÓN DEL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO: La resolución recurrida lesiona los intereses y derechos legítimos del RAP, pues limita su derecho a gozar de un debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, porque le violenta su derecho a obtener de los funcionarios del poder público, decisiones motivadas y fundamentadas en la Ley, es decir, decisiones apegadas al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ya que el debido proceso comprende el derecho a obtener decisiones judiciales con fundamento en los hechos y de acuerdo a los imperativos del orden jurídico, decisiones adoptadas en estricto apego a las normas sustantivas y adjetivas por igual. El debido proceso debe observar el irrestricto respeto a las formalidades procesales esenciales y la aplicación de las Leyes vigentes antes del caso en contienda, y en el presente caso el Juzgado Contencioso Administrativo se apartó de sujetar el caso concreto a las normas aplicables, vulnerando el Derecho al debido proceso que garantiza la Constitución, lo cual afirmamos por las razones siguientes: 1) El Juez estimó, en relación con la Tercera Defensa Previa, que el hecho que el demandante este solicitando una pretensión distinta a la referida en vía administrativa no impedirá al suscrito verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto" No obstante la anterior valoración del Juez, no podemos omitir que nuestra legislación establece de manera expresa la congruencia que debe existir entre lo solicitado en el RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO Y LA RESPECTIVA ACCION, y que por ello es imposible que el órgano jurisdiccional, pueda resolver sobre una INDEMNlZAClON DE DAÑOS que mi representada no ha conocido en vía administrativa, y que además, el artículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que La anulación, la revocación y la modificación de un acto solamente dará lugar a la indemnización cuando la misma este prevista expresamente en la Ley. 2) De igual manera, estima el Juez en sus argumentos para desestimar la cuarta defensa previa, que “…. la parte demandante (incidentada) procedió a.… teniendo por agotada la vía administrativa". Al respecto, Honorable Corte, baste ratificar que según consta en autos, la demandante NO interpuso en tiempo y forma los recursos administrativos previstos en nuestra normativa legal, para tener por agotada la vía administrativa, como consta en el expediente administrativo, mediante DOCUMENTOS PUBLICOS, expedidos por funcionario público competente en el ejercicio de sus funciones, un ministro de fe pública ejerciendo sus atribuciones, y por tanto, documentos auténticos que de manera indubitable acreditan las afirmaciones de mi representada. 3) En cuanto a la quinta defensa previa, la rechaza por estimar que no está "...comprendido dentro de las posibles causas de defensas previas establecidas en e/ artículo 63 en relación con e/ artículo 80 de la Ley. Al respecto, reiteramos y sostenemos por ser un mandato expreso de la Ley, que es improcedente demandar al Estado o a sus instituciones, sin haber hecho el Reclamo Administrativo previo a la vía judicial en los mismos términos en que se plantearía la eventual demanda. RAP, nunca conoció un reclamo administrativo formulado por la incidentada (demandante), como lo manda la Ley. Deducir este reclamo ante la propia administración es un requisito esencial, no es discrecional, en absoluto, de otra manera, se violenta el debido proceso establecido en la Constitución y demás Leyes.- Honorable Corte, además de la Constitución de la República, nuestra norma procesal civil establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que, dichas normas son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros, de manera que el Juez, debe indefectiblemente, someterse y resolver en estricto apego a dichas normas. De los hechos antes expuestos, resulta elocuente que el órgano jurisdiccional no ha sujetado sus actuaciones y decisiones en la presente causa, al debido proceso que ordena nuestra Carta Magna, y en general, al Principio de Legalidad que debe imperativamente privar en las decisiones judiciales.- 4) Por otra parte, los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda servirán de fundamento al reclamo administrativo previo, pues como ha señalado la doctrina, "no serán objeto de discusión en el juicio los hechos y derechos que no hayan sido invocados en el respectivo reclamo administrativo", por todo lo cual, la presente demanda resulta ser inadmisible.- Reclamo administrativo previo no es lo mismo que nulidad. Son dos figuras legales completamente diferentes, que nada tiene que ver una con la otra. La demandante ha pretendido sorprender al órgano jurisdiccional, intentando hacer pasar un escrito en el que solicita NULIDAD de una Resolución preparatoria (acto de trámite, conforme lo denomina el segundo párrafo del artículo 28 de la LPA), como si ese fuera el Reclamo Administrativo. No cabe confundir lo que es un Reclamo Administrativo, con un escrito presentado por la demandante, en el que solicita Nulidad de un acto de trámite como es la Resolución No. RCD 2010-23.- En relación al punto anterior, merece recordar que el artículo 17 del Código Civil, expresa: "No podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del Legislador"; No se puede dar a la Ley una interpretación que altere su propia naturaleza, como pretende la demandante al intentar hacer pasar un escrito de nulidad, como si fuera un Reclamo Administrativo. El Reclamo Administrativo es un pedido especial que exige la Ley, formulado en los mismos términos de la eventual demanda, que permite a la Administración, entre otras cosas, prepararse y conocer de los hechos y razones en que se basara la futura demanda y que, asimismo, sirve al ciudadano para abrirse acceso directo a la vía judicial. Si, y solamente "Si la resolución es negativa... el interesado podrá incoar la acción correspondiente en la vía judicial" (Artículo 149 LPA).- 5) Es igualmente importante tener en cuenta que la admisión de la presente demanda infringe el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde se establece que es improcedente demandar al Estado o a sus instituciones, sin haber hecho el Reclamo Administrativo previo a la vía judicial en los mismos términos en que se plantearía la eventual demanda. La parte incidentada (demandante), nunca formuló un reclamo administrativo al RAP. De igual manera, manda la Ley que "Para admitir la demanda contencioso administrativa será requisito indispensable agotar la vía administrativa" (Artículo 42 LJCA), lo cual tampoco sucedió en este caso, volviendo con ello inadmisible la acción. Todos estos motivos, Honorable Corte, entre otros, son evidencia determinante de las severas vulneraciones al debido proceso constitucional en perjuicio del RAP, que ameritan el remedio constitucional que se solicita mediante la presente Acción de Amparo. 6) Finalmente, pero no por ello menos importante, de conformidad al artículo 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (LOCA), la demanda debió ser declarada inadmisible, siendo que se trata de un ACTO NO IMPUGNABLE, por cuanto "La acción será admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública... (Artículo 28, LJCA), y en el este caso, la Resolución objeto de la litis (No. RCD 2010-23), se trata únicamente de un acto de trámite, una resolución preparatoria, que no es un acto impugnable conforme a la Ley. Es sabido que, a estos, la doctrina los denomina actos instrumentales, no producen efectos jurídicos que consistan en la pérdida o disminución de derechos, efectos que solamente los puede producir el acto o resolución definitiva, con el que se concluye el procedimiento.- Como ha dejado establecido la doctrina, "La voluntad de la Administración no puede manifestarse más que en el acto final. Todos los actos instrumentales solo se justifican para formar con su concurso el acto final. Ningún acto instrumental es, por sí, portador de la voluntad de la Administración. Los efectos jurídicos de los actos instrumentales se agotan en el procedimiento y en el interior de la Administración.” Siendo que el acto administrativo impugnado no tiene características de una resolución que pone fin al procedimiento administrativo, la acción incoada es inadmisible porque no impugna un acto definitivo de la administración pública, no obstante, lo cual, el Juez, en clara infracción al debido proceso, el Juez omitió este hecho fundamental violentando derechos constitucionales a mi representada.- De todo lo antes expuesto, mi representada considera que, en el acto impugnado con la presente acción, existe una efectiva vulneración al derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en tanto que han sido violentados en su perjuicio, formalidades, derechos y garantías que la Ley establece en su favor.”- CONSIDERANDO (4): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, mediante sentencia de fecha dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis, determino en sus fundamentos de derecho y en su parte dispositiva: “FUNDAMENTOS DE DERECHO.- SEXTO (6): Que la acción de amparo tiene como finalidad, entre otros: “para que se les mantenga o restituya en el goce de sus derechos o garantías que la Constitución de Tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen”.- SEPTIMO (7): Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgara dentro de los límites de las pretensiones alegadas por las partes.- OCTAVO (8): Que el impetrante establece como causas de inadmisibilidad 1.- Actos no susceptibles de impugnación mediante la jurisdicción de lo contencioso administrativo al tenor del artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción el cual establece que no se admitirá en acción contenciosa administrativa respecto a los actos firmes, es decir aquellos que no fueron recurridos en tiempo y forma, las cuales fueron resueltas por el juzgado de primera instancia como desestimadas, lo que le ha ocasionado una violación al derecho de defensa y debido proceso; ante tal planteamiento cabe mencionar que ante toda acción incoada ante esta jurisdicción, es requisito indispensable el designar el acto emitido por la administración pública que le ha ocasionado una infracción a sus derechos, Y en este caso el recurrido ha establecido como acto impugnado la resolución número RCD-2010-023 la cual declara imponer a la Sociedad Mercantil Comidas Especializadas S.A., una multa, y del cual se impugno solicitando su nulidad así como interponiendo el recurso de reposición, por lo que el acto nunca adquirió firmeza ya que fue recurrido en tiempo y forma al no existir en ese momento otra resolución como quedo establecido con el acta notarial al establecer el notario como ministro de fe, que no había expediente, por ende en ese momento ninguna otra resolución, pero si las actuaciones encaminadas al agotamiento de la vía administrativa realizados por la parte recurrida y resolver; en relación a causa de inadmisibilidad relacionada con la expiración del plazo para presentar la demanda, esta queda desestimada al ser pare del agotamiento de la vía la solicitud de pronta resolución, la cual no se resolvió interponiendo la parte recurrida el recurso de reposición en fecha 13 de junio, empezando su plazo de treinta días para interponer la demanda el día 14 de junio de 2011, sobre la resolución designada como acto impugnado por el demandante, por lo que la demanda se presentó en tiempo el día 25 de julio de 2011; sobre el hecho de que la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, basado el recurrente en que los daños y perjuicios no fueron solicitados en vía administrativa, es un aspecto que será el juez A quo mediante sentencia definitiva que valore tal pretensión, pero hasta el momento no es un hecho que le impida verter un pronunciamiento en su sentencia definitiva; por lo que dicho acto si fue recurrido por lo que el alegato que el recurrente hace como causa de inadmisibilidad (presentación de demanda sin reclamo administrativo previo), esta no está establecida en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que está enmarcada en el agotamiento de la vía administrativa; por ende este tribunal no encuentra la vulneración a las garantías relacionadas con el derecho a la defensa y debido proceso ya que si observo causas de inadmisibilidad las mismas fueron planteadas y resueltas conforme a derecho por el juez A quo al desestimar las mismas. PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel nacional, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD de Votos, siendo ponente la Magistrada DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA y en aplicación de los artículos 303, 304, 305 de la Constitución de la Republica, 1, 2 letra a), 7 letra b), 9, 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 84, 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, FALLA: PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, apoderado legal del REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP).- Y MANDA: . . .”- CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, aprecia que el Accionante centra sus argumentos señalando que no se ha respetado su derecho de defensa y se ha violentado el debido proceso, en síntesis por que el A-quo no ha valorado la prueba aportada en el incidente de las Defensas Previas, esta Sala Constitucional ha explicado en varios fallos que es labor del Juzgador de Instancia la valoración de prueba y de la justicia constitucional observar si existió violación a normas Constitucionales, por lo que cuando el Accionante centra su acción en valoración de prueba, hace un alegato de mera legalidad, lo que obliga conforme a lo que establece el articulo 46.1 y párrafo ultimo a sobreseer las presentes diligencias, “Articulo46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION.- Es inadmisible el Recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; El órgano Jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del tramite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación del artículo 82 y 90 párrafo primero y 303, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 41, 46.1, 54, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: PRIMERO: REVOCANDO la Sentencia de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, en la acción de Amparo interpuesta contra la Sentencia dictada en el Incidente de Defensas Previas en fecha uno (1) de diciembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, en la demanda con orden de ingreso Nº 365-2011 promovida por la Sociedad Mercantil COMIDAS ESPECIALIZADAS S. de R.L., contra el RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP); SEGUNDO: SOBRESEE la presente Acción de Amparo con fundamento en lo establecido en el articulo 46.1 y párrafo final de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1130-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Tegucigalpa, de fecha dieciocho (18) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesto por el abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, a favor del REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil quince (2015),en relación a las Defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE R.L contra el RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP).- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha cinco(5) de febrero del dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el Abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, interponiendo recurso de amparo a favor del RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), contra actuaciones de fecha uno (1) de diciembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en donde dicho Juzgado Resolvió: (Sic)) “UNICO: DESESTIMAR los alegatos de defensa previa, presentado por la parte incidentista (DEMANDADA) por INEXISTENTES…” (Folio 22 al 25 de la pieza del Juzgado)- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, Apoderado Legal del REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)…” (Folio 34 al 36 de la pieza de Corte de apelaciones)- 3) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual resolvió FALLA: PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, apoderado legal del REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP).- . . .”- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.- Se consideran violados por la autoridad recurrida el derecho de defensa contenido en el artículo 82 y de igual manera el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90, ambos de la Constitución de la República, por los motivos y razones siguientes: l.- VIOLACION DEL DERECHO DE DEFENSA: De conformidad al artículo 82 de la Constitución de la República, EL DERECHO DE DEFENSA ES INVIOLABLE, y relacionada dicha norma constitucional con el artículo 1 de nuestro Código Procesal Civil, según el cual "En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso . . ., y se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo . . . que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia", obligando a todo órgano jurisdiccional a velar por el "cumplimiento de este artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos". La resolución recurrida lesiona los intereses y derechos legítimos del RAP, pues limita su derecho que le garantiza el artículo 82 de la Constitución de la República, por cuanto este le asegura su derecho a gozar del derecho de defensa, y en el presente caso resulta elocuente que existe una indefensión material con relevancia constitucional y con manifiesta incidencia en la resolución recurrida en amparo, siendo que el Juez de la causa, infringiendo y vulnerando derechos fundamentales del RAP, como el derecho a la defensa y el debido proceso, dado que, al haber omitido valorar los elementos probatorios aportados en el expediente administrativo, en defensa de la parte demandada (incidentista), mi representada ha quedado, materialmente en situación de indefensión, además de haber sido vulnerado en su perjuicio la garantía constitucional al debido proceso, lo cual afirmamos por las razones siguientes: 1) Afirma el Juez en la resolución impugnada, . . . que el acto que se impugna es la resolución RCD2010-23. . . Demostrando que el acto administrativo impugnado en ningún momento adquirió el carácter de firme, en vista de haber sido recurrido en tiempo y forma, por tanto, se desestima este alegato de defensa previa", y además que “. . . tomando en cuenta que existe acta notarial realizada en fecha 14 de abril de 2011. . . le manifestaron que no tienen ningún expediente, dando a entender a nuestro criterio que al no existir expediente, tampoco podrá existir resolución. . . mismo que al no existir tal y como lo refiere un documento investido de fe pública, se entiende que dicha aseveración es inexistente. . ..- Lo anterior, estima mi representado, constituye una evidente vulneración en su perjuicio del Derecho de Defensa, en tanto que, materialmente, si bien no formalmente, ha sido privado de su posibilidad de defenderse de la acción promovida en su contra, al no ser valorada en lo más mínimo (ni siquiera a manera de vaga referencia mucho menos a efecto de ser contrastada como corresponde en derecho) todo el material probatorio que consta en el expediente administrativo, y que en nuestro criterio, contradice y demuestra lo infundado de las alegaciones de la demandante (COMIDAS ESPECIALIZADAS) , con lo cual, al haber omitido el Juez de la causa, valorar los elementos probatorios aportados en el expediente administrativo, en defensa de la parte demandada (incidentista), mi representada ha quedado, materialmente en situación de indefensión. 2)
Paradójicamente, en la resolución impugnada mediante esta acción, el órgano jurisdiccional suscribió las alegaciones y la prueba aportada por la parte incidentada (demandante), casi de forma literal, todo lo cual, derivó en una resolución gravemente dañosa y errónea en perjuicio del RAP, y al fin de cuentas, en perjuicio de cientos de humildes trabajadores, cuyas aportaciones no han sido enteradas al RAP como lo manda la Ley. 3) Importa mencionar asimismo, Honorables Magistrados, en relación a este argumento del Juez, que estos documentos omitidos y excluidos de la valoración probatoria por el Juez (que constan en el expediente administrativo), y con los cuales acreditamos haber efectuado las notificaciones al Apoderado de la demandante en las fechas referidas en el expediente administrativo, y haber transcurrido los términos, no son documentos cualquiera, se trata de DOCUMENTOS PUBLICOS, expedidos por funcionario público competente en el ejercicio de sus funciones, un ministro de fe pública ejerciendo sus atribuciones, y por tanto, documentos auténticos que de manera indubitable acreditan que las resoluciones emitidas por el RAP en el procedimiento administrativo que nos ocupa, ante la falta de notificación personal, fueron debidamente notificadas por la tabla de avisos al Apoderado de la demandante, y de lo cual nadie pueda dudar razonablemente. 4) Vale recordar asimismo, que nuestra normativa contempla la llamada presunción de legitimidad de los actos administrativos, de lo cual se deriva que, en el caso inverosímil de que la demandante ponga en duda o cuestione la veracidad del contenido de dichos documentos, la Ley le atribuye la carga de la prueba a la parte incidentada (demandante), por tanto deberá probar con toda certeza sus alegaciones que pongan en duda los hechos acreditados por el funcionario público o ministro de fe que certificó los mismos. Parece que el Juez invirtió la presunción de legitimidad, no en favor de la administración como manda la Ley, al contrario, en favor del administrado, sin siquiera demandar de la parte incidentada (demandante). la exigencia legal de la carga de la prueba. 5) Como es ampliamente conocido, Honorables Magistrados, es un deber constitucional de los órganos jurisdiccionales, el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la Ley. En este caso, era deber del Juez, a efectos de garantizar el derecho a la defensa, valorar todo el acervo probatorio contenido en el expediente administrativo aportado por la parte incidentista (demandada), y no solo valorar la prueba aportada por la parte incidentada (demandante), con lo cual, estimamos que hubiera llegado a una conclusión muy distinta a la que llegó (desestimar las defensas previas planteadas). 6) Al ser este un hecho imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional, material y no solo formal, resulta en una privación real, efectiva y actual, que limita sustancialmente el derecho de defensa de mi representada, al verse impedida de probar lo alegado, reduciendo a nada las posibilidades de quien sufre la indefensión, estimamos evidente que concurren los requisitos que configuran una vulneración al derecho a la defensa, por lo cual, nos parece evidente que al haber desestimado las defensas previas, partiendo de un criterio manifiestamente errado, además de contrario a la Ley, pero más aún, al dejar indefenso a mi representado, constituye una vulneración al derecho de defensa garantizado por la Carta Magna, y además al debido proceso.-
ll. - VIOLACIÓN DEL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO: La resolución recurrida lesiona los intereses y derechos legítimos del RAP, pues limita su derecho a gozar de un debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, porque le violenta su derecho a obtener de los funcionarios del poder público, decisiones motivadas y fundamentadas en la Ley, es decir, decisiones apegadas al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ya que el debido proceso comprende el derecho a obtener decisiones judiciales con fundamento en los hechos y de acuerdo a los imperativos del orden jurídico, decisiones adoptadas en estricto apego a las normas sustantivas y adjetivas por igual. El debido proceso debe observar el irrestricto respeto a las formalidades procesales esenciales y la aplicación de las Leyes vigentes antes del caso en contienda, y en el presente caso el Juzgado Contencioso Administrativo se apartó de sujetar el caso concreto a las normas aplicables, vulnerando el Derecho al debido proceso que garantiza la Constitución, lo cual afirmamos por las razones siguientes: 1) El Juez estimó, en relación con la Tercera Defensa Previa, que el hecho que el demandante este solicitando una pretensión distinta a la referida en vía administrativa no impedirá al suscrito verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto" No obstante la anterior valoración del Juez, no podemos omitir que nuestra legislación establece de manera expresa la congruencia que debe existir entre lo solicitado en el RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO Y LA RESPECTIVA ACCION, y que por ello es imposible que el órgano jurisdiccional, pueda resolver sobre una INDEMNlZAClON DE DAÑOS que mi representada no ha conocido en vía administrativa, y que además, el artículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que La anulación, la revocación y la modificación de un acto solamente dará lugar a la indemnización cuando la misma este prevista expresamente en la Ley. 2) De igual manera, estima el Juez en sus argumentos para desestimar la cuarta defensa previa, que “…. la parte demandante (incidentada) procedió a.… teniendo por agotada la vía administrativa". Al respecto, Honorable Corte, baste ratificar que según consta en autos, la demandante NO interpuso en tiempo y forma los recursos administrativos previstos en nuestra normativa legal, para tener por agotada la vía administrativa, como consta en el expediente administrativo, mediante DOCUMENTOS PUBLICOS, expedidos por funcionario público competente en el ejercicio de sus funciones, un ministro de fe pública ejerciendo sus atribuciones, y por tanto, documentos auténticos que de manera indubitable acreditan las afirmaciones de mi representada. 3) En cuanto a la quinta defensa previa, la rechaza por estimar que no está "...comprendido dentro de las posibles causas de defensas previas establecidas en e/ artículo 63 en relación con e/ artículo 80 de la Ley. Al respecto, reiteramos y sostenemos por ser un mandato expreso de la Ley, que es improcedente demandar al Estado o a sus instituciones, sin haber hecho el Reclamo Administrativo previo a la vía judicial en los mismos términos en que se plantearía la eventual demanda. RAP, nunca conoció un reclamo administrativo formulado por la incidentada (demandante), como lo manda la Ley. Deducir este reclamo ante la propia administración es un requisito esencial, no es discrecional, en absoluto, de otra manera, se violenta el debido proceso establecido en la Constitución y demás Leyes.- Honorable Corte, además de la Constitución de la República, nuestra norma procesal civil establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, y que, dichas normas son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros, de manera que el Juez, debe indefectiblemente, someterse y resolver en estricto apego a dichas normas. De los hechos antes expuestos, resulta elocuente que el órgano jurisdiccional no ha sujetado sus actuaciones y decisiones en la presente causa, al debido proceso que ordena nuestra Carta Magna, y en general, al Principio de Legalidad que debe imperativamente privar en las decisiones judiciales.- 4) Por otra parte, los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda servirán de fundamento al reclamo administrativo previo, pues como ha señalado la doctrina, "no serán objeto de discusión en el juicio los hechos y derechos que no hayan sido invocados en el respectivo reclamo administrativo", por todo lo cual, la presente demanda resulta ser inadmisible.- Reclamo administrativo previo no es lo mismo que nulidad. Son dos figuras legales completamente diferentes, que nada tiene que ver una con la otra. La demandante ha pretendido sorprender al órgano jurisdiccional, intentando hacer pasar un escrito en el que solicita NULIDAD de una Resolución preparatoria (acto de trámite, conforme lo denomina el segundo párrafo del artículo 28 de la LPA), como si ese fuera el Reclamo Administrativo. No cabe confundir lo que es un Reclamo Administrativo, con un escrito presentado por la demandante, en el que solicita Nulidad de un acto de trámite como es la Resolución No. RCD 2010-23.- En relación al punto anterior, merece recordar que el artículo 17 del Código Civil, expresa: "No podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del Legislador"; No se puede dar a la Ley una interpretación que altere su propia naturaleza, como pretende la demandante al intentar hacer pasar un escrito de nulidad, como si fuera un Reclamo Administrativo. El Reclamo Administrativo es un pedido especial que exige la Ley, formulado en los mismos términos de la eventual demanda, que permite a la Administración, entre otras cosas, prepararse y conocer de los hechos y razones en que se basara la futura demanda y que, asimismo, sirve al ciudadano para abrirse acceso directo a la vía judicial. Si, y solamente "Si la resolución es negativa... el interesado podrá incoar la acción correspondiente en la vía judicial" (Artículo 149 LPA).- 5) Es igualmente importante tener en cuenta que la admisión de la presente demanda infringe el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde se establece que es improcedente demandar al Estado o a sus instituciones, sin haber hecho el Reclamo Administrativo previo a la vía judicial en los mismos términos en que se plantearía la eventual demanda. La parte incidentada (demandante), nunca formuló un reclamo administrativo al RAP. De igual manera, manda la Ley que "Para admitir la demanda contencioso administrativa será requisito indispensable agotar la vía administrativa" (Artículo 42 LJCA), lo cual tampoco sucedió en este caso, volviendo con ello inadmisible la acción. Todos estos motivos, Honorable Corte, entre otros, son evidencia determinante de las severas vulneraciones al debido proceso constitucional en perjuicio del RAP, que ameritan el remedio constitucional que se solicita mediante la presente Acción de Amparo. 6) Finalmente, pero no por ello menos importante, de conformidad al artículo 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (LOCA), la demanda debió ser declarada inadmisible, siendo que se trata de un ACTO NO IMPUGNABLE, por cuanto "La acción será admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública... (Artículo 28, LJCA), y en el este caso, la Resolución objeto de la litis (No. RCD 2010-23), se trata únicamente de un acto de trámite, una resolución preparatoria, que no es un acto impugnable conforme a la Ley. Es sabido que, a estos, la doctrina los denomina actos instrumentales, no producen efectos jurídicos que consistan en la pérdida o disminución de derechos, efectos que solamente los puede producir el acto o resolución definitiva, con el que se concluye el procedimiento.- Como ha dejado establecido la doctrina, "La voluntad de la Administración no puede manifestarse más que en el acto final. Todos los actos instrumentales solo se justifican para formar con su concurso el acto final. Ningún acto instrumental es, por sí, portador de la voluntad de la Administración. Los efectos jurídicos de los actos instrumentales se agotan en el procedimiento y en el interior de la Administración.” Siendo que el acto administrativo impugnado no tiene características de una resolución que pone fin al procedimiento administrativo, la acción incoada es inadmisible porque no impugna un acto definitivo de la administración pública, no obstante, lo cual, el Juez, en clara infracción al debido proceso, el Juez omitió este hecho fundamental violentando derechos constitucionales a mi representada.- De todo lo antes expuesto, mi representada considera que, en el acto impugnado con la presente acción, existe una efectiva vulneración al derecho fundamental al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, en tanto que han sido violentados en su perjuicio, formalidades, derechos y garantías que la Ley establece en su favor.”- CONSIDERANDO (4): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, mediante sentencia de fecha dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis, determino en sus fundamentos de derecho y en su parte dispositiva: “FUNDAMENTOS DE DERECHO.- SEXTO (6): Que la acción de amparo tiene como finalidad, entre otros: “para que se les mantenga o restituya en el goce de sus derechos o garantías que la Constitución de Tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen”.- SEPTIMO (7): Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgara dentro de los límites de las pretensiones alegadas por las partes.- OCTAVO (8): Que el impetrante establece como causas de inadmisibilidad 1.- Actos no susceptibles de impugnación mediante la jurisdicción de lo contencioso administrativo al tenor del artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción el cual establece que no se admitirá en acción contenciosa administrativa respecto a los actos firmes, es decir aquellos que no fueron recurridos en tiempo y forma, las cuales fueron resueltas por el juzgado de primera instancia como desestimadas, lo que le ha ocasionado una violación al derecho de defensa y debido proceso; ante tal planteamiento cabe mencionar que ante toda acción incoada ante esta jurisdicción, es requisito indispensable el designar el acto emitido por la administración pública que le ha ocasionado una infracción a sus derechos, Y en este caso el recurrido ha establecido como acto impugnado la resolución número RCD-2010-023 la cual declara imponer a la Sociedad Mercantil Comidas Especializadas S.A., una multa, y del cual se impugno solicitando su nulidad así como interponiendo el recurso de reposición, por lo que el acto nunca adquirió firmeza ya que fue recurrido en tiempo y forma al no existir en ese momento otra resolución como quedo establecido con el acta notarial al establecer el notario como ministro de fe, que no había expediente, por ende en ese momento ninguna otra resolución, pero si las actuaciones encaminadas al agotamiento de la vía administrativa realizados por la parte recurrida y resolver; en relación a causa de inadmisibilidad relacionada con la expiración del plazo para presentar la demanda, esta queda desestimada al ser pare del agotamiento de la vía la solicitud de pronta resolución, la cual no se resolvió interponiendo la parte recurrida el recurso de reposición en fecha 13 de junio, empezando su plazo de treinta días para interponer la demanda el día 14 de junio de 2011, sobre la resolución designada como acto impugnado por el demandante, por lo que la demanda se presentó en tiempo el día 25 de julio de 2011; sobre el hecho de que la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, basado el recurrente en que los daños y perjuicios no fueron solicitados en vía administrativa, es un aspecto que será el juez A quo mediante sentencia definitiva que valore tal pretensión, pero hasta el momento no es un hecho que le impida verter un pronunciamiento en su sentencia definitiva; por lo que dicho acto si fue recurrido por lo que el alegato que el recurrente hace como causa de inadmisibilidad (presentación de demanda sin reclamo administrativo previo), esta no está establecida en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino que está enmarcada en el agotamiento de la vía administrativa; por ende este tribunal no encuentra la vulneración a las garantías relacionadas con el derecho a la defensa y debido proceso ya que si observo causas de inadmisibilidad las mismas fueron planteadas y resueltas conforme a derecho por el juez A quo al desestimar las mismas. PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel nacional, en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD de Votos, siendo ponente la Magistrada DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA y en aplicación de los artículos 303, 304, 305 de la Constitución de la Republica, 1, 2 letra a), 7 letra b), 9, 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 84, 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, FALLA: PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesto por el Abogado VICTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, apoderado legal del REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP).- Y MANDA: . . .”- CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, aprecia que el Accionante centra sus argumentos señalando que no se ha respetado su derecho de defensa y se ha violentado el debido proceso, en síntesis por que el A-quo no ha valorado la prueba aportada en el incidente de las Defensas Previas, esta Sala Constitucional ha explicado en varios fallos que es labor del Juzgador de Instancia la valoración de prueba y de la justicia constitucional observar si existió violación a normas Constitucionales, por lo que cuando el Accionante centra su acción en valoración de prueba, hace un alegato de mera legalidad, lo que obliga conforme a lo que establece el articulo 46.1 y párrafo ultimo a sobreseer las presentes diligencias, “Articulo46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCION.- Es inadmisible el Recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; El órgano Jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del tramite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación del artículo 82 y 90 párrafo primero y 303, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 41, 46.1, 54, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: PRIMERO: REVOCANDO la Sentencia de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, en la acción de Amparo interpuesta contra la Sentencia dictada en el Incidente de Defensas Previas en fecha uno (1) de diciembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, en la demanda con orden de ingreso Nº 365-2011 promovida por la Sociedad Mercantil COMIDAS ESPECIALIZADAS S. de R.L., contra el RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP); SEGUNDO: SOBRESEE la presente Acción de Amparo con fundamento en lo establecido en el articulo 46.1 y párrafo final de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1130-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional.
CEDV