Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-1110-16 — Registro 13503

Resumen

Otorgamiento de acción de amparo en consulta interpuesto contra resolución que desestimo defensas previas en relación a demanda sobre reclamo de certificados de participación, fiduciaria e hipotecaria derivan de un fideicomiso mercantil promovida contra el Estado de Honduras,declarando Ad quem con lugar defensa previa denominada“Cuando su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en consecuencia la inadmisibilidad de demanda de meritO

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el presente asunto no corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. Explica la corte de apelaciones que una vez decidido esto no corresponde analizar, valorar y razonar las demás causas de inadmisibilidad. Con relación a la falta de jurisdicción contenciosa administrativa para dilucidar la presente demanda, refiere que desde el artículo 28 al 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se establecen los actos administrativos que se encuentran sujetos al derecho administrativo y que son impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa. De la misma forma el artículo 4 establece que no corresponderán a ésta, las cuestiones de orden civil o mercantil. Es así, expresa la corte de apelaciones, que aunque la Secretaría de Finanzas mediante el decreto 162-2011 haya asumido todas las funciones y atribuciones aplicables que le correspondían al liquidador BANCORP de conformidad con la ley, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es la competente para conocer del reclamo de mérito, ya que si bien es cierto la resolución número A.L 386-13 constituye un acto administrativo emitido por una secretaría de estado, el reclamo de los certificados de participación, fiduciaria e hipotecaria derivan de un fideicomiso mercantil, por consiguientes es una cuestión meramente civil-mercantil. Tan es así, apunta la corte de apelaciones, que constan en la pieza principal de autos las demandas ejecutivas con idéntica pretensión en la jurisdicción civil, constituyendo los certificados de participación fiduciaria, los mismos títulos ejecutivos que después fueron reclamados en instancia administrativa y que dieron origen al acto administrativo de mérito que ahora se revisa. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Analizados los argumentos de la formalización de la garantía de amparo; asimismo los expuestos por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, actuando ésta en jurisdicción constitucional y los manifestados por la agente de tribunales del Ministerio Público; la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es del parecer que procede confirmar la sentencia puesta bajo su conocimiento en consulta obligatoria; en virtud de que no observa que se haya conculcado los derechos constitucionales de defensa y debido proceso legal, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Tal como expresa la corte de apelaciones, la pretensión última o fin primordial del demandante es lograr que se declare al Estado como responsable del cumplimiento o pago de los certificados de participación. Constando en autos que ese objetivo ya fue logrado por el demandante ante la jurisdicción civil en vía ejecutiva, tal como consta en autos. Al respecto, la honorable corte de apelaciones ha expresado que no existe jurisdicción contenciosa administrativa para dilucidar la presente demanda, porque aunque la resolución número A.L 386-13 constituye un acto administrativo emitido por la secretaría de estado en el despacho de Finanzas, el reclamo de los certificados de participación, fiduciaria e hipotecaria derivan de un fideicomiso mercantil, por consiguiente es una cuestión meramente civil-mercantil. Por consiguiente la Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar el otorgamiento de amparo declarado por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán"

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código Procesal Civil, art. 28 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 427 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. VISTA: En consulta obligatoria la sentencia de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual otorgó el amparo interpuesto por la abogada LUZ SAGRARIO NOGUERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha doce de diciembre del año dos mil catorce dictada por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación con la demanda promovida por el señor JORGE ELÍAS FLÉFIL LARACH, contra el ESTADO DE HONDURAS. Estimando la garantista que con el acto reclamado se infringen los derechos de su poderdante al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veinticinco de marzo del dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada LUZ SAGRARIO NOGUERA, procuradora judicial del Estado interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la resolución dictada en fecha doce de diciembre del año dos mil catorce por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en donde dicho juzgado resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR POR IMPROCEDENTES, las causas de defensas previas alegadas por parte incidentista por los fundamentos de derecho expuestos anteriormente. SEGUNDO: Contra el presente auto, que resuelve las defensas previas, no cabe recurso alguno. TERCERO: Que la secretaria del despacho notifique en legal y debida forma a las partes el presente auto y se haga constar en la pieza principal las incidencias del mismo, se resuelve hasta esta fecha por exceso de actividad jurisdiccional” (Folio 15 al 21 de la pieza del juzgado) 2. Luego de efectuado el trámite que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la referida corte de apelaciones, en fecha catorce de noviembre del año dos mil dieciséis emitió su fallo, mediante el cual:“FALLA: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la abogada LUZ SAGRARIO NOGUERA, apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en las departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá, La Paz, El paraíso, Olancho, Choluteca, Valle y Gracias a Dios, en fecha doce de diciembre del dos mil catorce, la cual desestima las defensas previas interpuestas a favor de su representada; en consecuencia declara CON LUGAR la defensa previa denominada: “Cuando su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, y en consecuencia INADMISIBLE LA DEMANDA…” (Folio 37 al 38 de la pieza de corte de apelaciones)3. En fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, este alto tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. Fundamentos de la reforma de la sentencia. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con asiento en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los alegatos expuestos por la impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. El censor en su escrito de formalización señala que a su poderdante le fueron violentados los derechos de defensa y debido proceso al serle desestimadas las defensas previas contenidas en los literales a, b, y c del artículo 63[1] y los literales a, b, c, y d del artículo 80[2] de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Argumenta que la violación se produce, o sea la demanda es inadmisible, por estas razones: a) Primera causa: Falta de jurisdicción. Señala que no corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa el pago de dos certificados de participación fiduciario e hipotecario. Además que el reclamo administrativo se refiere a sentencias que no han podido ser ejecutadas por la demanda de prelación de créditos promovida por la sociedad Soluciones Financieras, S.A. (SOLFISA) y la demanda ordinaria de nulidad de unos supuestos títulos valores viciados de simulación absoluta promovida por el Estado de Honduras y al haber sido judicializados dichos asuntos y estar pendientes de resolver por parte de los juzgados de la república. Manifiesta también que los certificados mencionados fueron judicializados en lo civil y que al no poderlos ejecutar en dicha jurisdicción, pretende que la jurisdicción contenciosa administrativa ordene el pago de los mismos. Finaliza señalando que corresponde al juez civil ejecutar las sentencias. b) Segunda causa: Litispendencia. Señala que existen procesos incoados ante la jurisdicción civil en donde participan las mismas partes procesales dirimiendo el mismo objeto. La pretensión, dice el garantista, apunta a solicitar que por medio de una sentencia judicial se ordene la nulidad de la resolución A.L.386-2013 de fecha 11 de noviembre de dos mil trece emitida por la Secretaria de Estado en el despacho de Finanzas. Asimismo existen sentencias en el juzgado de lo civil pendientes de ejecución y existe la demanda de nulidad de unos supuestos títulos valores viciados de simulación absoluta, los cuales son los dichos certificados c) Tercera causa: Falta de agotamiento de la vía administrativa. Señala que en este caso no fue agotada la vía administrativa indicando además que el párrafo segundo del artículo 138 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que el recurso de reposición pone fin a la vía administrativa; y que en el caso de mérito es evidente que no se agotó dicha vía. En complemento a lo anterior señala que el artículo 6 del Código Civil dispone que no puede alegar ignorancia de la ley y el 9 que la ley es obligatoria en virtud de su promulgación oficial. d) Cuarta causa: Presentación extemporánea de la demanda. Señala que debido a que no se interpuso recurso de reposición contra la resolución A.L.386-2013 de la cual se pretende su nulidad, la parte actora acudió al juzgado contencioso administrativo de manera anticipada y por ende extemporánea. e) Quinta causa: Actos firmes, consentidos expresamente o que no fueron recurridos en tiempo y forma. Señala que la resolución administrativa A.L.386-2013 no fue recurrida en tiempo y forma, de manera que fue consentida y por ende alcanzó firmeza. f) Sexta causa: Falta de legitimación activa. Alega que la parte demandante en el presente caso perdió legitimidad con la presentación anticipada de la demanda sin agotar previamente la vía administrativa En otro aparte el censor señala que debe ampararse a su poderdante porque las partes deben estar debidamente legitimadas, ya que la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas no ostenta la calidad de liquidador del Banco Corporativo, S.A., (BANCORP) del cual se desprenden las presentes obligaciones que son pretendidas por la parte actora en su demanda; en consecuencia las resultas de un juicio de tal naturaleza serían nulas; además de que se atentaría en contra de una institución no legitimada. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución que se ha impugnado por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha doce de diciembre de dos mil catorce por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán. El a quo resolvió desestimar por improcedentes las defensas previas opuestas por el Estado de Honduras. En su argumentación el juez explica que no es de recibo la causa de inadmisibilidad que se basa en que el presente asunto no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con fundamento en el literal a) del artículo 80 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debido a la naturaleza de la demanda cuyo objeto se contrae al pago de dos certificados de participación fiduciaria e hipotecaria. Seguidamente el juez refiere que la representación del Estado ha estimado que el asunto de marras deba ser conocido por la jurisdicción civil a lo que responde, que resulta imprescindible establecer que asuntos pertenecen a la jurisdicción contenciosa y administrativa con relación a los que pertenecen a la civil. Señala que cuando la responsabilidad provenga de la actuación del Estado en el campo del derecho civil o mercantil (v.gr. venta o arrendamiento de bienes del Estado) el conocimiento corresponde a la jurisdicción civil (artículos 4 literal a) de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 28 del Código Procesal Civil). En cambio cuando la causa generadora de la responsabilidad fuera la actuación estatal dentro del campo de la función pública o en ocasión de la misma, el conocimiento corresponde a esta jurisdicción, con base en el artículo 1 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin perjuicio de la aplicación de normas de otras materias que puedan resultar aplicables, de acuerdo con el artículo 5 del mismo cuerpo legal. En el caso bajo juzgamiento, expresa el a quo, que vistos los documentos sobre los que el demandante apoya su acción, se colige que la obligación que pretende hacer efectiva procede del certificado de participación fiduciario número 003/96 y el certificado de participación hipotecario número 007/96. De ambos documentos se desprende que la obligación original fue contraída por el Banco Corporativo, S.A. (BANCORP), por tanto la misma tiene su origen en el derecho civil, siendo que la suscripción y efectos de los títulos serían efectivos entre particulares, excluyéndose la intervención estatal; no obstante la acción incoada en contra de la Administración Pública dimana de la aplicación del artículo 25 de la Ley Temporal de Estabilización Financiera (decreto legislativo número 148-99) disposición que determina al Estado de Honduras como el responsable del pago de obligaciones contraídas por instituciones del sistema financiero que fueron declaradas en liquidación forzosa, cuya aplicación deriva del artículo 1 del decreto legislativo número 269-2002 que interpreta el artículo 49 de la Ley de Seguros de depósitos en instituciones del sistema financiero (decreto legislativo número 53-2001), todo en relación con el artículo 1 del decreto legislativo número 162-2013. Luego expresa que de conformidad con la normativa señalada se aprecia que el Estado de Honduras no se constituye como posible sujeto responsable de manera directa por actividad de la administración pública en la esfera del derecho civil, sino indirectamente al determinarse responsable mediante la promulgación de las normas referidas, actividad que es eminentemente de derecho público. Dado que el Estado de Honduras se sitúa como posible sujeto responsable con ocasión del ius imperium. El juez estima que la causa generadora de la responsabilidad procede de la actividad estatal en el campo de la función pública, sin perjuicio que se extienda la competencia de ese juzgado para conocer y decidir sobre cuestiones prejudiciales e incidentales que pertenecen a la materia civil (artículo 5 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo). Tomando en cuenta todo lo anteriormente explicado aprecia que el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que desestima la defensa previa opuesta. Con referencia a la causa de inadmisibilidad de litispendencia, opuesta como defensa previa con base en que existen procesos incoados ante los tribunales civiles, el apoderado del Estado señala que con base en el artículo 63 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por existir procesos judiciales ante los tribunales civiles, siendo las mismas partes procesales e idéntico objeto del proceso. Citando para esto los artículos 427 del Código Procesal Civil en aplicación supletoria y en relación con el 22 de ese mismo código y el 134 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con relación a lo anterior el a quo responde qué, del estudio de los autos advierte que el objeto de los procesos incoados en sede civil difieren al deducido ante lo contencioso administrativo. Aclara que las sentencias de fechas veintiuno de junio de dos mil dos y del diecinueve de marzo de dos mil tres dictadas por el Juzgado de Letras Primero de lo Civil, en primer término no se refieren a procesos pendientes de fallo, por lo que no cabía el alegato de litispendencia sino de cosa juzgada; en segundo término éstas contienen pronunciamientos de condena en relación con los intereses vencidos, no de la obligación principal. Por otro lado en cuanto a la demanda de nulidad de los títulos, si bien su pretensión se encuentra de algún modo ligada a la demanda incoada ante este juzgado, la naturaleza del objeto del proceso es notoriamente opuesta ya que en aquél se pretende la nulidad de los títulos y la presente caución tiene por objeto declarar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, por no ser conforme a derecho y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que comprenda el pago de la obligación derivadas de los títulos no su nulidad. Por lo que estima que no concurre la identidad de objeto ni de causa de pedir. Con referencia a la inadmisibilidad por falta de agotamiento de la vía administrativa, opuesta por la parte demandada como defensa previa, se hizo con base en los artículos 63 literal c) y 51 literal ch) de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 138 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo, al no haberse agotado el recurso de reposición. A lo cual el a quo responde que la resolución A.L 386-2013 de fecha once de noviembre de dos mil trece emitida por la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, claramente dispone en el numeral segundo de la parte resolutiva, que dicha resolución pone fin a la vía administrativa dejando expedita la vía jurisdiccional. Esto implicó que la acción deducida ante el juzgado fue cumpliendo lo notificado por el ente estatal, de manera que no existe responsabilidad para el administrado sino de la misma Administración Pública. Por lo que en salvaguarda del derecho de defensa, el a quo desestima la causa de inadmisibilidad por falta de agotamiento de la vía administrativa opuesta por la representación del Estado. Con relación a la causa de inadmisibilidad opuesta bajo el argumento de que la demanda se presentó fuera del plazo porque la parte actora no intentó el recurso de reposición, el a quo lo desestimó teniendo como base lo explicado en el párrafo anterior en cuanto al agotamiento de la vía administrativa imputable a la Administración Pública. Por otro lado la demanda se presentó dentro de los quince días contados desde la notificación de la resolución emitida por la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tanto desestima la causal de inadmisibilidad alegada. Por igual razón desestima la causal de inadmisibilidad que opuso bajo el argumento de que el acto es firme al no haberse interpuesto el recurso de reposición. A lo expuesto antes, el a quo agrega que fue la Administración Pública quien dio por agotada la vía administrativa y quien además señala como vía expedita de reclamo la jurisdiccional. Razón por la que debe ser desestimada la defensa previa alegada. Con referencia a la causa de inadmisibilidad que se fundamenta en la falta de legitimación del demandante, por no haber agotado la vía administrativa, señala que es evidente que el argumento para su rechazo gravita sobre las mismas razones tomadas en cuenta que fueron explicadas antes. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha cinco de junio de dos mil quince, la abogada Roxana Lucila Castro, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se otorgue la presente garantía de amparo. La fiscal arriba a la conclusión anterior señalando que el juzgador infringió el debido proceso al no reconocer la presencia de la causal de inadmisibilidad de litispendencia, alegada por la representante del Estado en su incidente de defensas previas. Llega a la anterior conclusión, señalando antes que la resolución A.L 386-2013, emitida por la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas tiene el carácter de un acto administrativo, por ende su impugnación debe ser ventilada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por ser éste el órgano revisor del procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “Por la presente ley se regula la jurisdicción de lo contencioso administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo.” Señala además, que en cambio, concurre la causal de inadmisibilidad por litispendencia en virtud de qué, de los antecedentes se evidencia que fue planteada una demanda en la jurisdicción civil donde se dictó sentencia que reconoce la obligación del Estado de pagar al señor Jorge Elías Fléfil, las cantidades de dinero establecidas en los certificados fiduciario e hipotecario suscritos por BANCORP, más los intereses. Dicho deber lo asume el Estado en virtud de lo preceptuado en el numeral 1 del decreto 162-2011; por lo que será este órgano jurisdiccional de lo civil quien ejecutará el fallo. Continua explicando la fiscal que en el caso bajo estudio lo que peticiona el demandante es que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada que comprende el pago de la obligación derivada del certificado de participación fiduciaria número 003/96 y del certificado de participación hipotecaria número 007/96 más los intereses, por lo qué, concluye la fiscal, estamos ante idénticas pretensiones con las deducidas por la vía civil y con la intervención de idénticas partes. La fiscal en cuanto a todo lo demás decidido por el a quo, se pronuncia de acuerdo y conforme. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán mediante la cual otorga la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de otorgar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en que el presente asunto no corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. Explica la corte de apelaciones que una vez decidido esto no corresponde analizar, valorar y razonar las demás causas de inadmisibilidad. Con relación a la falta de jurisdicción contenciosa administrativa para dilucidar la presente demanda, refiere que desde el artículo 28 al 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se establecen los actos administrativos que se encuentran sujetos al derecho administrativo y que son impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa. De la misma forma el artículo 4 establece que no corresponderán a ésta, las cuestiones de orden civil o mercantil. Es así, expresa la corte de apelaciones, que aunque la Secretaría de Finanzas mediante el decreto 162-2011 haya asumido todas las funciones y atribuciones aplicables que le correspondían al liquidador BANCORP de conformidad con la ley, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es la competente para conocer del reclamo de mérito, ya que si bien es cierto la resolución número A.L 386-13 constituye un acto administrativo emitido por una secretaría de estado, el reclamo de los certificados de participación, fiduciaria e hipotecaria derivan de un fideicomiso mercantil, por consiguientes es una cuestión meramente civil-mercantil. Tan es así, apunta la corte de apelaciones, que constan en la pieza principal de autos las demandas ejecutivas con idéntica pretensión en la jurisdicción civil, constituyendo los certificados de participación fiduciaria, los mismos títulos ejecutivos que después fueron reclamados en instancia administrativa y que dieron origen al acto administrativo de mérito que ahora se revisa. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Analizados los argumentos de la formalización de la garantía de amparo; asimismo los expuestos por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, actuando ésta en jurisdicción constitucional y los manifestados por la agente de tribunales del Ministerio Público; la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es del parecer que procede confirmar la sentencia puesta bajo su conocimiento en consulta obligatoria; en virtud de que no observa que se haya conculcado los derechos constitucionales de defensa y debido proceso legal, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Tal como expresa la corte de apelaciones, la pretensión última o fin primordial del demandante es lograr que se declare al Estado como responsable del cumplimiento o pago de los certificados de participación. Constando en autos que ese objetivo ya fue logrado por el demandante ante la jurisdicción civil en vía ejecutiva, tal como consta en autos. Al respecto, la honorable corte de apelaciones ha expresado que no existe jurisdicción contenciosa administrativa para dilucidar la presente demanda, porque aunque la resolución número A.L 386-13 constituye un acto administrativo emitido por la secretaría de estado en el despacho de Finanzas, el reclamo de los certificados de participación, fiduciaria e hipotecaria derivan de un fideicomiso mercantil, por consiguiente es una cuestión meramente civil-mercantil. Por consiguiente la Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar el otorgamiento de amparo declarado por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán. PARTE DISPOSITIVA.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán; mediante la cual fue OTORGADA la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada LUZ SAGRARIO NOGUERA a favor del ESTADO DE HONDURAS a efecto de que se le restituya los derechos de debido proceso y defensa, ordenando en consecuencia declarar con lugar la defensa previa denominada, “cuando su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, y en consecuencia inadmisible la demanda. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. .-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 1110=2016.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 63. Los demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento, cualesquiera de las siguientes defensas previas: a) Las que se funden en los motivos que, con arreglo al artículo 80 de esta ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción; b) La litispendencia, y; c) La falta de agotamiento de la vía administrativa. Transcurrido el plazo para alegar defensas previas, no se les dará curso ni se atenderán, sin perjuicio de la facultad conferida al Juzgado por el artículo 80 de la presente ley.

[2] Artículo 80. Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el juez: a) Cuando su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; b) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa, al tenor del artículo 31;…; d) Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos;…”