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Sentencia AA-110-18 — Registro 7177

Resumen

Recursos de amparo acumulados contra resolución que declaró sin lugar recurso de reposición en relación a una solicitud para que los médicos insolventes puedan elegir y ser electos interpuesta por un grupo de miembros del Colegio Médico contra esa organización profesional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"…""organismos de gobierno del Colegio Médico de Honduras. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que los recurrentes invocan como violados entre otros los derechos contenidos en los artículos 24, 25 y 37 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que se desprende del estudio de los antecedentes, que la interposición del presente amparo, va dirigido contra la disposición del Comité Electoral del Colegio Médico de Honduras de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho.CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el órgano supremo de un Colegio, es la Asamblea General, quien entre otras funciones tendrá la de redactar y proponer los ante-proyectos de Ley Orgánica y de reformas o modificaciones que se estime procedentes; siendo en el caso que nos ocupa la única manera en que la disposición del Colegio Médico de Honduras de prohibir a los médicos insolventes puedan elegir y ser electos pueda ser modificada.

CONSIDERANDO: Que según lo estipulado en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico de Honduras, claramente señala que el afiliado insolvente e inhabilitado para ejercer el sufragio podrá recuperar su derecho inclusive el propio día de las elecciones cancelando los saldos que tuviere con las finanzas del Colegio. El mismo deberá acreditar tal extremo con el recibo correspondiente. De esta manera podemos observar, que es indispensable encontrarse solvente para poder ejercer el sufragio en las elecciones del referido Colegio. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional en reiterada jurisprudencia,[1] ha determinado no admitir recursos de amparo que se interpongan contra resoluciones y/o actuaciones realizadas por autoridades de un colegio profesional, pues las mismas no se encuentran comprendidas dentro de las resoluciones dictadas por autoridad o empleado público, que expresamente señalan los artículos nueve, diez y once de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO: Que es una atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, el conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en los artículos 313 numeral 5 y 316 numeral 1, en relación con lo establecido por el artículo 303 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que por mandato de nuestra Constitución,[2] la acción de amparo se deberá interponer de conformidad con lo que prevea la Ley, en este caso, se desarrolla el precepto fundamental por el ordenamiento adjetivo contenido en la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 42, establece que únicamente procederá la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.CONSIDERANDO: Que esta Sala entiende, que la acción de amparo como garantía específica, se constituye en un procedimiento preferente y sumario de defensa de los derechos individuales de la ciudadanía, mediante la cual se procura garantizar la efectiva tutela de sus derechos fundamentales, contra los posibles excesos de la autoridad pública nominada en el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, precitado, por la aplicación arbitraria, rigorista, irrazonable, o desproporcionada de la Ley.CONSIDERANDO: Que por lo anterior, esta Sala estima que las resoluciones y/o actuaciones de autoridades de un colegio profesional no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo, por tal motivo es improcedente la acción de amparo intentada, al no configurarse el acto reclamado como objeto de la tutela que garantiza el artículo 183 de la Constitución de la República. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., ocho de febrero del año dos mil dieciocho. VISTO los recursos de amparo interpuestos por: 1. La señora BIDALDINA MARIA RUEDA BETANCOURTH, a favor de SI MISMA; 2. El señor SALVADOR ANTONIO MARTINEZ SALGADO, a favor de SI MISMO; 3. La señora PATRICIA MARIA MEDINA SANCHEZ, a favor de SI MISMA; 4. El señor NOE FERNANDO MOREL PUERTO, a favor de SI MISMO; 5. El señor OTTO FRANCISCO FERNANDEZ CHINCHILLA, a favor de SI MISMO; todos contra la disposición del COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar un recurso de reposición administrativo interpuesto contra la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, con relación a una solicitud para que los médicos insolventes puedan elegir y ser electos, presentado por la doctora IVON MONSERRAT ARITA GUZMAN, en su condición de candidata a presidenta de dicha institución, por el Movimiento Coalición de Médicos en Acción de Honduras (COMAH). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que los recurrentes estiman que la providencia cuestionada fue dictada de forma arbitraria ya que no han sido notificados de estar inhabilitados del ejercicio de la medicina, ni suspendidos de sus derechos como Miembros del Colegio Médico de Honduras ni se han notificado por la Fiscalía del Colegio Médico que se encuentren inhabilitados para sus derechos gremiales, y la disposición de la autoridad recurrida por medio de una simple notificación de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se limita a mencionar artículos de un Reglamento de elecciones del Colegio Médico de Honduras, el cual fue aprobado en Asamblea Extraordinaria celebrada el 31 de mayo de 1996, en donde se menciona como instrumento legal que sirve para regular el proceso electoral de los miembros que ocupan cargos delos organismos de gobierno del Colegio Médico de Honduras. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que los recurrentes invocan como violados entre otros los derechos contenidos en los artículos 24, 25 y 37 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que se desprende del estudio de los antecedentes, que la interposición del presente amparo, va dirigido contra la disposición del Comité Electoral del Colegio Médico de Honduras de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho.CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el órgano supremo de un Colegio, es la Asamblea General, quien entre otras funciones tendrá la de redactar y proponer los ante-proyectos de Ley Orgánica y de reformas o modificaciones que se estime procedentes; siendo en el caso que nos ocupa la única manera en que la disposición del Colegio Médico de Honduras de prohibir a los médicos insolventes puedan elegir y ser electos pueda ser modificada.

CONSIDERANDO: Que según lo estipulado en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico de Honduras, claramente señala que el afiliado insolvente e inhabilitado para ejercer el sufragio podrá recuperar su derecho inclusive el propio día de las elecciones cancelando los saldos que tuviere con las finanzas del Colegio. El mismo deberá acreditar tal extremo con el recibo correspondiente. De esta manera podemos observar, que es indispensable encontrarse solvente para poder ejercer el sufragio en las elecciones del referido Colegio. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional en reiterada jurisprudencia,[1] ha determinado no admitir recursos de amparo que se interpongan contra resoluciones y/o actuaciones realizadas por autoridades de un colegio profesional, pues las mismas no se encuentran comprendidas dentro de las resoluciones dictadas por autoridad o empleado público, que expresamente señalan los artículos nueve, diez y once de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO: Que es una atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, el conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en los artículos 313 numeral 5 y 316 numeral 1, en relación con lo establecido por el artículo 303 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que por mandato de nuestra Constitución,[2] la acción de amparo se deberá interponer de conformidad con lo que prevea la Ley, en este caso, se desarrolla el precepto fundamental por el ordenamiento adjetivo contenido en la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 42, establece que únicamente procederá la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.CONSIDERANDO: Que esta Sala entiende, que la acción de amparo como garantía específica, se constituye en un procedimiento preferente y sumario de defensa de los derechos individuales de la ciudadanía, mediante la cual se procura garantizar la efectiva tutela de sus derechos fundamentales, contra los posibles excesos de la autoridad pública nominada en el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, precitado, por la aplicación arbitraria, rigorista, irrazonable, o desproporcionada de la Ley.CONSIDERANDO: Que por lo anterior, esta Sala estima que las resoluciones y/o actuaciones de autoridades de un colegio profesional no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo, por tal motivo es improcedente la acción de amparo intentada, al no configurarse el acto reclamado como objeto de la tutela que garantiza el artículo 183 de la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 19, 39 y 48 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 41, 42, 44, 45 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: UNO (1). Para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa; se acumulan los amparos descritos. DOS (2). SE DECLARA IMPROCEDENTE EL CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES RECURSOS DE AMPARO interpuestos por: 1. La señora BIDALDINA MARIA RUEDA BETANCOURTH, a favor de SI MISMA; 2. El señor SALVADOR ANTONIO MARTINEZ SALGADO, a favor de SI MISMO; 3. La señora PATRICIA MARIA MEDINA SANCHEZ, a favor de SI MISMA; 4. El señor NOE FERNANDO MOREL PUERTO, a favor de SI MISMO; 5. El señor OTTO FRANCISCO FERNANDEZ CHINCHILLA, a favor de SI MISMO; todos contra la disposición del COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por no ser susceptible de impugnarse por la vía de amparo, como se ha dejado expuesto en la motivación de la presente resolución. TRES (3). Se tiene por conferido el poder en el Abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, con las facultades generales del mandato judicial y las especiales de desistir, transigir, percibir, renunciar términos o recursos legales, conciliar, aprobar convenios; poder que será efectivo una vez notificado personalmente éste o personado en legal y debida forma en el recurso de mérito, de conformidad a lo establecido en el auto acordado contenido en el acta número veinticinco de la sesión celebrada por el pleno de este Tribunal el día martes dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución que se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (acumulado)bajo el número SCO-110 al 114-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

JP

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., ocho de febrero del año dos mil dieciocho.VISTO los recursos de amparo interpuestos por: 1. La señora BIDALDINA MARIA RUEDA BETANCOURTH, a favor de SI MISMA; 2. El señor SALVADOR ANTONIO MARTINEZ SALGADO, a favor de SI MISMO; 3. La señora PATRICIA MARIA MEDINA SANCHEZ, a favor de SI MISMA; 4. El señor NOE FERNANDO MOREL PUERTO, a favor de SI MISMO; 5. El señor OTTO FRANCISCO FERNANDEZ CHINCHILLA, a favor de SI MISMO; todos contra la disposición del COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar un recurso de reposición administrativo interpuesto contra la resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, con relación a una solicitud para que los médicos insolventes puedan elegir y ser electos, presentado por la doctora IVON MONSERRAT ARITA GUZMAN, en su condición de candidata a presidenta de dicha institución, por el Movimiento Coalición de Médicos en Acción de Honduras (COMAH). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se desprende que los recurrentes estiman que la providencia cuestionada fue dictada de forma arbitraria ya que no han sido notificados de estar inhabilitados del ejercicio de la medicina, ni suspendidos de sus derechos como Miembros del Colegio Médico de Honduras ni se han notificado por la Fiscalía del Colegio Médico que se encuentren inhabilitados para sus derechos gremiales, y la disposición de la autoridad recurrida por medio de una simple notificación de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se limita a mencionar artículos de un Reglamento de elecciones del Colegio Médico de Honduras, el cual fue aprobado en Asamblea Extraordinaria celebrada el 31 de mayo de 1996, en donde se menciona como instrumento legal que sirve para regular el proceso electoral de los miembros que ocupan cargos delos organismos de gobierno del Colegio Médico de Honduras. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que los recurrentes invocan como violados entre otros los derechos contenidos en los artículos 24, 25 y 37 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que se desprende del estudio de los antecedentes, que la interposición del presente amparo, va dirigido contra la disposición del Comité Electoral del Colegio Médico de Honduras de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho.CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el órgano supremo de un Colegio, es la Asamblea General, quien entre otras funciones tendrá la de redactar y proponer los ante-proyectos de Ley Orgánica y de reformas o modificaciones que se estime procedentes; siendo en el caso que nos ocupa la única manera en que la disposición del Colegio Médico de Honduras de prohibir a los médicos insolventes puedan elegir y ser electos pueda ser modificada.

CONSIDERANDO: Que según lo estipulado en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico de Honduras, claramente señala que el afiliado insolvente e inhabilitado para ejercer el sufragio podrá recuperar su derecho inclusive el propio día de las elecciones cancelando los saldos que tuviere con las finanzas del Colegio. El mismo deberá acreditar tal extremo con el recibo correspondiente. De esta manera podemos observar, que es indispensable encontrarse solvente para poder ejercer el sufragio en las elecciones del referido Colegio. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional en reiterada jurisprudencia,[3] ha determinado no admitir recursos de amparo que se interpongan contra resoluciones y/o actuaciones realizadas por autoridades de un colegio profesional, pues las mismas no se encuentran comprendidas dentro de las resoluciones dictadas por autoridad o empleado público, que expresamente señalan los artículos nueve, diez y once de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO: Que es una atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, el conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en los artículos 313 numeral 5 y 316 numeral 1, en relación con lo establecido por el artículo 303 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que por mandato de nuestra Constitución,[4] la acción de amparo se deberá interponer de conformidad con lo que prevea la Ley, en este caso, se desarrolla el precepto fundamental por el ordenamiento adjetivo contenido en la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 42, establece que únicamente procederá la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.CONSIDERANDO: Que esta Sala entiende, que la acción de amparo como garantía específica, se constituye en un procedimiento preferente y sumario de defensa de los derechos individuales de la ciudadanía, mediante la cual se procura garantizar la efectiva tutela de sus derechos fundamentales, contra los posibles excesos de la autoridad pública nominada en el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, precitado, por la aplicación arbitraria, rigorista, irrazonable, o desproporcionada de la Ley.CONSIDERANDO: Que por lo anterior, esta Sala estima que las resoluciones y/o actuaciones de autoridades de un colegio profesional no son susceptibles de impugnación por la vía de amparo, por tal motivo es improcedente la acción de amparo intentada, al no configurarse el acto reclamado como objeto de la tutela que garantiza el artículo 183 de la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 19, 39 y 48 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 41, 42, 44, 45 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: UNO (1). Para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa; se acumulan los amparos descritos. DOS (2). SE DECLARA IMPROCEDENTE EL CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES RECURSOS DE AMPARO interpuestos por: 1. La señora BIDALDINA MARIA RUEDA BETANCOURTH, a favor de SI MISMA; 2. El señor SALVADOR ANTONIO MARTINEZ SALGADO, a favor de SI MISMO; 3. La señora PATRICIA MARIA MEDINA SANCHEZ, a favor de SI MISMA; 4. El señor NOE FERNANDO MOREL PUERTO, a favor de SI MISMO; 5. El señor OTTO FRANCISCO FERNANDEZ CHINCHILLA, a favor de SI MISMO; todos contra la disposición del COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por no ser susceptible de impugnarse por la vía de amparo, como se ha dejado expuesto en la motivación de la presente resolución. TRES (3). Se tiene por conferido el poder en el Abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, con las facultades generales del mandato judicial y las especiales de desistir, transigir, percibir, renunciar términos o recursos legales, conciliar, aprobar convenios; poder que será efectivo una vez notificado personalmente éste o personado en legal y debida forma en el recurso de mérito, de conformidad a lo establecido en el auto acordado contenido en el acta número veinticinco de la sesión celebrada por el pleno de este Tribunal el día martes dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución que se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (acumulado) bajo el número SCO-110 al 114-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Expedientes números 249=02, 1632=02, 73=04, 647=04, 156=06, 165=06, 294=06, 292=06, 327=06, 359=06, 912=13, 636=13.

[2] Vid. Párrafo final del artículo 183 de la Constitución Hondureña.

[3] Vid. Expedientes números 249=02, 1632=02, 73=04, 647=04, 156=06, 165=06, 294=06, 292=06, 327=06, 359=06, 912=13, 636=13.

[4] Vid. Párrafo final del artículo 183 de la Constitución Hondureña.