Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-1069-16 — Registro 7194

Resumen

Resolución en consulta sobreseyó auto dictado por juzgado de primera instancia que dictó mandamiento de ejecución contra recurrente con relación a ejecución forzosa de título judicial promovida contra éste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."al examinar la resolución cuestionada no transgrede las garantías constitucionales invocadas, esto, en vista que al revisitar el antecedente de mérito se logra establecer que el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, también conocido como “derecho al proceso”, es por lo tanto un derecho complejo integrado por una diversidad de elementos o si se prefiere, un conjunto de los diferentes derechos que asisten a las personas ante los órganos judiciales[2]..."..."se estima que las cuestiones de mera legalidad o de instancia están íntimamente relacionadas con la norma constitucional, pero existiendo la oportunidad de agotar procedimientos de instancia que deben ser resueltos por un juez de primera instancia, no es factible acudir como un primer peldaño a la acción de amparo, por lo que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que ante estas alegaciones es inadmisible la acción interpuesta por parte de la impetrante a favor del Estado de Honduras, ya que al tener expeditos recursos o acciones legales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los alegatos de una acción de amparo se vuelve automáticamente de mera legalidad, provocando una doble causa de inadmisibilidad. Referencia que nos traslada al artículo 46 último párrafo de la Ley Sobre justicia Constitucional y que al concluir del estudio y análisis la impetrante tiene recursos o acciones legales en el proceso de primera instancia que se ventilan en la jurisdicción especial de lo Contencioso Administrativo, ya que una vez emitida la resolución contra la cual hoy la recurrente acude en acción de amparo, por disposición legal, el ejecutado, una vez notificado y requerido puede OPONERSE a la ejecución de la sentencia, tal como así lo hizo la impetrante, además contra la resolución de dicho incidente de oposición la impétrate, ha interpuesto el recurso de apelación correspondiente, mismo que se encuentra en trámite, situación que desemboca en que la impetrante ha tenido o tiene otras acciones legales para ejercitar su derecho a la defensa, por consiguiente este Alto Tribunal considera que no se han violentado las garantías constitucionales y debe de sobreseer por constar en autos causas de inadmisibilidad, en virtud que el A Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los once días del mes enero del año dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, que SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016), con relación a la solicitud de ejecución forzosa de título judicial promovida por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS CONSOLIDADOS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SERCOIN) contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1. Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016), en el cual RESOLVIÓ: “PRIMERO: Díctese MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVCIOS PUBLICOS (INSEP), por la cantidad de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS(L.150,230,622.17).-SEGUNDO: Notifíquese al señor SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP) del presente auto de mandamiento de ejecución, entregándole copia de la solicitud, bajo el apercibimiento que de no pagar o consignar en el acto la cantidad de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L.150,230,622.17), se procederá a practicar el Embargo sobre las cuentas que en las instituciones del Sistema Financiero Nacional estén a nombre de la SECRETATÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP) hasta la cantidad de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L.150,230,622.17). Se nombra como Ejecutor Delegado al joven hondureño, de este domicilio, con tarjeta de identidad Número 0801-1994-22083, Escribiente III de este Tribunal de Justicia, y a quien se le hará saber el nombramiento del cargo en el recaído, para su aceptación y demás efectos legales.- TERCERO: Que el mandato podrá oponerse a la ejecución dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación la que deberá presentar por escrito acompañado de los documentos y demás medios probatorios de que intente valerse, en el caso de no oponerse se seguirá la ejecución.-NOTIFIQUESE.”. (Folios del 207 al 208 de la primera pieza de los antecedentes del A Quo)

  1. Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual falló: “SOBRESEER la presente acción de amparo interpuesta por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)…”. (Folios del 45 al 47 de la pieza del Ad Quem) 3. Que en fecha diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, que SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016), con relación a la solicitud de ejecución forzosa de título judicial promovida por la sociedad mercantil denominada SERVICIOS CONSOLIDADOS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SERCOIN) contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP). CONSIDERANDO CINCO (5): Que del estudio de los antecedentes, la recurrente establece en su escrito de interposición del amparo de mérito, se le han vulnerado a su representada el Estado de Honduras los derechos fundamentales como son el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso al establecer que en el escrito de oposición entre otros motivos a la ejecución de la nulidad en virtud de ser los bienes estatales inembargables de acuerdo a lo que se establece en el artículo 812 numeral 11 del Código Procesal Civil:”Los bienes y cantidades expresamente declarados inembargables por algunas disposiciones legal o nacional o por tratado internacional”. En ese mismo orden se relaciona directamente con la Ley Orgánica del Presupuesto[1] al disponer que ningún Tribunal pueda despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencia de embargo contra rentas y caudales de la Hacienda Pública. Estima que con las disposiciones legales antes señaladas y en caso de autos la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) es parte de la Hacienda Pública, en consecuencia considera ilegal despachar mandamientos de ejecución o embargos contra la cuenta única bancaria Libreta INSEP de la Tesorería General de la República por la cantidad de L.150,230,622.17 ya que la ejecución del mandamiento traerá como consecuencia graves perjuicios a la institución involucrada, inicialmente en los salarios de los empleados y posteriormente a toda la parte operativa de la institución. Considera además que en el presente caso existe un error en la motivación fáctica y jurídica del Juez conocedor del proceso, violentando normas obligatorias del ejercicio de su cargo como ser los artículos establecidos en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, normas estas que obligan al juzgador a motivar de manera fáctica y jurídica todas las resoluciones puestas a su conocimiento, requisito este que es garantía de una justicia que tutela el principio del debido proceso; y que en el presente caso se han omitido. CONSIDERANDO SEIS (6): Que al examinar la resolución cuestionada no transgrede las garantías constitucionales invocadas, esto, en vista que al revisitar el antecedente de mérito se logra establecer que el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, también conocido como “derecho al proceso”, es por lo tanto un derecho complejo integrado por una diversidad de elementos o si se prefiere, un conjunto de los diferentes derechos que asisten a las personas ante los órganos judiciales[2]. Es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el de acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución del juzgado, sea o no favorable a las pretensiones del actor. Mas sin embargo la tutela judicial se amplía a toda clase de pretensiones entre las que se encuentra la adopción de medidas cautelares que, viene considerándose una función jurisdiccional más junto con la de juzgar (función declarativa). Los jueces y tribunales tienen la inexcusable obligación de resolver los litigios que ante ellos se planteen, se trata de la prohibición de non liquet (“no está claro”). Así lo establece el artículo 305 de la Constitución de la República: “Solicitada su intervención en forma legal y en asuntos de competencia los jueces y magistrados no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio y oscuridad de las leyes”. En términos muy semejantes se expresa el artículo 9 de la LOAT. “Reclamada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión.” Por consiguiente el Estado de Derecho, en suma, debe dar siempre, a través de sus jueces y tribunales, una respuesta a las peticiones de Justicia que se le planteen. Por ello, el derecho a la tutela judicial efectiva no agota su contenido con el acceso del interesado a los tribunales. Pero, una vez franqueada la entrada a la casa de la Justicia, una vez dentro del proceso, los jueces y tribunales tienen que cumplir la función para la que han sido instituidos: Resolver el conflicto. De ahí que la tutela judicial también garantice la obtención de una resolución motivada y fundada en derecho, a ser posible sobre el fondo del conflicto planteado, sea o no favorable a las pretensiones formuladas. En definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva se extiende hasta imponer a los tribunales ordinarios el deber de dictar una resolución de fondo. Y, en el caso que ello no sea posible por no darse todos los presupuestos procesales o por no cumplirse los requisitos de forma exigidos, tal imposibilidad habrá de fundarse o razonarse en derecho. Lo relevante, en cualquier caso, es que la respuesta judicial sea motivada, razonada y congruente. CONSIDERANDO SIETE (7): Que atendiendo lo antes expuesto se determina, que no basta una declaración platónica, llena de buenas intenciones. La tutela ha de ser real o práctica y de ahí la necesaria ejecutoriedad de las resoluciones judiciales y la existencia del proceso de ejecución forzoso o vía de apremio. La ejecución forzosa de las resoluciones judiciales es, por tanto, piedra angular de la tutela judicial. De poco le sirve al ciudadano que los tribunales le den la razone a sus pretensiones si, a la postre, su derecho no es satisfecho por el demandado. Sin ejecución forzosa, lo resuelto judicialmente constituirá una mera declaración, ya que el derecho sin efectividad no es verdadero derecho, sin ejecución forzosa, la tutela judicial se convertiría en una mera declaración de intenciones, sin alcance práctico y sin efectividad alguna. Y es que la función jurisdiccional no se limita a declarar el derecho. La ejecución forma parte de esta misma función y constituye una pieza clave para la efectividad del Estado de Derecho. Constitucionalmente se expresa en la cláusula del artículo 304, cuando dispone que “corresponde a los órganos jurisdiccionales juzgar y ejecutar lo juzgado”: Primero se declara el derecho (se juzga o enjuicia en el proceso la declaración) y luego se procede a su ejecución. Por consiguiente, el derecho constitucional de libre acceso a los tribunales[3], para que sea efectivo y no una mera proclamación programática, no puede detenerse en la mera declaración o condena; el fallo tiene que ejecutarse, incluso coercitivamente, cuando no se cumpla voluntariamente por el obligado a ello. CONSIDERANDO OCHO (8): Que por un lado, el derecho subjetivo a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes se satisface “cuando los jueces y tribunales a quienes corresponde ejecutar lo juzgado adopten las medidas oportunas para el estricto cumplimiento del fallo”, y con ello “con independencia de que la resolución a ejecutar haya de ser cumplida por un ente público”. Pero por otro lado, el legislador, por razones de “interés público y social”, puede excluir “determinados bienes y derechos de la ejecución forzosa, declarándolos inembargables y prohibiendo, en su consecuencia, que el ejecutante proyecte su ejecución sobre los mismos”. Y esto es lo que sucede respecto de los bienes públicos, cuya ejecución inmediata e incondicionada podría afectar el eficaz funcionamiento de los servicios públicos. La intangibilidad de los bienes y fondos públicos puede estar justificada, por tanto, en atención a su destino, que no es otro que la satisfacción de los intereses y finalidades públicos[4]. Ahora bien, esta justificación no afecta a todos los bienes, en general, sino solo a los denominados demaniales, es decir los bienes de dominio público que no son más que aquellos de titularidad pública. Las administraciones públicas son también titulares de un “patrimonio”, constituido por bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales, susceptibles de valoración económica, que no se encuentran afectos al uso o servicio público. Para la inembargabilidad de estos no existe justificación alguna. Nuestra legislación, por un lado reconoce la tutela ejecutiva frente a las Administraciones Públicas, ordenando que se proceda de conformidad con los trámites del procedimiento de apremio cuando se trata de ejecutar una condena dar cantidad líquida y determinada en base al artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el artículo 811.4 del Código Procesal Civil acepta el embargo de bienes afectos a la prestación de servicios públicos, pues únicamente exige al juez que dicte las medidas necesarias para asegurar la continuidad, de tales servicios. Pero por otra parte, pone límites a las actuaciones ejecutivas y excluye el embargo, entre otros, los bienes inalienables (artículo 812.1 del CPC) y los declarados inembargables por alguna disposición legal nacional o por tratado internacional (artículo 812.11 del CPC). Precisamente en los bienes de las administraciones afectos a la prestación de los servicios públicos concurren ambas circunstancias. En este sentido puede verse el artículo 127 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que declara inembargables las rentas y caudales de la Hacienda Pública. CONSIDERANDO NUEVE (9): De lo anterior, se estima que las cuestiones de mera legalidad o de instancia están íntimamente relacionadas con la norma constitucional, pero existiendo la oportunidad de agotar procedimientos de instancia que deben ser resueltos por un juez de primera instancia, no es factible acudir como un primer peldaño a la acción de amparo, por lo que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que ante estas alegaciones es inadmisible la acción interpuesta por parte de la impetrante a favor del Estado de Honduras, ya que al tener expeditos recursos o acciones legales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los alegatos de una acción de amparo se vuelve automáticamente de mera legalidad, provocando una doble causa de inadmisibilidad. Referencia que nos traslada al artículo 46 último párrafo de la Ley Sobre justicia Constitucional y que al concluir del estudio y análisis la impetrante tiene recursos o acciones legales en el proceso de primera instancia que se ventilan en la jurisdicción especial de lo Contencioso Administrativo, ya que una vez emitida la resolución contra la cual hoy la recurrente acude en acción de amparo, por disposición legal, el ejecutado, una vez notificado y requerido puede OPONERSE a la ejecución de la sentencia, tal como así lo hizo la impetrante, además contra la resolución de dicho incidente de oposición la impétrate, ha interpuesto el recurso de apelación correspondiente, mismo que se encuentra en trámite, situación que desemboca en que la impetrante ha tenido o tiene otras acciones legales para ejercitar su derecho a la defensa, por consiguiente este Alto Tribunal considera que no se han violentado las garantías constitucionales y debe de sobreseer por constar en autos causas de inadmisibilidad, en virtud que el A Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 numeral 5, 316 numeral 1), 324 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 46 numeral 1, párrafo último 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 9, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 98 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 127 Ley Orgánica del Presupuesto; 804.2, 812.4. 11. Y 814 del Código Procesal Civil; 23, 24 de la Ley de Eficiencia y Gasto Público Decreto 113-2011. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en Consultada proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, bajo el número SCO-1069-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 127 Ley Orgánica del Presupuesto

[2] Joaquín García Morillo, Derecho Constitucional (con López Guerra y otros) vol. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, pagina 280.

[3] Artículo 82 párrafo segundo de la Constitución de la República.

[4] Artículo 324 párrafo primero de la Constitución de la República