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Sentencia AA-1064-16 — Registro 10095

Resumen

Resolución CPAT-AGC-DA-09-F-2016 dictada por Autoridad recurrida relacionada a la decisión de bloquear el Registro Tributario Nacional (RTN) de recurrente; dicha Autoridad aclara que la controversia se deriva de la no autorización de documentos fiscales debido al incumplimiento de sus obligaciones materiales así como a la mora liquida firme y exigible que tiene a la fecha

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional entiende que la recurrente tiene una mora liquida y exigible a favor del fisco hondureño, que asciende a la cantidad de setenta millones seiscientos veintinueve mil setecientos treinta y seis lempiras con cinco centavos (70,629,736.05), por lo que a criterio de la autoridad recurrida la resolución CPAT-AGC-DA-09-F-2016 adquirió firmeza y por tener la recurrente en Amparo, deuda pendiente de pago, es que se le impide obtener la autorización para emitir documentos fiscales..."..."si bien es cierto la Dirección Ejecutiva de Ingresos tiene la facultad para condicionar la autorización de impresión de documentos fiscales, no menos cierto es, que tal decisión no puede ser determinada sin explicación alguna, que es la manera de justificar como se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso concreto; la resolución CPAT-AGC-DA-09-F-2016, notifica al contribuyente SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), la mora que éste tiene con el fisco hondureño, pero en ningún momento le advierte o le emplaza a pagar la cantidad adeudada, caso contrario le impedirán la autorización para la emisión de documentos fiscales, acto que colisiona con el derecho de defensa, el cual forma parte integral del debido proceso, que se garantiza a toda persona que recurre ante los órganos jurisdiccionales o cualquier otra autoridad a efecto de determinar las pretensiones que han sido invocadas por los peticionarios en tutela de sus derechos; que el acto de impedir la autorización para emitir documentos fiscales a la recurrente, sin previa notificación, le veda la oportunidad de ser oída y exteriorizar los argumentos en relación a la deuda pendiente con el fisco hondureño, violentando además lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; siendo imperativo y de observancia obligatoria brindarle la oportunidad al afectado de hacer uso de los recursos que tenga a su disposición, a efecto que una autoridad superior revise la resolución emitida, dando cumplimiento a lo mandado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RAMON MARTINEZ BONILLA a favor de la Sociedad SERVICIOS Y RESPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V., contra actuaciones de la COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, relacionadas a la decisión de bloquear el Registro Tributario Nacional (RTN) con clave 08019000234858 correspondiente a la sociedad Mercantil SERVICIOS Y RESPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado los derechos consignados en los artículos 64, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante esta Sala de lo Constitucional el Abogado JOSÉ RAMON MARTINEZ BONILLA interponiendo acción de Amparo a favor de la sociedad Mercantil SERVICIOS Y RESPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. contra las actuaciones administrativas realizadas por la Comisionada Presidencial de Administración de Tributaria. Siendo admitido el mismo en fecha ocho de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), solicitando un informe circunstanciado a la autoridad recurrida. (Folios del 1 al 5 y 57 de los autos que forman el expediente de Amparo)

  1. Que recibido que fue el informe emitido por la Abogada Miriam Guzmán Bonilla en su condición de MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR), en el cual se informa entre otras cuestiones lo siguiente: “Que en fecha 28 de noviembre de 2016 se hizo revisión en los sistemas de la Comisionada Presidencial Administración Tributaria con el fin de constatar si el contribuyente Sociedad Mercantil SERVICIOS Y RESPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. con Registro Tributario Nacional No.08019000234858 se encontraba bloqueado, a lo cual se comprobó que su RTN fue bloqueado el 20 de diciembre de 2012, siendo el mismo habilitado en fecha 28 de diciembre del mismo año, y desde esa fecha no ha sufrido alteración, por lo tanto a la fecha de emisión del primer informe emitido en fecha 05 de diciembre del 2016, el mismo NO SE ENCUENTRA BLOQUEADO; se procedió nuevamente a verificar el estatus del RTN del reclamante, para lo cual el departamento de inteligencia Fiscal de la Administración Tributaria según memorando SAR-DI-N°024-2017 de fecha 30 de enero de 2017 informa que ha verificado en su base de datos, identificando que el contribuyente antes mencionado tuvo su RTN Bloqueado en la base de datos de fiscalización por concepto de mora tasa vehicular, sin embargo fue habilitado en fecha 11 de julio del 2014, así mismo se encontraba bloqueado por el Departamento de Recaudación y Cobranzas por concepto de Mora Tasa Vehicular, siendo habilitado por dicho Departamento mediante memorando DEI-DRC-264-2012 de fecha 28 de diciembre de 2012. Por lo antes expuesto el contribuyente SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, NO TIENE BLOQUEADO SU RTN. Siendo indispensable aclarar que el origen de la controversia planteada por el contribuyente se deriva de la no autorización de documentos fiscales en vista de que el contribuyente no tiene un buen comportamiento tributario, por lo que la autorización para emitir documentos fiscales se encuentra condicionada al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el contribuyente posee un mal comportamiento tributario debido al incumplimiento de sus obligaciones materiales así como a la mora liquida firme y exigible que tiene a la fecha. (Folios del 61 al 63 de los autos que forman el expediente de Amparo) 3)Que en fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, y por emitido en tiempo y forma el dictamen correspondiente, siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto del presente Recurso de Amparo, el Ministerio Público opina que la acción de amparo promovida SE DENIEGUE, por no existir vulneración a garantías constitucionales”. (Folios del 80 al 83 de los autos que forman el expediente de Amparo) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución No. CPAT-AGC-DA-09-F-2016, emitida por la COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis, en relación a la auditoria realizada por el Departamento de Auditoría, Sección Auditoría de Campo, Administración de Grandes Contribuyentes, en cumplimiento a la orden de Fiscalización No. 311-15-8000-1 por revisión a las Declaraciones de: Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria No. 35717605210 del período 2013; Impuesto Sobre Ventas de enero a diciembre de 2013; Retenciones varias de Impuestos sobre la Renta de los meses de enero a diciembre de 2013, correspondientes al contribuyente SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), con R.T.N. 08019000234858, mediante la cual se resolvió: (Sic) “PRIMERO: Proceder a notificar el resultado de la auditoría integral practicada al contribuyente SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A DE C.V. (SYRE) con R.T.N.: 08019000234858, por la revisión: A.-DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA No.35717605210 DEL PERÍODO 2013:…. SEGUNDO: Las multas, recargas e intereses se aplicarán de conformidad con lo establecido en el Código Tributario y otras leyes. TERCERO: Hacer entrega en el acto de la notificación de la presente resolución, de los cómputos adicionales, explicaciones de ajustes y tasación de oficio elaboradas por el Departamento de Auditoría de la Administración de Grandes Contribuyentes. CUARTO: Si el contribuyente no estuviere de acuerdo con lo aquí resuelto, podrá hacer uso del recurso de reposición, el que interpondrá ante esta Comisionada Presidencial Administración Tributaria en el acto de la notificación o dentro de los (15) días hábiles siguientes a la fecha de aquélla, tal como lo establece el articulo 77 del código Tributario, caso contrario efectúe el pago del mismo. QUINTO: Para los efectos legales correspondientes transcribir la presente Resolución al Departamento de Recaudación y Cobranzas de Grandes Contribuyentes y el Departamento Normativo de Recaudación y Cobranzas para los fines de control correspondiente.-NOTIFÍQUESE….” CONSIDERANDO (4): Que en el dictamen emitido en el presente recurso de amparo constitucional, la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, es de la opinión porque SE DENIEGE la acción de amparo promovida; arguye la Fiscal del Ministerio Público, que del análisis de los antecedentes de merito, específicamente de los informes remitidos por la autoridad recurrida en fechas 5 de diciembre de 2016 y 30 de enero de 2017, se desprende que de la revisión de los sistemas de la Comisionada Presidencial Administración Tributaria se comprobó que la empresa SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), no tenía bloqueado su RTN, al momento de la interposición de la presente acción de amparo, desvirtuando el contenido del acta notarial. (Folios del 80 al 83 de los autos que forman el expediente de Amparo) CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en amparo en la exposición de sus argumentos sostiene que la acción de amparo es contra un acto administrativo sin resolución realizado por la Comisionada Presidencial de Administración Tributaria, consistente en la decisión de bloquear el Registro Tributario Nacional (RTN)[1] con clave 08019000234858, correspondiente a su representada; arguye que la Resolución No.CPAT-AGC-DA-09-F-2016, emitida por la Comisionada Presidencial de Administración Tributaria y notificada en fecha 26 de octubre del año 2016, en ningún momento se resuelve el bloqueo del Registro Nacional Tributario o existe una notificación del bloqueo a la empresa SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE). Continúa expresando el impetrante que en la misma fecha que se notificó de la resolución a la empresa SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), se estaban realizando actividades normales de la empresa, las cuales fue imposible su realización debido a que su Registro Tributario Nacional se encontraba bloqueado, afectando directamente a las actividades de la empresa. CONSIDERANDO (6): Que el impetrante estima que el acto administrativo sin resolución adoptado por la Comisionada Presidencial de Administración Tributaria, violenta entre otros el derecho a la defensa y el debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. alude el pedidor que existe una evidente violación al derecho de defensa en vista que su representada nunca se ha personado ante la Comisionada Presidencial de Administración de Renta, para descargar de su defensa ante el bloqueo del Registro Nacional Tributario, sin que la misma sea escuchada en el proceso sus argumentos, por lo tanto, dejándola indefensa ante dicha situación. En relación a la vulneración al debido proceso, el recurrente señala lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Civil[2]; aduce que a su representada se le violenta el mismo, en vista que el debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjunto de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los autos, esta Sala observa a folio número sesenta y uno al folio sesenta y tres (F-61 al 63) de la pieza de Amparo, el informe rendido por la Abogada Miriam Guzmán Bonilla, en su condición de Ministra Directora de la SAR[3], a solicitud de este Alto Tribunal, en relación a remitir los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo, en relación al acto contentivo del reclamado en amparo (Resolución No. CPAT-AGC-DA-09-F-2016). Al respecto la funcionaria antes indicada señala en su informe entre otras cuestiones lo siguiente: “Tal como se informó en fecha 5 de Diciembre del 2016, luego de la primera comunicación de fecha 28 de Noviembre de 2016 se hizo una revisión en los sistemas de la Comisionada Presidencial Administración Tributaria, a fin de constatar si el contribuyente sociedad Mercantil SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V con Registro Tributario Nacional (RTN) 08019000234858 se encontraba bloqueado, a lo cual se comprobó que su RTN fue bloqueado el 20 de diciembre del año 2012, siendo el mismo habilitado en fecha 28 de diciembre del mismo año, y desde esa fecha no ha sufrido alteración, por lo tanto a la fecha de emisión del primer informe el mismo NO SE ENCONTRABA BLOQUEADO…”. CONSIDERANDO (8): Que conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los informes se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos; refiriéndose a los informes que son emitidos por la autoridad recurrida, en este caso específico al relacionado en el acápite anterior emitido por la Ministra Directora de la SAR, mediante el cual se establece que el R.T.N. No. 08019000234858 perteneciente al contribuyente sociedad Mercantil SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V no se encuentra bloqueado. No obstante a referir el informe relacionado que el R.T.N. del recurrente en Amparo no se encuentra bloqueado, la Ministra Directora de la SAR señala: (Sic) “Es indispensable aclarar nuevamente a esta Sala de lo Constitucional, tal como se manifestó en el informe anterior, que el origen de la controversia planteada por el contribuyente SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A DE C.V., se deriva de la no autorización de documentos fiscales, en vista que dicho contribuyente no tiene un buen comportamiento tributario, por lo que la autorización para emitir documentos fiscales se encuentra condicionada al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El contribuyente posee un mal comportamiento tributario debido al incumplimiento de sus obligaciones materiales, así como a la mora liquida, firme y exigible que tiene a la fecha….” (Folio 61, párrafo 4, de los autos que forman el expediente de Amparo) CONSIDERANDO (9): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar pro el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO (10): Que en el informe emitido por la Ministra Directora de la SAR, se invoca como fundamento legal para la no autorización de documentos fiscales al recurrente en Amparo, el artículo 57 del Decreto No. 17-2010, en relación a que se instituye el Régimen de Facturación y demás documentos que respaldan operaciones con trascendencia tributaria, para lo cual se crea el Registro Fiscal de Imprentas a cargo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); en virtud de dicha normativa se emite el acuerdo No. 189-2014[4] que contiene el Reglamento del Régimen de Facturación, otros documentos fiscales y Registro Fiscal de Imprentas”, refiriendo específicamente el artículo 8 que dispone lo siguiente: “COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO. No obstante lo dispuesto en el Artículo precedente[5], la Dirección Ejecutiva de Ingresos de conformidad al comportamiento tributario de los contribuyentes, podrá limitar dicho plazo o condicionar la autorización al cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante. La determinación del comportamiento tributario se realizará considerando los siguientes criterios: a) Información actualizada del contribuyente en el Registro Tributario Nacional b) Cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales c) Deudas exigibles pendientes de pago d) Procesos administrativos pendientes de notificación por La Dirección Ejecutiva de Ingresos, imputables al contribuyente. La Dirección Ejecutiva de Ingresos condicionará la autorización de impresión cuando el contribuyente incumpla en forma reiterada con sus obligaciones tributarias legalmente establecidas conforme al procedimiento que ésta emita. La Dirección Ejecutiva de Ingresos podrá cancelar la vigencia de las autorizaciones otorgadas cuando se compruebe inconsistencias o alteraciones en los documentos emitidos o en los sistemas utilizados para su impresión, imputables al contribuyente que los emitió:” -énfasis suplido- . CONSIDERANDO (11): Que del estudio de los autos y del informe emitido por la Ministra Directora de la SAR, esta Sala de lo Constitucional entiende que la recurrente tiene una mora liquida y exigible a favor del fisco hondureño, que asciende a la cantidad de setenta millones seiscientos veintinueve mil setecientos treinta y seis lempiras con cinco centavos (70,629,736.05), por lo que a criterio de la autoridad recurrida la resolución CPAT-AGC-DA-09-F-2016 adquirió firmeza y por tener la recurrente en Amparo, deuda pendiente de pago, es que se le impide obtener la autorización para emitir documentos fiscales; el artículo 9 del Reglamento del Régimen de Facturación, otros documentos fiscales y Registro Fiscal de Imprentas define lo que son documentos fiscales al establecer: “DOCUMENTOS FISCALES.-Son los documentos que deben utilizar los contribuyentes para respaldar actividades, operaciones o transacciones que tengan efectos fiscales. Los documentos fiscales deberán cumplir con todas las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, los cuales son: 1) Comprobantes de venta 2) Documentos Complementarios a los Comprobantes de Venta. ”CONSIDERANDO (12): Que si bien es cierto la Dirección Ejecutiva de Ingresos[6] tiene la facultad para condicionar la autorización de impresión de documentos fiscales, no menos cierto es, que tal decisión no puede ser determinada sin explicación alguna, que es la manera de justificar como se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso concreto; la resolución CPAT-AGC-DA-09-F-2016, notifica al contribuyente SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), la mora que éste tiene con el fisco hondureño, pero en ningún momento le advierte o le emplaza a pagar la cantidad adeudada, caso contrario le impedirán la autorización para la emisión de documentos fiscales, acto que colisiona con el derecho de defensa, el cual forma parte integral del debido proceso, que se garantiza a toda persona que recurre ante los órganos jurisdiccionales o cualquier otra autoridad a efecto de determinar las pretensiones que han sido invocadas por los peticionarios en tutela de sus derechos; que el acto de impedir la autorización para emitir documentos fiscales a la recurrente, sin previa notificación, le veda la oportunidad de ser oída y exteriorizar los argumentos en relación a la deuda pendiente con el fisco hondureño, violentando además lo dispuesto en el artículo 25.1[7] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; siendo imperativo y de observancia obligatoria brindarle la oportunidad al afectado de hacer uso de los recursos que tenga a su disposición, a efecto que una autoridad superior revise la resolución emitida, dando cumplimiento a lo mandado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (14): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a descargar su defensa ante la Comisionada Presidencial de Administración de Renta, manifestación específica del derecho de defensa, establecido dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (15): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (18): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado JOSÉ RAMON MARTINEZ BONILLA, a favor de la Sociedad Mercantil SEVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), contra el Acto Administrativo sin Resolución, realizado por la Comisionada Presidencial de Administración Tributaria, relacionada a impedir la autorización para emitir documentos fiscales al contribuyente SEVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), a efecto que se le restituyan los derechos al recurrente en amparo, Sociedad Mercantil SEVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V. (SYRE), autorizando la emisión de documentos fiscales; sin perjuicio que la autoridad recurrida, dicte resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en el presente libelo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó l Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 1064=2016

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En adelante R.T.N.

[2] Artículo 3.-DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.

[3] Servicio de Administración de Rentas (SAR).

[4] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,407 de fecha 21 de abril del año 2014.

[5] “Artículo 7. PLAZO DE UTILIZACION DE DOCUEMNTOS FISCALES AUTORIZADOS. La Dirección Ejecutiva de Ingresos autorizará la impresión de los documentos fiscales, para ser utilizados dentro de un plazo máximo de dos (2) años. Los documentos fiscales perderán su validez cuando se haya vencido el plazo y no podrán ser utilizados, debiendo solicitarse nueva autorización. A partir de la segunda autorización de impresión, el contribuyente deberá consignar el número del último documento fiscal emitido, previo a la solicitud, como un dato referencial.

[6] Artículo 8 del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas. –Acuerdo No. 189-2014-. Mediante Acuerdo PCM-083-2015 fue suprimida la Dirección Ejecutiva de Ingresos y mediante Decreto Ejecutivo PCM-084-2015 se crea el Servicio de Administración de Rentas (SAR) como una entidad Desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, administrativa y de seguridad nacional, responsable de la administración tributaria, con autoridad y competencia a nivel nacional.

[7] “Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…”