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Sentencia AA-1001-15 — Registro 7193

Resumen

Recurso de amparo contra resolución que declaró sin lugar defensa previas interpuestas por impetrante en relación a demanda sobre la nulidad de un acto administrativo, interpuesta contra éste,al imponer una multa a demandante por supuestas infracciones de la Ley de Comisión Nacional para la Prevención y Detección del uso indebido de los Servicios y Productos Financieros, Ley contra el delito de Lavado de Activos,interpuesta contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el considerando siete (07) de su resolución deja establecido que la acción instruida es sobre la nulidad de un acto administrativo, el que impone una multa a la sociedad Banco Continental, S.A., en aplicación y por supuestas infracciones de la Ley de Comisión Nacional para la Prevención y Detección del uso indebido de los Servicios y Productos Financieros, Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Ley de procedimiento Administrativo y Resoluciones internas como Acuerdos Ejecutivos; por lo que al revisar dicho acto impugnado se llega a la conclusión que el mismo no está en los presupuestos del artículo 103 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al no ser el contribuyente quien esté impugnando la imposición de una multa en aplicación de una norma o disposición de naturaleza tributaria. “En consecuencia el juicio no se puede llevar a cabo como un juicio tributario o impositivo, sino como uno ordinario, porque la multa aplicada al demandante es de leyes ordinarias, no de leyes tributarias, por lo que este tribunal se ve en la obligación de apartarse de la doctrina y emitir la sentencia que se estime ajustada a derecho. En consecuencia, denegó la acción de amparo intentada, contra el auto que denegó las defensas previas invocadas ante el A-Quo por la parte demandada que consisten: 1.-Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos. 2. Causa que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa respecto de los actos firmes. 3.- Causas, que se hubiere interpuesto por persona no legitimada.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de la causa invocada por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material"

Legislación citada

  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Decreto)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha seis de octubre de dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que DENEGÓ el recurso de amparo presentado por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto de defensas previas dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, de fecha doce de marzo de dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A. contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho de mayo de dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, interponiendo recurso de amparo a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés de fecha doce de marzo de dos mil quince, en la cual se desestimó y declaró sin lugar las defensas previas alegadas por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, relacionadas a que la demanda principal fue presentada de manera extemporánea, según alegaciones de la parte demandada argumentando que el tribunal A-quo debió aplicar al caso de merito lo establecido en el articulo 63 inciso a) de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con relación a los artículos 80 inciso d), 103 y 105 de la citada ley, argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los artículos, 82 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 01-08 del antecedente de segunda instancia)- 2) Que seguido procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha seis de octubre de dos mil quince, mediante la cual falló: “DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA en su condición Apoderada Legal por delegación del Estado de Honduras…” (Folios 25-27 del antecedente de segunda instancia)- 3) Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de octubre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, que Deniega el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha doce de marzo del año dos mil quince, en relación a la demanda promovida por BANCO CONTINENTAL, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el considerando siete (07) de su resolución deja establecido que la acción instruida es sobre la nulidad de un acto administrativo, el que impone una multa a la sociedad Banco Continental, S.A., en aplicación y por supuestas infracciones de la Ley de Comisión Nacional para la Prevención y Detección del uso indebido de los Servicios y Productos Financieros, Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Ley de procedimiento Administrativo y Resoluciones internas como Acuerdos Ejecutivos; por lo que al revisar dicho acto impugnado se llega a la conclusión que el mismo no está en los presupuestos del artículo 103 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al no ser el contribuyente quien esté impugnando la imposición de una multa en aplicación de una norma o disposición de naturaleza tributaria. “En consecuencia el juicio no se puede llevar a cabo como un juicio tributario o impositivo, sino como uno ordinario, porque la multa aplicada al demandante es de leyes ordinarias, no de leyes tributarias, por lo que este tribunal se ve en la obligación de apartarse de la doctrina y emitir la sentencia que se estime ajustada a derecho. En consecuencia, denegó la acción de amparo intentada, contra el auto que denegó las defensas previas invocadas ante el A-Quo por la parte demandada que consisten: 1.-Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos. 2. Causa que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa respecto de los actos firmes. 3.- Causas, que se hubiere interpuesto por persona no legitimada.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de la causa invocada por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha seis de octubre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha primero (1) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1001-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha seis de octubre de dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que DENEGÓ el recurso de amparo presentado por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto de defensas previas dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, de fecha doce de marzo de dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A. contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 82 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho de mayo de dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, interponiendo recurso de amparo a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés de fecha doce de marzo de dos mil quince, en la cual se desestimó y declaró sin lugar las defensas previas alegadas por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, relacionadas a que la demanda principal fue presentada de manera extemporánea, según alegaciones de la parte demandada argumentando que el tribunal A-quo debió aplicar al caso de merito lo establecido en el articulo 63 inciso a) de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con relación a los artículos 80 inciso d), 103 y 105 de la citada ley, argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los artículos, 82 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 01-08 del antecedente de segunda instancia)- 2) Que seguido procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha seis de octubre de dos mil quince, mediante la cual falló: “DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA en su condición Apoderada Legal por delegación del Estado de Honduras…” (Folios 25-27 del antecedente de segunda instancia)- 3) Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de octubre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA, a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, que Deniega el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha doce de marzo del año dos mil quince, en relación a la demanda promovida por BANCO CONTINENTAL, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el considerando siete (07) de su resolución deja establecido que la acción instruida es sobre la nulidad de un acto administrativo, el que impone una multa a la sociedad Banco Continental, S.A., en aplicación y por supuestas infracciones de la Ley de Comisión Nacional para la Prevención y Detección del uso indebido de los Servicios y Productos Financieros, Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Ley de procedimiento Administrativo y Resoluciones internas como Acuerdos Ejecutivos; por lo que al revisar dicho acto impugnado se llega a la conclusión que el mismo no está en los presupuestos del artículo 103 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al no ser el contribuyente quien esté impugnando la imposición de una multa en aplicación de una norma o disposición de naturaleza tributaria. “En consecuencia el juicio no se puede llevar a cabo como un juicio tributario o impositivo, sino como uno ordinario, porque la multa aplicada al demandante es de leyes ordinarias, no de leyes tributarias, por lo que este tribunal se ve en la obligación de apartarse de la doctrina y emitir la sentencia que se estime ajustada a derecho. En consecuencia, denegó la acción de amparo intentada, contra el auto que denegó las defensas previas invocadas ante el A-Quo por la parte demandada que consisten: 1.-Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos. 2. Causa que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa respecto de los actos firmes. 3.- Causas, que se hubiere interpuesto por persona no legitimada.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de la causa invocada por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha seis de octubre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA ONDINA VALLECILLO ORTEGA a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha primero (1) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1001-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional