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Sentencia AA-094-2015 — Registro 8517

Resumen

Se conoce en esta vía el hecho realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de impedir el acceso al sistema en línea de la pagina digital de la UNAH, para que recurrentes pudiesen matricular clases en sus respectivas carreras que cursa en esa institución universitaria. Impetrantes están afrontando un proceso administrativo disciplinario en su contra, por la supuesta “toma” de instalaciones educativas de dicho Centro de educación superior, que impidió el acceso y disfrute del resto del alumnado, así como de los distintos empleados de la UNAH,en el marco de una serie de protestas estudiantes en contra de decisiones del gobierno de esa universidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO (13): Que en el marco del Control de Convencionalidad ésta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respecto a los derechos básico de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.-[7] "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"(23): Que el principio de legalidad desde el derecho constitucional se concretiza con el denominado principio de reserva de ley, el que consiste que los derechos fundamentales sólo se verán limitados por la Ley, en cuanto a está sea una expresión legítima de la voluntad soberana de nuestra nación. Es por ello que la Corte Interamericana reconoció que la reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad de todas y todos los ciudadanos, es un elemento esencial para que los derechos puedan estar jurídicamente protegidos, ya que se cuenta con un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado de las competencias de los órganos administradores de justicia.-[20] CONSIDERANDO (24): Que como se dijo en el considerando (13) de la presente sentencia de amparo, las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado, por lo que en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretenda sancionar.[21] CONSIDERANDO (25): Que si bien la UNAH goza constitucionalmente de un amplio margen de desarrollo de su organización, atribuciones y funciones, tal como dice el artículo 160 constitucional, el mismo no debe de interpretarse como una facultad que le permita sobrepasar los mandatos fijados en nuestra norma suprema y organizadora de todo el Estado. El artículo 95 de la Constitución debe de tenerse como parámetro de validez de todos los estatutos de la UNAH, así como el resto de ese texto; por lo que dicha universidad debe de tener como único parámetro constitucional y convencional para la aplicación de sanciones la reserva de Ley, no siendo constitución la fijación de sanciones desde sus estatutos. CONSIDERANDO (26): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho denunciado por la y los amparistas, así como los actos administrativos relacionados en esta sentencia, son vulneratorios de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...".[21] CONSIDERANDO (25): Que si bien la UNAH goza constitucionalmente de un amplio margen de desarrollo de su organización, atribuciones y funciones, tal como dice el artículo 160 constitucional, el mismo no debe de interpretarse como una facultad que le permita sobrepasar los mandatos fijados en nuestra norma suprema y organizadora de todo el Estado. El artículo 95 de la Constitución debe de tenerse como parámetro de validez de todos los estatutos de la UNAH, así como el resto de ese texto; por lo que dicha universidad debe de tener como único parámetro constitucional y convencional para la aplicación de sanciones la reserva de Ley, no siendo constitución la fijación de sanciones desde sus estatutos. CONSIDERANDO (26): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho denunciado por la y los amparistas, así como los actos administrativos relacionados en esta sentencia, son vulneratorios de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la y los ciudadanos Dayanara Elizabeth Castillo, Moisés David Cáceres Velásquez, Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, José Luis Herrera Somoza y Sergio Luis Ulloa Rivera a favor de sí mismos y de Javier Alfonso Saady Ávila Barahona, contra actuaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), relacionada según los recurrentes, al impedimento en el acceso al sistema en línea “Internet” de la pagina Web de la UNAH, para poder matricular clases en sus respectivas carreras de trabajo social, periodismo y sociología, en el proceso de pre-matricula que inicio en fecha diez de enero y finalizado el día catorce de enero de dos mil quince, respectivamente.- ANTECEDENTES 1) Que en fechas veintisiete y veintiocho de octubre de dos mil catorce, presuntamente los estudiantes Dayanara Elizabeth Castillo, Moisés David Cáceres Velásquez, Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, José Luis Herrera Somoza y Sergio Luis Ulloa Rivera procedieron a la “toma” de las instalaciones de los edificios C1 Y C2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), supuestamente mediante el uso de la fuerza y en actitud intimidadora desalojaron a los catedráticos de las aulas incitando a los demás estudiantes de las facultades, ciencias económicas, administrativas y contables e ingeniería de la UNAH.- 2) Que en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, la decanatura recibió un informe respecto a la supuesta “toma” realizada por los estudiantes Dayanara Elizabeth Castillo, Moisés David Cáceres Velásquez, Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, José Luis Herrera Somoza y Sergio Luis Ulloa Rivera, por lo que dicha decanatura procedió a nombrar una comisión investigadora para que esta rindiera el informe correspondiente. 3) Que en fecha diez de noviembre de dos mil catorce, la Comisión Investigadora inicio el proceso de investigación, siguiendo a su criterio el debido proceso y garantizando el derecho de defensa al igual respetando el principio de legalidad. 4) Seguidamente se aportaron las pruebas por parte de los estudiantes antes mencionados, y en la sustanciación del proceso de investigación no deja lugar a dudas de la participación de los estudiantes objeto de investigación, según la comisión pesquisidora. 5) Que una vez evacuado el proceso de investigación, en fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales emite Resolución mediante la cual “RESUELVE: SANCIONAR POR LA COMISION DE FALTA GRAVE a los estudiantes DAYANARA ELIZABETH CASTILLO NUÑEZ estudiante de la carrera de Sociología número de cuenta (2011001626) JOSE LUIS HERRERA SOMOZA estudiante de la carrera de Sociología número de cuenta (20102000984), SERGIO LUIS ULLOA RIVERA estudiante de la carrera de Trabajo Social número de cuenta (20111001626) y MOISES DAVID CACERES VELASQUEZ estudiante de la carrera de Sociología número de cuenta (9922996). RECOMENDANDO que: a DAYANARA ELIZABETH CASTILLO NUÑEZ estudiante de la carrera de Sociología con número de cuenta (20131000969), se le imponga la sanción de expulsión limitada equivalente a SUSPENSION DE DOS PERIODOS ACADEMICOS; a CESARIO ALEJANDRO FELIX PADILLA FIGUEROA estudiante de la carrera de Periodismo con número de cuenta (20101000804), se le imponga la sanción de expulsión limitada equivalente a SUSPESION DE DOS PERIODOS ACADEMICOS: a JAVIER ALFONSO SAADY AVILA BARAHONA estudiante de la carrera de sociología con número de cuenta (20121003878), se le imponga la sanción de expulsión limitada equivalente a SUSPENSION DE DOS PERIODOS ACADEMICOS; a JOSÈ LUIS HERRERA SOMOZA estudiante de la carrera de Sociología con número de cuenta (20102000984), se le imponga la sanción de expulsión limitada equivalente a SUSPENSION DE UN PERIODO ACADEMICO; a SERGIO LUIS ULLOA RIVERA estudiante de carrera de Trabajo Social con número de cuenta (20111001626) se le imponga la sanción de expulsión limitada equivalente a SUSPENSION DE DOS PERIODOS ACADEMICOS Y MANDA: Remítase de inmediato el expediente D001-2014 para su revisión a la Vicerrectoria de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE) a fin de que emita la resolución definitiva…”.- 6) Los recurrentes ciudadanos Dayanara Elizabeth Castillo, Moisés David Cáceres Velásquez, Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, José Luis Herrera Somoza y Sergio Luis Ulloa Rivera, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de enero de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor de si mismos y de Javier Alfonso Saady Ávila Barahona, por considerar que la resolución emitida por Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma De Honduras, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, es violatoria a los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa al igual el principio de legalidad. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha veintitrés de junio de dos mil quince. 7) Que con fecha tres de agosto de dos mil quince, la abogada Karla Patricia García Arita, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una Ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional un hecho realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de impedir el acceso al sistema en línea (por medio de internet) de la pagina digital de la UNAH, para que la y los hoy amparistas puedan matricular clases en sus respectivas carreras universitarias, que cursa en esa institución pública universitaria. Cabe señalar que los quejosos están afrontando un proceso administrativo disciplinario en su contra, por la supuesta “toma” de instalaciones educativas de dicho Centro de educación superior, que impidió el acceso y disfrute del resto del alumnado, así como de los distintos empleados de la UNAH. CONSIDERANDO (4): Que la y los recurrentes, en la interposición manifiestan que la entonces rectora de dicho Centro manifestó la imposición de sanciones contra las y los estudiantes que habían propiciado las “tomas” de los edificios de la UNAH, todo en el marco de una serie de protestas estudiantes en contra de decisiones del gobierno de esa universidad. Está Sala debe de aclarar que, en el marco de dicho conflicto estudiantil, está Universidad ordenó la investigación de quienes habían sido los participes de dichas acciones, iniciando un proceso administrativo disciplinario en contra de las personas que con sus acciones supuestamente limitaron la libertad del resto de personas que se ven beneficias del uso de dichas instalaciones para sus actividades educativas. CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional considera que el derecho a la educación es necesario para la efectividad de la cláusula general de igualdad tanto formal como material, pues permite el desarrollo integral de las personas y la realización de sus demás derechos, guarda también íntima conexión con la dignidad humana y resulta indispensable para la equidad y la cohesión social[1], debido a las anteriores características es innegable el carácter fundamental del derecho a la educación, es por ellos que un servicio sobre este derecho debe de cumplir con al menos las garantías de asequibilidad, accesabilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala comprende la autonomía de las universidades, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia[2] y el debate académico.- CONSIDERANDO (8): Que el texto constitucional reconoce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como un ente constitucional, con personalidad jurídica, gozando de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, pudiéndose fijar a través de la Ley y sus estatutos su organización, funcionamiento y atribuciones (artículo 160 constitucional). Por lo anterior se debe de fijar que la intervención del Poder Judicial sobre la UNAH se debe de basar en el no acatamiento de ésta a el ordenamiento jurídico, aprobado por el Legislador en la forma de Ley y por ella misma a través de sus estatutos. CONSIDERANDO (9): Que ésta Sala de lo Constitucional hace necesario observar el desarrollo del Control del Convencionalidad[3] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño.- CONSIDERANDO (10): Que la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo dos (2) que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de la defensas del orden jurídico constitucionales, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa administrativo, asimismo dice el mismo artículo que se interpreta y aplicara de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internaciones sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.- CONSIDERANDO (11): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, por lo que en el caso subjudice, esta Sala no puede limitarse a solo observar una interpretación restrictiva de los formalismos del Reglamento, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[4] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación ultima y definiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino tambien tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (12): Que ésta Sala ha establecido que el criterio de interpretación constitucional[5] de derechos fundamentales en “cuanto a los criterios de interpretación de estos derechos fundamentales. Existen tanto en la doctrina especializada como en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales criterios especializados de interpretación,… 1.- Principio pro persona: el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. Este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de ordenamiento y como valor fundamental del estado de derecho” indicando ésta Sala que en casos en que se este ante una antinomia de normas legales con tratados internacionales, los cuales son supralegales, situándose la colisión en torno al principio pro persona, “el Juez Constitucional está obligado a aplicar la norma nacional o internacional más beneficiosa para la persona, sin que ello implique desde el punto de vista jurídico, reconocerle mayor jerarquía normativa a los tratados respecto de la Constitución. Este principio, conocido como el de preferencia de normas, se encuentra recogido en el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”[6], esta máxima del derecho internacional se encuentra en nuestra Constitución en su artículo 18, que determina que en caso de conflicto entre un tratado o convención con la ley, prevalecerán los dos primeros.- CONSIDERANDO (13): Que en el marco del Control de Convencionalidad ésta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respecto a los derechos básico de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.-[7] CONSIDERANDO (14): Que haciendo un dialogo jurisprudencial es preciso citar al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica, Rodolfo E. Piza, quien manifiesta que cuando se confronten los principios constitucionales con normas de rango inferiores, como pueden ser actos administrativos, normas contractuales (públicas o privadas) o un acto privado, siendo el principio constitucional expresado, derivado, deducido de la Constitución o hasta de uno creado ex novo, la solución deberá ser siempre favorable a la vigencia del principio constitucional y la consecuencia será la nulidad o inaplicabilidad de la norma o acto administrativo o privado confrontando.[8] Para mayor desarrollo de estas ideas, nuestra constitución ha establecido en su artículo 320 que cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y una legal ordinaria, los juzgadores deberán de aplicar la primera.- CONSIDERANDO (15): Que el Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1958 emitió el famoso Fallo Lüth sobre el efecto irradiador de los derechos fundamentales, establece que la dignidad del ser humano y el libre desarrollo de la personalidad (la cual se desenvuelve en el interior de una comunidad social) forman el núcleo de este sistema de valores, el cual constituye, a su vez, una decisión jurídico-constitucional fundamental, válida para todas las esferas del derecho; así, este sistema de valores aporta directivas e impulsos al Poder Legislativo, a la Administración y a la Judicatura. El contenido jurídico de los derechos fundamentales como normas objetivas se desarrolla en el derecho privado (con mucho mayor irradiación en el derecho público) a través de las disposiciones que predominan directamente en medio de ese campo del derecho.-[9] CONSIDERANDO (16): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su función de interpretación y desarrollo del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que “el principio de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos”[10] de manera que, conforme ha sido señalado, no basta que el recurso esté previsto formalmente,[11] sino que debe ser “capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”[12] dando respuesta a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes[13]. Sobre este aspecto la referida Corte ha indica que el artículo 25 supone que el recurso sea adecuado, lo cual significa que la función de éste dentro del sistema del derecho interno debe ser idónea para proteger la situación jurídica infringida, por lo que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las particularidades del caso resulten ilusorias, como son las causas que no permitan al presunto lesionado el acceso al recurso judicial. Así ha clasificado la jueza Medina Quiroga la determinación de los recursos ineficaces siendo uno de ellos cuando: la falta de efectividad es específica para un caso, la negación por parte de los tribunales de atender la tutela judicial pretendida por los demandantes, configuraría en una garantía ilusoria de los derechos, dado que la norma Constitucional, que hace suyos los principios de interpretación y aplicación del Control de Convencionalidad,[14] de manera que asegure una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO (17): Que ésta Sala pretende cuestionar si realmente está dentro de las facultades que posee la UNAH dentro de su propio gobierno para establecer mediante reglamento, la determinación de fijar sanciones sobre derechos constitucionales, cuando a criterio de ésta Sala, existe una reserva de ley para sanciones que impliquen la disminución de derechos constitucionales. Si bien, la UNAH realizo un procedimiento investigativo, que prima facie, pareciera haber contado con la garantías procesales validas para el Estado democrático hondureño, se debe de decir que, el procedimiento tiende a cumplir dos objetivos, el primero de ellos es comprobar fehacientemente si se ha cometido algún ilícito y, en segundo lugar, asegurar al presunto infractor, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, dado que estamos en un país democrático, con una Constitución que no solo limita el poder público, sino que también otorgar un estándar de clausulas que posee todo habitante del país en cualquier situación que no puede ser vulneradas por los demás, concluye este interprete final de la Constitución que la emisión de una sanción administrativa sin que el acto que se presente sancionar sea realmente un ilícito es una vulneración a la supremacía constitucional.- CONSIDERANDO (18): Que nuestra Constitución reconoce (artículo 89) que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, en el caso subjudice, el conflicto constitucional surge por la supuesta participación de estudiantes de la UNAH, en un conflicto estudiantil que se dio en las instalaciones de la UNAH, afectando derechos de terceros vinculados a este centro educativo (alumnos, profesores, personal administrativo), por lo que es fácil deducir que el órgano competente para la resolución del conflicto son las autoridades de la UNAH. También reconoce nuestra norma suprema que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (artículo 90 constitucional); en este sentido si bien la UNAH no es parte del Poder Judicial de Honduras, en el ámbito de su competencia es el ente administrativo que tiene el mandato constitucional para regir la educación superior y el mandato legal de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que en el presente caso se reconoce la legalidad de que ésta organización pretenda aplicar sanciones a quienes si a su juicio, después de un proceso investigativo con garantías, se pueda determinar que han violentado derechos, cometiendo actos ilícitos. CONSIDERANDO (19): Que es necesario hacer una lectura del artículo 95 de la Constitución de la República, el que manifiesta: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.”[15] Por lo que el conflicto constitucional que examina ésta Sala de lo Constitucional no se limita al hecho de que la UNAH haya bloqueado el sistema de matricula en línea para los estudiantes que están cursando un proceso investigativo por sus supuestas vulneraciones de los derechos de terceros vinculados con la misma universidad; como ya se ha dicho en anterioridad las autoridades de la UNAH iniciaron una investigaciones que pareciera tener una base garantista para la determinación del esclarecimiento de los sucesos que acontecieron de la “toma” de los edificios C1 y C2 en fecha 27 y 28 de octubre de dos mil catorce, la ejecución del artículo 13 del Reglamento de los Estudiantes de la UNAH, que establece qué es una Falta Grave y sus sanciones, es inconstitucional, en vista de que él mismo no es una expresión de la voluntad soberana, es decir, dicho reglamento no tiene el valor de una ley de la República, por lo que no puede determinar la limitación de derechos constitucionales.- CONSIDERANDO (20): Que en ese sentido la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 9 reconocer el Principio de Legalidad y de Retroactividad al decir: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará a ello.” En este sentido parecería que la Convención es más abierta en cuanto al juego de distintas normas de derecho a aplicar, pero refuerza el sentido de que nuestra Constitución establece una reserva de Ley para la aplicación de sanciones y una inconvencionalidad de aplicar sanciones que no estén en la Ley. CONSIDERANDO (21): Que esta Sala de lo Constitucional tuvo conocimiento mediante diversos recurso de amparo presentados por distintos funcionarios judiciales, en contra de resoluciones del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que poseen una similitud con el caso in examine, en el sentido de la aplicación de sanciones a través de la potestad reglamentaria de un órgano administrativo del Estado, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; en ese sentido la Sala manifestó: “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta”. La Sala también expreso “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso”.-[16] CONSIDERANDO (22): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-06[17] sobre la expresión del término “Leyes” en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, determinó que la expresión de leyes en sentido formal, es la norma jurídica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución, mientras que en el sentido material, sería como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo orden jurídico.[18] Respecto a la protección de los derechos humanos, los mismos no pueden quedar al arbitrio de los poderes públicos, por ello se deben de regular de manera que cuenten con la máxima protección, por lo que sus limitaciones, cuando sean validas, deberán ser establecidas por la Ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo a los mandatos constitucionales; ya que a través del debate parlamentario se permite la expresión de las minorías, de grupos disidentes y la influencia de la opinión pública, para evitar que se actúe arbitraria.-[19] CONSIDERANDO (23): Que el principio de legalidad desde el derecho constitucional se concretiza con el denominado principio de reserva de ley, el que consiste que los derechos fundamentales sólo se verán limitados por la Ley, en cuanto a está sea una expresión legítima de la voluntad soberana de nuestra nación. Es por ello que la Corte Interamericana reconoció que la reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad de todas y todos los ciudadanos, es un elemento esencial para que los derechos puedan estar jurídicamente protegidos, ya que se cuenta con un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado de las competencias de los órganos administradores de justicia.-[20] CONSIDERANDO (24): Que como se dijo en el considerando (13) de la presente sentencia de amparo, las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado, por lo que en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretenda sancionar.[21] CONSIDERANDO (25): Que si bien la UNAH goza constitucionalmente de un amplio margen de desarrollo de su organización, atribuciones y funciones, tal como dice el artículo 160 constitucional, el mismo no debe de interpretarse como una facultad que le permita sobrepasar los mandatos fijados en nuestra norma suprema y organizadora de todo el Estado. El artículo 95 de la Constitución debe de tenerse como parámetro de validez de todos los estatutos de la UNAH, así como el resto de ese texto; por lo que dicha universidad debe de tener como único parámetro constitucional y convencional para la aplicación de sanciones la reserva de Ley, no siendo constitución la fijación de sanciones desde sus estatutos. CONSIDERANDO (26): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho denunciado por la y los amparistas, así como los actos administrativos relacionados en esta sentencia, son vulneratorios de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 9, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas. FALLA: OTORGAR la acción de amparo interpuesta por la y los ciudadanos Dayanara Elizabeth Castillo, Moisés David Cáceres Velásquez, Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, José Luis Herrera Somoza y Sergio Luis Ulloa Rivera a favor de sí mismos y de Javier Alfonso Saady Ávila Barahona, contra actuaciones de la Universidad Nacional Autónoma De Honduras.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0094=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Corte Constitucional de Colombia. Tutela-102/17, párr. 15.

[2] Ídem, párr. 21.

[3] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, entre otras.

[4] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.

[5] Ver Sentencia de los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-0243-2015,

[6] Ver considerando nueve (9) de la Sentencia ya referida.

[7] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.

[8] Piza Escalante, Rodolfo E, Principios Constitucionales, San José, IJSA, 2008, p-244.

[9] Barrero Berardinelli, Juan Antonio, Jurisprudencia Constitucional. Precedentes judiciales de la humanidad. Casos y materiales, Bogotá, Legis, 2da edición, 2014, pp. 204 y 205.

[10] Ver de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 24.

[11] Ver Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrafo 90.

[12] Ver Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 66.

[13] Ver Caso Forneron e hijas vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párrafo107.

[14] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, entre otras.

[15] Las negritas son nuestras.

[16] Ver las sentencias en los Amparos Administrativos resueltos por la Sala de lo Constitucional: SCO-007-2014, SCO-0209-2014 y SCO-0730-2012.

[17] Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de nueve de mayo de 1986.

[18] Opinión Consultiva OC-06/86, párr. 15.

[19] Ibídem, párr. 22.

[20] Ibídem, párr. 24.

[21] Ver Caso De La Cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004, párrafo 104.