Sentencia AA-062-17 — Registro 9049
Resumen
Resolución No. USL-89-2016 declaró con lugar recurso de revisión a favor de recurrente en sede administrativa y en contra de Poder Judicial ya que como institución obligada no dió respuesta en el plazo legal a la solicitud de información
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala al verificar los hechos que se relacionan con la presente garantía, ha constatado los siguientes: 1…, 2. Consta en autos que en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis la ciudadana Inés Yadira Cubero González interpuso ante el IAIP recurso de revisión, señalando que se le denegó de manera injustificada la información que había solicitado ante la Dirección de recursos humanos del Poder Judicial. Dicha solicitud fue registrada bajo el número 025-2016-R. 3. Consta que en virtud del recurso de revisión se requirió el uno de junio de dos mil dieciséis al abogado Rolando Argueta Pérez en su condición de Presidente del Poder Judicial, por medio de la Oficial de transparencia y acceso a la información pública. En dicho requerimiento se le otorgó el plazo de tres días hábiles para que hiciera entrega al IAIP de la información solicitada por la recurrente y los antecedentes relacionados con el presente asunto, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrían las sanciones que establece el artículo 28 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.4. Consta que en fecha 6 de junio de dos mil dieciséis la Oficial de información pública del Poder Judicial mediante oficio número 92-OIP-PJ-2016 adjuntó la información solicitada por la ciudadana Inés Yadira Cubero, señalando que esta información le fue enviada a ésta por correo electrónica el 3 de junio de dicho año, adjuntando además el acuse de recibo por parte de la peticionaria Inés Cubero. 5... 6. Consta el dictamen No.USL-089-2016 emitido en fecha doce de julio de dos mil dieciséis por la unidad de servicios legales del Instituto de acceso a la información pública en la cual se dictamina que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión en contra de la Corte Suprema de Justicia en virtud de que como institución obligada no dio respuesta a la solicitud de información hecha por la recurrente en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Señalando además que la entrega de información se hizo de forma extemporánea. 7. Consta que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis el IAIP dictó la resolución No.SO-127-2016 en la cual se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la abogada Inés Yadira Cubero González en contra de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que como institución obligada no dio respuesta a la solicitud de información hecha por la recurrente en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Señalando además que la entrega de información se hizo de forma extemporánea. En consecuencia exhorta a la Corte Suprema de Justicia a darle trámite y respuesta en tiempo y forma a todas las solicitudes de información que se le hagan, advirtiéndole que en caso de incumplimiento de esta exhortación se le aplicarán las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de la que establezcan el Código de Conducta de Ética del Servidor Público y otras leyes. Teniendo en cuenta los hechos y actos constatados utes supra, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar la garantía constitucional de amparo de conformidad a los argumentos que a continuación se exponen..."..."la Sala de lo Constitucional observa que si bien la compareciente Inés Yadira Cubero González estaba legitimada para presentar la revisión, por no habérsele entregado la información dentro del plazo que la ley señala; también es cierto que ésta nada dice sobre el procedimiento de la revisión, de manera que habrá que remitirse directamente a lo establecido en el capítulo VI del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.[4]..."..."Constatando de esta manera la Sala de lo Constitucional, que en realidad tal como ha establecido en su formalización el garantista, la institución obligada no tuvo oportunidad de ser oída en defensa, tal como lo ordena el artículo 94 constitucional. El IAIP debió en todo caso, propiciar de conformidad al procedimiento, la oportunidad para que el Poder Judicial, diera razón para justificar la falta de entrega de la información solicitada. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo, a efecto de que el IAIP retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando a que el Poder Judicial como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JORGE SIERRA CERRATO, a favor del PODER JUDICIAL, en contra de la resolución No. SO-127-2016, dictada en fecha treinta de octubre de dos mil dieciséis, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), mediante la cual resolvió declarar con lugar el recurso de revisión promovido por la abogada INÉS YADIRA CUBERO GONZÁLEZ, en contra del PODER JUDICIAL. Estimando el censor que con el acto reclamado se han violentado los derechos consignados en los artículos 76, 80, 82, 90, 183, 303 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis la ciudadana INÉS YADIRA CUBERO GONZÁLEZ, interpuso recurso de revisión que fue registrado bajo el número 025-2016-R; solicitando que se declare CON LUGAR el recurso, se entregue la información solicitada, y en caso de no hacerlo, que se apliquen las sanciones que establece la Ley. (Folios 1–5 del antecedente). 2. En fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, seguido del trámite de ley correspondiente, la citada institución dictó la resolución No. USL-089-2016, mediante la cual resuelve: (SIC) “PRIMERO: Que se procede declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN presentado por la señora INÉS YADIRA CUBERO GONZÁLEZ, actuando en su condición personal, contra la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en virtud de que como institución obligada no dieron respuesta a la solicitud de información hecha por la recurrente, en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea la información referente a: “Se sirva indicar los incrementos salariales anuales que desde la fecha nueve de septiembre del año dos mil dos (09/09/2002) a la fecha 2016 ha tenido cargo que ostente según acuerdo número 1190 como juez titular del Juzgado Segundo de Letras de lo Criminal; TERCERO: Que se exhorte a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a dar trámite y respuesta en tiempo y forma, a todas las solicitudes de información que les sean presentadas, advirtiéndole que en caso de incumplimiento de esta exhortación, se le aplicaran las sanciones administrativas que correspondan sin perjuicio de las que establezcan el Código de conducta ética del servidor público y otras leyes. CUARTO: …” (Folios 22–24 del antecedente) 3. El Abogado JORGE SIERRA CERRATO, compareció ante este Tribunal en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del PODER JUDICIAL, contra la resolución No. USL-089-2016, de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 76, 80, 82, 90, 183, 303 y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. (Folios 1–9 y 18 de la presente garantía). 4. En fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su fiscal, la abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “QUE SE DENIEGUE el presente amparo por no existir vulneración de la garantía invocada por el amparista.” (Folios 71–77 de la presente garantía). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fueron violentados los artículos 82 y 90 de la Constitución, que contienen por su orden los derechos de defensa y debido proceso legal. En la formalización de la garantía, el impetrante manifiesta que se han violentado los derechos citados porque únicamente fue escuchada una de las partes y no ambas como legalmente corresponde, no pudiendo por consiguiente su poderdante presentar su defensa ante el IAIP. También señala que no hubo negación a entregar la información sino que la recurrente no utilizó los canales adecuados a efecto de que tiempo y forma se le brindara la información por ella solicitada. En ese sentido señala que la solicitud de información fue presentada ante la jefa de recursos humanos del Poder Judicial y no ante debía o sea la Oficina de Transparencia y acceso a la información pública, inobservando así lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 5, 35 y 36 de su reglamento. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. La fiscal Yulibeth Garay Hernández en su dictamen concluyó que SE DENIEGUE la presente garantía de amparo al estimar que NO se han vulnerado los derechos constitucionales invocados. Al desarrollar su opinión, la fiscal señala que aunque la información solicitada haya sido entregada y por correo electrónico, se hizo dentro del proceso de revisión, lo que conduce a pensar que la información se entregó extemporáneamente o sea fuera de los términos estipulados en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 52 de su reglamento de sanciones. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos del Instituto de acceso a la información pública que fundamentaron la resolución No.SO-127-2016 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. El pleno de comisionados del Instituto de acceso a la información pública declararon con lugar el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Inés Yadira Cubero González por haber entregado en forma extemporánea la información que había solicitado a la jefa de recursos humanos del Poder Judicial; por lo que exhorta a la Corte Suprema de Justicia a dar trámite y respuesta en tiempo y forma a todas la solicitudes de información que les sean presentadas, advirtiéndole que en caso de incumplimiento de esta exhortación se le aplicarán las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de la que establezcan el Código de Conducta de Ética del Servidor Público y otras leyes. Los principales argumentos para resolver de dicha forma, se exponen a continuación de manera resumida. Expresa el IAIP que se pudo comprobar en el presente caso que la Corte Suprema de Justicia no dio repuesta en tiempo y forma a la solicitud de información realizada por la ciudadana Inés Yadira Cubero González incurriendo con ello en una las causales del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cita el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública que dispone el término para resolver las solicitudes información. Dicha norma establece un término de diez días a partir de que se presenta la solicitud de información. Asimismo señala que en casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. Igual disposición se encuentra en el artículo 39 del reglamento de la ley citada. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos de defensa y debido proceso legal. La Sala al verificar los hechos que se relacionan con la presente garantía, ha constatado los siguientes: 1. Consta en autos que en fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la ciudadana Inés Yadira Cubero González solicitó por escrito a la oficina de recursos humanos del Poder Judicial, información en relación con los incrementos salariales que tuvo desde el año dos mil dos hasta esa fecha como jueza en el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal del departamento de Cortés. 2. Consta en autos que en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis la ciudadana Inés Yadira Cubero González interpuso ante el IAIP recurso de revisión, señalando que se le denegó de manera injustificada la información que había solicitado ante la Dirección de recursos humanos del Poder Judicial. Dicha solicitud fue registrada bajo el número 025-2016-R. 3. Consta que en virtud del recurso de revisión se requirió el uno de junio de dos mil dieciséis al abogado Rolando Argueta Pérez en su condición de Presidente del Poder Judicial, por medio de la Oficial de transparencia y acceso a la información pública. En dicho requerimiento se le otorgó el plazo de tres días hábiles para que hiciera entrega al IAIP de la información solicitada por la recurrente y los antecedentes relacionados con el presente asunto, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrían las sanciones que establece el artículo 28 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 4. Consta que en fecha 6 de junio de dos mil dieciséis la Oficial de información pública del Poder Judicial mediante oficio número 92-OIP-PJ-2016 adjuntó la información solicitada por la ciudadana Inés Yadira Cubero, señalando que esta información le fue enviada a ésta por correo electrónica el 3 de junio de dicho año, adjuntando además el acuse de recibo por parte de la peticionaria Inés Cubero. 5. Consta que en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la secretaria general del IAIP ordena la remisión de las diligencias al Comisionado Damián Gilberto Pineda Reyes para que proceda de conformidad con el número 1 del artículo 55 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. 6. Consta el dictamen No.USL-089-2016 emitido en fecha doce de julio de dos mil dieciséis por la unidad de servicios legales del Instituto de acceso a la información pública en la cual se dictamina que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión en contra de la Corte Suprema de Justicia en virtud de que como institución obligada no dio respuesta a la solicitud de información hecha por la recurrente en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Señalando además que la entrega de información se hizo de forma extemporánea. 7. Consta que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis el IAIP dictó la resolución No.SO-127-2016 en la cual se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la abogada Inés Yadira Cubero González en contra de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que como institución obligada no dio respuesta a la solicitud de información hecha por la recurrente en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Señalando además que la entrega de información se hizo de forma extemporánea. En consecuencia exhorta a la Corte Suprema de Justicia a darle trámite y respuesta en tiempo y forma a todas las solicitudes de información que se le hagan, advirtiéndole que en caso de incumplimiento de esta exhortación se le aplicarán las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de la que establezcan el Código de Conducta de Ética del Servidor Público y otras leyes. Teniendo en cuenta los hechos y actos constatados utes supra, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar la garantía constitucional de amparo de conformidad a los argumentos que a continuación se exponen. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifestó que al Poder Judicial le fueron violentados los derechos de defensa y debido proceso legal, que se encuentran contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución respectivamente. En resumen manifiesta que dichos derechos le fueron violentados porque no se le permitió ejercitar el derecho de defensa, al habérsele sancionado sin ser oído. Al respecto, la Sala de lo Constitucional observa que si bien la compareciente Inés Yadira Cubero González estaba legitimada para presentar la revisión, por no habérsele entregado la información dentro del plazo que la ley señala; también es cierto que ésta nada dice sobre el procedimiento de la revisión, de manera que habrá que remitirse directamente a lo establecido en el capítulo VI del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.[4] La substanciación del procedimiento se encuentra en el artículo 55 del reglamento, el cual establece que una vez admitido el recurso de revisión, se turnará éste a uno de los comisionados para que sea ponente. Dicho comisionado tendrá la obligación de elaborar y presentar un proyecto de resolución al pleno, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibir el asunto. Asimismo dicho comisionado determinará la realización de las investigaciones, dictámenes y diligencias que crea necesarias. El pleno una vez recibido el proyecto de resolución podrá determinar la celebración de audiencias con las partes; asimismo se podrá requerir a la institución obligada con el propósito de “lograr un mejor estudio del recurso”; interrumpiéndose en estos casos el transcurso de del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 26 de la Ley y 51 del reglamento. Según establece el artículo 56 del reglamento la resolución del recurso de revisión será para revocar o modificar la resolución de la institución obligada; denegar u otorgar el recurso; confirmar la decisión de la institución obligada. Si de la substanciación del procedimiento el IAIP determinare que algún servidor público o particular pudo haber incurrido en responsabilidad deberá hacerlo del conocimiento del titular de la institución obligada para que ésta inicie el procedimiento de responsabilidad que corresponda. Confrontando el procedimiento antes descrito, con lo ocurrido en el presente caso, se constata que el Poder Judicial en su condición de institución obligada, fue debidamente requerido por medio de su titular, específicamente para dos propósitos: 1. Remitir al IAIP los antecedentes relacionados con el recurso. 2. Hacer entrega a la ciudadana Inés Yadira Cubero González la información que había solicitado. Constatando de esta manera la Sala de lo Constitucional, que en realidad tal como ha establecido en su formalización el garantista, la institución obligada no tuvo oportunidad de ser oída en defensa, tal como lo ordena el artículo 94 constitucional. El IAIP debió en todo caso, propiciar de conformidad al procedimiento, la oportunidad para que el Poder Judicial, diera razón para justificar la falta de entrega de la información solicitada. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente otorgar la garantía constitucional de amparo, a efecto de que el IAIP retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando a que el Poder Judicial como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado JORGE SIERRA CERRATO a favor del PODER JUDICIAL, en contra del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) por haber proferido ésta última, la resolución No.SO-127-2016 de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, con la que se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la abogada Inés Yadira Cubero González. En consecuencia: 1. SE ORDENA: que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA retrotraiga actuaciones y proceda a garantizar el debido proceso legal, propiciando que el PODER JUDICIAL como institución obligada, ejercite su derecho a la defensa, siendo oída con todas las garantías que en derecho procedan. 2. MANDA: Que una vez firme el presente fallo, se certifique éste y se devuelvan los antecedentes a su procedencia; asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0062=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] El Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, contenida en el Acuerdo No.IAIP-0001-2008, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el seis de marzo de dos mil ocho.