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Sentencia AA-047-18 — Registro 8884

Resumen

Resolución No. SO-092-2017, en la cual se resuelve que se declara con lugar el recurso de revisión, en relación a la no entrega de información publica solicitada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Como ha sucedido en el presente caso, la parte amparista fue notificada y posteriormente requerida en legal y debida forma por el órgano administrativo que conocía del asunto, desde el momento que se requiere la información pública al oficial de información designado en cada institución obligada…" ... En el presente caso, no hay alternación, vulneración alguna al Derecho de Defensa, Debido Proceso y principio de legalidad, invocados por el Amparista, se desprende de autos que la institución obligada la -UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS- no cumplió con el término de ley para entregar la información pública solicitada, como se aprecia de autos, causal suficiente para la interposición del Recurso de Revisión, el que fue declarado CON LUGAR por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA y en la Resolución Administrativa RESOLVIO entre otras decisiones, que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, proceda a la apertura del expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) conforme al Reglamento de Sanciones por Infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública contenido en el Acuerdo SE-007-2014 ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No. SO-092-2017, dictado por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de revisión interpuesto por el señor JUAN CARLOS TREJO ROSA, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 90, 94 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que mediante escrito presentado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Señor JUAN CARLOS TREJO ROSA, interpuso Recurso de Revisión, en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017), contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quedando registrado bajo el numero 053-2017-R; solicitando que se declare CON LUGAR el recurso, se entregue la información solicitada, y en caso de no hacerlo, que se le apliquen las sanciones que establece la Ley. (Folios 1–05 del antecedente) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la citada Institución dictó la Resolución No. SO-092-2017, mediante la cual Resuelve: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por el señor JUAN CARLOS TREJO ROSA, actuando en su condición personal, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información hecha por el recurrente, en el plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. SEGUNDO: Que se ordene a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su titular hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información referente “OBLIGACIONES QUE TIENE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD ESPA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (CONTRATO VIGENTE) VALOR DEL CONTRATO” TERCERO: Que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo de la información solicitada por el recurrente a la UNAH….” (Folios 19–21 del antecedente) 4) Que el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la Resolución No. SO-092-2017, de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 94 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–18 y 29 de la presente Recurso) 5) Que en fecha cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “QUE NO SE OTORGUE el presente amparo por no existir vulneración de la garantía invocada por el amparista.” (Folios 32–35 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la garantía constitucional de amparo promovida por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS contra la resolución No. SO-092-2017 dictada por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), en fecha treinta y uno (31) de octubre del dos mil diecisiete (2017) y quien delega el poder en el abogado CARLOS ROBERTO CASTILLO, es considerada por el recurrente, como violatoria del derecho de defensa y el debido proceso, contenidas en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que la Resolución No. SO-092-2017, causa de la Acción de Amparo y que se conoce en esta Sala, en su parte resolutiva “RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por el señor JUAN CARLOS TREJO ROSA, quien actúa en su condición personal, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- SEGUNDO: Que se ordene a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS a través de su titular hacer entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información referente a “obligaciones que tiene la compañía de seguridad ESPA con la comunidad universitaria (contrato vigente) valor del contrato”. TERCERO: Que se proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo de la información solicitada por el Recurrente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), conforme al REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCION A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA contenido en el Acuerdo SE-007-2014 publico en Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de marzo del 2014. CUARTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los artículos 183…”. Resolución que fue notificada a las partes en legal y debida forma…” CONSIDERANDO (5): Que el recurrente entre otros hechos, fundamenta la Acción de Amparo en que la resolución contra su representada la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) debió ser dictada conforme a las garantías constitucionales y conforme al debido proceso y al derecho a la defensa de una parte involucrada, estimando que se han vulnerado a su representada con la resolución recurrida las garantías contenidas en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, su representada nunca se ha personado ante le IAIP como parte del proceso, se ha limitado a lo requerido sin que sean escuchados sus argumentos en el asunto, dejándola indefensa, vulnerándose el debido proceso por cuanto no se ha dictado resolución en la que se respeten los derecho procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución justa y motivada, se vulnera el principio del debido proceso legal o principio de contradicción, sintetizando así; no se ha notificado al interesado del carácter y fines del procedimiento, al derecho de ser oído y la oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes, y la oportunidad para el administrado de preparar su alegación, así como la notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y el derecho del interesado de recurrir la decisión dictada, que no solo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública, proceso en el cual la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nunca formó parte de manera directa, pero si la resolución le afecta directamente con la decisión administrativa adoptada, reza el artículo 94 que a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o Autoridad competente. Expresa que al no interponer los recursos que el Derecho Administrativo contempla, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) no fue parte del proceso con el cual se le condenó y por lo cual recurre en amparo. CONSIDERANDO (6): Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 3, inciso 5) define como INFORMACION PUBLICA: “todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o electrónico u otro que no haya sido clasificado como reservado se encuentre en poder de las Instituciones Obligadas que no haya sido previamente clasificada como Reservada y que pueda ser reproducida. Dicha información incluirá la contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadísticas, licencias de todo tipo, personalidades jurídicas, presupuestos, liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donaciones, adquisiciones de bienes, suministros y servicios, y todo registro que documente el ejercicio de facultades, derechos y obligaciones de las instituciones obligadas, sin importar su fuente o fecha de elaboración”, y en el inciso 4 del citado artículo, define las instituciones obligadas a proporcionar información pública, entre ellas las instituciones autónomas como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. CONSIDERANDO (7): Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, claramente establecen los procedimientos que deben seguirse, así como los términos que deben observarse, cuando persona natural o jurídica en ejercicio del derecho de acceso a la información pública hace uso del mismo, ante las Instituciones Obligadas, mediante una solicitud por los medios ya indicados en la ley. El artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la solicitud de acceso a la información pública deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin motivación ni formalidad alguna…. El artículo 21 señala los términos para resolver y únicamente en casos debidamente justificados podrá prorrogarse el plazo por una sola vez y por igual tiempo, el que es de diez días. En caso de denegatoria de información, se deberá fundamentar la misma. CONSIDERANDO (8): Que el Articulo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que cuando la solicitud de información se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en el Artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución de éste se emitirá dentro de un plazo de diez (10) días, contado a partir de la presentación de la solicitud. Contra esta resolución solo procederá el Recurso de Amparo en los términos de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de las piezas en lo atinente al Expediente No.053-2017-R que contiene el procedimiento relativo al Recurso de Revisión, el cual procede cuándo: 1) La información solicitada se hubiere denegado o cuando 2) No se hubiere resuelto en el plazo establecido, así como las causas de su procedencia señaladas en el artículo 52 de su Reglamento. Se observa que la parte afectada acude al IAIP en uso de su derecho de Revisión porque la institución obligada en este caso UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), no resolvió en tiempo y forma su petición; por otro lado, la Sala presta atención, en que la solicitud cumplió los requisitos y el procedimiento administrativo establecido en los artículos 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el solicitante pide información acerca de: “Obligaciones que tiene la compañía de seguridad ESPA con la comunidad universitaria (contrato vigente) valor del contrato”. Estableciendo el Reglamento la definición precisa de VERSION PUBLICA: “como el documento en el que se testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso a la parte publica de dicho documento”. Al no obtener la información pública solicitada, el recurrente fundado en que la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), no le resolvió en el plazo establecido, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionado con los Artículos 39, 51 y 52 del Reglamento del mismo Cuerpo Legal, interpone el recurso de revisión, el que admitido por el Instituto de Acceso a la Información Publica de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordena requerir a la parte obligada a través de la máxima autoridad de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de recibido el requerimiento, proceda a remitir los antecedentes del recurso y la información pública solicitada, desde ese momento la institución obligada o sea la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) está enterada del recurso y sus efectos, cumplido el plazo sin que la institución obligada entregase la información al Instituto de Acceso a la Información Pública, concluyéndose que el Amparista no puede alegar desconocimiento de parte su representada e ignorancia de la ley, apreciándose de los autos, que se ha seguido Y respetado el procedimiento establecido en la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, señala el artículo 53 del Reglamento, “que el Instituto es competente para conocer, tramitar y resolver los recursos de revisión de la denegatoria de entrega de información, presentados de acuerdo a los previsto en la Ley y en el presente Reglamento. Contra la resolución del Instituto solo procederá el recurso de amparo conforme a la ley Sobre Justicia Constitucional”, es entonces, que dando cumplimiento a la ley y su reglamento el Instituto de Acceso a la Información Publica, efectúa el respectivo requerimiento a la señora Rectora, Julieta Castellanos, haciéndole saber que en el plazo de tres (3) días, después de requerida, procediera a remitir los antecedentes relacionados con el precitado recurso al Instituto y hacer entrega de la información pública solicitada al recurrente, a través del Oficial de Información asignado en la Máxima Casa de Estudios, bajo el apercibimiento que si no lo hiciere se le impondrán las sanciones administrativas establecidas en el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se aprecia de autos. CONSIDERANDO (10): Que el recurso administrativo de revisión es un derecho de configuración legal, cabe señalar, que debe ejercerse por los procedimientos establecidos en la ley y su reglamento, en el presente caso, el solicitante interpuso el recurso fundamentado en que la Institución Obligada no resolvió su solicitud de información pública en el término que ordena la ley y que además la información remitida como resultado del requerimiento efectuado no correspondía a lo solicitado según el recurrente, tal como se aprecia en la manifestación presentada. CONSIDERANDO (11): Que las partes en el procedimiento administrativo se valen de normas supletorias únicamente en casos no previstos en la Ley Aplicable y su Reglamento, es así que siendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por su naturaleza una ley de orden público e interés social, y que tiene como finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia debidamente reglamentada, donde se establecen claramente los procedimientos para aquellas personas naturales o jurídicas que requieren de las instituciones obligadas información pública, consideradas desde el inicio como parte interesada, titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan y aquéllos a quienes pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos la resolución que hubiera de dictarse y se personen en el procedimiento administrativo espontáneamente, o por citación del órgano competente para resolver cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del procedimiento, como ha sucedido en el presente caso, la parte amparista fue notificada y posteriormente requerida en legal y debida forma por el órgano administrativo que conocía del asunto, desde el momento que se requiere la información pública al oficial de información designado en cada institución obligada, éste está inexcusablemente como responsable inmediato del funcionamiento eficaz del correspondiente subsistema de información pública, que forma parte del Sistema Nacional de Información Pública, este subsistema consiste en mecanismos y procedimientos con suficientes recursos humanos, técnicos y otros que permiten la expedita y diligente prestación del servicio de consulta y el acceso por parte de la ciudadanía. CONSIDERANDO (12): Que se considera la violación al derecho de Defensa o a un Debido Proceso cuando se vulnera sustancialmente a alguna de las partes durante el trámite procedimental, el negarles el acceso a las instancias administrativas o a los tribunales para obtener una resolución o sentencia fundadas en ley. En el presente caso, no hay alternación, vulneración alguna al Derecho de Defensa, Debido Proceso y principio de legalidad, invocados por el Amparista, se desprende de autos que la institución obligada la -UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS- no cumplió con el término de ley para entregar la información pública solicitada, como se aprecia de autos, causal suficiente para la interposición del Recurso de Revisión, el que fue declarado CON LUGAR por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA y en la Resolución Administrativa RESOLVIO entre otras decisiones, que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Publica, proceda a la apertura del expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) conforme al Reglamento de Sanciones por Infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública contenido en el Acuerdo SE-007-2014 así como el agotamiento de la vía administrativa en caso de no interponerse el RECURSO DE AMPARO, derecho del cual ha hecho uso la Institución Obligada materializando a través de mismo el derecho a la defensa que invoca como mancillado en la resolución recurrida; la Sala concluye, que por las razones anteriormente señaladas es procedente declarar NO HA LUGAR la Acción de Amparo promovida por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 64, 80, 82, 90, 94, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 INCISO 2), 5, 6, 7, 9.3.d, 37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 20, 21 Y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 39, 52, 53, 56 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, contra la Resolución No. SO-092-2017 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) de fecha 31 de octubre del año 2017 en relación a un Recurso de Revisión promovido por el señor JUAN CARLOS TREJO ROSA; Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Órgano Administrativo de la procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0047-2018. Firma y Sello.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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