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Sentencia AA-046-18 — Registro 8890

Resumen

Resolución No. SO-100-2017 declaró con lugar recurso de revisión interpuesto por ADUNAH contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por haber dado respuesta de manera extemporánea; Autoridad recurrida ordenó la apertura de proceso sancionatorio contra los servidores responsables de la falta de entrega oportuna de la información solicitada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"La Sala al verificar los hechos que se relacionan con la presente garantía, ha constatado los siguientes:...1. Consta en autos que, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la ciudadana María Luisa Cruz interpuso el recurso de revisión en virtud de que la UNAH no hizo entrega de la información solicitada mediante cuatro oficios, con referencia a los documentos siguientes: a)...;b)...;c)...;d)...;e)...;f)...;g)...;2...3...4...5...6...7...8. Consta el dictamen No.USL-012-2017 emitido en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete por la unidad de servicios legales del IAIP en la cual se dictamina que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión en contra de la UNAH en virtud de que la información no fue entregada dentro del plazo legal. 9...10...11...12.Consta el dictamen No.USL-100-2017 emitido en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete por la unidad de servicios legales del IAIP en la cual se dictamina que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión en contra de la UNAH en virtud de que la información no fue entregada dentro del plazo legal, o sea que fue entregada de manera extemporánea. Ahora bien, se señala que por un error involuntario en el requerimiento de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete se ordenó a la UNAH a entregar a la recurrente la información solicitada de únicamente dos oficios, faltando la de los otros dos, por lo que se hizo el otro requerimiento de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete.13.13. Consta que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete el IAIP dictó resolución No.SO-100-2017, en la cual se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la licenciada María Luisa Cruz en contra de la UNAH. En consecuencia, ordena que se abra el expediente sancionatorio para proceder en contra del servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega de la información dentro del tiempo que establece la Ley,...La Sala de lo Constitucional, teniendo en cuenta los hechos y actos constatados utes supra, los analiza para argumentar de la forma que a continuación se expone...la Sala de lo Constitucional observa: a. La revisión incoada por la ciudadana María Luisa Cruz, era para que se le entregara la información que había solicitado antes y que no le fue entregada. b. La UNAH pone a disposición de la solicitante la información en virtud de la revisión presentada, en consecuencia, no existe razón para pensar que la información se puso a disposición antes. c. La resolución impugnada en amparo no dicta ninguna sanción, sino que se limita a ordenar la apertura de un expediente sancionatorio para averiguar quiénes tienen responsabilidad de haber entregado la información en forma extemporánea. Con todo, para este alto tribunal de justicia, es importante señalar que la LTAIP, nada dice sobre el procedimiento de la revisión, por lo que corresponde remitirse directamente a lo establecido en el capítulo VI del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.[4]...Confrontando el procedimiento antes descrito, con lo ocurrido en el presente caso, se constata que el IAIP no ha dado cumplimiento exacto a su propio reglamento, por cuanto si bien es cierto hubo requerimiento a la titular de la UNAH en su condición de institución obligada, no hubo ninguna investigación para determinar la responsabilidad de la entrega extemporánea...Es claro que la UNAH no dio cumplimiento a lo ordenado en dicho requerimiento, porque no envió los antecedentes. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional estima que, estos errores en el procedimiento no afectan en realidad a la autoridad obligada, en virtud de que todo el procedimiento seguido en la revisión, se llevó a cabo para efectos de hacer que la solicitante de información lograr el objetivo de que se le entregara. O sea, nunca se dio el caso de que el trámite fuera para deducir responsabilidad administrativa a nadie, siendo esto más claro, cuando en la parte dispositiva de la resolución SO-100-2017, lo que se ordena es precisamente la apertura de una investigación para proceder a la sanción si fuera del caso. En otras palabras, no hubo violación de los derechos invocados, porque en realidad el proceso de sanción, ni siquiera ha dado inicio, tal como se desprende de la parte dispositiva de la resolución impugnada. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente denegar la garantía constitucional de amparo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado José Ramón Martínez Rosa a favor de la Universidad Autónoma de Honduras o UNAH, en contra de la resolución No.SO-100-2017 emitida en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, por el Instituto de Acceso a la Información Pública o IAIP, mediante la cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto por la señora Luisa María Cruz Díaz en su condición de prosecretaria de la junta directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o ADUNAH, contra la UNAH. Estima el garantista que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, compareció ante este tribunal el abogado José Ramón Martínez Rosa interponiendo acción de amparo a favor de la UNAH, en contra de la resolución No.SO-100-2017 emitida en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, por el IAIP, mediante la cual resolvió un recurso de revisión interpuesto por la señora Luisa María Cruz Díaz en su condición de prosecretaria de la junta directiva de la ADUNAH, en contra de la UNAH. (Folios 1-7 del amparo). 2. En fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, este alto tribunal de justicia, admitió la garantía constitucional de amparo de mérito, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos que, dentro del plazo de dos días hábiles, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo. Haciendo la observación a la referida autoridad que el envío de los antecedentes no obsta para que tales funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, y con tal fin, dejarán un extracto de las actuaciones principales. En ese mismo acto la Sala tuvo por delegado el poder con que actuaba el abogado José Ramón Martínez Rosa en el abogado Carlos Roberto Castillo, poder que será efectivo una vez sea notificado personalmente éste, o personado en legal y debida forma en la garantía constitucional de mérito. (Folio 17 del amparo). 3. Remitido que fue el antecedente, se desprende del mismo la resolución de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, objeto del recurso de mérito; en la cual el IAIP resolvió: “Primero: Declarar parcialmente con lugar el recurso de revisión interpuesto por la licenciada Luisa María Cruz Díaz quien actúa en su condición de prosecretaria de la Junta Directiva ADUNAH, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en virtud de no haber dado respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada mediante oficios No. 164-2016-JD-ADUNAH, 162-2016-JD-ADUNAH, y 161-2016-JD-ADUNAH. Segundo: Que se tenga por entregada de manera extemporánea la información requerida mediante Oficio No. 164-2016-JD-ADUNAH referente a: “1. Informe de todas las acciones de reclasificación del personal docente que se han aprobado desde el año 2005 a la fecha, con la documentación que las ampara y las evaluaciones respectivas. 2. Informe de los casos de reclasificaciones que están en proceso y los que se han denegado con las respectivas justificaciones. 3. Informe de los concursos públicos de plazas docentes a nivel nacional, realizado desde el 2008 a la fecha, que incluya el dictamen emitido por la dirección de carrera docente de la UNAH y el dictamen emitido por el consejo local de la facultad correspondiente”; en el Oficio 162-2016-JD-ADUNAH, dirigido a secretaría general requiere certificación de las funciones del Instituto de Profesionalización y Superación Docente y su Reglamento y en Oficio 161-2016-JD-ADUNAH dirigido a la secretaría ejecutiva de desarrollo de personal solicita: Copia de planilla de profesores por hora, con acuerdo y sin acuerdo, con que cuenta la UNAH en la actualidad, en cuyo listado se incluya la fecha de ingreso, carga académica y la unidad académica a la cual pertenecen y el salario mínimo reconocido por año, el salario base por categoría docente, el aumento concedido por años de servicios por categoría docente y el aumento concedido por índice de precios al consumidor IPC en el periodo comprendido desde el 2008 a la fecha. Tercero: Que se proceda la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por la recurrente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), conforme al Reglamento de Sanciones por Infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica contenido en el acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014. Cuarto: la presente resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el recurso de amparo… Quinto…”. (Folios 37-40 del antecedente) …”. 4. En fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la garantía constitucional de amparo de mérito interpuesta por el Abogado Carlos Roberto Castillo, ordenando dar vista de las diligencias al fiscal del despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 30 de la pieza de amparo). 5. En fecha seis de abril de dos mil dieciocho, la Sala, tuvo por evacuado el dictamen del fiscal del despacho, abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, del que se desprende de su apreciación jurídica la opinión de que no se otorgue la presente acción de amparo. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículo 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fueron violentados los artículos 82 y 90 de la Constitución, que contienen por su orden los derechos de defensa, debido proceso legal y derecho a ser oído. En la exposición de hechos, el impetrante manifiesta lo siguiente: 1. Se ha violentado el derecho de defensa, artículo 82 constitucional en vista de que su representada nunca se personó ni fue citada o notificada por el IAIP para ser parte del procedimiento administrativo, ya que se limitó únicamente a presentar en tiempo y forma el informe requerido o solicitado por dicho Instituto y a dar cumplimiento a lo ordenado por dicha institución, en cuanto a proporcionarle la información a la licenciada Luisa María Cruz en su condición indicada, por lo cual, dictar una resolución en contra de la UNAH, sin que la misma haya violentado ninguna norma ordinaria, sin haber sido escuchada en el procedimiento, y que se abra un expediente sancionatorio, vulnera el derecho mencionado. 2. El debido proceso legal contenido en el artículo 90 constitucional ha sido violentado según señala el impetrante porque sintetizando dicho derecho, comprende lo siguiente: a) notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído y oportunidad del interesado para presentar argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que se ella se funde y e) el derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. En el presente caso, la UNAH nunca fue parte del proceso de manera directa, pero en cambio la resolución si le afecta de esa manera. Finalmente señala que, su poderdante fue sancionada sin ser previamente oída, razón por la cual se le violentó ese derecho contenido en el artículo 94 constitucional. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. La fiscal Sagrario Rosibel Gutiérrez en su dictamen concluyó que NO SE OTORGUE la presente garantía de amparo al estimar que no fueron vulnerados los derechos constitucionales invocados. Al desarrollar su opinión, disiente de lo argumentado por el impetrante, quien alega que la UNAH no tuvo participación activa en el procedimiento; en su opinión si tuvo conocimiento del recurso de revisión interpuesto ante el IAIP mediante el requerimiento practicado por ese órgano a la rectora de la UNAH, para que en el término de tres días remitiera los antecedentes relacionados con la revisión. Dicho requerimiento fue cumplimentado el veinte de enero de dos mil diecisiete mediante el oficio EU-No.036-2017, sin adjuntarse documentación que desvirtuara el reclamo de la recurrente, ya que se entiende que la remisión de los antecedentes por parte de la institución obligada es con el objeto de que el IAIP dé respuesta a la solicitud de información presentada por el requirente. La fiscal observa que el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública o LTAIP impone a la institución obligada, resolver la solicitud de información dentro del término de diez días, declarando con o sin lugar la petición; y, en caso de denegatoria, deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de esa decisión. Dicha disposición legal no fue observada por la UNAH, al no dar la respuesta dentro del plazo legal, razón por la que se declaró con lugar la revisión. El debido proceso fue observado en opinión de la fiscal al igual que el derecho de defensa en virtud de que se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley; al igual que el derecho de defensa porque al ser requerida, la UNAH tuvo oportunidad de informar y remitir los antecedentes relacionados al caso; y, el ejercicio del presente recurso es una manifestación que materializa su defensa, por lo que la resolución se encuentra ajustada a derecho. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos del IAIP que fundamentaron la resolución No.SO-100-2017 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. El pleno de comisionados del IAIP declararon con lugar el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Luisa María Cruz Díaz contra la UNAH en virtud de que esta entidad del Estado no dio respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la LTAIP, sino que lo hizo de manera extemporánea, ordenando en consecuencia la apertura del proceso sancionatorio en contra de los servidores responsables de la falta de entrega oportuna de la información solicitada; y señalando además que dicha resolución pone fin al procedimiento. Los principales argumentos para resolver de dicha forma, se exponen a continuación de manera resumida. Expresa el IAIP que, en el presente caso, la UNAH no dio repuesta a la solicitud de información realizada por la ciudadana Marlen Denise Zelaya Perdomo en el plazo establecido en el artículo 21 de la LTAIP. Asimismo, consta que el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la licenciada María Luisa Cruz Díaz en su condición de prosecretaria de de la junta directiva de la ADUNAH interpuso ante el IAIP recurso de revisión en contra de la UNAH por la negativa de dicha institución de entregar información solicitada mediante oficios números 164-2016- JD-ADUNAH, 163-2016-JD-ADUNAH, 162-2016-JD-ADUNAH y 161-2016-JD-ADUNAH. Dándose cumplimiento al auto de admisión de la revisión, se requirió a la rectora Julieta Castellanos en fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis. En virtud de esto en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete fue presentado el oficio RU.No.036-2017 por medio del cual la rectora Julieta Castellanos contesta el requerimiento señalando que en el caso del expediente número 76-2016, la interesada puede personarse ante la secretaria ejecutiva de desarrollo de personal y pagar los gastos de reproducción; en relación con el caso 85-2016 señala que no existe el acuerdo de rectoría RU-740-2016 solicitado, porque el que existe no tiene la fecha que dice la solicitante. De igual forma ordena a la secretaría general a entregar la información remitida al Instituto. Señala que fue entregada una información a la recurrente mediante acta de entrega y recepción de documentos de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar, si hubo violación de los derechos de defensa, debido proceso legal y a no ser sancionado sin ser previamente oído en el proceso. La Sala al verificar los hechos que se relacionan con la presente garantía, ha constatado los siguientes: 1. Consta en autos que, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la ciudadana María Luisa Cruz interpuso el recurso de revisión en virtud de que la UNAH no hizo entrega de la información solicitada mediante cuatro oficios, con referencia a los documentos siguientes: a) copia de la planilla de profesores por hora, con acuerdo y sin acuerdo, con que cuenta la UNAH en la actualidad, en cuyo listado se incluya la fecha de ingreso, carga académica y la unidad académica a la cual pertenecen, (dicha información ya había sido solicitada antes, el 7 de septiembre de 2016); b) El salario mínimo reconocido por año, el salario base por categoría docente, el aumento concedido por años de servicio, por categoría docente y aumento concedido por índice de precios al consumidor IPC, en el periodo comprendido desde el 2008 a la fecha, (dicha información ya había sido solicitada antes, el 7 de septiembre de 2016); c) certificación de las funciones del Instituto de Profesionalización y Superación Docente, así como su respectivo reglamento, (dicha información ya había sido solicitada antes); d) copia del acuerdo de aprobación de las normas académicas de la UNAH, publicadas en el mes de enero de dos mil quince, (dicha información ya había sido solicitada antes, el 1 de agosto de 2016); e) informe de todas acciones de reclasificaciones del personal docente que se han aprobado desde el año 2005 a la fecha, con la documentación que las ampara y las evaluaciones respectivas; f) informe de los casos de reclasificaciones que están en proceso y los que se han denegado con sus respectivas justificaciones; g) informe de los concursos públicos de plazas docentes a nivel nacional, realizadas desde el 2008 a la fecha y que incluya el dictamen emitido por la dirección de carrera docente de la UNAH y el dictamen emitido por el consejo local de la facultad correspondiente. 2. Consta en autos que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis fue admitida a trámite la revisión por denegatoria de información antes mencionada, en la cual se ordena requerir a la licenciada Julieta Castellanos en su condición de rectora de la UNAH para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del recibo del requerimiento, remita al IAIP por medio del oficial de información o quien haga sus veces, los antecedentes relacionados con el presente recurso y asimismo hagan entrega de la información solicitada a la recurrente, bajo el apercibimiento de que si no lo hicieren se le impondrán las sanciones establecidas en el artículo 28 de la LTAIP. 3. Consta en autos que en fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete la rectora Julieta Castellanos fue requerida de conformidad con el auto de admisión del recurso de revisión. 4. Consta que en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete la rectora de la UNAH, licenciada Julieta Castellanos envió el oficio RU-036-2017 notificando que la interesada puede personarse ante la secretaria ejecutiva de desarrollo de personal y pagar los gastos de reproducción en el caso del expediente número 76-2016; en relación con el caso 85-2016 señala que no existe el acuerdo de rectoría RU-740-2016 solicitado, porque el que existe no tiene la fecha que dice la solicitante. De igual forma ordena a la secretaría general a entregar la información remitida al IAIP. 5. Consta que en fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete el asistente de la unidad de servicios legales del IAIP, Lennin Joseph Hernández Rodas envía correo electrónico a la ciudadana María Luisa Cruz para hacer de su conocimiento que puede personarse al IAIP a retirar la documentación remitida por la UNAH y manifieste si está conforme o no con dicha documentación. 6. Consta que con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, la licenciada María Luisa Cruz retira la documentación de la secretaría general del IAIP y manifiesta que se apersonará a la oficina de desarrollo de la UNAH para fotocopiar la documentación que allí se encuentra. 7. Consta que en fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la secretaria general del IAIP ordena la remisión de las diligencias a la Comisionada Suyapa Petrona Thumann Conde para que proceda de conformidad con el número 1 del artículo 55 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. 8. Consta el dictamen No.USL-012-2017 emitido en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete por la unidad de servicios legales del IAIP en la cual se dictamina que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión en contra de la UNAH en virtud de que la información no fue entregada dentro del plazo legal. 9. Consta que en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la secretaria general del IAIP ordena la remisión de las diligencias a la Comisionada Suyapa Petrona Thumann Conde para que proceda de conformidad con el número 1 del artículo 55 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. 10. Consta que en fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete la secretaría general del IAIP manda a que se requiera nuevamente a la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, para que en el término de tres días remita los antecedentes relacionados con el presente caso, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrán las sanciones establecidas en el artículo 28 de la LTAIP. 11. Consta que una vez requerida en fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, la rectora Julieta Castellanos envió en fecha seis de abril de dos mil diecisiete el oficio RU-No.303-2017 señalando que se le notifica a la licenciada Luisa María Cruz que puede apersonarse a las dependencias correspondientes de la UNAH a pagar los costos de reproducción de la información que requiere. Asimismo, que el IAIP con este oficio da por cumplimentada la resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mandando a que se remitan los autos al comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero para que proceda de conformidad con el numeral 1 del artículo 55 del Reglamento de la LTAIP. Luego para ese mismo efecto se remiten los autos a la comisionada Suyapa Thumman Conde en fecha siete de abril de ese mismo año. 12. Consta el dictamen No.USL-100-2017 emitido en fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete por la unidad de servicios legales del IAIP en la cual se dictamina que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión en contra de la UNAH en virtud de que la información no fue entregada dentro del plazo legal, o sea que fue entregada de manera extemporánea. Ahora bien, se señala que por un error involuntario en el requerimiento de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete se ordenó a la UNAH a entregar a la recurrente la información solicitada de únicamente dos oficios, faltando la de los otros dos, por lo que se hizo el otro requerimiento de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete. Se señala que todavía para el cuatro de agosto de dos mil diecisiete en el informe rendido por la abogada Claudia Michelle Mairena en su condición de auxiliar jurídico de la secretaría general del IAIP, la recurrente no había manifestado haber recibido la información de parte de la UNAH. 13. Consta que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete el IAIP dictó resolución No.SO-100-2017, en la cual se declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por la licenciada María Luisa Cruz en contra de la UNAH. En consecuencia, ordena que se abra el expediente sancionatorio para proceder en contra del servidor o servidores públicos responsables de la falta de entrega de la información dentro del tiempo que establece la Ley, de conformidad con el Reglamento de sanciones por infracción de ley de transparencia y acceso a la información pública, contenido en el acuerdo No. SE-007-20014 publicado en La Gaceta diario oficial de la República de Honduras de fecha doce de marzo de dos mil catorce. Se agrega que dicha resolución pone fin a la vía administrativa. La Sala de lo Constitucional, teniendo en cuenta los hechos y actos constatados utes supra, los analiza para argumentar de la forma que a continuación se expone. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifestó que a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras le fueron violentados los derechos de defensa, debido proceso legal y derecho a ser oído, que se encuentran contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución respectivamente. En resumen manifiesta que el derecho de debido proceso legal le fue violentado porque no fue escuchada ni fue parte durante el procedimiento de la revisión. En el caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional observa: a. La revisión incoada por la ciudadana María Luisa Cruz, era para que se le entregara la información que había solicitado antes y que no le fue entregada. b. La UNAH pone a disposición de la solicitante la información en virtud de la revisión presentada, en consecuencia, no existe razón para pensar que la información se puso a disposición antes. c. La resolución impugnada en amparo no dicta ninguna sanción, sino que se limita a ordenar la apertura de un expediente sancionatorio para averiguar quiénes tienen responsabilidad de haber entregado la información en forma extemporánea. Con todo, para este alto tribunal de justicia, es importante señalar que la LTAIP, nada dice sobre el procedimiento de la revisión, por lo que corresponde remitirse directamente a lo establecido en el capítulo VI del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.[4] La substanciación del procedimiento se encuentra en el artículo 55 del reglamento, el cual establece que una vez admitido el recurso de revisión, se turnará éste a uno de los comisionados para que sea ponente. Dicho comisionado tendrá la obligación de elaborar y presentar un proyecto de resolución al pleno, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibir el asunto. Asimismo, dicho comisionado determinará la realización de las investigaciones, dictámenes y diligencias que crea necesarias. El pleno una vez recibido el proyecto de resolución podrá determinar la celebración de audiencias con las partes; asimismo se podrá requerir a la institución obligada con el propósito de “lograr un mejor estudio del recurso”; interrumpiéndose en estos casos el transcurso del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 26 de la ley y 51 del reglamento. Según establece el artículo 56 del reglamento la resolución del recurso de revisión será para revocar o modificar la resolución de la institución obligada; denegar u otorgar el recurso; confirmar la decisión de la institución obligada. Si de la substanciación del procedimiento el IAIP determinare que algún servidor público o particular pudo haber incurrido en responsabilidad deberá hacerlo del conocimiento del titular de la institución obligada para que ésta inicie el procedimiento de responsabilidad que corresponda. Confrontando el procedimiento antes descrito, con lo ocurrido en el presente caso, se constata que el IAIP no ha dado cumplimiento exacto a su propio reglamento, por cuanto si bien es cierto hubo requerimiento a la titular de la UNAH en su condición de institución obligada, no hubo ninguna investigación para determinar la responsabilidad de la entrega extemporánea. De hecho, es notorio el error cometido por el IAIP, cuando da por bien cumplimentado el auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se ordena el segundo requerimiento a la rectora de la UNAH, esta vez para que remita los antecedentes relacionados con el presente asunto. Es claro que la UNAH no dio cumplimiento a lo ordenado en dicho requerimiento, porque no envió los antecedentes. Ahora bien, la Sala de lo Constitucional estima que, estos errores en el procedimiento no afectan en realidad a la autoridad obligada, en virtud de que todo el procedimiento seguido en la revisión, se llevó a cabo para efectos de hacer que la solicitante de información lograr el objetivo de que se le entregara. O sea, nunca se dio el caso de que el trámite fuera para deducir responsabilidad administrativa a nadie, siendo esto más claro, cuando en la parte dispositiva de la resolución SO-100-2017, lo que se ordena es precisamente la apertura de una investigación para proceder a la sanción si fuera del caso. En otras palabras, no hubo violación de los derechos invocados, porque en realidad el proceso de sanción, ni siquiera ha dado inicio, tal como se desprende de la parte dispositiva de la resolución impugnada. En tal sentido, este alto tribunal de justicia, estima que es procedente denegar la garantía constitucional de amparo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el señor JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS en contra del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) por haber proferido ésta última, la resolución SO-100-2017 de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete en el recurso de revisión interpuesto por la señora Luisa María Cruz Díaz en su condición de prosecretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH), contra la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH). Y MANDA: Que una firme el presente fallo, se certifique éste y se devuelvan los antecedentes a su procedencia; asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0046-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] El Reglamento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, contenida en el Acuerdo No.IAIP-0001-2008, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el seis de marzo de dos mil ocho.