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Sentencia AA-0101-16 — Registro 9071

Resumen

Resolución No. SO-105-IAIP resolvió sin lugar recurso de reposición contra resolución SE-004-2015 emitida por la misma Autoridad recurrida, que ordenó a la Junta Nominadora para la elección de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, publicitar los resultados de las pruebas de confianza de candidatos ademas de adoptar medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales; el recurso de reposición se denegó por considerar que el Presidente de dicha Junta no tiene legitimación para impetrarlo al no contar con la representación legal, ni tener facultad para otorgar mandatos en nombre de dicha Junta Nominadora, además, el derecho de acceso a la información prevalece sobre el derecho a la vida privada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Instituto de Acceso a la Información Pública basa su resolución en que los derechos a la vida privada y el derecho de acceso a la información, son derechos humanos, los cuales deben ser siempre protegidos; sin embargo el primero tiene carácter de individual, pues interesa solamente a la persona, mientras el segundo tiene carácter social y su subsistencia y ejercicio comprometen ciertamente el interés general. Si se produce una controversia entre el derecho a la vida privada de una persona y el derecho social de dar y recibir información, será este último el que debe prevalecer sobre el primero. En caso de conflicto entre ellos adquiere mayor significación jurídica el derecho de la comunidad a tener conocimiento a lo que sucede, aún y cuando haya algo que concierne a la vida privada de alguna persona..."..."la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central la persona humana, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[11]..."..."esta Sala no vacila en reconocer que la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la información, es consecuencia necesaria de la consagración de la dignidad humana como principio fundamental y valor esencial..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental como ser datos íntimos que pueden comprometer la dignidad de los postulantes, constando en el expediente violación al derecho fundamental a la dignidad humana..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que dentro de la Dignidad Humana se protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad. Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho general, absoluto, extra patrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer "erga omnes", tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Por lo que esta Sala no vacila en reconocer que la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la información, es consecuencia necesaria de la consagración de la dignidad humana como principio fundamental y valor esencial.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia; Sala de lo Constitucional.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada AIDA CAROLINA SIERRA TORRES a favor de los señores RICARDO RODRIGUEZ, OCTAVIO RUBEN SANCHEZ MIDENCE, HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES, LINDA LIZIE RIVERA LOBO, JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO, RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL, SANTIAGO RUIZ CABUS, MAHOMA EMIN BARJUM MAHOMAR, JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE, ALFREDO PONCE, BENJAMIN VASQUEZ GUTIERREZ, JORGE MACHADO BANEGAS, y ADOLFO PINEDA PADILLA, todos en su condición personal y como ex miembros de la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, contra la Resolución No. SO-105-2015, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), que resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. SE-004-2015, emitido por el citado Instituto, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), en la cual ordenan publicar los resultados de las Pruebas de Confianza realizados a los Candidatos a ocupar el cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos y garantías consignados en los Artículos 68, 76, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil quince (2015), la Secretaría del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, inició de Oficio el EXPEDIENTE OFICIOSO INVESTIGATIVO, con la finalidad de establecer los fundamentos fácticos y jurídicos necesarios para ordenar a la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL PERÍODO 2015-2016, que publicite los resultados de las pruebas de confianza realizados a los candidatos a ocupar el cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, indicándose si dichos candidatos o candidatas aprobaron o reprobaron las pruebas de mérito, sin publicitar detalles que se refieran a su estado de salud física o mental. Ordenando el traslado del citado expediente al PLENO DE COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, para que dentro del plazo de tres días emitieran la resolución que correspondiera en derecho. (Folios 01 al 03 de los antecedentes) 2) Que en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), EL PLENO DE COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, emitió la Resolución No. SE-004-2015, en la cual resolvió: “PRIMERO: Ordenar a la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, publicitar los resultados de las pruebas de confianza realizados a los candidatos a ocupar el cargo de MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para lo cual se deberán elaborar las correspondientes versiones públicas, en las cuales se determinará si la servidora y el servidor público y aspirantes en general aprobó o reprobó las pruebas que le hayan sido realizadas, sin publicitar detalles que se refieran a su estado de salud física y mental. SEGUNDO: Ordenar a la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, adoptar las medidas necesarias que garanticen la protección o custodia adecuada de la información generada en todos los procedimientos realizados por la JUNTA NOMINADORA, en lo relativo a la información de interés público. TERCERO: Ordenar a la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado conforme a lo dispuesto en el artículo 41, numeral 6) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, por ser responsable de los datos personales confidenciales que se encuentren bajo su custodia. CUARTO: La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el recurso de reposición, la misma quedara firme con los efectos pertinentes. QUINTO: …” (Folios 08 al 13 de los antecedentes) 3) Que el Abogado RICARDO RODRIGUEZ, actuando en su condición de Presidente de la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. SE-004-2015, en consecuencia, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha treinta de noviembre de dos mil quince, emitió la Resolución No. SO-105-2015, en la cual resolvió: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado RICARDO RODRIGUEZ, quien actúa en su condición de PRESIDENTE DE LA JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, contra la Resolución No. SE-004-2015, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚLICA en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015) en virtud de que: a) El recurrente, el Abogado RICARDO RODRIGUEZ, de conformidad con la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA y la LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, no se encuentra debidamente legitimado para impetrar el recurso de mérito al no contar con la Representación Legal de la referida JUNTA NOMINADORA; señalándose además que al no contar con la Representación Legal no puede actuar en su pretendida condición de Representante Legal de la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y, consecuentemente, no se encuentra facultado para otorgar mandatos en nombre de la misma, por lo que el poder otorgado a favor del abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, carece de validez legal y b) De igual forma es procedente declarar sin lugar el recurso impetrado, en virtud de que la Resolución No. SE-004-2015 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015) fue proferida en estricto apego a la normatividad legal vigente, en vista que si se produce una controversia entre el derecho a la vida privada de una persona y el derecho de la sociedad de dar y recibir información, será este último el que debe prevalecer sobre el primero. En caso de conflicto entre ellos adquiere mayor significación jurídica el derecho de la sociedad en general a tener conocimiento a lo que sucede, aún cuando haya algo que concierne a la vida privada de algún individuo. Esta aseveración de que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, como un derecho social, prevalece sobre el DERECHO A LA VIDA PRIVADA, como un derecho personalísimo, se ve ratificada por la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS que en su artículo 32.2 que establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común; SEGUNDO: Queda por tanto firme la Resolución No. SE-004-2015 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil quince (2015) siendo de cumplimiento obligatorio lo ordenado en su parte resolutiva. …” (Folios 63 al 70 de los antecedentes) 4) Que en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Abogada AIDA CAROLINA SIERRA TORRES, compareció ante la Sala de lo Constitucional interponiendo recurso de amparo a favor de los señores RICARDO RODRIGUEZ, OCTAVIO RUBEN SANCHEZ MIDENCE, HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES, LINDA LIZIE RIVERA LOBO, JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO, RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL, SANTIAGO RUIZ CABUS, MAHOMA EMIN BARJUM MAHOMAR, JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE, ALFREDO PONCE, BENJAMIN VASQUEZ GUTIERREZ, JORGE MACHADO BANEGAS, y ADOLFO PINEDA PADILLA, todos en su condición personal y como ex miembros de la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, contra la Resolución No. SO-105-2015, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), la cual considera violatoria de lo dispuesto en los Artículos 68, 76, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, dando vista de los autos al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 66 del recurso de amparo) 6) En fecha dos (2) de mayo de dos mil diecisiete (2017), Se tuvo por evacuada la vista concedida y por emitido el Dictamen de la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la cual es de la opinión: “Que se SOBRESEAN las presentes diligencias en virtud de concurrir la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el Artículo 46 numeral 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; que se refiere a la inadmisibilidad de la acción. (Folios 69 al 73 del recurso de amparo). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada AIDA CAROLINA SIERRA TORRES a favor de los señores RICARDO RODRIGUEZ, OCTAVIO RUBEN SANCHEZ MIDENCE, HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES, LINDA LIZIE RIVERA LOBO, JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO, RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL, SANTIAGO RUIZ CABUS, MAHOMA EMIN BARJUM MAHOMAR, JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE, ALFREDO PONCE, BENJAMIN VASQUEZ GUTIERREZ, JORGE MACHADO BANEGAS, y ADOLFO PINEDA PADILLA, todos en su condición personal y como ex miembros de la JUNTA NOMINADORA PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, se dirige contra la Resolución No. SO-105-2015, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2017), que resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. SE-004-2015, emitido por el citado Instituto, en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), en la cual ordenan publicar los resultados de las Pruebas de Confianza realizados a los Candidatos a ocupar el cargo de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que el acto impugnado no se encuentra conforme a derecho cuando no se justifica ni en ese momento ni en el futuro de los resultados de las pruebas de confianza a los ex candidatos a Magistrados o en su defecto Magistrados actuales; además de no observarse el debido proceso, al no haberse realizado una mala aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, en el sentido de que sin pronunciarse en el fondo del asunto y analizados los autos a la luz de lo establecido en el Artículo 46 numeral 5), de la Ley Sobre Justicia Constitucional, concurre una causal de inadmisibilidad como ser un acto consumado de modo irreparable; en virtud que desde fechas anteriores se encuentra conformada la Corte Suprema de Justicia por los candidatos que al efecto fueron electos por parte del Soberano Congreso Nacional de la República. Por lo que deben ser sobreseídas las presentes diligencias. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Instituto de Acceso a la Información Pública, conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Instituto de Acceso a la Información Pública basa su resolución en que los derechos a la vida privada y el derecho de acceso a la información, son derechos humanos, los cuales deben ser siempre protegidos; sin embargo el primero tiene carácter de individual, pues interesa solamente a la persona, mientras el segundo tiene carácter social y su subsistencia y ejercicio comprometen ciertamente el interés general. Si se produce una controversia entre el derecho a la vida privada de una persona y el derecho social de dar y recibir información, será este último el que debe prevalecer sobre el primero. En caso de conflicto entre ellos adquiere mayor significación jurídica el derecho de la comunidad a tener conocimiento a lo que sucede, aún y cuando haya algo que concierne a la vida privada de alguna persona. CONSIDERANDO OCHO (8): Que frente a los actos concretos de otro particular, en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo el No. 172-06, de fecha cuatro de octubre de dos mil seis, en cuya motivación ha dejado expuesto lo siguiente, en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales de los particulares frente a la explotación de los recursos naturales por otras personas jurídicas, limitando el ejercicio particular de estos como concesionarios del estado en beneficio de determinado grupo social afectado, por su actividad concreta, toda vez que del ordenamiento jurídico mediante el cual se legitima una concesión, se determina la incapacidad de ese cuerpo legal, como instrumento capaz de brindar los mecanismos necesarios para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos: “… 6 CONSIDERANDO: Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro ominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, tanto en su parte orgánica como dispositiva, en consonancia con los instrumentos internacionales celebrados por Honduras.[10] 7 CONSIDERANDO: Que la Sala estima que teniendo nuestra Constitución como eje central la persona humana, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, para ello desarrolla la técnica constitucional denominada “derechos implícitos” al señalar que los derechos que se encuentran expresamente declarados no implican la negación de otros.[11] Es decir la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agota en su texto sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Internacional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a llamar “Bloque de Constitucionalidad”; esto se reafirma con dos disposiciones constitucionales: una que prevé que en caso de que un instrumento internacional afecte una disposición constitucional, deberá ser aprobado por el mismo procedimiento de reforma de la Constitución, infiriendo que la norma fundamental en ese mismo acto deberá ser armonizada con el instrumento internacional; y la otra que expresa el carácter jerárquico superior del tratado internacional frente a ley.[12]” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que dentro de la Dignidad Humana se protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad. Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho general, absoluto, extra patrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer "erga omnes", tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Por lo que esta Sala no vacila en reconocer que la prevalencia del derecho a la intimidad sobre el derecho a la información, es consecuencia necesaria de la consagración de la dignidad humana como principio fundamental y valor esencial. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental como ser datos íntimos que pueden comprometer la dignidad de los postulantes, constando en el expediente violación al derecho fundamental a la dignidad humana. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; a fin de que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA dicte resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha seis (06) de junio de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 0101=2016. Firma y Sello.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONSTITUCIONAL - AA-SCO-0101-2016 Página 1

[10] Vid artículo 63 de la Constitución que señala: (sic) “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”

[11] Id Ibíd.

[12] Vid Artículos 17 y 18 de la Constitución de la República.