Sentencia AA-005-18 — Registro 8886
Resumen
Resolución No. 352-2017 dictada por Tribunal Supremo Electoral declaró sin lugar nulidad de declaratoria oficial de resultados de elecciones municipales de Gualaco, Olancho promovida por recurrente en su condición de candidato a Alcalde por el Partido Liberal de Honduras por constatar que las actas de cierre no presentan inconsistencia alguna
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho..."..."de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Tribunal Supremo Electoral en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Resolución Identificada como IMPUG-352-201, declaró sin lugar la demanda de Nulidad Absoluta de Actuaciones de la Elecciones llevadas a cabo en el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, así como la declaratoria oficial de resultados presentada por el ciudadano HECTOR AUGUSTO AYALA en su condición de candidato a Alcalde por el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, por el Partido Liberal de Honduras; la primera por extemporánea; y; la segunda en virtud que del análisis y de las investigaciones realizadas por el Tribunal Supremo Electoral se constató, que las actas de cierre no presentan inconsistencia alguna y se encuentran de acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral para la validación de los resultados, quienes dan fe del resultado obtenido en cada MER; y, en relación a la MER 14826 que presentaba inconsistencia fue sometida a escrutinio especial, encontrándose sus resultados en la página web del TSE..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso administrativo electoral sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución administrativa amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley..."..."de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, procede a la Sala Constitucional pronunciarse. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que da pie a SOBRESEER el presente recurso..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ELVIA DANUVIA ESPINOZA OBANDO a favor del Señor HECTOR AUGUSTO AYALA, contra la resolución No. IMPUG-352-2017 dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, con relación a la solicitud de nulidad absoluta de Elecciones Municipales de Gualaco, Departamento de Olancho y su declaración, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los Artículos 37, 44, 45, 46, 80 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el señor HECTOR AUGUSTO AYALA, en su condición personal, interponiendo nulidad absoluta de Elecciones Generales a nivel municipal llevadas a cabo en el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho. Siendo admitida en fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (2017) (Folios 1-8 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la citada Institución, dictó la Resolución No. IMPUG.352-2017 mediante la cual Resuelve: (SIC) "PRIMERO: Declarar SIN LUGAR, la DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTA DE LAS ELECCIONES GENERALES llevadas a cabo en el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, presentada por el ciudadano HECTOR AUGUSTO AYALA en su condición de candidato a Alcalde por el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, por el Partido Liberal de Honduras por extemporáneas. SEGUNDO: DECLARAR SIN LÚGAR LA NULIDAD DE SU DECLARATORIA OFICIAL DE RESULTADOS, en virtud que del análisis y de las investigaciones realizadas por este Tribunal se constató, que las actas de cierre no presentan inconsistencia alguna y se encuentran de acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral para la validación de los resultados, quienes dan fe del resultado obtenido en cada MER y en relación a la MER 14826 que presentaba inconsistencia fue sometida a escrutinio especial, encontrándose sus resultados en la página web del TSE. En cuanto a la prueba documental y digital aportada por el impugnante, no es suficiente para que se proceda a verificar los casos concretos y las actas de cierre contienen las firmas de los miembros de las mesas Electorales Receptoras, tal como consta en las actas que obran divulgadas en la página web del Tribunal Supremo Electoral. TERCERO:…” (Folios 09-15 de la (Pieza de los antecedentes) 3) Que la Abogada ELVIA DANUVIA ESPINOZA OBANDO, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del Señor HECTOR AUGUSTO AYALA, contra la Resolución No. IMPUG.352-2017 de fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 37, 44, 45, 46, 80 y 82 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1-06 Y 19-26 del presente Recurso) 4) Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, al Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “… que SE SOBRESEA la presente acción de Amparo.” (Folios 29-30 del presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución No. IMPUG-352-2017 dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, con relación a la solicitud de nulidad absoluta de Elecciones Municipales de Gualaco, Departamento de Olancho y su declaración, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la interposición del recurso por la demandante de amparo, esta señala que el Tribunal Supremo Electoral, acepta que existieron actos de violencia, portación de documentos ajenos al proceso electoral, que las mismas fueron consignadas en lo que la Ley Electoral y de sus Organizaciones Políticas, califica como documentos electorales (Hojas de Incidencias) irregularidades y atraso en el proceso del escrutinio electoral, estos hechos no fueron debidamente ponderados; ya que los mismos no fueron evacuados, sino que simplemente mencionados. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, al Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “… que SE SOBRESEA la presente acción de Amparo.”. En virtud de la concurrencia de la causal prevista en el Artículo 46.5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, al ser dirigido el amparo contra actos consumados de modo irreparable, en el presente asunto, el evento en cuestión ha sido consumado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Tribunal Supremo Electoral en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Resolución Identificada como IMPUG-352-201, declaró sin lugar la demanda de Nulidad Absoluta de Actuaciones de la Elecciones llevadas a cabo en el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, así como la declaratoria oficial de resultados presentada por el ciudadano HECTOR AUGUSTO AYALA en su condición de candidato a Alcalde por el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, por el Partido Liberal de Honduras; la primera por extemporánea; y; la segunda en virtud que del análisis y de las investigaciones realizadas por el Tribunal Supremo Electoral se constató, que las actas de cierre no presentan inconsistencia alguna y se encuentran de acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral para la validación de los resultados, quienes dan fe del resultado obtenido en cada MER; y, en relación a la MER 14826 que presentaba inconsistencia fue sometida a escrutinio especial, encontrándose sus resultados en la página web del TSE. Así mismo se señala que la prueba documental y digital aportada por el impugnante, no es suficiente para que se proceda a verificar los casos concretos y las actas de cierre contienen las firmas de los miembros de las mesas Electorales Receptoras, tal como consta en las actas que obran divulgadas en la página web del Tribunal Supremo Electoral. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Decreto 44-2004 del 1 de abril del 2004, sancionado por el Presidente de la República el 15 de mayo del 2004, que contiene la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual regirá los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal, los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las actividades de todas las instituciones que por esta ley se determinen. Contiene disposiciones generales; organización electoral; censo nacional electoral y listados; división política geográfica, voto domiciliario y sufragio en el exterior; partidos políticos; requisitos de elegibilidad e igualdad de oportunidades; Elecciones internas y primarias de los partidos políticos; inscripción de candidatos; actividad política permanente, campaña electoral y manifestaciones políticas; educación cívica electoral y capacitación; desarrollo de las Elecciones generales; delitos y faltas electorales; disposiciones generales; disposiciones finales; y, disposiciones transitorias. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso administrativo electoral sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución administrativa amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley. Por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. El proceso de amparo es un proceso constitucional autónomo y no puede ser asumido como un proceso al cual se pueda trasladar, para su discusión y resolución, una cuestión ya resuelta en el proceso ordinario. El control constitucional de una resolución judicial o administrativa a través del amparo no supone que este sea una instancia más del proceso administrativo; sino por el contrario, dicho control se realiza con un canon constitucional valorativo propio; con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral 9) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, procede a la Sala Constitucional pronunciarse. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que da pie a SOBRESEER el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Electoral), registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0005=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL