Sentencia RP-58-16 — Registro 14136
Resumen
Sentencia condenatoria contra recurrente por delito de robo y homicidio en perjuicio de víctimas, aplicándole concurso ideal en ambos delitos imponiéndole una pena como autor de dieciséis años de reclusión; La Sala de lo Constitucional consideró parcialmente de recibo el argumento del recurrente a efecto de corregir la anomalía suscitada en cuanto el cómputo correcto de la pena impuesta por el delito de homicidio en base a la legislación penal sustantiva vigente al momento de la comisión de los hechos, enmarcándola así en una pena más favorable en virtud del principio pro ratione y pro libértate
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la sentencia definitiva que adquiriera condición de firme y que se impugna por el presente recurso de revisión penal, es la proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999); la cual motivó dicho Colegiado en la necesidad de imponer una pena cercana al máximo en el caso concreto, dada la existencia de antecedentes penales por parte del condenado, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y de su peligrosidad, sin concurrir ulteriores circunstancias modificativas de responsabilidad criminal; aludiendo asimismo la sentencia que se revisa, en su considerando final, a la existencia de un concurso ideal en cuanto a los delitos de ROBO Y HOMICIDIO, si bien no precisa las bases para un cómputo segregado de concursos, respecto al correspondiente al delito continuado de ROBO, según ha quedado completamente acreditado en los hechos declarados probados..."..."en atención a la motivación anteriormente expuesta, se puede afirmar que concurre a la sustanciación de la presente causa de revisión penal, la acreditación de la causal prevista en el artículo 96 No. 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional...únicamente en cuanto a la entidad de la pena aplicada al ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, la cual sobrepasa la pena máxima establecida en su momento de comisión para el delito de HOMICIDIO SIMPLE cometido por el señor ZALDIVAR en perjuicio del señor GERMAN SOTO DONAWAY, lo cual constituye probablemente un error material que se hace procedente enmendar por la vía de la garantía de revisión penal, si bien en forma acotada y no irrestricta, según lo argumentado jurídicamente por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional en sustentación de la presente sentencia; declarando CON LUGAR el recurso extraordinario de revisión interpuesto a favor del ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, acotando así la pena a él impuesta por la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor GERMAN SOTO DONAWAY; la cual procedería imponer sobre el término máximo de la pena abstracta, con base a la legalidad penal vigente al momento de la comisión de los hechos delictuosos, dada la concurrencia de la existencia de antecedentes penales por parte del condenado, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y la acreditación de su peligrosidad al momento del juzgamiento por la Corte de Apelaciones conocedora del caso..."..."la acotación de los alcances limitados de la presente revisión penal aquí fundamentada toma en cuenta que, la argumentación seguida por el revisionista, en cuanto a la supuesta doble pena impuesta por el delito de ROBO, en los diferentes eventos que configuraron su calificación como delito continuado en contra del ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, constituye más un alegato jurídico procesal del revisionista, relativo al modo correcto de implementación de uno o más concursos ideales, contentivos de su opinión profesional en cuanto a que éstos debieron seguir como parámetro el término medio de la pena y no el superior, como argumentó en su momento la jurisdicción actuante; lo cual no es óbice para observar la posible existencia de un error material al imponérsele una pena mayor a la establecida como límite superior por el tipo penal vigente en ese momento, la cual tenía como pena máxima para el referido delito la de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; circunstancia que sí se considera, a contrario sensu, subsumible en la causal transcrita del artículo 96 No. 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que se acredite: “(…) que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable”...."..."resulta parcialmente de recibo para esta Sala de lo Constitucional, el argumento empleado por el recurrente, atendiéndose las circunstancias de los hechos que enmarcan el caso y el mérito que arrojan las presentes diligencias, a efecto se corrija la anomalía suscitada, asegurando así la legalidad penal en cuanto el cómputo correcto de la pena impuesta por el delito de HOMICIDIO,[3] lo cual daría lugar se morigere la pena concreta aplicable al señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, en base a la legislación penal sustantiva vigente al momento de la comisión de los hechos, enmarcándola así en una pena más favorable en virtud del principio pro ratione y pro libértate;[4] manteniéndose, en cambio, la calificación y cómputo respectivo a la condena por el delito de ROBO CONTINUADO, por no exceder en perjuicio del reo el marco legal correspondiente en la legislación penal del tempus comissi actum, como son los artículos 217 y 218 con relación a los artículos 36 y 37 del Código Penal de 1984 (Decreto No. 144-83) en su tenor original..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 97 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 106 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero del dos mil diecisiete..- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado FREDY OMAR MADRID, a favor del señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, contra las sentencias dictadas por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ahora conocido como Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fechas treinta de julio del año mil novecientos noventa y ocho, y ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, con relación a la causa que ahora se identifica en el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra los señores OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y RAMON ANTONIO ARTICA por suponerlos responsables del delito de ROBO CONTINUADO en perjuicio de los señores DANERY VELASQUEZ y RICARDO RIVERA FUNEZ.- ANTECEDENTES: 1) Que el dieciséis (16) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, inició diligencias mediante POR CUANTO para averiguar de un delito de ROBO CONTINUADO seguido de un hecho de sangre en el cual perdió la vida el señor GERMAN SOTO DONAWAY, hecho ocurrido esa misma fecha en el Centro de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, llevándoselo hasta el lugar nominado ZIP- CONTINENTAL, donde le dispararon; mencionándose como posibles responsables de los ilícitos a los señores OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y RAMON ANTONIO ARTICA. -2) Que seguido el procedimiento penal correspondiente, en fecha treinta (30) de julio del año mil novecientos noventa y ocho (1998), el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual: “…FALLA: Condenando a los encausados OSCAR AMILCAR ZALDIVAR Y RAMON ANTONIO ARTICA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia definitiva a sufrir en la Penitenciaría Central con sede en la Capital de la República previo abono del tiempo que tiene de estar en efectiva prisión a la pena de DOCE AÑOS DE RECLUSIÓN por los delitos de ROBO en perjuicio de DANERYS VELASQUEZ Y RICARDO RIVERA FUNES de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, hecho ocurrido el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el sector de Chamelecón y en la tercera avenida de esta ciudad, y a DIECISEIS AÑOS DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de GERMAN SOTO DONAWEY, hecho ocurrido el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco a eso de las nueve y treinta de la noche frente al Zip Continental de La Lima, Cortés, los condena asimismo a la inhabilitación absoluta, interdicción civil, a trabajar en obras públicas o labores dentro del establecimiento penal por todo el tiempo que dure la condena. …”.-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada DIOSA GUADALUPE MADRID GALVEZ, en su condición de Apoderada Defensora del señor RAMON ANTONIO ARTICA, contra la sentencia de fecha treinta (30) de julio del año mil novecientos noventa y ocho (1998), relacionada en el numeral que precede, la entonces Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia de fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), mediante la cual: “…FALLA: 1) Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada DIOSA GUADALUPE MADRID GALVEZ contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal el treinta de julio de mil novecientos noventa y ocho. 2) Reformando la sentencia en los siguientes extremos: a) Tener por probados los hechos redactados en este fallo b) En la parte dispositiva de la misma 1) CONDENAR a Oscar Amilcar Zaldívar y Ramón Antonio Artica por el delito de robo continuado en perjuicio de Ricardo Rivera Fúnez y Daneri Velásquez a la pena de siete años de reclusión 2) Condenando a Oscar Amilcar Zaldívar y Ramón Antonio Artica por el delito de robo y Homicidio en perjuicio de German Soto Dunaway, aplicándoles el concurso ideal en ambos delitos imponiéndoles una pena el primero como autor de dieciséis años de reclusión y al segundo como cómplice una pena de Diez años seis meses de reclusión, las que deberán cumplir en forma sucesiva en la Penitenciaría Nacional ubicada en la Aldea de Támara Municipio del Distrito Central. 3) Ordenando el comiso del arma tipo revólver marca Smith y Wesson calibre 357 niquelada cacha color negro serie 15363. Confirmando la sentencia en todos sus demás extremos. …”-4) Que en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado FREDY OMAR MADRID, en su condición de Apoderado Legal del señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, interponiendo Recurso de Revisión contra las sentencias Condenatorias dictadas por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha treinta (30) de julio del año mil novecientos noventa ocho (1998), y por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés de fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), invocando como fundamentos los artículos 95, 96 numerales 6 y 8, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 96 y 186 de la Constitución de la República, basado en la equivocación evidente que existe en la aplicación de la pena abstracta y la individualización concreta de la pena, al habérsele aplicado a su representado una pena que no estaba vigente al momento de haber ocurrido los hechos, imponiendo así una pena mayor a la establecida por el tipo penal vigente de ese entonces, trayendo como consecuencia, la imposición de una pena injusta y arbitraria al señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR.-5) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, en la que el Ministerio Público fue de la opinión que la pena dictada debe ser corregida, solicitando se le imponga la pena máxima de quince (15) años de reclusión, dado que si bien reconoce la existencia de un error material por la judicatura ordinaria al imponer una pena de dieciséis (16) años de reclusión en la sentencia definitiva, también establece claramente las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para imponer penas cercanas al máximo, que es el parámetro a ser tenido en cuenta en la revisión y no el término medio, como propende la argumentación jurídica del revisionista.-CONSIDERANDO (1): Que el recurrente funda su petición, inter alia, en lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en cuanto que “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1)… 2)….3)…4)…5)……, y; 6)Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo.”-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia contra la cual se interpone recurso de Revisión en materia penal es la dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999); exponiendo, inter alia, el Abogado recurrente a favor del recurso de revisión penal así interpuesto, que la equivocación es evidente en cuanto a la aplicación de la pena abstracta y de la individualización concreta de la pena, al habérsele aplicado a su representado, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, una pena que no estaba vigente al momento de haber ocurrido los hechos, como es la DIECISEIS (16) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HOMICIDIO SIMPLE; imponiéndosele una pena mayor a la establecida por el tipo penal vigente en ese momento, la cual tenía como pena máxima para el referido delito la de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo que se efectuó una defectuosa calificación de la modalidad de delito continuado respecto a la imputación por el delito de ROBO,[1] trayendo como consecuencia la imposición de una pena doble, injusta, desmesurada y arbitraria a la persona beneficiaria del presente recurso.-CONSIDERANDO (3): Que, en audiencia de oposición y presentación de pruebas, celebrada en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, momento procesal en que la Representante del Ministerio Público fue de la opinión que se otorgare la presente acción de Revisión, en virtud de resultar procedente en derecho acorde a las precisiones que se resumen en el Antecedente 5) de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, Abogado FREDY OMAR MADRID, solicita que sean revisadas las sentencias pronunciadas por el Juzgado Segundo de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ahora conocido como Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de julio del año mil novecientos noventa ocho (1998), la cual a su vez fue reformada por la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999); ambas sentencias descritas con relación a la causa que ahora se ventila en sede del Juzgado de Ejecución San Pedro Sula, departamento de Cortés, la cual fue seguida contra los señores OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y RAMON ANTONIO ARTICA por imputárseles los delitos de HOMICIDIO SIMPLE Y ROBO CONTINUADO en perjuicio de los señores DANERY VELASQUEZ y RICARDO RIVERA FUNEZ; y que, una vez que sea constatado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el hecho ilícito en mención fue juzgado indebidamente en forma retroactiva y en perjuicio del reo, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, se proceda a declarar HA LUGAR el presente recurso en el motivo señalado; en contra de la sentencia condenatoria ya antes descrita y relacionada, y que, como efecto de la nueva sentencia que se emita por esta honorable Corte, se haga determinación de la nueva pena concreta para el delito de ROBO CONTINUADO (por los tres hechos) de CINCO (5) AÑOS DIEZ (10) MESES QUINCE (15) DÍAS DE RECLUSIÓN y por el delito de HOMICIDIO SIMPLE la pena de DIEZ (10) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN haciendo un total de DIECISEIS (16) AÑOS CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DÍAS DE RECLUSIÓN a imponer al señor OSCAR AMÍLCAR ZALDIVAR, enmendando de esta forma la arbitrariedad jurídica existente; “… y en su caso ordene al Juzgado de Ejecución en cuyo poder se archiva el expediente la adecuación del computo de la pena a la que en derecho corresponde, con abono del tiempo permanecido en efectiva prisión; que por ser reincidente no ha gozado ningún privilegio de ley”.-CONSIDERANDO (5): Que el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica, en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta insostenible en un Estado de Derecho. En tal sentido, la revisión penal plantea el problema de articular dos supuestos fundamentales para el funcionamiento del ordenamiento jurídico: por un lado el principio de seguridad jurídica, que conduce a que la sentencia de fondo pueda en un momento procesalmente determinado, considerarse como definitiva e irrevocable, y; por otro lado, la necesidad de que tal principio ceda en caso excepcional, haciendo lugar a la materialización del principio de Justicia.-CONSIDERANDO (6): Que en aquellos casos en que se produzca un choque o colisión entre ambos principios, tal es el caso de sentencias firmes que resultasen evidenciadas como ostensiblemente injustas o espurias, por no encontrarse acordadas a derecho, se plantea el problema de si debe darse prevalencia al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, no permitirse posibilidad alguna de revocación de dicha sentencia; o si bien, por el contrario, cabe otorgar prioridad al principio de justicia reconociendo que en ciertos casos la cosa juzgada puede quedar sin lugar ni efecto, sobre bases legítimas y racionales, en caso concreto.-CONSIDERANDO (7): Que el fundamento del recurso de revisión responde, como queda dicho, a conferirle prioridad a ésta última opción, es decir, a la prevalencia del principio de Justicia, en aquellos casos tasados de procedibilidad legal a la garantía de revisión; lo cual, en conjunto a la libertad, la cultura y el bienestar económico y social de los habitantes de la República, constituyen objetivos fundamentales del Estado de Derecho, según establece el artículo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (8): Que la Revisión Penal, al margen o con independencia de que se le considere un recurso propiamente dicho o una acción autónoma, reviste siempre los caracteres de excepcional y extraordinario en su configuración jurídica; Extraordinario, porque responde a una finalidad especial y concreta, por completo ajena a las competencias conferidas por ley a la jurisdicción ordinaria; como es el de rescindir o anular sentencias firmes, pasadas en autoridad de cosa juzgada; por considerárseles por injustas y no concordantes a derecho positivo vigente; razón por la cual cabe únicamente admitirlo en aquellos supuestos previa y especialmente prevenidos por el legislador, es decir, en aquellos motivos tasados en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; mientras que el carácter de Excepcional deriva de constituir una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica, como queda dicho; pues éste tiene una de sus más importantes bases en la firmeza e inamovilidad de la cosa juzgada.-CONSIDERANDO (9): Que el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional “DE LA REVISIÓN EN MATERIA PENAL Y CIVIL”; dispone: “Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona del Ministerio Público o de oficio. Toda persona agraviada que hubiese sido parte en el proceso, o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en materia civil dentro del plazo de seis (6) meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación quedó firme la sentencia. La acción de revisión, se ejercerá exclusivamente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.-CONSIDERANDO (10): Que la causal de anulación de la sentencia condenatoria firme invocada por el revisionista, es la contenida en el artículo 96 numerales 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esto es, en virtud de haber sobrevenido después de la firmeza de la condena penal, nuevos hechos o elementos de prueba que hacen evidente que el hecho cometido y probado en juicio encuadra en una norma más favorable que la que resultó originalmente invocada para subsumir el caso concreto, por parte de la jurisdicción penal ordinaria. Lo anterior sobre todo tomando en consideración que las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo, por la Sala de lo Constitucional, cuando sobrevenga la demostración de cualquiera de los supuestos de revisión penal antes expresados.-CONSIDERANDO (11): Que en la estructura de las normas jurídico penales, cabe distinguir dos elementos: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. La conducta delictiva constituye, pues, la conjunción de un supuesto de hecho y el deber impero atributivo de imponer la pena o la medida de seguridad, de cumplirse la hipótesis jurídico penal.[2] .-CONSIDERANDO (12): Que la sentencia definitiva que adquiriera condición de firme y que se impugna por el presente recurso de revisión penal, es la proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999); la cual motivó dicho Colegiado en la necesidad de imponer una pena cercana al máximo en el caso concreto, dada la existencia de antecedentes penales por parte del condenado, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y de su peligrosidad, sin concurrir ulteriores circunstancias modificativas de responsabilidad criminal; aludiendo asimismo la sentencia que se revisa, en su considerando final, a la existencia de un concurso ideal en cuanto a los delitos de ROBO Y HOMICIDIO, si bien no precisa las bases para un cómputo segregado de concursos, respecto al correspondiente al delito continuado de ROBO, según ha quedado completamente acreditado en los hechos declarados probados.-CONSIDERANDO (13): Que en atención a la motivación anteriormente expuesta, se puede afirmar que concurre a la sustanciación de la presente causa de revisión penal, la acreditación de la causal prevista en el artículo 96 No. 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relativa a: “(…) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo”; únicamente en cuanto a la entidad de la pena aplicada al ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, la cual sobrepasa la pena máxima establecida en su momento de comisión para el delito de HOMICIDIO SIMPLE cometido por el señor ZALDIVAR en perjuicio del señor GERMAN SOTO DONAWAY, lo cual constituye probablemente un error material que se hace procedente enmendar por la vía de la garantía de revisión penal, si bien en forma acotada y no irrestricta, según lo argumentado jurídicamente por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional en sustentación de la presente sentencia; declarando CON LUGAR el recurso extraordinario de revisión interpuesto a favor del ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, acotando así la pena a él impuesta por la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor GERMAN SOTO DONAWAY; la cual procedería imponer sobre el término máximo de la pena abstracta, con base a la legalidad penal vigente al momento de la comisión de los hechos delictuosos, dada la concurrencia de la existencia de antecedentes penales por parte del condenado, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y la acreditación de su peligrosidad al momento del juzgamiento por la Corte de Apelaciones conocedora del caso.- CONSIDERANDO (14): Que la acotación de los alcances limitados de la presente revisión penal aquí fundamentada toma en cuenta que, la argumentación seguida por el revisionista, en cuanto a la supuesta doble pena impuesta por el delito de ROBO, en los diferentes eventos que configuraron su calificación como delito continuado en contra del ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, constituye más un alegato jurídico procesal del revisionista, relativo al modo correcto de implementación de uno o más concursos ideales, contentivos de su opinión profesional en cuanto a que éstos debieron seguir como parámetro el término medio de la pena y no el superior, como argumentó en su momento la jurisdicción actuante; lo cual no es óbice para observar la posible existencia de un error material al imponérsele una pena mayor a la establecida como límite superior por el tipo penal vigente en ese momento, la cual tenía como pena máxima para el referido delito la de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; circunstancia que sí se considera, a contrario sensu, subsumible en la causal transcrita del artículo 96 No. 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que se acredite: “(…) que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable”.-CONSIDERANDO(15): Consecuentemente, resulta parcialmente de recibo para esta Sala de lo Constitucional, el argumento empleado por el recurrente, atendiéndose las circunstancias de los hechos que enmarcan el caso y el mérito que arrojan las presentes diligencias, a efecto se corrija la anomalía suscitada, asegurando así la legalidad penal en cuanto el cómputo correcto de la pena impuesta por el delito de HOMICIDIO,[3] lo cual daría lugar se morigere la pena concreta aplicable al señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, en base a la legislación penal sustantiva vigente al momento de la comisión de los hechos, enmarcándola así en una pena más favorable en virtud del principio pro ratione y pro libértate;[4] manteniéndose, en cambio, la calificación y cómputo respectivo a la condena por el delito de ROBO CONTINUADO, por no exceder en perjuicio del reo el marco legal correspondiente en la legislación penal del tempus comissi actum, como son los artículos 217 y 218 con relación a los artículos 36 y 37 del Código Penal de 1984 (Decreto No. 144-83) en su tenor original.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actuando como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República y oído que fue el parecer del pretensor y la opinión vertida por la Fiscalía del Ministerio Público, POR unanimidad DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 96 No. 6), 97, 99 párrafo primero y 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) Declarando CON LUGAR el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el abogado FREDY OMAR MADRID, a favor del ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), y; III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR por el delito de ROBO y HOMICIDIO en perjuicio del señor GERMAN SOTO DONAWAY; la cual deberá leerse de la siguiente forma, a partir del numeral 2) de la parte resolutiva de la sentencia: “CONDENANDO a Oscar Amilcar Zaldivar y a Ramón Antonio Artica por el delito de robo y Homicidio en perjuicio de German Soto Dunaway, aplicándoles el concurso ideal de ambos delitos imponiéndoles una pena al primero como autor de Quince años de reclusión y al segundo como cómplice una pena de diez años y seis meses de reclusión, las que deberán cumplir en forma sucesiva en la Penitenciaria Nacional ubicada en la Aldea de Támara, Municipio del Distrito Central”, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Y a solicitud del Abogado FREDY OMAR MADRID, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal bajo el número 0058-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero del dos mil diecisiete..- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado FREDY OMAR MADRID, a favor del señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, contra las sentencias dictadas por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ahora conocido como Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fechas treinta de julio del año mil novecientos noventa y ocho, y ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, con relación a la causa que ahora se identifica en el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra los señores OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y RAMON ANTONIO ARTICA por suponerlos responsables del delito de ROBO CONTINUADO en perjuicio de los señores DANERY VELASQUEZ y RICARDO RIVERA FUNEZ.- ANTECEDENTES: 1) Que el dieciséis (16) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, inició diligencias mediante POR CUANTO para averiguar de un delito de ROBO CONTINUADO seguido de un hecho de sangre en el cual perdió la vida el señor GERMAN SOTO DONAWAY, hecho ocurrido esa misma fecha en el Centro de la ciudad de La Lima, departamento de Cortés, llevándoselo hasta el lugar nominado ZIP- CONTINENTAL, donde le dispararon; mencionándose como posibles responsables de los ilícitos a los señores OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y RAMON ANTONIO ARTICA. -2) Que seguido el procedimiento penal correspondiente, en fecha treinta (30) de julio del año mil novecientos noventa y ocho (1998), el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual: “…FALLA: Condenando a los encausados OSCAR AMILCAR ZALDIVAR Y RAMON ANTONIO ARTICA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia definitiva a sufrir en la Penitenciaría Central con sede en la Capital de la República previo abono del tiempo que tiene de estar en efectiva prisión a la pena de DOCE AÑOS DE RECLUSIÓN por los delitos de ROBO en perjuicio de DANERYS VELASQUEZ Y RICARDO RIVERA FUNES de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, hecho ocurrido el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el sector de Chamelecón y en la tercera avenida de esta ciudad, y a DIECISEIS AÑOS DE RECLUSION por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de GERMAN SOTO DONAWEY, hecho ocurrido el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco a eso de las nueve y treinta de la noche frente al Zip Continental de La Lima, Cortés, los condena asimismo a la inhabilitación absoluta, interdicción civil, a trabajar en obras públicas o labores dentro del establecimiento penal por todo el tiempo que dure la condena. …”.-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada DIOSA GUADALUPE MADRID GALVEZ, en su condición de Apoderada Defensora del señor RAMON ANTONIO ARTICA, contra la sentencia de fecha treinta (30) de julio del año mil novecientos noventa y ocho (1998), relacionada en el numeral que precede, la entonces Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia de fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), mediante la cual: “…FALLA: 1) Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada DIOSA GUADALUPE MADRID GALVEZ contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal el treinta de julio de mil novecientos noventa y ocho. 2) Reformando la sentencia en los siguientes extremos: a) Tener por probados los hechos redactados en este fallo b) En la parte dispositiva de la misma 1) CONDENAR a Oscar Amilcar Zaldívar y Ramón Antonio Artica por el delito de robo continuado en perjuicio de Ricardo Rivera Fúnez y Daneri Velásquez a la pena de siete años de reclusión 2) Condenando a Oscar Amilcar Zaldívar y Ramón Antonio Artica por el delito de robo y Homicidio en perjuicio de German Soto Dunaway, aplicándoles el concurso ideal en ambos delitos imponiéndoles una pena el primero como autor de dieciséis años de reclusión y al segundo como cómplice una pena de Diez años seis meses de reclusión, las que deberán cumplir en forma sucesiva en la Penitenciaría Nacional ubicada en la Aldea de Támara Municipio del Distrito Central. 3) Ordenando el comiso del arma tipo revólver marca Smith y Wesson calibre 357 niquelada cacha color negro serie 15363. Confirmando la sentencia en todos sus demás extremos. …”-4) Que en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado FREDY OMAR MADRID, en su condición de Apoderado Legal del señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, interponiendo Recurso de Revisión contra las sentencias Condenatorias dictadas por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha treinta (30) de julio del año mil novecientos noventa ocho (1998), y por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés de fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), invocando como fundamentos los artículos 95, 96 numerales 6 y 8, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 96 y 186 de la Constitución de la República, basado en la equivocación evidente que existe en la aplicación de la pena abstracta y la individualización concreta de la pena, al habérsele aplicado a su representado una pena que no estaba vigente al momento de haber ocurrido los hechos, imponiendo así una pena mayor a la establecida por el tipo penal vigente de ese entonces, trayendo como consecuencia, la imposición de una pena injusta y arbitraria al señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR.-5) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, en la que el Ministerio Público fue de la opinión que la pena dictada debe ser corregida, solicitando se le imponga la pena máxima de quince (15) años de reclusión, dado que si bien reconoce la existencia de un error material por la judicatura ordinaria al imponer una pena de dieciséis (16) años de reclusión en la sentencia definitiva, también establece claramente las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para imponer penas cercanas al máximo, que es el parámetro a ser tenido en cuenta en la revisión y no el término medio, como propende la argumentación jurídica del revisionista.-CONSIDERANDO (1): Que el recurrente funda su petición, inter alia, en lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en cuanto que “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1)… 2)….3)…4)…5)……, y; 6)Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo.”-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia contra la cual se interpone recurso de Revisión en materia penal es la dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999); exponiendo, inter alia, el Abogado recurrente a favor del recurso de revisión penal así interpuesto, que la equivocación es evidente en cuanto a la aplicación de la pena abstracta y de la individualización concreta de la pena, al habérsele aplicado a su representado, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, una pena que no estaba vigente al momento de haber ocurrido los hechos, como es la DIECISEIS (16) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de HOMICIDIO SIMPLE; imponiéndosele una pena mayor a la establecida por el tipo penal vigente en ese momento, la cual tenía como pena máxima para el referido delito la de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; asimismo que se efectuó una defectuosa calificación de la modalidad de delito continuado respecto a la imputación por el delito de ROBO,[5] trayendo como consecuencia la imposición de una pena doble, injusta, desmesurada y arbitraria a la persona beneficiaria del presente recurso.-CONSIDERANDO (3): Que, en audiencia de oposición y presentación de pruebas, celebrada en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, momento procesal en que la Representante del Ministerio Público fue de la opinión que se otorgare la presente acción de Revisión, en virtud de resultar procedente en derecho acorde a las precisiones que se resumen en el Antecedente 5) de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, Abogado FREDY OMAR MADRID, solicita que sean revisadas las sentencias pronunciadas por el Juzgado Segundo de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ahora conocido como Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de julio del año mil novecientos noventa ocho (1998), la cual a su vez fue reformada por la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999); ambas sentencias descritas con relación a la causa que ahora se ventila en sede del Juzgado de Ejecución San Pedro Sula, departamento de Cortés, la cual fue seguida contra los señores OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y RAMON ANTONIO ARTICA por imputárseles los delitos de HOMICIDIO SIMPLE Y ROBO CONTINUADO en perjuicio de los señores DANERY VELASQUEZ y RICARDO RIVERA FUNEZ; y que, una vez que sea constatado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que el hecho ilícito en mención fue juzgado indebidamente en forma retroactiva y en perjuicio del reo, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, se proceda a declarar HA LUGAR el presente recurso en el motivo señalado; en contra de la sentencia condenatoria ya antes descrita y relacionada, y que, como efecto de la nueva sentencia que se emita por esta honorable Corte, se haga determinación de la nueva pena concreta para el delito de ROBO CONTINUADO (por los tres hechos) de CINCO (5) AÑOS DIEZ (10) MESES QUINCE (15) DÍAS DE RECLUSIÓN y por el delito de HOMICIDIO SIMPLE la pena de DIEZ (10) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN haciendo un total de DIECISEIS (16) AÑOS CUATRO (4) MESES QUINCE (15) DÍAS DE RECLUSIÓN a imponer al señor OSCAR AMÍLCAR ZALDIVAR, enmendando de esta forma la arbitrariedad jurídica existente; “… y en su caso ordene al Juzgado de Ejecución en cuyo poder se archiva el expediente la adecuación del computo de la pena a la que en derecho corresponde, con abono del tiempo permanecido en efectiva prisión; que por ser reincidente no ha gozado ningún privilegio de ley”.-CONSIDERANDO (5): Que el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica, en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta insostenible en un Estado de Derecho. En tal sentido, la revisión penal plantea el problema de articular dos supuestos fundamentales para el funcionamiento del ordenamiento jurídico: por un lado el principio de seguridad jurídica, que conduce a que la sentencia de fondo pueda en un momento procesalmente determinado, considerarse como definitiva e irrevocable, y; por otro lado, la necesidad de que tal principio ceda en caso excepcional, haciendo lugar a la materialización del principio de Justicia.-CONSIDERANDO (6): Que en aquellos casos en que se produzca un choque o colisión entre ambos principios, tal es el caso de sentencias firmes que resultasen evidenciadas como ostensiblemente injustas o espurias, por no encontrarse acordadas a derecho, se plantea el problema de si debe darse prevalencia al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, no permitirse posibilidad alguna de revocación de dicha sentencia; o si bien, por el contrario, cabe otorgar prioridad al principio de justicia reconociendo que en ciertos casos la cosa juzgada puede quedar sin lugar ni efecto, sobre bases legítimas y racionales, en caso concreto.-CONSIDERANDO (7): Que el fundamento del recurso de revisión responde, como queda dicho, a conferirle prioridad a ésta última opción, es decir, a la prevalencia del principio de Justicia, en aquellos casos tasados de procedibilidad legal a la garantía de revisión; lo cual, en conjunto a la libertad, la cultura y el bienestar económico y social de los habitantes de la República, constituyen objetivos fundamentales del Estado de Derecho, según establece el artículo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (8): Que la Revisión Penal, al margen o con independencia de que se le considere un recurso propiamente dicho o una acción autónoma, reviste siempre los caracteres de excepcional y extraordinario en su configuración jurídica; Extraordinario, porque responde a una finalidad especial y concreta, por completo ajena a las competencias conferidas por ley a la jurisdicción ordinaria; como es el de rescindir o anular sentencias firmes, pasadas en autoridad de cosa juzgada; por considerárseles por injustas y no concordantes a derecho positivo vigente; razón por la cual cabe únicamente admitirlo en aquellos supuestos previa y especialmente prevenidos por el legislador, es decir, en aquellos motivos tasados en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; mientras que el carácter de Excepcional deriva de constituir una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica, como queda dicho; pues éste tiene una de sus más importantes bases en la firmeza e inamovilidad de la cosa juzgada.-CONSIDERANDO (9): Que el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional “DE LA REVISIÓN EN MATERIA PENAL Y CIVIL”; dispone: “Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona del Ministerio Público o de oficio. Toda persona agraviada que hubiese sido parte en el proceso, o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en materia civil dentro del plazo de seis (6) meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación quedó firme la sentencia. La acción de revisión, se ejercerá exclusivamente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.-CONSIDERANDO (10): Que la causal de anulación de la sentencia condenatoria firme invocada por el revisionista, es la contenida en el artículo 96 numerales 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esto es, en virtud de haber sobrevenido después de la firmeza de la condena penal, nuevos hechos o elementos de prueba que hacen evidente que el hecho cometido y probado en juicio encuadra en una norma más favorable que la que resultó originalmente invocada para subsumir el caso concreto, por parte de la jurisdicción penal ordinaria. Lo anterior sobre todo tomando en consideración que las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo, por la Sala de lo Constitucional, cuando sobrevenga la demostración de cualquiera de los supuestos de revisión penal antes expresados.-CONSIDERANDO (11): Que en la estructura de las normas jurídico penales, cabe distinguir dos elementos: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. La conducta delictiva constituye, pues, la conjunción de un supuesto de hecho y el deber impero atributivo de imponer la pena o la medida de seguridad, de cumplirse la hipótesis jurídico penal.[6] .-CONSIDERANDO (12): Que la sentencia definitiva que adquiriera condición de firme y que se impugna por el presente recurso de revisión penal, es la proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999); la cual motivó dicho Colegiado en la necesidad de imponer una pena cercana al máximo en el caso concreto, dada la existencia de antecedentes penales por parte del condenado, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y de su peligrosidad, sin concurrir ulteriores circunstancias modificativas de responsabilidad criminal; aludiendo asimismo la sentencia que se revisa, en su considerando final, a la existencia de un concurso ideal en cuanto a los delitos de ROBO Y HOMICIDIO, si bien no precisa las bases para un cómputo segregado de concursos, respecto al correspondiente al delito continuado de ROBO, según ha quedado completamente acreditado en los hechos declarados probados.-CONSIDERANDO (13): Que en atención a la motivación anteriormente expuesta, se puede afirmar que concurre a la sustanciación de la presente causa de revisión penal, la acreditación de la causal prevista en el artículo 96 No. 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relativa a: “(…) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo”; únicamente en cuanto a la entidad de la pena aplicada al ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, la cual sobrepasa la pena máxima establecida en su momento de comisión para el delito de HOMICIDIO SIMPLE cometido por el señor ZALDIVAR en perjuicio del señor GERMAN SOTO DONAWAY, lo cual constituye probablemente un error material que se hace procedente enmendar por la vía de la garantía de revisión penal, si bien en forma acotada y no irrestricta, según lo argumentado jurídicamente por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional en sustentación de la presente sentencia; declarando CON LUGAR el recurso extraordinario de revisión interpuesto a favor del ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, acotando así la pena a él impuesta por la comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor GERMAN SOTO DONAWAY; la cual procedería imponer sobre el término máximo de la pena abstracta, con base a la legalidad penal vigente al momento de la comisión de los hechos delictuosos, dada la concurrencia de la existencia de antecedentes penales por parte del condenado, señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR y la acreditación de su peligrosidad al momento del juzgamiento por la Corte de Apelaciones conocedora del caso.- CONSIDERANDO (14): Que la acotación de los alcances limitados de la presente revisión penal aquí fundamentada toma en cuenta que, la argumentación seguida por el revisionista, en cuanto a la supuesta doble pena impuesta por el delito de ROBO, en los diferentes eventos que configuraron su calificación como delito continuado en contra del ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, constituye más un alegato jurídico procesal del revisionista, relativo al modo correcto de implementación de uno o más concursos ideales, contentivos de su opinión profesional en cuanto a que éstos debieron seguir como parámetro el término medio de la pena y no el superior, como argumentó en su momento la jurisdicción actuante; lo cual no es óbice para observar la posible existencia de un error material al imponérsele una pena mayor a la establecida como límite superior por el tipo penal vigente en ese momento, la cual tenía como pena máxima para el referido delito la de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; circunstancia que sí se considera, a contrario sensu, subsumible en la causal transcrita del artículo 96 No. 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que se acredite: “(…) que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable”.-CONSIDERANDO(15): Consecuentemente, resulta parcialmente de recibo para esta Sala de lo Constitucional, el argumento empleado por el recurrente, atendiéndose las circunstancias de los hechos que enmarcan el caso y el mérito que arrojan las presentes diligencias, a efecto se corrija la anomalía suscitada, asegurando así la legalidad penal en cuanto el cómputo correcto de la pena impuesta por el delito de HOMICIDIO,[7] lo cual daría lugar se morigere la pena concreta aplicable al señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR, en base a la legislación penal sustantiva vigente al momento de la comisión de los hechos, enmarcándola así en una pena más favorable en virtud del principio pro ratione y pro libértate;[8] manteniéndose, en cambio, la calificación y cómputo respectivo a la condena por el delito de ROBO CONTINUADO, por no exceder en perjuicio del reo el marco legal correspondiente en la legislación penal del tempus comissi actum, como son los artículos 217 y 218 con relación a los artículos 36 y 37 del Código Penal de 1984 (Decreto No. 144-83) en su tenor original.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actuando como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República y oído que fue el parecer del pretensor y la opinión vertida por la Fiscalía del Ministerio Público, POR unanimidad DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 96 No. 6), 97, 99 párrafo primero y 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: I) Declarando CON LUGAR el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el abogado FREDY OMAR MADRID, a favor del ciudadano OSCAR AMILCAR ZALDIVAR; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, entonces denominada Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), y; III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor OSCAR AMILCAR ZALDIVAR por el delito de ROBO y HOMICIDIO en perjuicio del señor GERMAN SOTO DONAWAY; la cual deberá leerse de la siguiente forma, a partir del numeral 2) de la parte resolutiva de la sentencia: “CONDENANDO a Oscar Amilcar Zaldivar y a Ramón Antonio Artica por el delito de robo y Homicidio en perjuicio de German Soto Dunaway, aplicándoles el concurso ideal de ambos delitos imponiéndoles una pena al primero como autor de Quince años de reclusión y al segundo como cómplice una pena de diez años y seis meses de reclusión, las que deberán cumplir en forma sucesiva en la Penitenciaria Nacional ubicada en la Aldea de Támara, Municipio del Distrito Central”, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal bajo el número 0058-2016.- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver para ambos delitos, lo preceptuado en los artículos 116 y 218 del Código Penal de 1984 (Decreto No. 144-83), previo a las reformas legales aprobadas del año de 1997 en adelante.
[2] Ver: Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Barcelona, 1999, p. 31. – Asimismo, resulta concurrente Hans Kelsen: “La articulación entre un estado de hecho y un sujeto establecida a base de la norma, es lo que se llama imputación”. Citado por Dante Cracogna en: “El lenguaje prescriptivo en Kelsen”, en: Anuario de Filosofía Jurídica y Social (14), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, pp. 103 y ss.
[3] A la luz del artículo 116 del Código Penal de 1984 (Decreto No. 144-83) en su tenor literal.
[4] Vid. Klüg, Ülrich, Problemas de la Filosofía y de la Pragmática del Derecho, 2ª edición en Fontamara, México D.F., 1996, p. 30.
[5] Ver para ambos delitos, lo preceptuado en los artículos 116 y 218 del Código Penal de 1984 (Decreto No. 144-83), previo a las reformas legales aprobadas del año de 1997 en adelante.
[6] Ver: Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Barcelona, 1999, p. 31. – Asimismo, resulta concurrente Hans Kelsen: “La articulación entre un estado de hecho y un sujeto establecida a base de la norma, es lo que se llama imputación”. Citado por Dante Cracogna en: “El lenguaje prescriptivo en Kelsen”, en: Anuario de Filosofía Jurídica y Social (14), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, pp. 103 y ss.
[7] A la luz del artículo 116 del Código Penal de 1984 (Decreto No. 144-83) en su tenor literal.
[8] Vid. Klüg, Ülrich, Problemas de la Filosofía y de la Pragmática del Derecho, 2ª edición en Fontamara, México D.F., 1996, p. 30.